El régimen de apartheid es intrínseco al proyecto colonial sionista, fundado a finales del siglo XIX y materializado en la formación del Estado racista de Israel el 15 de mayo de 1948 mediante limpieza étnica planificada (la Nakba, la catástrofe palestina).

Por: Soraya Misleh

Aunque no va al centro de la cuestión –el proyecto colonial sionista en su alianza estratégica con el imperialismo– como lo han hecho durante décadas los grupos de derechos humanos palestinos, el informe de Amnistía Internacional es primoroso al exponer las entrañas de este sistema desde 1948 hasta el presente.

Para los palestinos, cuyo sentimiento es de abandono por parte de la así llamada “comunidad internacional” –y, por ello, refuerzan el pedido a todo aquel que los visita en sus tierras ocupadas para “contarle al mundo lo que han visto”–, este reconocimiento se presenta como un bálsamo sobre una herida abierta hace más de 74 años. Un instrumento importante para denunciar y fortalecer campañas centrales de solidaridad internacional, como boicots, con el potencial de empañar aún más la falsa imagen de Israel, colocándolo en el banquillo de los acusados ​​de la Corte Penal Internacional, donde ya es investigado por las atrocidades cometidas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental desde el 13 de junio de 2014.

En un informe titulado “Apartheid de Israel contra palestinos: cruel sistema de dominación y crimen contra la humanidad”, Amnistía Internacional define así las leyes, prácticas y políticas del Estado de Israel: “un sistema de opresión y dominación sobre los palestinos […] ya sea dentro de Israel, en los territorios palestinos ocupados [en 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental] o sobre los refugiados palestinos”. La organización internacional concluye: Israel es un Estado de apartheid, un crimen contra la humanidad. Y admite: los palestinos han estado haciendo esta afirmación durante décadas.

Compilado entre julio de 2017 y noviembre de 2021, el documento es resultado, como informa Amnistía Internacional, de décadas de investigación y “recopilación de pruebas”. En 280 páginas, detalla la barbarie de un sistema construido para la continua Nakba, en que los palestinos son tratados, en palabras de la propia organización, como «una raza inferior». El informe se hizo público el 1 febrero último.

Es el tercero de 2021 en adelante con las mismas conclusiones. Amnistía Internacional, que a principios del año pasado había denunciado el racismo israelí en la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 al que se enfrentan los palestinos, acompaña, así, las recientes conclusiones de la organización internacional Human Rights Watch y de la israelí Bet’Selem.

Qué dice el informe

“La segregación se realiza de manera sistemática y altamente institucionalizada a través de leyes, políticas y prácticas, todas ellas destinadas a impedir que los palestinos reclamen y disfruten de los mismos derechos que los judíos israelíes dentro de Israel y de los TPOs [territorios palestinos ocupados en 1967], y, por lo tanto, con el objetivo de oprimir y dominar al pueblo palestino. Esta opresión y dominación fue cimentada por un régimen legal que controla (negando) los derechos de los refugiados palestinos que residen fuera de Israel y de los TPOs para regresar a sus hogares. Durante décadas, las consideraciones demográficas y geopolíticas israelíes moldearon las políticas para los palestinos en cada una de las diferentes áreas […]”, detalla Amnistía Internacional. El denso informe desmitifica las falsas ideas de democracia israelí y la ocupación restrincta a las áreas de 1967.

La organización enfatiza: “Desde su establecimiento en 1948, Israel ha seguido una política explícita de establecer y mantener la hegemonía demográfica judaica y maximizar su control sobre la tierra para beneficiar a los judíos israelíes mientras reduce el número de palestinos, obstruyendo su capacidad de desafiar esta desapropiación. En 1967, Israel amplió esta política más allá de la Línea Verde [la frontera de 1967 definida en el Armisticio de 1949] hasta Cisjordania y la Franja de Gaza, que ocupa desde entonces. Hoy, todos los territorios controlados por Israel continúan siendo administrados con el objetivo de beneficiar a los judíos israelíes a expensas de los palestinos, mientras que los refugiados palestinos continúan siendo excluidos. Las consideraciones demográficas han guiado desde el inicio la legislación y la formulación de políticas israelíes”. Entre las primeras leyes en este sentido, cita las destinadas a conceder, en los años 1950, a los judíos el derecho a emigrar a Israel desde cualquier parte del mundo y obtener la nacionalidad y la tristemente célebre Ley del Propietario Ausente, que dio al Estado de Israel el control de todas las propiedades que pertenecían a los palestinos expulsados ​​en la Nakba.

Como continúa Amnistía Internacional, “en el curso del establecimiento de Israel como Estado judío en 1948, sus líderes fueron responsables por la expulsión en masa de cientos de miles de palestinos y la destrucción de centenas de aldeas palestinas en lo que equivalió a una limpieza étnica. Eligieron obligar a los palestinos a enclaves dentro del Estado de Israel y, después de su ocupación militar en 1967, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Se apropiaron de la gran mayoría de las tierras y los recursos naturales de los palestinos. Introdujeron leyes, políticas y prácticas que sistemática y cruelmente discriminan a los palestinos, dejándolos geográfica y políticamente fragmentados, en un constante estado de miedo e inseguridad y, muchas veces, empobrecidos. Mientras tanto, los líderes de Israel han optado por privilegiar sistemáticamente a los ciudadanos judíos en la ley y en la práctica a través de la distribución de tierras y recursos, lo que resulta en su relativa riqueza y bienestar a expensas de los palestinos. Han ampliado constantemente los asentamientos judaicos en el territorio palestino ocupado, en violación del derecho internacional. En 1948, antes de que se estableciera Israel, los palestinos constituían alrededor de 70 % de la población de Palestina (entonces un territorio bajo mandato británico) y poseían alrededor de 90 % de las tierras de propiedad privada. Los judíos, muchos de los cuales emigraron de Europa, constituían alrededor de 30% de la población, y ellos y las instituciones judaicas poseían cerca de 6,5% de la tierra. Las autoridades israelíes actuaron para revertir esa situación”.

Desde entonces, siempre en palabras de Amnistía Internacional, “Israel impide que los refugiados palestinos y sus descendientes, así como los desplazados internamente dentro de Israel, retornen a sus antiguos lugares de residencia”. Y la minoría restante en los territorios de 1948 –aproximadamente 1,9 millones de palestinos– enfrenta una serie de leyes racistas que la excluye de la participación política y de la ciudadanía plena. Alrededor de 90%, según el informe, está confinada en 139 aldeas y ciudades densamente pobladas en las regiones de Galilea, del Triángulo del Norte y del Naqab (Negev), “como resultado de políticas deliberadas de segregación”. La gran mayoría del otro 10% vive en ciudades mixtas.

En Cisjordania, los aproximadamente tres millones de palestinos siguen sometidos a órdenes militares draconianas desde 1967, cuando, como señala Amnistía Internacional, fueron privados de 63% de las tierras más fértiles y las mejores zonas de pastoreo. El muro del apartheid, en construcción desde 2002, profundizó esta situación: “aisló más de 10% del área de Cisjordania, afectando directamente 219 localidades palestinas” y llevó a aproximadamente 80% de los agricultores palestinos a la ‘zona de costura’ entre la valla/ muro y la Línea Verde a perder el acceso a sus tierras”. Para acceder a ellas, son obligados a solicitar licencias militares, las cuales “deben ser renovadas repetidamente”. La concesión está sujeta a la liberalidad de Israel. “Para quienes consiguen obtenerlas, solo se les permite el acceso a pie y por los portones agrícolas específicos que aparecen en los permisos”.

Además de todas las restricciones a la circulación, demoliciones de viviendas, desalojos, diferencias de documentos, acceso desigual a los servicios básicos, incluido el agua, y prisiones políticas en las que la tortura es sistemática –debidamente detalladas en el informe de Amnistía Internacional–, los palestinos de Cisjordania son obligados a convivir con 441.600 colonos judíos que residen en 132 asentamientos establecidos oficialmente por Israel, así como 140 puestos de avanzada no autorizados. Los ataques brutales de los colonos contra los palestinos no son infrecuentes. Esta semana, el Middle East Monitor informó esa violencia en la ciudad de Nablus, incluso contra un hombre con deficiencia.

“En julio de 2021, había 358.800 residentes palestinos dentro de los límites de Jerusalén Oriental, que comprende 38% de la población de la ciudad. De estos, unos 150.000 viven en zonas segregadas del resto de la ciudad por la valla/muro y otros puestos militares. Aproximadamente 225.178 colonos judíos israelíes también vivían en Jerusalén Oriental en 13 asentamientos ilegales construidos por las autoridades israelíes y en casas particulares arrebatadas a los palestinos bajo esquemas discriminatorios”, complementa Amnistía Internacional.

En Gaza, bajo un bloqueo inhumano desde hace 14 años y bombardeos frecuentes, se encuentran dos millones de palestinos, 70% de ellos son refugiados registrados en la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, UNRWA, creada poco después de la Nakba específicamente para asistir a ese enorme contingente, que hoy suma cinco millones dentro un radio de 100 km de sus tierras ocupadas. Como destaca Amnistía Internacional, el cerco y las constantes ofensivas israelíes han llevado a un “estado de crisis humanitaria perpetua”. Junto a las masacres, el informe es categórico: “Israel garantiza que más de 35% de las tierras agrícolas en Gaza y 85% de la zona de pesca a lo largo de la costa estén fuera de los límites de los palestinos, impuestos por la ‘buffer zone’ [zona de amortiguación] y área marítima de acceso retricto. Se estima que 178.000 personas, incluidos 113.000 agricultores, ya no pueden acceder a las tierras de cultivo en esta zona de amortiguación”. Amnistía continúa en sus denuncias: “Desde 2014 [año de la masacre que duró 51 días y mató a 2.200 palestinos, incluidos 530 niños], los militares israelíes pulverizan herbicidas aéreos sobre las plantaciones palestinas a lo largo de la cerca […], lo que ha resultado en la pérdida de medios de subsistencia para los agricultores de Gaza con problemas de salud de largo alcance. […] Desde el descubrimiento de petróleo y gas frente a la costa de Gaza, Israel ha cambiado repetidamente la demarcación de la costa marítima de Gaza, a veces reduciéndola a tan solo tres millas náuticas”. Esto afecta, según la organización, a cerca de 65.000 habitantes de la estrecha franja y “empobreció a casi 90% de los pescadores”. Además, agrega, “la marina israelí usa fuerza letal” contra ellos, “y hunde o se apodera de sus barcos”.

Para quienes viven bajo ocupación en las áreas de 1967, como señala Amnistía Internacional, la situación empeoró con los acuerdos de Oslo firmados en 1993 entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel, que “crearon la Autoridad Palestina y le otorgaron control limitado sobre asuntos civiles palestinos en centros urbanos”. Al no poner fin a la ocupación, tales acuerdos «dividieron a Cisjordania en tres áreas, con diferentes niveles de jurisdicción militar y civil palestina e israelí, fragmentando y segregando aún más a los palestinos en beneficio de Israel».

El informe de Amnistía Internacional demuestra la fragmentación de la sociedad palestina desde 1948, reforzada por Israel por la existencia de “regímenes jurídicos separados” que sirven para encubrir el régimen de apartheid. La segregación tiene matices, pero es vivida por todos. Así como es padrón por parte de Israel aniquilar cualquier forma de resistencia. En las protestas, Amnistía señala una política deliberada de “disparar a matar y mutilar palestinos”, bajo el signo de la obvia impunidad de las fuerzas de ocupación.

Entre sus recomendaciones, la organización insta a todos los gobiernos a reconocer el crimen de apartheid y no apoyarlo, imponiendo embargo militar a Israel y boicot a productos oriundos de los asentamientos. También sugiere a las empresas que no hagan negocios que apoyen este régimen.

Recomienda, además, investigaciones en los organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, con la que todos los Estados deben colaborar, y el restablecimiento del Comité Especial contra el Apartheid por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que había sido instituido en 1962. Quizás sugerencia la más extraña sea que el propio Estado de Israel investiga el crimen de apartheid en el derecho internacional. El informe mismo demuestra que las prácticas, políticas y leyes son diseñadas conscientemente para la segregación.

Además, Amnistía destaca que la Autoridad Palestina, gerente de la ocupación, debe cesar la cooperación de seguridad con Israel, no “contribuyendo a mantener el sistema de apartheid en los TPOs”, y que “cualquier tipo de negociación” tampoco colabore con la preservación de ese régimen. Todo lo contrario de lo que se ha discutido en las reuniones entre los líderes de la Autoridad Palestina y los oficiales israelíes, que buscan revivir la ya muerta solución de los dos Estados, que ha sido injusta desde siempre porque no contempla a la totalidad del pueblo palestino –cuya mitad de 13 millones está fuera de sus tierras en situación de refugio o en la diáspora – y se vuelve inviable por la expansión colonial agresiva. Lo contrario a todos los procesos de negociación.

Algunas conclusiones

En sus conclusiones, Amnistía no sugiere, como cabría esperar por su función, una solución por fuera del marco institucional, sino acorde con las convenciones y estatutos del derecho internacional. Así, en su sitio web trae preguntas y respuestas sobre el informe en el que aboga por reformas en el sistema israelí, lo que contradice su naturaleza colonial.

“El informe aborda conjuntos completos de recomendaciones al Estado de Israel, y solicitamos reuniones con autoridades israelíes para discutirlas. El Estado de Israel ha sido miembro de las Naciones Unidas desde su creación en 1948. Es parte de las convenciones internacionales de derechos humanos y otros tratados y, por lo tanto, debe respetar esas obligaciones, incluida la defensa del derecho a la igualdad y la no discriminación, y poner fin y reparar las violaciones del derecho internacional. Este informe es un llamamiento al gobierno israelí para que lleve a cabo las reformas necesarias para que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, afirma. En este sentido, como una de sus iniciativas, presenta una petición titulada “Demoler el apartheid, no las casas palestinas”, dirigida nada menos que al primer ministro sionista Naftali Bennett.

A pesar de esta fragilidad, al no ver como núcleo del apartheid el proyecto colonial sionista en alianza estratégica con el imperialismo –lo que ha sido cuestionado por periodistas y organizaciones palestinas como The Jerusalem Legal Aid & Human Rights Center (JLAC)–, Amnistía Internacional trae un informe contundente y recomendaciones progresivas, como también reconocen los grupos palestinos.

Entre ellas, el fin de la cooperación de seguridad por parte de la Autoridad Palestina, además de un embargo militar y boicot –aunque aquí también de forma limitada, separando productos de asentamientos de otros desarrollados por el Estado de Israel–. Si reconoce que el apartheid no se limita a los territorios ocupados en 1967, ¿no sería coherente exigir un amplio boicot? Parece contradictorio, pero está en línea con soluciones por dentro del marco institucional, cuyo despliegue es la exigencia de reformas por parte de Israel. Nuevamente, un reflejo del no reconocimiento de que el apartheid es una ramificación de la colonización por poblamiento (en que la limpieza étnica de un determinado grupo y su reemplazo por otro es condición sine qua non).

A pesar de estas diferencias, el informe es un rico depósito de evidencias que profundiza la crisis del sionismo, cuya mayor expresión se da en el corazón del imperialismo: los Estados Unidos. La organización Jewish Voice for Peace [Voz Judía por la Paz] ilustra esta ruptura. El movimiento, que cuenta con miles de simpatizantes, se sumó al BDS (boicot, desinversión y sanciones) tras la masacre de 2014 en Gaza y afirma con todas las letras la existencia del apartheid y la colonización, rechazando los ataques que viene sufriendo Amnistía Internacional tras la divulgación de su informe, entre descalificaciones y acusaciones de antisemitismo, instrumento central utilizado por Israel para silenciar y deslegitimar a sus críticos. Frente a esto, en sus justificaciones, Jewish Voice for Peace se inspira en la tradición judaica humanista para subrayar: “¡No en nuestro nombre!”

La crisis es enorme: tras los ataques sionistas a Amnistía Internacional, según informa Middle East Monitor [Monitor de Oriente], 14 ONG israelíes y grupos de derechos humanos emitieron una declaración en su defensa: “El debate en torno al crimen de apartheid del que se acusa a Israel, y su alcance geográfico, no solo es legítimo, sino absolutamente necesario”.

El periodista Gideon Levy es otro de los que refutó los argumentos que intentan desacreditar a Amnistía Internacional en su columna del diario israelí Haaretz del 3 de febrero. Y fue categórico: “Aún no ha nacido el informe internacional que Israel no denunciará mientras no responda a un único punto. […] El mundo dirá apartheid, Israel dirá antisemitismo. Pero las pruebas seguirán acumulándose”.

Otro reflejo de la crisis es que días antes de que se diera a conocer el informe, el documental “Tantura”, dirigido por Alon Schwarz, expuso en nivel internacional uno de los genocidios cometidos en 1948, en la aldea de Tantura, admitido en la película por nada más y nada menos que sus perpetradores. Proyectada el 21 y 22 de enero en el Festival de Cine de Sundance en Utah, EE. UU., presenta perturbadoras entrevistas a veteranos de la Brigada Alexandroni, una de las que estuvieron en la primera línea de la limpieza étnica y las masacres durante la Nakba. Entre las declaraciones hechas por los veteranos estaba la de que un comandante mató a “un árabe tras otro con su pistola” y que los palestinos fueron metidos en barriles y ametrallados.

Cada vez es más difícil tirar bajo la alfombra ensangrentada la pila de cadáveres y aldeas sobre los que se asienta este régimen de apartheid. La lucha palestina por la liberación nacional del yugo colonial, como se demostró en mayo del año pasado –cuando se unificó desafiando la fragmentación de su sociedad, dentro y fuera de la Palestina ocupada– puede entrar en una nueva fase. El informe de Amnistía Internacional es un instrumento importante que debe ser utilizado para rodearla de una solidaridad internacional activa y efectiva. Hacia una Palestina libre del río al mar, con el retorno de los millones de refugiados a sus tierras.

Confiera aquí los informes (en inglés):

Human Rights Watch

Bet´Selem

Anistia Internacional

Traducción: Natalia Estrada.