La movilización y la presión logran el fin de la escala 6×1 en el Senado

Después de tres largos meses cajoneada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), finalmente la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que pone fin a la escala 6×1 fue aprobada en la noche del 14 de octubre. Por 75 votos contra apenas 1 (el del exvicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão), la PEC que reduce la jornada a 5 días de trabajo y 2 de descanso, y las horas semanales de 44 a 40, fue aprobada en el Congreso y deberá ser promulgada por el presidente Lula.

Fue una victoria de la movilización de la clase trabajadora y de la presión en las redes sociales, que expresó el descontento de la gran mayoría de la población contra un régimen laboral que consume la mayor parte de la vida de los trabajadores. El movimiento estalló en 2023 y, aunque afecta especialmente a quienes trabajan en el comercio y las ventas minoristas, también impacta en los trabajadores de la industria. Más del 70% de los trabajadores registrados bajo la CLT trabajan bajo este régimen, que cuenta con el rechazo de más del 71% de la población, según una encuesta de Datafolha de marzo pasado.

Avances y límites

Si, por un lado, la aprobación del fin de la escala 6×1 demostró que solo la lucha y la movilización pueden garantizar derechos a la clase trabajadora, por otro, también reveló los límites de la actuación dentro de las instituciones. La reivindicación original del movimiento, de una escala 4×3, con una reducción de la jornada a 36 horas, llegó al Congreso Nacional ya recortada. Además, establece un plazo de 60 días para reducir las actuales 44 horas a 42, y de un año para llegar a las 40 horas.

El gobierno de Lula, por su parte, en una negociación con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, había retirado el pedido de tratamiento urgente de la PEC, lo que retrasó la votación y permitió que, en el Senado, Alcolumbre postergara el proyecto hasta después de las elecciones. La ola de manifestaciones en todo el país contra Bolsonaro, por su parte, sirvió como presión adicional, obligando, por un lado, a votar la medida y, por otro, forzando a los senadores de extrema derecha, que hasta ayer hacían campaña contra el fin de la escala 6×1, a votar a favor.

Aunque limitada, fue una victoria de la clase trabajadora, pero también dejó aún más en evidencia que, sin una ampliación de la movilización, tiende a no concretarse o incluso a revertirse en un retroceso.

Flávio Bolsonaro y Rogério Marinho

FRAUDE ELECTORAL

Flávio Bolsonaro promete a los empresarios una «revisión» de la PEC si resulta elegido

Presionado por la campaña electoral, el candidato de extrema derecha, Flávio Bolsonaro, declaró un día antes de la votación de la PEC que apretaría el botón del «sí» en el Senado. Esto ocurrió después de meses de pronunciarse contra la medida, afirmando que provocaría desempleo masivo, entre otras mentiras para defender las ganancias de los grandes empresarios.

Flávio Bolsonaro dijo cínicamente estar a favor del fin de la escala 6×1 frente a las cámaras, pero, entre bastidores, reveló que, una vez elegido, revisará la medida. En realidad, lo que el bolsonarismo quiere no es exactamente derogar la PEC, sino aprobar otra enmienda que ya se tramita en el Senado y que, una vez votada, convertirá el fin de la escala 6×1 en letra muerta.

Se trata de la PEC 12/2026 del senador Rogério Marinho (PL-RN), el mismo que elaboró la reforma laboral durante el gobierno de Temer, y que establece el pago por horas trabajadas, en el que el trabajador negociaría su jornada directamente con el patrón. Se la conoce como la PEC de la 7×0 y la idea es que funcione como una «alternativa» a la CLT. Es evidente que, una vez aprobada, esta PEC no solo aumentará la jornada laboral, sino que eliminará lo que queda de los derechos laborales. Es un retroceso de un siglo en materia de derechos.

El líder del PL en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ya anunció la intención del partido de extrema derecha de imponer esta PEC el próximo año. «La PEC del senador Rogério Marinho está presentada y debería haberse tramitado conjuntamente. Si estos proyectos son retomados en la próxima legislatura, podrán ser discutidos», afirmó.

Aumentar la presión en las calles y en las redes

Sea quien sea elegido, solo la movilización puede garantizar el fin de la escala 6×1 con la reducción de la jornada laboral, sin reducción de salarios. Incluso si Flávio Bolsonaro no resulta elegido, la bancada de extrema derecha en la Cámara de Diputados y en el Senado ya tiene suficiente peso para imponer una PEC sin grandes dificultades.

Sin embargo, la movilización por el fin de esta escala y las recientes manifestaciones demostraron que la lucha de la clase trabajadora y de la juventud es lo que realmente puede asegurar el fin de la 6×1, impidiendo cualquier retroceso y avanzando hacia la reivindicación original del movimiento: una escala 4×3, sin reducción de salarios ni de derechos.

Avanzar en la movilización por la reducción de la jornada a 36 horas, contra las tercerizaciones y los ataques a los derechos

Hasta hace poco tiempo, el discurso hegemónico sostenía que reducir la jornada laboral sería imposible. La movilización demostró lo contrario. Ahora, para asegurar esta conquista e impedir retrocesos, es necesario avanzar aún más, hacia una jornada 4×3 y de 36 horas semanales.

Al contrario de lo que intentan hacernos creer, es plenamente posible reducir la jornada laboral, garantizando al mismo tiempo más tiempo libre para los trabajadores y más puestos de trabajo. Basta con tomar recursos de las ganancias de los grandes monopolios capitalistas y redirigir los subsidios multimillonarios destinados a las grandes empresas y multinacionales hacia los pequeños y medianos negocios. Así se garantiza, al mismo tiempo, la reducción de la jornada, sin reducción de salarios ni de derechos, y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Fin de las tercerizaciones y garantía de todos los derechos

Junto con esto, es necesario luchar por la derogación de la reforma laboral del gobierno de Temer, algo que Lula prometió durante la campaña electoral, pero por lo que no movió un dedo. Es necesario acabar con las tercerizaciones, que reducen salarios y derechos y que, junto con la contratación mediante personas jurídicas (pejotização) y la legitimación de la superexplotación de los trabajadores de aplicaciones, vienen siendo garantizadas por el Supremo Tribunal Federal (STF). El mismo STF que tiene a más de la mitad de sus ministros involucrados con Vorcaro, en fiestas y orgías pagadas con dinero robado a los jubilados.

Para eso, los trabajadores tendrán que enfrentarse al próximo gobierno, sea cual sea. El gobierno de Lula, por ejemplo, que celebra el fin de la escala 6×1 con la mirada puesta en las elecciones, llegó a un acuerdo con Alcolumbre para bloquear la tramitación de la PEC 19/2024, que garantiza el reajuste anual del salario mínimo profesional de enfermería y una jornada de 36 horas semanales.

Es decir, además de no revisar la reforma laboral, también impide que avance una medida presentada en el Senado, calificándola como una «propuesta bomba». Así, el gobierno del PT impide que se garantice un derecho básico a los trabajadores de enfermería, un sector mayoritariamente femenino, para cumplir las reglas del marco fiscal, y después utiliza como justificación la «correlación de fuerzas» y el Congreso Nacional, donde la derecha tiene una influencia mayoritaria.

Por eso, es necesaria la movilización independiente de los trabajadores y la lucha directa, y no el apoyo al gobierno de Lula ni la prioridad de la actuación institucional, como hacen los sectores de la izquierda del sistema, como el PT y el PSOL.

Trabajo para quienes necesitan trabajar

El fin definitivo de las extenuantes jornadas laborales y del desempleo solo será posible mediante la distribución de todo el trabajo disponible entre todas las personas que necesitan trabajar. Es la llamada «escala móvil de trabajo»: si hay personas desempleadas, se reduce la jornada de quienes están trabajando para abrir puestos a los desocupados. Sin reducción de salarios y con todos los derechos garantizados.

Esto no solo acabaría con el desempleo, sino que también aumentaría la productividad y el desarrollo económico y social del país, ya que 92 millones de trabajadores que hoy están desempleados, subempleados o en la informalidad serían incorporados al mercado laboral.

Sin embargo, esto es imposible en el capitalismo, que necesita un ejército industrial de reserva, es decir, personas desempleadas, para presionar cada vez más a la baja el costo del trabajo. Solo una nueva forma de organización social, que no funcione para enriquecer a un puñado de multimillonarios, sino para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de la población, podría garantizar trabajo, salarios dignos y derechos para todos.