Álvaro Uribe Vélez es condenado, aunque por el menor de sus crímenes
Por Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia
En un juicio histórico, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, porque se probó que entregó o prometió dinero a testigos para que no declararan en su contra y para que mintieran a favor de él; también se probó que intervino para alterar pruebas en su favor. Es de anotar que esto lo hizo para ocultar sus nexos con el paramilitarismo. Este es un hecho histórico, ya que Uribe es el primer expresidente colombiano condenado en juicio penal, es decir, es un probado criminal.
Este proceso viene de 2012, cuando Uribe, entonces senador, acusó al también senador Iván Cepeda de manipular testigos, pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó, en 2018, que quien había cometido el crimen de soborno y fraude procesal era el demandante (Uribe). Incluso, Uribe fue detenido y le dieron su hacienda (El Ubérrimo) por cárcel.
Posteriormente vino otra maniobra: renunciar al fuero del Congreso por ser senador, para que lo “investigara” su amigo, el fiscal Francisco Barbosa. Uribe quedó en libertad el 10 de octubre de 2020 y Barbosa intentó muchas veces archivar el caso, sin lograrlo.
El 9 de abril de 2024, la nueva Fiscal, Luz Adriana Camargo, reactivó el caso y llamó a juicio a Uribe por tres delitos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
La Fiscalía acusó a Uribe de ser el determinador de un esquema de manipulación de testigos, a través de su abogado Diego Cadena, tratando de sobornar a quienes habían declarado en contra de él y de su hermano Santiago Uribe, de tener vínculos con el paramilitarismo. En el juicio muchos de los testigos han confirmado que Uribe sí intentó sobornarlos.
Pero este juicio es similar al que condenó al mafioso estadounidense Al Capone, por delitos menores. Al Capone fue condenado por evasión de impuestos, no por sus asesinatos; así mismo, Uribe es condenado por alteración de pruebas y soborno a testigos, aunque las pruebas por las cuales es condenado permitan concluir que es culpable de paramilitarismo.
¿Por qué se logra esta condena?
Además del reconocido coraje de la juez y la fiscal que lo procesaron, a pesar de amenazas contra sus vidas, presiones políticas intensas y el peso de juzgar a un expresidente, el hecho de que haya sido condenado expresa, por un lado, pugnas entre los diferentes sectores de la burguesía, ya que hay un sector, el santismo, al que le interesa el desgaste del uribismo y por eso personajes como el exfiscal Montealegre empujaron un poco para que fuera condenado; es decir, la burguesía de conjunto no cerró filas en defensa de Uribe. Esto no quiere decir que el juicio y la condena hayan sido producto de una conspiración, sino que hay un sector burgués que desde hace tiempo busca la re institucionalización del Estado, y desde luego, debilitar electoralmente a los otros partidos ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026.
Por otro lado, la condena expresa el carácter de la etapa actual de la lucha de clases en el país, la que hemos caracterizado como prerrevolucionaria, luego del estallido social que se dio entre 2019 y 2021, en la que las masas están a la iniciativa y se encuentran prestas a la acción, como lo confirman algunos actos de celebración en Bogotá y otras ciudades, tras la declaración del fallo condenatorio. Este fallo es resultado indirecto del estallido social y de las luchas de carácter democrático de los últimos años.
Rechazamos la injerencia imperialista
Por su parte el imperialismo norteamericano, encabezado por el Partido Republicano y el gobierno de Trump, ha intervenido en contra de que se juzgara y condenara a Uribe. Esto ha ocurrido a pocos días de sus sanciones a Brasil por el juicio a Bolsonaro, y al igual que estas representan un ataque a la soberanía, que tiene no solo razones políticas de favorecer a sus aliados ultra derechistas en los países latinoamericanos, sino también razones económicas relacionadas con el recorte general del gasto y las contradicciones por el tema de los Brics.
Se han pronunciado en ese sentido los senadores Mario Díaz-Balart y Bernie Moreno, así como el jefe del Departamento de Estado Marco Rubio, profiriendo amenazas de recortar las “ayudas” a Colombia como parte de los acuerdos de cooperación. Por su parte, Petro ha respondido por X a Trump exigiendo respeto, pero sin tomar una sola medida concreta por preservar la soberanía nacional. Es necesario redoblar la movilización no solo contra Uribe y el uribismo, sino también contra Trump y el imperialismo.
Una victoria parcial
La condena a Uribe es importante políticamente para la lucha democrática, pero al mismo tiempo tenemos que decir que es una victoria parcial y limitada. La celebración impulsada desde el reformismo ha sido en el marco de la confianza en la justicia burguesa, el capitalismo, el Estado burgués y su marco institucional. De hecho, es muy probable que esta victoria democrática sea utilizada de manera electoral para impulsar la campaña de Iván Cepeda.
El jueves 1 de agosto la juez Sandra Heredia, determinó la sentencia a 12 años de prisión, inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años, y una millonaria multa. Esta pena sería de aplicación inmediata, en contra de la solicitud de la defensa que había pedido que permanezca en libertad hasta surtir el trámite de las apelaciones. Debido a su edad y la propia naturaleza del delito la Juez le ha concedido el beneficio de prisión domiciliaria, por loque pagará su sentencia no en la cárcel sino en su hacienda o una de sus mansiones.
Y es que el uribismo ya ha anunciado que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, organismo que deberá pronunciarse antes del 8 de octubre para que no venzan los términos del caso. Si el Tribunal Superior de Bogotá confirma la condena, ya Uribe anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia. Allí el proceso puede durar unos dos años más.
Exigir juicio y castigo por paramilitarismo y los crímenes conexos
Dado que Uribe fue condenado por el menor de todos sus crímenes, estamos lejos de hacer justicia. Los trabajadores y sectores populares debemos luchar porque a Uribe se le juzgue y condene por los delitos mayores, por lo que se llama delitos de Lesa Humanidad o ataque sistemático con métodos de guerra civil contra la clase trabajadora y campesina. Por ejemplo, por su responsabilidad en las masacres de La Granja, San Roque y El Aro; así como por la probada ejecución extrajudicial de al menos 6.402 jóvenes de los barrios populares (aunque se estima que fueron más de 10 mil).
Por nuestra parte, no confiamos en la justicia burguesa porque precisamente está al servicio de la clase capitalista; para purgar sus penas los ricos tienen pabellones de lujo, cuarteles militares, sus mansiones y haciendas. La suerte de los presos pobres es muy distinta, están hacinados en espacios reducidos y degradados. Una justicia para ricos y otra justicia para pobres es el criterio general en las sociedades de clases. En la Revolución francesa la guillotina fue un instrumento no solo para humanizar la ejecución, sino, en cierto sentido, para “democratizar” el castigo. Los delincuentes comunes pasaron por ella lo mismo que el rey Luis XVI y la reina Antonieta.
El hecho de que no confiemos en la justicia burguesa no significa que no debamos exigirla. Por eso insistiremos en que a Uribe se le ha juzgado solo por delitos menores, por lo que exigimos que se le juzgue por los crímenes relacionados con el paramilitarismo; además que se constituya un tribunal obrero y popular donde participen las organizaciones de los trabajadores, el campesinado, los estudiantes y las víctimas.
También se debe realizar un juicio político por sus otros crímenes contra el pueblo colombiano como el empobrecimiento, el endeudamiento y el fomento de la guerra. El tribunal obrero y popular no debe ser de mentiras, ni instrumentalizado para defender el régimen político. Junto con esto exigimos que se juzgue y se condene a todos los victimarios materiales e intelectuales del genocidio que se ha cometido durante décadas contra el campesinado y la vanguardia obrera y popular. Todo esto como parte de la lucha por derrocar el régimen político autoritario, lo que en Colombia pasa necesariamente por la reforma agraria democrática y radical que expropie a los expropiadores del campesinado y por el juicio y castigo a Uribe, a todos los jefes militares y paramilitares, a los empresarios que utilizan el paramilitarismo contra los dirigentes sindicales; todos responsables del genocidio contra el movimiento social y popular de las últimas décadas, incluida la represión en el estallido social.
Por lo pronto, seguiremos exigiendo que la sentencia sea ratificada en la segunda instancia, que el condenado pague su pena en la cárcel y que se inicie cuanto antes el juicio por sus crímenes mayores.
