Diez meses después de la identificación, en Wuhan, China, del primer caso de infección por el coronavirus, se totalizaban a finales de octubre casi cincuenta millones de casos y un millón de víctimas mortales en todo el mundo. En Portugal, la situación se agravó frente a la registrada en marzo, cuando fue decretado el confinamiento: se alcanzó un número récord de más de cuatro mil casos en un solo día. El número de óbitos también subió, llegando a 40. ¿Qué hacer?

Por: Cristina Portella

En Europa, después de la tregua del verano, el número de infectados aumentó de forma avasallante, llevando a los gobiernos a implementar el encierro obligatorio y confinamientos localizados o totales en un intento de estancar el avance de la pandemia. En Portugal, el gobierno de António Costa tiene una política de zigzags: no reforzó el Sistema Nacional de Salud (SNS), aprueba medidas que no combaten la pandemia y evalúa medidas represivas como el estado de emergencia y el encierro obligatorio. Solo rechaza hasta ahora el único recurso que realmente consiguió ablandar la primera onda de la pandemia e impedir que el SNS entrase en colapso: el confinamiento, con el cierre de escuelas, empresas (muy parcial), comercios y actividades no esenciales.

Se alega, desde el PS al PSD, pasando por el Presidente de la República, que las personas están hartas del confinamiento. Es verdad, pero no es esa la razón central para explicar por qué el gobierno, la derecha y los empresarios niegan el confinamiento, pero no es verdad que la mayoría de la población rechace ese encaminamiento si este fuese acompañado de medidas de protección social. Los tres primeros están interesados en mantener el funcionamiento de la economía para no afectar las ganancias de la patronal.

Las pretendidas iniciativas del gobierno para mantener el empleo no resultaron; basta verificar el número de desempleados, que no para de aumentar. El lay-off se reveló un excelente negocio para las empresas –incluso las de grandes dimensiones, que podrían perfectamente prescindir de este recurso–, pero no para los trabajadores. El desempleo, la pobreza y el hambre fueron las consecuencias de un confinamiento que no salvaguardó los derechos de quien trabaja, pero sí las inversiones de los grandes empresarios, como el Lone Star, el fondo buitre que compró el Novo Banco, para quien nunca faltó dinero del Estado, incluso en época de pandemia.

Un ejemplo chocante se da en el Grupo TAP, empresa privatizada y ahora reconducida al sector estatal, donde –según el ministro de Infraestructuras y Vivienda– están previstos 2.800 despidos hasta marzo del próximo año.

Confinar con protección social

No es posible detener la pandemia por los extremos, esto es, con las internaciones y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Es necesario un confinamiento que impida el colapso del SNS y que proteja a los trabajadores y sus familias, con garantía de salario, empleo y transporte público de calidad.

Es inmoral la continuidad de la verdadera tragedia verificada en los hogares, donde vivían cerca 40% de las víctimas mortales del Covid-19 en Portugal. Una buena parte de esos hogares son administrados por la Santa Casa de la Misericordia, una institución con más de 500 años y muchos recursos, y que aún recibe financiamiento del Estado. Es indispensable la intervención y la nacionalización de esos hogares, para que los ancianos tengan derecho a preservar sus vidas.

La receta del gobierno es la represión

Una de las medidas previstas en el primer estado de emergencia decretado en marzo por el gobierno PS fue la suspensión del derecho de huelga. Parecía una iniciativa un poco exagerada, pero tenía lógica desde el punto de vista del gobierno. Como António Costa no pretendía adoptar medidas que garantizasen un confinamiento sin hambre y con trabajo para todos, se precavía contra posibles reacciones de protesta.

De la misma forma, responsabilizó a los jóvenes, en especial a los habitantes de los barrios de la periferia de las grandes ciudades, buena parte de ellos negros, afrodescendientes e inmigrantes, por el no cumplimiento de las normas de distanciamiento social. Sus ayuntamientos (municipios) fueron reprimidos, algunas veces de forma violenta, como ocurrió en la Cova de Moura y en la Quinta do Mocho, en la periferia de Lisboa. Un contraste evidente con lo que ocurrió, por ejemplo, en el campeonato de Fórmula 1 en Algarve, donde una aglomeración muy superior solo recibió una reprimenda de la Directora General de Salud.

El estado de emergencia es un recurso no necesario, retórico y de represión, tal como el encierro obligatorio. No sirven para combatir la pandemia pero desvían la atención de lo que realmente debe ser hecho, mientras atacan las libertades democráticas de la mayoría de la población.

Texto originalmente publicado en la versión digital del periódico Em Luta n.° 24 (noviembre de 2020, p. 6).

Traducción: Natalia Estrada.