¿Es un delito defendernos de la represión?
Tras la movilización del 15 de octubre, el mismo Congreso que aprobó la Ley de amnistía para policías y militares responsables de masacres y violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000, ha presentado un proyecto de ley que propone sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes lancen artefactos pirotécnicos contra la policía durante una acción de protesta.
El responsable directo del proyecto ha sido el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, y pretende modificar el artículo 279-C del Código Penal.
El Estado y el “uso de la fuerza”
La propuesta se sustenta, desde el punto de vista del Congreso y del gobierno, en que la Constitución indica que el «uso de la fuerza» (entiéndase de la violencia y las armas) es exclusividad del Estado, a través de la policía y las fuerzas armadas (FF.AA.). De esa manera resguardan el dominio de los capitalistas sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la cada vez más recurrente y feroz represión contra quienes protestan, ha puesto a la orden del día la creación de organizaciones de autodefensa, como la «primera línea» y las «brigadas de rescate» para defenderse de la acción policial así como de los soldados que son utilizados para reprimirnos.
Cabe recordar que la “democracia” ha hecho gala del uso de esa fuerza en reiteradas ocasiones cobrando vidas. Entre 2002 y 2021 la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Eduardo Ruiz, «Truvko», el pasado 15 de octubre, los números desvelan las “fuerzas del orden” solo sirven para enfrentar a quienes luchan, y no al crimen que crece incesantemente.
Un enroque reaccionario
Queda claro que la normativa propuesta por este congreso reaccionario apunta, en primer lugar, a la llamada “Primera línea”, nacida en nuestro país en la lucha contra Merino y que ya se ha convertido en parte integrante de las acciones de lucha de la juventud. Siendo una organización de vanguardia, y no de masas, esa «primera línea» expresa la necesidad de ir a las movilizaciones preparados para defenderse de las fuerzas represivas. Pero la patronal, el Congreso y el gobierno saben que las acciones de autodefensa de la juventud no pueden ser toleradas.
Temen que se convierta en ejemplo para las luchas obreras y populares. No debemos olvidar que ya se había presentado un antecedente de este tipo de organización durante la lucha del pueblo del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María: los conocidos «espartambos». Y que en la lucha de los trabajadores y trabajadoras del campo contra la Ley agraria (2020), tras la caída de Merino, se organizó la defensa activa de los bloqueos contra la represión policial.
Todo esto, es un desafío directo al control del Estado de las zonas en lucha y por tanto, el dominio de la patronal (la burguesía) sobre el país.
La clase obrera también ha construido organismos de autodefensa
La clase obrera no ha sido ajena a este tipo de organizaciones en el pasado. Durante la huelga general que conquistó a las 8 horas en el país (enero de 1919), el Consejo General de Huelga garantizó el control de la Ciudad de Lima así como su seguridad interna. Y en la actualidad la llamada “Guardia obrera” de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, es un eco de este tipo de organizaciones.
Los obreros y obreras tenemos derecho a compartir la conclusión a la que han arribado los jóvenes: no podemos marchar sin organizar nuestra autodefensa frente a la represión policial. Por eso es importante discutir en las asambleas la conformación de una primera línea obrera que garantice la seguridad de las columnas de nuestras organizaciones.
Y por lo mismo, debemos incorporar en nuestras banderas la lucha contra la aprobación de la ley que criminaliza la autodefensa, mientras liberan la manos a policías y militares para usar sus armas de fuego contra quienes protestamos.
Es la experiencia la que dicta que la autodefensa es un derecho y una necesidad de quienes luchamos, y no un delito.
