Por Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia
De manera sorpresiva, mientras la dirección de Fecode nos convocaba a defender las reformas del gobierno, nos encontramos con que luego de superar el trámite en la Cámara de representantes, en la comisión primera del Senado se aprobó por mayoría absoluta un texto concertado del proyecto de Ley Estatutaria de Educación entre los autores de tres ponencias. María José Pizarro en representación del partido de gobierno Pacto Histórico, David Luna y otros de Cambio Radical, y algunas propuestas del Centro Democrático presentadas por Paloma Valencia. Este texto, es un golpe mortal a las aspiraciones del magisterio, de los estudiantes y padres de familia, quienes hace décadas venimos luchando por una educación pública de calidad y con cobertura total que incluya la educación superior y preescolar de tres grados, como un derecho de obligatorio cumplimiento por parte del Estado.
En particular para los maestros es un golpe que se suma al malestar producto de los problemas en la implementación al nuevo modelo de salud del magisterio y las condiciones adversas en que hoy se ejerce la educación pública en los colegios de todo el país.
Es inadmisible que los representantes del gobierno y su bancada hayan hecho un acuerdo de conciliación con la burguesía que significa un retroceso mayor del que ya se había pactado en décadas anteriores con la ley 115, la 715 y el decreto 1860. CR y el CD quieren meter en esta ley lo que no lograron antes en sus gobiernos y los de turno, debido a la resistencia de los maestros y la comunidad educativa. Varias de las enmiendas debilitan la financiación y el fortalecimiento de la educación pública estatal favoreciendo la educación privada y las políticas de subsidio a la demanda como los bonos escolares, vieja aspiración de los sectores defensores de la privatización y consiguiente mercantilización de la educación. También se fortalecen en varias enmiendas la subordinación de la educación a los intereses del mercado y el capital, en detrimento de la ciencia, la cultura y las artes. También se debilita la educación superior formal con la llamada Educación Terciaria que estimula aún más el negocio de las universidades e institutos de garaje con programas de formación deficientes.
Se niega la obligatoriedad por parte del Estado sobre la educación de primera infancia; se opta por la definición de la educación como un servicio público, lo que abre el camino a la vieja aspiración de negar el derecho a la negociación y huelga de los trabajadores de la educación como un derecho constitucional. Esto es grave porque – la legislación existente hoy es ambigua, pues reconoce la educación como un derecho y como un servicio, – con las modificaciones se inclina la balanza en contra del derecho de protesta de un sector que siempre ha estado a la cabeza de movimientos sociales fundamentales.
Las enmiendas uribistas profundizan de manera absurda la evaluación punitiva hacia los docentes amarrando la evaluación docente a los resultados de los estudiantes en las Pruebas de Estado. Esto restringe aún más el derecho al ascenso en el escalafón, profundiza la evaluación de desempeño como mecanismo de sanción y represión, desconociendo todos los factores asociados a los resultados de las pruebas externas en los estudiantes.
Además, varias de las enmiendas buscan dar un golpe a la democracia en las instituciones, retrocediendo en cuestiones fundamentales como la participación democrática en las decisiones, la libertad de cátedra, y la democracia para la designación de autoridades educativas. Es evidente el sentido de estas enmiendas para impedir casos como la reciente lucha en la Universidad Nacional contra el desconocimiento de la consulta universitaria sobre la elección de rector, que logró una importante victoria gracias a la lucha.
No se garantiza el derecho por parte del Estado, pues según el texto, “La responsabilidad del Estado en su garantía será conforme a las competencias asignadas por las leyes especiales y su reglamentación, respetando los sistemas propios “es decir los sistemas público, mixto y privado. Incluye como criterio rector para el Estado: “El reconocimiento del derecho fundamental a la educación no implica una promoción automática de los estudiantes “o sea que reconocer el derecho no significa ni garantizarlo ni promoverlo, de eso se encargaran los mecanismos de evaluación y selección.
En síntesis, una propuesta que sale desde Fecode en acuerdo con el gobierno como respuesta limitada a las reivindicaciones del movimiento educativo, se ha transformado en un instrumento que profundiza los principios neoliberales que se consagraron en la ley 715 expedida por Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos en 2001. Esto es producto de la política de concertación del gobierno y su bancada, que buscando a toda costa aprobar sus proyectos lo que logra como resultado es el retroceso en la defensa de la educación pública, la democracia en las escuelas y los derechos de los docentes.
Desde Unidad Docente PST insistimos en lo que antes hemos planteado: No hay ley estatutaria o reforma educativa que sirva, si no se ataca la contrarreforma educativa que nos han impuesto, materializada fundamentalmente en la ley 715 y sus decretos reglamentarios.
Ante la convocatoria al paro por parte de FECODE y ante el masivo rechazo a las enmiendas aceptadas por el gobierno y su bancada, la ministra Vergara se ratifica en mantener a toda costa el actual proyecto, planteando ante el descontento la salida de la concertación. Ya desde la oposición de derecha liderada por Luna y Paloma Valencia advierten que no van a aceptar retroceder en sus enmiendas. Esto significa poner al magisterio a discutir sobre la base de las enmiendas incorporadas, lo que en la práctica es limitarse a matizar algunas de las nocivas formulaciones de este proyecto de Ley. Esto no deja otra alternativa que mantener el paro y ampliar la lucha a toda la comunidad educativa y el movimiento universitario hasta el hundimiento de este proyecto de ley.
El camino es la construcción de una verdadera reforma educativa de conjunto, construida democráticamente desde las bases, que acabe con toda la legislación neoliberal, fortalezca la educación pública gratuita y estatal en todos sus niveles y de respuestas urgentes y de fondo a la problemática educativa del país. Tenemos que mantenernos como trabajadores de manera independiente y exigir de nuestra dirección sindical que no levante el paro sin consultar a las bases, porque ya hemos aprendido de la experiencia y la verdad es que nunca ha salido nada bueno para los de abajo de los acuerdos y concertaciones con los capitalistas, con los de arriba. Tenemos que confiar en nuestra movilización independiente, si con ella ganamos o perdemos, que sea nuestra decisión y no una decisión impuesta por acuerdos de gobernabilidad.
UNIDAD DOCENTE – PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
JUNIO 13 DE 2024
