Castillo ha caído. Después de haber renunciado a las medidas de cambio que ofreció en campaña, y de verse enredado en acusaciones de corrupción con las que nunca supo deslindar, a puertas de una nueva moción de vacancia impulsada por diversos sectores patronales en el Congreso, se embarcó en una completa aventura, pretendiendo cerrar el parlamento, tomar control del Poder judicial, e imponer un gobierno que pretendía gobernar por decreto, y llamar a un Congreso Constituyente, pero garantizando “el modelo económico y la propiedad privada…”.
Por PST-Perú
Sin fuerza en las calles para sostenerlo, pues en sus 17 meses, Castillo no ejecutó ninguna medida que mejore efectivamente las condiciones de vida del pueblo pobre y trabajador. Ni fuerza en los cuarteles, pues la oficialidad de las Fuerzas Armadas es siempre un instrumento de los intereses patronales… La aventura terminó en el único lugar posible: el desastre.
Castillo ha pasado de ser el presidente de origen campesino y maestro, a un mal remedo del dictador Fujimori. Y más, le ha entregado a los sectores más reaccionarios de la derecha política, y a una mayoría parlamentaria que ha destilado racismo, clasismo y una voluntad manifiesta de echarlo desde el primer momento, una razón inmejorable para deshacerse de su gobierno y vacarlo.
El imperialismo, al que Castillo había recurrido por medio de la OEA para intentar ganar tiempo, le retiró inmediatamente el apoyo. Tan insostenible fue la aventura castillista, este 7 de diciembre, que hasta sus aliados “de izquierda” en el Congreso, como Perú Libre, el “Bloque Magisterial” y Juntos por el Perú, han votado por su destitución. Fueron esos 16 votos los que permitieron que la vacancia sea aprobada, pues las bancadas de la oposición de derecha solo sumaron 86 votos de los 87 requeridos por el procedimiento parlamentario.
El gobierno Boluarte y la situación de la clase trabajadora
El llamado de Dina Boluarte, rápidamente juramentada como presidenta de la República, a una “tregua” con los partidos del Congreso, y a un gobierno de “unidad nacional”, con la anuencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, significa el ingreso al gobierno de esos mismos partidos que no ganaron las elecciones presidenciales, y por consiguiente, abre la posibilidad de un endurecimiento de las posturas patronales, que procurarán desatar una ofensiva contra el pueblo pobre y trabajador.
Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores, llamamos a no depositar ninguna confianza o expectativa en el gobierno Boluarte, y por el contrario, rechazar cualquier posibilidad de “diálogo” planteado por el nuevo gobierno, que se sostiene en un acuerdo con un Congreso que no representa al pueblo trabajador.
Somos claros, los patrones no nos darán ninguna tregua, ni atenderán nuestras demandas. Por el contrario, vendrán por nuestros derechos e intentarán descargar aún más la crisis económica sobre nuestras espaldas, ahora bajo el gobierno Boluarte. Una crisis que para la clase obrera y el pueblo significa el encarecimiento del costo de vida, la falta de trabajo, salarios y pensiones que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Situación a la que debe sumarse el advenimiento de una crisis alimentaria de graves proporciones, debido a la reducción de la cantidad de alimentos sembrados este año por la falta de fertilizantes, tema que el gobierno Castillo jamás pudo resolver. Y ahora, el impacto de la peor sequía en 50 años en nuestra serranía, que viene acabando con campos de cultivo y animales de granja por miles.
Tampoco habrá soluciones para las mujeres pobres y trabajadoras, que además de soportar el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas enfermas en las casas, son amenazadas incesantemente por la violencia, el acoso, los bajos salarios y el feminicidio. La juventud, por su parte, asfixiada por la falta de trabajo y los bajos salarios, va perdiendo de vista el futuro en el horizonte.
La responsabilidad del reformismo y las direcciones de las centrales sindicales
Por eso para el pueblo trabajador solo queda el camino de la movilización unificada, desde el primer día del gobierno Boluarte.
Sin embargo, el principal obstáculo para concretar esa necesidad, planteada desde antes del estrepitoso fracaso de la aventura de Castillo, ha sido la política de los partidos reformistas, como el Partido Comunista, Patria Roja o Nuevo Perú, que se dicen de izquierda, y que renunciaron a encabezar la lucha exigiendo solución a estas, para concentrar su política en la defensa de Castillo, a quien hasta el día previo al 7 de diciembre, prestaban hombros, convocando fallidamente a defender el “Estado de derecho contra el golpismo empresarial”… solo para terminar votando, ellos mismos, su destitución.
Retomar el camino de la movilización independiente
En nuestro país, solo quienes han adoptado la estrategia de la movilización consecuente e inclaudicable hasta el cumplimiento de sus demandas, han logrado pararle la mano a la gran patronal y a los gobierno de turno. Así lo prueban el pueblo de Islay, y su lucha contra la imposición de Tía María[1]. El de Cajamarca contra Conga[2]. La lucha de los pueblos originarios de la amazonía en el “Baguazo”[3]. Los propios maestros y maestras en la gran huelga de 2017[4]. Y las huelgas que explotan en fábricas y minas a lo largo y ancho del país contra la intransigencia patronal.
¡Ese es el camino que hay que retomar! ¡Solo luchando juntos, unificadamente, podemos conquistar nuestras demandas! ¡Ningún parlamento, ningún presidente nos dará lo que no tomemos gracias a nuestra fuerza y movilización!
Por eso hoy, como ayer, sigue vigente levantar las banderas independientes de la clase trabajadora y el pueblo, y en torno a ellas unificar la movilización en un gran Paro Nacional que demande soluciones inmediatas a nuestras más urgentes demandas:
- Aumento general de salarios y pensiones. Sueldo mínimo igual al costo de la canasta básica de consumo.
- Jornada laboral de 4 horas diarias sin reducción de salarios para repartir el trabajo entre todos lo que lo necesitan.
- Reposición de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas en los últimos 3 años.
- Expropiación de las fábricas que hayan sido cerradas para que comiencen a funcionar bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.
- Confiscación de la úrea acaparada por las empresas agroindustriales para ser repartida entre el campesinado pobre.
- Plan de emergencia frente a la sequía para llevar agua al campesinado pobre.
- Distribución de alimentos de primera necesidad, por parte del Estado, entre la población más pobre del campo y la ciudad.
- Combate a la especulación Sanción a quienes suben los precios de los combustibles y productos de primera necesidad.
- Nacionalización de las minas y pozos petroleros para poner esos recursos al servicio de la educación y la salud del pueblo trabajador.
Construir una alternativa obrera y popular desde las luchas
La clase trabajadora no es responsable por el final del gobierno de Castillo. Un gobierno que mantuvo incólume la aplicación del plan económico neoliberal, que no se dignó a tomar una sola medida efectiva en favor de las condiciones de vida de la población pobre y trabajadora del país, y que renunció a sus promesas de campaña el mismo día de su juramentación.
En ese marco, somos conscientes que con la caída de Castillo y la asunción de Boluarte, de la mano del Congreso, no se ha cerrado la crisis de la podrida democracia peruana.
Entramos a un nuevo momento, en el que la patronal y sus partidos tradicionales, junto a los partidos reformistas y “progresistas” que se dicen de izquierda, buscarán negociar salidas, previendo el polvorín sobre el cual se encuentran sentados, y que amenaza con estallar en cualquier momento debido al empeoramiento de las condiciones de vida.
En ese contexto, será solo a partir de la movilización de las organizaciones obreras y populares, poniendo por delante sus banderas de lucha, conformando comités de lucha que coordinen la acción en las fábricas, barrios, distritos y ciudades, que podremos construir una alternativa política, obrera y popular frente a la debacle de este Estado corrupto, antiobrero y antipopular.
Una alternativa que, contra quienes se han quedado en el gobierno y pretenden aplastar los justos anhelos del pueblo trabajador, imponga la convocatoria a una Asamblea Constituyente con representación de las organizaciones de lucha, para que en verdad se vayan todos, y recupere nuestros recursos naturales, garantice pleno empleo y derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, y devuelva las tierras apropiadas por la agroindustria y la minería a las comunidades campesinas y nativas, y un largo etc.
Sin embargo, adelantamos que solo si avanzamos en la construcción de organizaciones democráticas y de lucha que se conviertan en la base del propio poder obrero y popular. Un poder que garantice que tomemos el destino del país en nuestras manos. Es decir, un verdadero gobierno de las organizaciones obreras y populares, daremos solución a nuestras demandas, garantizaremos como clase trabajadora una constitución que verdaderamente exprese las necesidades e intereses del pueblo pobre y trabajador, todo en el camino de la construcción del socialismo en el Perú y América Latina. ¡Es hora de volver a las calles a pelear!
[1] El pueblo agrícola del Valle de Tambo, en la provincia de Islay (departamento de Arequipa), libra una batalla desde 2009 contra el inicio de la construcción del proyecto minero Tía maría, de propiedad de la empresa Southern Copper Corporation (SCC). El proyecto representa una inversión de una inversión de US$ 1,400 millones, generaría 120,000 TM/año de cobre refinado durante los 20 años de operaciones. Denuncian que el proyecto traerá contaminación al valle, por el uso de sus aguas y por el traslado, por medio de los vientos, de tierras contaminadas. El proyecto está paralizado desde 2015.
[2] El proyecto minero Conga, de propiedad de la transnacional minera Newmont, y de sus socios, la peruana Buenaventura y el fondo de inversiones del Banco Mundial, fue paralizado en 2011 tras la realización de un contundente paro regional en el departamento de Cajamarca (sierra norte del Perú), durante los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala. El proyecto pretende vaciar dos lagunas para extraer oro de su lecho.
[3] El 2009, durante el segundo gobierno de Alan garcía, tras tres meses de huelga con bloqueo de carreteras y cortes de los ríos que ingresan a la Amazonía peruana, la policía nacional intentó liberar un paso en la carretera Fernando Belaúnde Terry, denominado “La curva del diablo”. En la acción, que se prolongó durante todo el día 5 de junio, la población nativa amazónica que controlaba el paso carretero (aproximadamente 5000 personas de los pueblos awajún y wampis) enfrentó la represión policial con un saldo de 33 muertes: 23 policías, y 10 nativos. A los pocos días renunció el gabinete encabezado por Yehude Simon y las leyes que habían dado origen a la protesta fueron derogadas.
[4] Huelga de las bases del interior del país del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Su principal vocero fue Pedro Castillo. La huelga, que logró mínimamente sus objetivos, terminaría provocando la ruptura de esas bases sindicales con el SUTEP y construyendo la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP) de la que Castillo era dirigente antes de postular a la presidencia.
