Boluarte se aumenta el sueldo en retribución a la traición, la impunidad y el servilismo empresarial
Por Partido Socialista de los Trabajadores (Perú)
En otra muestra de desprecio a la población y desafiando el repudio nacional, Dina Boluarte finalmente se aumentó el sueldo de S/ 15,600 a S/ 35,568, lo que es una afrenta a las víctimas de su pésima gestión, desde los familiares de los asesinados en las movilizaciones de 2022-2023, los transportistas y otros sectores de la población asediados por el sicariato y la extorsión, el desempleo y la pobreza. Ese aumento solo tiene el visto bueno del Congreso y del poder económico, aquellos grandes empresarios que más se benefician con el actual gobierno y que buscan mantener el actual estado de cosas.
Apenas el día anterior, la población arequipeña arrojó huevos y cáscaras a la comitiva del gobierno, como ha ocurrido numerosas veces en diferentes lugares del país, pero no hay sangre en la cara ni vergüenza en este gobierno, que no es solo impunidad, incompetencia y continuidad del plan neoliberal; también es, desde su origen, el pretexto para la permanencia del actual Congreso, controlado por organizaciones políticas que han sido caracterizadas por la Fiscalía como organizaciones criminales.
El intento de toma por asalto de la Fiscalía
La semana anterior, esos sectores políticos, utilizando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la procesada exfiscal Patricia Benavides, pretendieron tomar por asalto el control el Ministerio Público, lo cual se truncó en el último minuto por una resolución judicial.
Esos hechos, que evidencian lo descompuesto que es el actual régimen político, ocurren estando ya a nueve meses de las elecciones generales, lo que ha intensificado la carrera por el control de las principales entidades del Estado, por parte de los partidos del Congreso.
El gobierno es cómplice de estas maniobras porque el Congreso le brinda impunidad y protección ante una posible vacancia que haga adelantar la rendición de cuentas de Boluarte por sus crímenes. Los partidos que hoy controlan el Congreso también saben que pueden recibir el castigo de los votantes, y sobre todo enfrentan, ya sea como organizaciones, o como individuos, procesos judiciales por los que pueden terminar en la cárcel. Esto sin contar que tienen intereses millonarios en negocios como la minería ilegal que dependen estrechamente del poder que ellos detentan en el Congreso.
Los sectores vinculados al fujimorismo y sus aliados apristas ya cuentan con influencia decisiva en entidades como el Tribunal Constitucional, la propia JNJ y la Defensoría del Pueblo. También tuvieron el control del Ministerio Público con Benavides, y lo perdieron por los destapes de la compra de congresistas.
Pero volverán a la carga porque estos sectores quieren asegurarse impunidad por los crímenes que se les imputa, y además ganar más votos en la principal entidad del sistema electoral que es el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la estrategia que viene siendo ejecutada por el fujimorismo, y respaldado subsidiariamente por el “acuñismo”, el “lunismo” y el “cerronismo”, principalmente.
Un gobierno y un Congreso que la patronal defiende
El poder económico no es ajeno a estas movidas. El empresariado circula la idea que la política y la economía van por cuerdas separadas, pero la verdad es que todo lo que ocurre en el plano político está convalidado por el poder económico que tiene mucha influencia en todos los ministerios. El precio de eso es evidente, el gobierno y el Congreso privilegian al empresariado impulsando leyes como la “Ley Clímper 2.0” que perenniza las magras condiciones laborales, así como las exoneraciones o reducciones tributarias.
Los organismos financieros internacionales, como el FMI, también sostienen el actual orden político aprobando el manejo económico del gobierno, que les favorece principalmente a ellos. Es un libreto que viene desde los noventa, por eso en lugar de partidos con proyectos al servicio de los intereses nacionales y populares -al menos en alguna medida-, lo que abundó y abunda son proyectos de derecha, de centro y hasta de izquierda que, llegado el momento, pusieron el gobierno en piloto automático orientado a los beneficios del gran capital, mientras promovían sus intereses particulares, en todos los casos vinculados con la corrupción desde el poder.
Una movilización nacional que no puede esperar al 2026
Como se ve, con el actual gobierno y Congreso, la amenaza contra los intereses y derechos democráticos populares es permanente, incluso en medio del proceso preelectoral, y plantean la necesidad de una movilización nacional que derrote el autoritarismo y abra la posibilidad de soluciones a las principales demandas sociales.
Lamentablemente, dentro de las candidaturas que se perfilan para las próximas elecciones generales, no hay ninguna que represente estrechamente con los sectores que han estado a la vanguardia de las movilizaciones. Los sectores de la izquierda oportunista y reformista que reclaman el espacio político de los movimientos sociales más bien arman sus candidaturas divorciadas de esas luchas. Por eso esos sectores tampoco proponen una plataforma y un plan de lucha para defender, hoy mismo y sin esperar el 2026, los intereses populares frente a los ataques y amenazas del gobierno, el Congreso y la patronal.
Por eso es correcto el camino que han tomado un significativo número de organizaciones obreras y populares, de movilizarse de manera independiente por la solución de sus demandas, un camino que requiere ser continuado con avances en la organización y coordinación y la construcción de una dirección política por un cambio real en el país.
