Plan de pleno empleo, formalización y salario digno, la clave para un sistema pensional sano
Para garantizar pensiones dignas y estabilidad del sistema pensional, es fundamental la formalización laboral para garantizar las cotizaciones que sostienen el sistema; y al tiempo la eliminación de los contratos por OPS y figuras similares, en las cuales se le obliga al trabajador a cotizar para salud y pensión, sin que el patrono o El estado asuman responsabilidad al respecto, por lo general el trabajador cotiza sobre un ingreso menor al real para mejorar su salario cotidiano, en detrimento de su futuro. Así mismo es necesario, reducir el desempleo, será garantía de financiación del sistema pensional, a través de la respectiva cuota patronal, junto con la cotización de los trabajadores formalmente constituidos o independientes, pues es sabido que desempleo, informalidad e inestabilidad afectan negativamente los ingresos dirigidos a las pensiones.
Por PST – Colombia
También es fundamental que se les garantice vinculación laboral formal a los jóvenes y con buena remuneración, para que además de ejercer su derecho al trabajo y a una pensión digna, fortalezcan con sus aportes el sistema pensional que hoy tiene aumento de trabajadores pensionados y disminución de cotizantes.
Acabar las AFPs y la especulación con el dinero de las pensiones
En el mismo sentido, es imperioso que el Estado asuma la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores, para lo cual se necesita el fortalecimiento de Colpensiones como entidad Estatal. Sin embargo, esto no se logrará con la reforma que plantea lo contrario, no sólo lo elimina las nocivas AFPs, sino que las mantienen en el negocio y las fortalecen, si a este fondo estatal solo llegan aportes hasta por 3 smlmv. de acuerdo con la propuesta de pilar contributivo, compitiendo con los fondos privados, que recibirían cotizaciones por ingresos superiores, con base de cotización hasta 25 smlmv y con el sistema de ahorro individual, se irá un debilitamiento de Colpensiones y no al revés.
Es de anotar que los fondos de pensiones y cesantías privados están en manos de los banqueros, razón por la cual rechazan la propuesta de reforma, argumentando insostenibilidad financiera a mediano plazo, pero sabemos que su preocupación es la disminución en la rentabilidad de su “negocio”.
Si bien la propuesta prohíbe el uso de los dineros destinados a pensiones en inversiones distintas, exige a los fondos rentabilidad sobre dicho ahorro individual, dejando al gobierno de turno la facultad para decidir en qué se invierten dichos dineros.
El Estado, en todo caso asume la responsabilidad de garantizar el pago de los derechos pensionales incluso en el caso de que las AFP no lo garanticen -similar a cuando el antiguo Fosyga y hoy el ADRES cubren los servicios de salud negados por las EPS – , eso sí dentro de la regla fiscal, una modalidad de privatización de dineros públicos. Esto significa que, además de que las AFP reciben dinero por cotizaciones, el cual administran, colocan en el mercado y además tendrían el respaldo del Estado en caso de quiebra.
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Un subsidio no es pensión
El llamado pilar solidario, a través del cual se otorgaría una renta básica aproximada de $223.000, (en campaña, Petro habló de $500.000) a adultos mayores de 65 años y que no han accedido al sistema pensional por su condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, pretende llegar a cerca de 2.5 millones de personas en el país, focalizadas por el gobierno. Para este fin, se usarían recursos de los impuestos y recursos del fondo de solidaridad al cual aportarían todos los trabajadores, proporcional y progresivamente de acuerdo con los ingresos salariales. Este derecho, así como el de los BEPS, no sería heredable o sustituible. Si bien la suma de esta renta es muy superior a la del subsidio a la vejez que existe actualmente, ($80.000), sigue siendo muy baja en relación con el costo de la canasta familiar básica y el aporte de los pensionados con las más altas mesadas es solo del 1 al 2%, teniendo que ser mucho mayor. Esta renta en todo caso, equivale a un subsidio paliativo al hambre, pero en ningún momento sustituye la pensión.
Sistema segregado y excluyente
Se mantiene la excepción a regímenes especiales tales como magisterio (amerita análisis particular), Congreso (entre las pensiones más altas del país) y FFMM, que, si bien son mucho menos que el número de trabajadores cotizantes al régimen contributivo, mantienen la inequidad y profundizan la brecha social.
No se modifica la edad en 57 años para mujeres, 62 para hombres y 1300 semanas de cotización, esto es 25 años de trabajo y se mantienen las condiciones del régimen actual para quienes hayan cotizado hasta 1000 semanas, pero sigue sin considerarse de manera efectiva el desgaste que implica la maternidad o las labores de cuidado, impuestas socialmente a las mujeres.
Un asunto muy delicado que presenta el proyecto de reforma es la apertura al embargo de las pensiones, en razón a deudas por pensión alimentaria o créditos cooperativos o bancarios. Este es un favorecimiento adicional a las entidades financieras, que como ya vimos, son dueñas y/o socias de las AFP.
Este proyecto sin embargo al plantear algunos cambios, enfrenta la resistencia de los más ricos del país (banqueros), resistencia que seguramente tendrá eco en el congreso por parte de los parlamentarios que han recibido apoyo económico en sus campañas, o directamente son socios de las AFP. Por tanto, reiteramos que para lograr un régimen pensional unificado bajo la responsabilidad del estado que garantice la pensión vitalicia y una vejez digna para los trabajadores y trabajadoras es necesario: formalizar el empleo, generar puestos de trabajo, derogar la ley 100, y expropiar a los bancos y AFP que se han apropiado con los dineros de las pensiones. Y esto sólo lo lograremos luchando y no concertando en el Congreso con los dueños de las AFPs.
Artículo de https://www.magazine.pstcolombia.org/ 19/05/2023
