Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Crece la vigilancia y el control sobre los trabajadores

Como estamos denunciando en algunos artículos, muchos gobiernos vienen aprovechándose de la catástrofe que ocurre en nuestro planeta para aumentar la represión y el control sobre los trabajadores, preparándose para los próximos enfrentamientos sociales.

Por: Asdrúbal Barbosa

Institutos que miden la democracia en el mundo, como el V-Dem (Instituto de Variaciones de la Democracia)[1], de Suecia, concluyeron que actualmente la mayor parte de los países del mundo son gobernados por regímenes autoritarios o dictatoriales, una dinámica que aumentará con la pandemia de coronavirus. Los ejemplos emblemáticos fueron los recientes cambios en Hungría y Polonia.

Incuso en los Estados donde no existe un cambio cualitativo, ellos son importantes en el sentido de limitar la democracia para los trabajadores, como el cercenamiento de la libertad de información, la libertad de reunión y el derecho de huelga. Aprovechándose de la justificativa de la real necesidad de aislamiento social, los gobiernos restringen la libertad de ir y venir y el derecho de protestar, principalmente porque el movimiento de resistencia a los fuertes y profundos ataques que se están haciendo al nivel de vida de los trabajadores, tiene que ser hecho en las calles, con protestas y manifestaciones.

Basta ver que hubo una disminución de las manifestaciones en los países donde los gobiernos están en jaque, como Sudán y Chile. En Chile, en particular, Piñera quiere aprovecharse de la pandemia para sofocar la revolución y eliminar a una parte de la vanguardia, en las cárceles chilenas.

Estos sectores de la burguesía creen que el descontento con la crisis en la salud pública y con la crisis económica que va a acompañarla, y va a aumentar, puede llevar a explosiones sociales que deben ser combatidas con más represión.

Los trabajadores no pueden aceptar las cantilenas patronales y, por el contrario, deben aprovechar esta difícil situación que estamos viviendo para invertir en nuestra autoorganización y en todo lo que fortalezca nuestra lucha para realizar una profunda transformación en la sociedad, en la perspectiva de una sociedad socialista.

Monitoreando las redes sociales y los celulares

Causó sorpresa en algunas organizaciones la ministro de Seguridad, Sabina Frederic, del gobierno Alberto Fernández, en la Argentina, considerado por algunos como un ala más progresista de la burguesía, al confirmar que su gobierno está realizando el “ciberpatrullaje” sobre la población, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado por el gobierno; este “patrullaje” es hecho en las redes sociales para “detectar el humor social” ante las supuestas amenazas de saqueos. Los agentes del Estado monitorean las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, transformando a todos los argentinos en sospechosos, pasando a seguirlos como criminales, invadiendo la privacidad de los trabajadores. La práctica de vigilancia estatal ya venía siendo aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri, con la tristemente recordada ministro Patricia Bullrich. Hoy es aplicada por el gobierno de los Fernández, que viene caracterizándose por un aumento importante de la violencia y el abuso policial (54.174 denuncias desde el inicio de la pandemia) dentro de su estrategia de vigilancia social y “control de cuarentena”, que ya llevó a más de 100.000 personas a ser detenidas o paradas para averiguación, de acuerdo con el decreto DNU 297/202.[2]

Además de las redes sociales, varios países están utilizando los GPS[3] embutidos en los celulares para monitorear los movimientos de las personas. Utilizando la llamada “tecnología de geolocalización”[4], estos datos son controlados por empresas como Google (Google Maps), Facebook (Whatsapp) e Instagram, que almacenan los desplazamientos y guardan un histórico de los trayectos o lugares visitados por sus usuarios. Con eso crean índices de desplazamientos que pueden suministrar a los gobiernos. Recientemente, estos datos se materializaron en el “Informe de Movilidad de la Comunidad”, compuesto por 130 países. La justificativa ahora es ayudar en el combate a la pandemia de coronavirus, pero no hay ninguna garantía de que no sean utilizados para otros fines.

Los riesgos para los trabajadores y los movimientos sociales son enormes. Implica que sus activistas y militantes estarán localizables y localizados cuando los agentes del Estado lo quieran. Los gobiernos usarán datos de localización para identificar a sus opositores políticos y manifestantes que participan de protestas. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía usarán estas informaciones para localización e intimidación de sus perseguidos políticos. Incluso grupos de ultraderecha y de supremacistas blancos podrán violar servidores de una startup para localizar y obtener las direcciones de residencia de sus blancos.

Combinados con otros datos, obtenidos en publicaciones en las redes sociales, informaciones suministradas por los proveedores, e incluso los metadatos (que pueden ser conseguidos en imágenes y videos enviados junto con archivos) almacenados y analizados, serán un material de gran potencial de investigación en manos de los aparatos de represión.

En Hong Kong, mientras los drones monitoreaban a los manifestantes, filmando y tirando fotos, la policía también utilizó un aplicativo que a través de los smartphones recibía señales que localizaban a los activistas. Los propios manifestantes mostraron que eso era posible cuando utilizaron un aplicativo de rastreo de localización en tiempo real, tomado de la App Store de la Apple, para mapear las posiciones de los policías.

El gobierno norteamericano ya también tiene dominio de aplicativos que utiliza para rastrear e identificar a quien participa de las manifestaciones y captar el conjunto de sus datos, identificando a manifestantes, periodistas y abogados del movimiento.

Por eso, los gobiernos de la Unión Europea quieren construir un aplicativo paneuropeo, bajo su total control, que pueda rastrear las aglomeraciones y manifestaciones en todo el subcontinente, a partir de compartir los datos de localización de teléfonos celulares. Participan de este operativo operadoras de telefonía como Vodafone, Deutsche Telekom y Orange.

En Israel, el gobierno de Benjamim Netanyahu utiliza el combate al coronavirus para extender el sistema de recolección de datos de celulares, llamado “operaciones antiterrorismo” de los palestinos, para rastrear los teléfonos de toda la población.

La Corea del Sur del presidente Monn Jae-in, Partido Democrático, hizo que todos los que entrasen al país oriundos de las regiones infectadas, bajasen un aplicativo en el celular que permite el monitoreo del estado, que combinado con los datos de la tarjeta de crédito y el reconocimiento facial en los espacios públicos, monitorea los pasos de cualquier persona que está en el país.

En el Brasil, operadoras de telefonía Claro, Oi, Tim y Vivo suministran la localización de 222,2 millones de líneas móviles para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicación (MCTIC). Ellas responden por 97,8% de los 227,1 millones de accesos móviles. El Facebook, que detenta informaciones de más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo, 130 millones en el Brasil, también suministra mapas. Todo sin ninguna autorización de quien tiene sus informaciones confiscadas. La Ley General de Protección de Datos (LGPD), que buscaría establecer alguna reglamentación, obligando a las empresas a tener el consentimiento explícito del usuario para recolectar, almacenar y tratar sus datos, tuvo su vigencia postergada por el gobierno Temer para agosto de 2020, y actualmente un nuevo Proyecto de Ley (1.179), aprobado en la Cámara de los Diputados, lo extiende para enero de 2021, retirando la necesidad de este consentimiento y dando al gobierno carta blanca para expandir la vigilancia digital.

Los gobiernos anuncian que los datos van a ser utilizados para monitorear la movilidad poblacional “con las debidas garantías legales”, y que los datos serán anónimos, apagados, o estarán disponibles por tiempo limitado. Pero nadie cree eso.

Al final, la preocupación de estos gobiernos no es salvar vidas y sí combatir los movimientos sociales.

Construyeron incluso el Covid-19 Discorder Tracker (CDT), que suministra una cobertura especial del impacto de la pandemia en todo el mundo y sus desdoblamientos en violencia política y protestas sociales, monitoreando cambios en las actividades poblacionales, manifestaciones y demostraciones, represión estatal, ataques de multitudes, conflictos armados, y cualesquiera otros. De hecho, el “Big Data”, que era dominio de los profesionales de marketing para elevar sus ganancias, están tornándose un medio de aumentar la vigilancia sobre la clase trabajadora.

La referencia es la dictadura china

El sueño de estos gobiernos es llegar al control establecido por el gobierno dictatorial de China, que manipuló informaciones, arrestó e hizo desaparecer a opositores, y después exigió que la población de Wuhan, devastada por el coronavirus, demostrase gratitud al Partido Comunista por contener la infección. Después hizo una corrección y agregó 1.290 muertes más a las que de hecho habían ocurrido, 50% más. “Un pequeño error”.[5]

Aprovechándose de la crisis desarrolló todavía un aplicativo más de control social. Con un software que envía datos personales del usuario directamente a la policía, aprovechando el ya existente “Sistema de Crédito Social”, monitorea el comportamiento de todos los ciudadanos y empresas, confiriendo puntos positivos y negativos, como una especie de ranking de confianza del gobierno. Si lleva multas de tránsito, falta el respeto a las órdenes judiciales, fuma en lugares prohibidos, acumula deudas, se niega a ingresar en el servicio militar obligatorio, o posta noticias online no autorizadas, tiene sus créditos reducidos. Las puniciones van desde restricciones en la compra de pasajes de avión o de tren hasta el bloqueo de acceso a las líneas de crédito, además de la prohibición de matrícula de los hijos en las mejores escuelas y el veto a un puesto de trabajo en organismos públicos.

Este aplicativo pasó también a clasificar a los ciudadanos con banderas verdes, amarillas o rojas, controlando dónde y cuándo cada persona estuvo, abasteciendo a la policía con informaciones personales de los usuarios. Caso la persona reciba una bandera amarilla o roja, deberá aislarse y realizar un check-up médico. Si los testes no encontraran una enfermedad en el paciente, como el Covid-19, la bandera queda verde, y el ciudadano puede reingresar en locales públicos nuevamente.

Análisis en el código fuente del software constataron que, luego de que el usuario acepta los términos y condiciones del aplicativo, sus datos –con nombre, localización y número de documento– son enviados a las autoridades por medio de un archivo; además de enviar los datos, toda vez que el aplicativo es escaneado, su localización es almacenada en los servidores del sistema, lo que posibilita el rastreo de los recorridos del ciudadano.

Para completar el control, el gobierno formó los “grupos de vigilancia de barrio” o “batallones de agentes del vecindario”, voluntarios uniformados, representantes del Partido Comunista Chino, recordando los tiempos de la revolución cultural de Mao Zedong. En los complejos habitacionales, ellos emiten pases para regular la frecuencia con que los moradores dejan sus casas, y controlan las visitas que son recibidas.

Son, todos, desarrollos tecnológicos en manos de la burguesía, al servicio de aumentar la represión sobre la clase trabajadora, aumentando el sistema de control social.

Monitoreo de todos al servicio del Estado burgués

Hoy, los gobiernos dicen que el aumento en el monitoreo es para controlar la pandemia; no obstante, sabemos que una vez bajo control de estos recursos, los utilizarán para contener los conflictos que vendrán. Tenemos que tener claro que el Estado en la sociedad capitalista sirve a los intereses de los empresarios y banqueros, de la burguesía, y por eso no podemos aceptar que en nombre del control de la pandemia ataquen nuestros derechos democráticos.

En varios países, los trabajadores van demostrando que solo su autoorganización podrá verdaderamente contener la pandemia sin generar una crisis social. Contra el monitoreo del Estado tenemos que defender e implementar nuestra organización para luchar contra la pandemia, contra la crisis social y contra el capitalismo, en la lucha revolucionaria por una sociedad socialista.

Notas:

[1] https://www.v-dem.net/en/

[2] Según los datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

[3] Sistema Global de Posicionamiento.

[4] Donde se obtiene la localización geográfica de las personas a través del Smartphone o del sistema formado por la red de satélites y suministrado a través de la triangulación de las señales recibidas.

[5] La autora china Wang Fang, seudónimo Fang Fang, denunció estos hechos en el Diario de una Ciudad Cerrada, un relato sombrío de la vida y la muerte en masa en Wuhan, en lo que ella considera un “homicidio culposo”, por las fallas del gobierno en responder a la crisis.

Traducción: Natalia Estrada.

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