Por Alicia Sagra
Después de haber pasado por un período de crecimiento económico que se dio en llamar el “milagro boliviano”, Bolivia está en medio de una importante crisis económica que tiene su principal expresión en la escasez de dólares, la dificultad de mantener la subvención a los combustibles (gasolina y diésel) lo que lleva a su escasez, la caída de las exportaciones especialmente del gas y la subida generalizada de los precios de la canasta familiar.
Siendo que Bolivia importa gran parte de sus bienes de consumo e insumos para la producción, la escasez de dólares afecta a la industria en general, pero en especial a los cuentapropistas quienes absorben el desempleo (el 80% de la población económicamente activa es cuentapropista en Bolivia). La gran empresa y los grandes importadores, si bien ha sido afectada, también le han sacado tajada a la situación, especulando en el mercado paralelo y beneficiándose de los planes del Banco Central para acceder preferentemente a dólares a la tasa oficial. En cambio, los pequeños comerciantes (gremiales), artesanos y microempresas han recurrido al mercado paralelo comprando dólares hasta con un 100% de incremento en relación con el cambio oficial.
Desde hace más de dos décadas tiene una política de subsidio a la gasolina y diésel (gasoil), medida adoptada para beneficiar a la agroindustria (principal consumidor de diésel) y contener la protesta social, por los efectos multiplicadores que tiene la subida del combustible. Anualmente el Estado ha destinado dos mil millones de dólares para cubrir la subvención y en el 2024 se prevé alcanzar los cuatro mil millones de dólares.
En una década, entre el 2014 al 2023, el valor de las ventas de gas natural, principal de ingreso del Estado, se desplomaron de US$ 6.011,1 millones a US$ 1.880,4 millones.
Todos los anteriores factores, han conducido a una subida de precios de los artículos de la canasta familiar Las consecuencias se sienten en la economía popular con despidos, aumento del precio de alimentos, de medicamentos.
Según informe del ministerio de trabajo, en los dos últimos años, las denuncias laborales aumentaron en 57%[1], de las cuales los despidos y el acoso laboral ocupan los primeros lugares.
El control burocrático de los sindicatos por parte del MAS frena una respuesta organizada.
Esa situación de la economía, sumada a políticas del gobierno, como la reforma de la ley de jubilaciones, están provocando respuestas obreras y populares
En lo que va del 2024, ha habido diferentes expresiones de lucha:
Bloqueos de caminos y de las fronteras por parte de transportistas y comerciantes, provocados por la escasez de dólares y de combustible.
Desde abril se vienen realizando huelgas, marchas, enfrentamiento con la policía, de maestros, de médicos y trabajadores de la salud en contra de la “jubilación obligatoria” que se pretende imponer.
El 19 de agosto los Gremiales realizaron una marcha en La Paz exigiendo soluciones a la falta de dólares, combustible y precios de la canasta familiar. Declararon que no se sienten representados por el actual dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y que se dirigirán a un hotel cercano a la plaza Murillo para instalar un ampliado en el cual van a definir otras medidas de presión, «casi todos los bolivianos y todas las personas están marchando de diferentes sectores por lo mismo: la falta de dólares, el alza de la canasta familiar, el tema de Aduanas, el tema de Impuestos, es lo que realmente nos preocupa».[2]
Todas estas medidas son aisladas. Los dirigentes sindicales no hacen nada por unificarlas, por coordinarlas. Los reclamos obreros y populares no son la preocupación central de esos dirigentes, que están divididos en torno al enfrentamiento Evo-Arce por la sucesión presidencial.
En la esfera del movimiento sindical y social, las organizaciones de base están divididas entre Evo y Arce, pero a nivel de las cúpulas predomina el apoyo al gobierno. El secretario de comunicación de la Central Campesina, Efraín Mollo, aseguró que la CSUTCB[3] defenderá la Constitución Política del Estado que plantea una sola reelección del presidente y que está de acuerdo con el referéndum que anunció el presidente Luis Arce. Y señaló que la CSUTCB está en pie de lucha por defender la CPE y no dejar que la derecha y la nueva derecha la pisoteen. “Lo que quieren hacer es acortar el mandato del presidente Luis Arce. Con esto quieren pisotear la democracia. Vamos a seguir luchando por hacer defender la CPE porque ha costado sangre y luto”.[4]
Mientras que la COB, en una decisión inédita, que expresa la total falta de independencia de clase invitó al presidente y al ministro de economía a participar de su Ampliado Nacional, realizado en la ciudad de Tupiza. En la inauguración del ampliado, Juan Carlos Huarachi[5], manifestó: “Por primera vez compañeros, un presidente está en un ampliado de la Central Obrera Boliviana. Nuestro presidente, el compañero Lucho, es afiliado a la COB, ha sido parte de varios congresos y ampliados en su época de universitario, cuando estuvo en la FUL[6], ha hecho vida activa orgánica y sindical”[7]
El enfrentamiento por la candidatura presidencial
A pesar de que el apoyo popular al MAS, el partido de gobierno, ha disminuido en relación a lo que era cuando Evo Morales asumió el gobierno, las encuestas muestran que sigue siendo el ese partido (en la medida que se presente unido) el más probable triunfador en las elecciones presidenciales de 2025. De ahí proviene el enfrentamiento entre las dos principales figuras de ese partido, que al igual que los dirigentes de los partidos burgueses, pelean por quien será el futuro presidente de Bolivia
Evo Morales gobernó, como subproducto de los procesos revolucionarios de 2003-2005, desde 2006 hasta 2019, cuando un golpe militar impulsado por la derecha del oriente boliviano, lo obligó a renunciar.
La movilización obrera y popular, impidió que el gobierno golpista de Jeanine Añez se estabilizara y en las elecciones de 2020, se impuso Luis Arce, quien fue candidato por el MAS, con el apoyo de Evo Morales.
Arce fue ministro de economía de Evo y era conocido como el autor del “milagro boliviano”. Pero, las apetencias electorales los ha llevado a este enfrentamiento. La Constitución plantea que sólo puede haber una reelección presidencial, por lo que Evo estaría impedido de presentarse, pero él argumenta que eso se refiere a elecciones consecutivas, lo que no sería su caso. Mientras que Arce defiende que se cumpla lo planteado por la constitución.
En esta batalla que lleva varios meses, ninguno de los dos dirigentes ha tenido pudor en dividir organizaciones sindicales y sociales, y en recurrir a cualquier método para defender sus ambiciones electorales. Así Evo impulsó bloqueos de caminos, jugando con la vida de los campesinos y provocando desabastecimiento en las ciudades y hay fuertes sospechas de que Arce fue el gestor del movimiento militar del 26 de junio pasado.
A la crisis política creada por el enfrentamiento Evo- Arce, se suma no sólo la crisis económica, sino la crisis de la Justicia, permanentemente acusada de corrupción y de prevaricato. La elección por sufragio universal de los jueces que creo muchas expectativas, no resolvió esa crisis, por lo que se mantiene la actualidad del dicho popular “la justicia boliviana, al igual que las serpientes, solo muerde a quien está descalzo”. Habría que aclarar que esa no es una característica sólo de la Justicia boliviana, sino de toda la justicia burguesa.
Referéndum de Arce: Pasar la papa caliente al pueblo trabajador
En ocasión del mensaje presidencial del 6 de agosto, aniversario de la independencia nacional, Arce anunció que convocaría a un referéndum, días después, el gobierno envió al Tribunal Supremo Electoral cuatro preguntas que en esencia plantea tres temas: 1) solo una reelección presidencial incluso de manera discontinua, medida orientada a impedir la habilitación de Evo a las elecciones del 2025, 2) Levantar la subvención de la gasolina y del diésel (preguntas 3 y 4) orientada a tener aval social para subir el precio de los combustibles, y 3) aumentar el número actual de diputados, esta medida orientada a evitar un conflicto por la redistribución de diputados entre las regiones en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024 que se conocerá el 30 de agosto.
Es evidente, que el referéndum pretende ser una medida preventiva para aplicar el ajuste económico, principalmente, controlar la protesta de los comités cívicos del oriente que exigen aumentar su representación parlamentaria y cerrar el camino a Evo para dejar a Arce como única opción del MAS
Varios sectores han manifestado su rechazo al referéndum, en especial en lo referido a la subvención, desde el argumento empresarial afirmando que al gobierno le toca tomar las medidas de ajuste y desde los sectores populares y de trabajadores afirmando que no se debe afectar aun más el bolsillo de las familias.
Por su parte Evo Morales declara: “ En su traición al movimento indígena y popular, con el único objetivo de prohibirnos y de intentar desviar la atención de la grave crisis económica, él [Arce] hace una pregunta engañosa al imponer una interpretación cosntitucional que no le corresponde.
Luis Arce debería ser más valiente y hacer las siguientes preguntas: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de Evo Morales como candidato? ¿Está usted de acuerdo con la gestión de Luis Arce?”[8]
Recientemente el TSE devolvió las preguntas con observaciones técnicas sobre claridad e imparcialidad, ahora al gobierno le toca ajustar y volver a enviar, no existen plazos pero si el propósito es hacer el referéndum este año debe darse prisa.
Lo que enseña la realidad boliviana.
El fenómeno del MAS y del “estado plurinacional”, despertaron una gran expectativa no sólo entre los campesinos y trabajadores bolivianos, sino en gran parte de la izquierda mundial, en especial latinoamericana.
Pero la actual realidad boliviana muestra (así como ya lo mostraron el socialismo del “siglo XXI” de Chávez y Maduro, y los gobiernos de Lula), que es imposible acabar con la desigualdad social, con la corrupción de la justicia y de los gobernantes, sin acabar con el sistema capitalista.
Para lograr eso, es necesario una nueva revolución, como la del 1952 pero que vaya más allá. Que imponga el poder de los trabajadores de la ciudad y del campo, expropie a la burguesía, imponga una economía planificada al servicio de las mayorías y la más amplia democracia obrera e impulse la solidaridad y movilización latinoamericana para enfrentar al imperialismo. Es algo muy difícil, pero es lo único posible para avanzar en la solución de los problemas de los trabajadores y el pueblo, en el camino de la construcción del socialismo, por lo que es necesario iniciar la construcción del partido revolucionario que permita encarar con éxito esa tarea.
[1] Diario La Razón- 8-07-2024
[2] Mercedes Quisbert, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales- Diario Los Tiempos- 19-08-2024
[3] Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
[4] La Razón, 23-08-24
[5] Principal dirigente de la COB.
[6] Federación Universitaria de La Paz
[7] La Época- 22-08-2024
[8] CNN, 23-08-2024
