La presión imperialista aumenta la subordinación de México y la polarización social
Pavel (CST, México) y Florence Oppen (WV, EEUU)
Sheinbaum y la subordinación de México a la política económica de Trump
El segundo mandato de Donald Trump ha reconfigurado aún más agresivamente la relación de dominación imperialista entre Estados Unidos y México. Lejos de inaugurar una etapa de confrontación por la soberanía nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por una política de adaptación activa a las exigencias económicas, comerciales y geopolíticas de Washington. El gobierno de Sheinbaum —a pesar de su discurso “en defensa de la soberanía”— cede sistemáticamente a esas presiones y las reproduce sobre los sectores explotados de la sociedad mexicana, profundizando la inserción subordinada del país en la economía estadounidense, en el marco de la nueva versión de la Doctrina Monroe impuesta por Trump.
Uno de los ejes centrales de esta relación de dominación es la política comercial. Desde el inicio de su nuevo mandato, Trump utilizó los aranceles como instrumento de presión directa. En junio de 2025, Trump impuso a México gravámenes generales del 25 % sobre mercancías no contempladas en el T-MEC (el sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020), del 25 % sobre automóviles y hasta del 50 % sobre acero, aluminio y cobre. Estas medidas no respondían solo a criterios económicos, sino que estaban explícitamente vinculadas a exigencias políticas: el control migratorio, el endurecimiento de la “guerra contra las drogas” y el alineamiento con la ofensiva estadounidense contra China.
El impacto de estas medidas sobre la economía mexicana fue inmediato. El Banco de México revisó a la baja su previsión de crecimiento para 2025, reduciéndola de 0,6 % a 0,3 %, en un contexto de creciente riesgo de estancamiento económico (Banco de México, 2025).
Dado que la industria mexicana depende en gran medida del mercado estadounidense, los aranceles no solo afectan las exportaciones, sino que también reconfiguran las cadenas productivas, presionan los salarios y trasladan los costos de la disputa comercial a la clase trabajadora. México exporta aproximadamente el 76 % de su acero terminado a Estados Unidos. En 2025, las exportaciones del sector automotriz registraron una caída cercana al 6 %, mientras que otros sectores manufactureros experimentaron un crecimiento interanual de alrededor del 17 %, reflejando una reorganización desigual de la producción en función de las necesidades del capital estadounidense. Esta dinámica confirma que la estrategia de Washington no apunta a una ruptura con México, sino a una integración más profunda y jerárquica entre ambas economías.
El problema, en realidad, es mucho más profundo que la política comercial. En las últimas 5 décadas, las cadenas de valor de la producción de ambos países, que cruzan la frontera entre EE. UU. y México, múltiples veces antes de que un producto llegue al consumidor final, han sido integradas con una jerarquía clara. Su objetivo no es solo reducir costos para las empresas estadounidenses, sino también reforzar su capacidad competitiva frente a China, principal rival estratégica de Estados Unidos. Ahora, este entramado industrial, está destinado a desempeñar un rol aún más importante frente a la competencia de China, que no solo es un competidor comercial, sino que también tiene la capacidad de producir a una escala mayor. El Proyecto 2025 y la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump subrayan la necesidad de relocalizar la producción de China hacia el “hemisferio occidental” y de consolidar un bloque productivo regional, bajo el liderazgo estadounidense, que pueda rivalizar con el nuevo imperialismo asiático. Como vamos a ver, toda la política económica del gobierno de Sheinbaum anunciada en el “Plan México” a principios de 2025 no es sino el “corolario mexicano” del “corolario Trump” de la Doctrina Monroe.
En este contexto, México ocupa un lugar clave como territorio de relocalización de la producción (nearshoring) bajo control estadounidense. El Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2025, tiene como objetivo principal atraer inversiones nacionales y extranjeras masivas a través de más de 2 mil proyectos registrados, para elevar la proporción de inversión respecto al PIB por encima del 25% en 2026, además de generar 1,5 millones de empleos adicionales.
Sin embargo, hasta el momento, este plan se ha concretado de manera parcial y desigual. Lejos de constituir una estrategia de desarrollo soberano, su implementación responde fundamentalmente a las necesidades de relocalización de la producción del capital estadounidense.
En enero de 2026, GM de México, que cuenta con cuatro plantas en el país, anunció que invertirá 1.000 millones en 2026-2027 con el ojo puesto en la conversión de plantas para fabricar vehículos eléctricos. Esta decisión no expresa una apuesta estructural por el desarrollo industrial mexicano, sino una reacción defensiva frente a la creciente competencia de los fabricantes chinos en el mercado nacional. La multinacional china BYD, actualmente el mayor productor mundial de vehículos eléctricos casi duplicó su volumen de ventas en México en 2025 y concentró alrededor del 60–70 % de las ventas de vehículos híbridos en el país. A este anuncio le siguió el de Pilgrim’s Pride, multinacional estadounidense especializada en la industria avícola, que comunicó una inversión de 1.300 millones de dólares entre 2026 y 2030 destinada a la modernización de sus plantas en territorio mexicano.
Si bien el gobierno mexicano ha señalado que el portafolio nacional de inversiones alcanza aproximadamente 277.000 millones de dólares, este volumen resulta insuficiente para cumplir la meta oficial de inversión del 25 % del PIB para 2026. En 2025, la inversión representó alrededor del 22 % del PIB, una caída respecto del 24,8 % registrado en 2024, lo que refleja la persistente incertidumbre económica tanto a nivel nacional como regional.
Más allá de estas cifras, lo central es que las inversiones promovidas por el Plan México responden prioritariamente a las necesidades del reshoring del capitalismo estadounidense, lo que constituye un proletariado recolonizado y no un proyecto orientado a las necesidades de la población mexicana que avance hacia la soberanía nacional.
La otra cara del Plan México es la adopción de medidas comerciales alineadas con la ofensiva estadounidense contra China. En particular, el gobierno mexicano anunció la imposición de aranceles a más de 1.400 productos provenientes de China y de otros países asiáticos, incluidos textiles y calzado. Estas medidas afectan directamente a China, segundo socio comercial de México, con quien el intercambio bilateral superó los 130.000 millones de dólares en 2024 y representó alrededor del 20 % de las importaciones mexicanas. Lejos de fortalecer una política industrial autónoma, esta orientación confirma que México es integrado como una pieza funcional en la competencia interimperialista entre Estados Unidos y China, profundizando su condición de economía dependiente.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), presentado por los gobiernos mexicanos sucesivos como una plataforma de estabilidad y certidumbre, funciona, en la práctica, como un mecanismo de dominación que ata la economía mexicana a las necesidades estratégicas del capital estadounidense. Lejos de garantizar una relación simétrica, el tratado consolida un patrón de inserción basado en mano de obra barata, en regulación laboral flexible y en subordinación productiva dentro de las cadenas de valor dominadas por Estados Unidos.
Si bien alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ingresan actualmente sin aranceles en el marco del T-MEC esta condición dista de ser una garantía estructural. La amenaza permanente de nuevas tarifas actúa como un instrumento de presión política que limita el margen de maniobra real del Estado mexicano. El tratado contempla una revisión obligatoria en 2026, pero esta instancia ha sido vaciada de contenido incluso antes de comenzar. El 13 de enero de este año, durante una conferencia de prensa en una planta de Ford en Detroit, lo volvió a dejar claro: “Ni siquiera pienso en el T-MEC”. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos… No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí.”.
Frente a este desprecio abierto, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum resulta reveladora. En lugar de denunciar el carácter extorsivo de los aranceles o cuestionar la asimetría estructural del tratado, la administración mexicana insiste en sostener la ficción de una negociación entre iguales. En octubre de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las conversaciones preparatorias para la revisión del T-MEC presentaban un avance “de alrededor del 90 %,”, tras más de 80 reuniones bilaterales admitiendo que no se trataba de acuerdos definitivos y que el T-MEC volvería a ser renegociado bajo condiciones todavía más desfavorables. Del mismo modo, en respuesta al exabrupto de Trump este enero, Sheinbaum contestó afirmando: «Estoy convencida, pues, de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (…) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas; quienes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses».
En ningún momento el gobierno y los analistas burgueses que le hacen eco se han plantado para defender una política económica independiente que permita reindustrializar el país con el objetivo de satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y detener la destrucción del medio ambiente. Lejos de plantear una estrategia orientada a romper con esta dinámica, el gobierno de Sheinbaum ha llegado a presentarse como “el país mejor colocado” frente a la guerra arancelaria de Trump, es decir, como el socio dispuesto a ceder más rápido y más profundamente ante las exigencias de Washington.
Desde una perspectiva histórica, esta política de sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense no es nueva en México. Se inscribe en una larga tradición de subordinación de las burguesías latinoamericanas… que también incluye a los gobiernos progresistas, pese a su retórica diferenciada, que han demostrado una incapacidad recurrente para romper con ese patrón. En el caso mexicano, el actual gobierno reproduce este esquema bajo una forma más sofisticada, pero ya conocida, la del cardenismo, combinando un discurso nacionalista y de progreso de fachada con una práctica de integración dependiente, es decir, administrando la subordinación en lugar de movilizar a las fuerzas sociales del país para enfrentarla.
México se consolida como gendarme del imperialismo estadounidense
La militarización de la frontera entre México y Estados Unidos constituye uno de los ejes más visibles y persistentes de la subordinación del Estado mexicano a la política imperialista estadounidense. Durante el segundo mandato de Donald Trump, este proceso no solo se ha profundizado, sino que ha adquirido un carácter cualitativamente nuevo. Desde los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense, Trump retomó y radicalizó su agenda antimigratoria, presentando la migración como una “invasión” y un problema de seguridad nacional, lo que sirvió de justificación para un endurecimiento represivo sin precedentes, combinando el despliegue directo de las fuerzas armadas estadounidenses del lado norte con una creciente externalización del control migratorio hacia territorio mexicano.
Desde los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense, Trump retomó y radicalizó su agenda antimigratoria. La migración fue presentada nuevamente como una “invasión” y un problema de seguridad nacional, lo que justificó medidas de excepción para reprimir con brutalidad a los inmigrantes dentro y fuera del país, mediante redadas de las patrullas de ICE que operan con total impunidad, asesinando, amenazando y deteniendo a inmigrantes y ciudadanos sin respeto alguno por la ley.
Un elemento central de esta ofensiva fue la creación, a comienzos de 2025, de nuevas zonas militares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, denominadas oficialmente “Áreas de Defensa Nacional”, que abarcan aproximadamente 400 kilómetros y quedan bajo control directo del Pentágono. Estas zonas —ubicadas en Arizona, Texas, Nuevo México y El Paso— permiten que las Fuerzas Armadas estadounidenses detengan a personas migrantes sin recurrir a leyes especiales como la Ley de Insurrección de 1807, lo que normaliza la intervención militar en tareas de control civil. Se estima que actualmente hay más de 9.000 soldados estadounidenses desplegados en la frontera: 4.200 bajo órdenes federales y alrededor de 5.000 de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. A este contingente se suman más de 100 vehículos blindados Stryker, drones de vigilancia, aeronaves espía y al menos dos buques de la Armada desplegados en tareas de monitoreo costero.
Este proceso no puede comprenderse de manera aislada del papel desempeñado por el Estado mexicano. Mientras Estados Unidos refuerza su frontera con una lógica abiertamente militar, México asume la función complementaria de contención desde el sur y el norte de su propio territorio.
En febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó desplegar 10.000 nuevos elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos como parte de un acuerdo con la administración de Trump que permitió suspender por un mes la aplicación de aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas. Este refuerzo se sumó a un contingente previo que ya superaba los 50.000 efectivos en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, elevando el número total de fuerzas involucradas en tareas de control migratorio y seguridad fronteriza a cerca de 60.000.
La lógica de este despliegue no es ambigua. Aunque el discurso oficial insiste en que se trata de combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad, los propios anuncios gubernamentales reconocen que el objetivo prioritario es frenar el flujo migratorio. México actúa, en los hechos, como la primera línea de contención de la política migratoria estadounidense, deteniendo, dispersando y deportando a personas antes de que lleguen a la frontera norte. Esta función de gendarme regional no es nueva —ya había sido consolidada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, pero bajo Sheinbaum se mantiene y se profundiza como moneda de cambio en las negociaciones comerciales y diplomáticas.
La militarización fronteriza incluye además un entramado tecnológico y empresarial cada vez más sofisticado. Empresas israelíes especializadas en tecnología militar y de vigilancia, como Elbit Systems, participan en la instalación de sistemas de monitoreo, muros “inteligentes” y dispositivos de control tanto del lado estadounidense como en territorio mexicano. Estas tecnologías, desarrolladas y probadas en contextos de ocupación y control poblacional en Palestina, convierten la frontera en un laboratorio de guerra contra las personas migrantes, reforzando una lógica de apartheid migratorio.
La militarización no solo criminaliza a quienes migran, sino que también normaliza la presencia del Ejército en tareas de control poblacional, y sirve para dividir y aumentar la explotación de la clase trabajadora en su conjunto. Personas que huyen de la pobreza, la violencia o el desempleo —fenómenos en gran medida producidos por las propias políticas económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la región— son tratadas como amenazas para la seguridad. Mientras tanto, el capital atraviesa las fronteras sin control alguno, y las causas estructurales de la migración permanecen intactas.
La “guerra contra las drogas”: pretexto imperialista, militarización y barbarie social
La llamada “guerra contra las drogas” constituye uno de los pilares históricos de la intervención imperialista de Estados Unidos en México y en América Latina. Lejos de tratarse de una política orientada a resolver un problema de salud pública o a reducir la violencia, ha funcionado como un dispositivo de control territorial, militarización y control social.
Bajo el segundo mandato de Donald Trump, esta estrategia adquirió una nueva radicalidad con el objetivo de retomar cierto control sobre los cárteles. El gobierno de Claudia Sheinbaum, pese a su retórica crítica, ha optado por profundizar la cooperación con Washington, reproduciendo los efectos destructivos de esta política sobre la clase trabajadora y los sectores populares.
El gobierno estadounidense volvió a colocar el narcotráfico en el centro de su agenda regional, utilizando una retórica belicista que combina un falso discurso de “seguridad nacional”, racismo y amenazas explícitas de intervención militar. Entre las propuestas más significativas se encuentra la intención de declarar a los llamados “cárteles” como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que habilitaría legalmente operaciones extraterritoriales, sanciones financieras ampliadas y acciones militares directas.
En el caso mexicano, esta amenaza se ha combinado con declaraciones abiertas de Trump sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres contra supuestas instalaciones de cárteles en territorio nacional, lo que viola de manera flagrante la soberanía del país.
Es importante situar el hecho de que en México tenemos una suerte de “narcoestado” en el sentido de que sectores de la burguesía mexicana, a raíz del corporativismo y clientelismo heredados del régimen del PRI, tienen una participación indirecta en los dividendos del narcotráfico y otras actividades ilegales (como el robo de combustible, el blanqueo de capitales o la trata de personas), a través de la extorsión.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a esta ofensiva ha sido ambigua en el discurso, pero clara en los hechos. Mientras sostiene que la problemática de las drogas debe abordarse como un fenómeno social y de salud pública, su administración ha intensificado la cooperación exigida por Washington.
Un ejemplo central de esta subordinación es el aumento de las extradiciones de presuntos dirigentes del crimen organizado a Estados Unidos. En el último período, al menos 29 personas fueron entregadas a tribunales estadounidenses, muchas de ellas de alto perfil. Estas extradiciones se presentan como gestos de cooperación, pero, en la práctica, refuerzan la subordinación judicial y política de México, trasladando la administración de justicia a Estados Unidos.
Asimismo, se ha incrementado el despliegue de las fuerzas federales en operativos de seguridad interna. Esto se debe a que los cárteles mexicanos han sufrido un desgaste en su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y se han visto obligados a reclutar y entrenar a jóvenes. Según un informe, se calcula que hay “20 y 30 mil menores de edad que están funcionando como sicarios”. La ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, implicó el despliegue de cientos de soldados y de fuerzas federales. Lejos de reducir la violencia, estas acciones tienden a provocar disputas internas entre facciones criminales, generando picos de enfrentamientos armados y un aumento de las muertes de civiles. La captura y la posterior extradición de Ismael “El Mayo” Zambada son ilustrativas en este sentido, ya que desataron una escalada de violencia en ciudades como Culiacán.
Las consecuencias sociales de esta estrategia son devastadoras. México registra actualmente más de 125.000 personas desaparecidas y se han documentado alrededor de 2.700 fosas clandestinas en todo el país. El hallazgo de un campo de exterminio en el estado de Jalisco, con más de 500 cuerpos y crematorios subterráneos, pone de manifiesto la dimensión de la barbarie social asociada a la militarización y a la economía criminal (Fiscalía del Estado de Jalisco, 2025). El hallazgo de un campo de exterminio en el estado de Jalisco, con más de 500 cuerpos y crematorios subterráneos, pone de manifiesto la dimensión de la barbarie social asociada a la militarización y a la economía criminal
Esta violencia presenta un claro sesgo de clase: son los sectores empobrecidos, las juventudes precarizadas, las comunidades indígenas y las mujeres quienes cargan con el principal peso del terror, mientras que amplios sectores de la burguesía se benefician directa o indirectamente de esta economía criminal.
Un elemento sistemáticamente ocultado por la narrativa oficial es el papel del propio imperialismo estadounidense en la reproducción del narcotráfico. Estados Unidos no solo es el principal mercado consumidor de drogas, sino también un actor clave en la provisión de armas y en el lavado de dinero asociado a estas redes. En la última década, el 74 % de las armas ilegales incautadas en México provenía de estados estadounidenses como Texas, Arizona y Florida,
Asimismo, la complicidad de las agencias estadounidenses tampoco es un secreto. Existen antecedentes documentados de colaboración entre agencias estadounidenses y organizaciones narcotraficantes, como ocurrió en los años ochenta con el financiamiento de la Contra nicaragüense mediante el tráfico de drogas, así como casos más recientes que involucran a funcionarios de la DEA y del FBI.
En este sentido, la “guerra contra las drogas” no constituye una cruzada moral ni una política de seguridad eficaz, sino un instrumento selectivo que criminaliza a los sectores populares mientras preserva los intereses estratégicos del imperialismo y de las élites locales. La guerra contra las drogas ha justificado la militarización del Estado mexicano desde 2006, bajo Calderón, y ha sido financiada por EE. UU. Los gobiernos posteriores, incluidos los de corte progresista, no rompieron con esta lógica.
Los límites de la Cuarta Transformación (4T)
La sociedad mexicana acumuló durante muchas décadas una tremenda desigualdad económica e injusticia social. A lo largo de toda nuestra historia hubo enormes levantamientos, revoluciones y una resistencia permanente. El ascenso más reciente se remonta a 2014: los pueblos de México volvieron a enfrentar esa injusticia. El detonante fue, sin duda, el crimen de Estado contra los 43 de Ayotzinapa. La inmensa ola de indignación y movilizaciones produjo un cambio radical en la situación. A esas acciones les siguieron la Jornada magisterial de huelgas contra la “Reforma educativa” neoliberal en 2016 y, en ese contexto, la masacre de Nochixtlán. Un punto culminante de ese proceso fue el masivo levantamiento contra el “Gasolinazo” de 2017, cuando se crearon cientos de asambleas populares y rebeliones locales, y en las calles de todo México cientos de miles de personas gritaban “¡Fuera Peña!”.
La “mafia del poder”, la “minoría rapaz”, se espantó y decidió “sacarse algunos anillos para perder los dedos”. Y así fue como apeló a López Obrador, para encarnar la “esperanza de México”. Dejaron archivado que años antes el mismo AMLO lo había estigmatizado como un “peligro para México”. Y por si les quedaban algunas dudas, AMLO les explicó a los mayores banqueros de México, reunidos en el palaciego Hotel Prince de Acapulco, que si no era él “¿Quién va a amarrar al tigre?”…
Hoy, pasado el sexenio y en el “Segundo piso” de la “Cuarta Transformación”, los paliativos asistenciales a los sectores más sumergidos en la miseria –que fueron recibidos con alivio y bendiciones al inicio del sexenio pasado– ya no logran compensar el malestar de otros amplios sectores de obreros y explotados, que, con extensas jornadas semanales, generan enormes riquezas y no salen de la precariedad. Las becas y otras ayudas no resolvieron la falta de perspectivas para un sector mayoritario de la juventud: con trabajos informales, inestabilidad laboral o contratos “basura” que violan las leyes y todos los derechos laborales, sin seguro social ni prestaciones, largas jornadas de trabajo sin respeto al horario de término ni a los descansos, sin acceso a vivienda propia y con dificultades para asumir una renta debido a los bajos salarios. Y también la frustración de aquellos que, con grandes sacrificios para sus familias, han terminado sus estudios y no encuentran trabajo ni cercano a su especialidad, sino puras “chambas” precarias.
Las expectativas de mejoría que generó el gobierno de AMLO empiezan a transformarse en decepción, incertidumbre y desconfianza. La “esperanza” popular se va tornando en angustia y apatía, y comienza a dar paso al hartazgo. Esa decepción aún no genera acciones masivas de los explotados por el brutal freno del charrismo sindical, fiel al poder de turno, y también porque las masas desconfían de esa derecha rancia que ahora es “rabiosa opositora”.
¿Por qué sucede esto? Porque los cambios fueron superficiales, pero no de fondo. Cambió el presidente y el partido de gobierno, pero no cambió el régimen, que sigue al servicio de los oligarcas. Para peor, numerosos odiados personajes del PRI y del PAN saltaron como “chapulines” a acomodarse en el oficialista Morena. A pesar del lema “Para bien de todos, primero los pobres”, fueron los grandes magnates quienes primero duplicaron sus fortunas.
Tampoco cambió la subordinación semicolonial del país. La deuda externa creció a casi la mitad (49,9 %) del Producto Interno Bruto. El yugo del TLCAN, firmado en 1992, demostró ser un instrumento de saqueo de las riquezas del país y de la ruina del campesinado, y se reforzó con la firma del T-MEC en 2018. Por otro lado, sigue creciendo la injerencia de la DEA y del propio Trump en relación con su supuesto “combate al narco”. Y al decadente magnate imperialista no le faltan excusas cuando queda al desnudo la colusión del crimen organizado con muchos gobernadores, alcaldes, diputados y senadores.
La manipulación de TV Azteca, Trump y el PAN
Como ha pasado antes en otros países del continente: Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador… Ante el fracaso de los gobiernos que se dicen “progresistas” o incluso “de izquierda”, también aquí los viejos sectores políticos reaccionarios que gobernaron México durante más de 80 años sienten que ha llegado “la hora de su revancha”. Y algunos de esos mismos oligarcas salen hoy con sus poderosos medios de difusión para manipular el malestar popular justificado y las manifestaciones del enojo de amplios sectores de las clases medias del campo y de la ciudad. Manipulan intentando darle un cauce tan ultrarreaccionario como sus propios intereses capitalistas y que en realidad van contra los intereses de la mayoría de los propios manifestantes, aunque no lo sepan.
No vamos a desperdiciar espacio de esta nota en describir los motivos de la ira del usurero dueño del “Banco Azteca” y de la red comercial “Electra”, Ricardo Salinas Pliego, quien se niega a pagar impuestos adeudados desde hace largos años por un valor de casi 3 mil millones de dólares. Justo Salinas Pliego fue uno de los que apoyaron la campaña electoral de AMLO, por lo que su banco recibió el favor del poder durante el sexenio pasado. Ahora, en lugar de pagar sus deudas con el Estado, prefiere gastar millones en manipulación mediática opositora. Tampoco nos detendremos demasiado en las “pruebas” presentadas por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, sobre el contrato que el PAN firmó con un joven de la “Generación Z”, convocante de la marcha del 15 de noviembre… Tampoco creemos productivo zambullirnos en la trama de tantos otros montajes y provocaciones. Porque son parte de la “guerra sucia” entre los propios partidos del podrido régimen, que sirven a los oligarcas capitalistas y de ninguna manera “a los pobres”. Repudiamos esa riña entre explotadores en la que usan a los explotados. Para nosotros, la verdadera lucha no es entre las letras 4T y Z. ¡Es la lucha de los explotados y oprimidos contra todos los explotadores y opresores!
Las legítimas luchas de diversos sectores sociales
Apoyamos con todas nuestras modestas fuerzas las acciones directas de sectores, como el paro y plantón de los maestros de la CNTE por la falta de respuestas a sus demandas –apoyadas por la mayoría de los trabajadores de diferentes sectores–, la abrogación de la neoliberal Ley del ISSTE de 2007, así como por un sistema jubilatorio solidario y por un mayor presupuesto para Educación, Salud y Seguridad Social. Los bloqueos de miles de agricultores en varios estados, perjudicados por el T-MEC y hartos del parasitismo de los cárteles que les imponen “el impuesto criminal”, tienen un gran impacto económico y social en México”. Las organizaciones que lo agrupan convocaron a un nuevo bloqueo de carreteras y una acción conjunta con los transportistas de carga. Luchan contra los grandes intermediarios como “Maseca” y otras corporaciones en demanda de un precio de sostén para el maíz, cuyo precio se define en la Bolsa de Chicago y que en EE. UU. está subsidiado. También en la Ciudad de México, ha habido una lucha contra la gentrificación y los desalojos de vivienda.
Por otra parte, crece la indignación de las centenas de miles de pobladores afectados por las inundaciones en Veracruz y otros estados, por el abandono de los gobiernos de todos los niveles, y la incertidumbre de los obreros de Pemex de Poza Rica ante la parálisis de la planta productiva, producto de la destrucción causada por las inundaciones. México se ubica en el 4.º lugar en asesinatos de defensores o activistas ambientales y sociales, y por eso el movimiento contra la criminalización de los movimientos sociales es clave. Ayotzinapa, por ejemplo, revivió la memoria de la lucha estudiantil y de la juventud trabajadora (aunque en menor grado), ya que se reivindica la tradición de las luchas de los 60 (1968, 1971) y de los 90. Se destaca en este contexto de colapso ambiental la lucha de los trabajadores tecnólogos del agua del SITIMTA, que resisten en defensa del derecho humano al agua contra los planes privatizadores del recurso hídrico, al servicio de las transnacionales, como las refresqueras y cerveceras, así como de los grandes latifundistas, y contra la creciente contaminación de los mantos acuíferos por parte de Pemex y otras corporaciones extractivas.
En este contexto de crecientes tensiones, el detonante que enardeció a las masas de Michoacán fue el asesinato a quemarropa de Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan, enfrentado tanto a los cárteles como al gobernador michoacano de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Este alcalde, surgido de las filas de Morena, de la que fue diputado federal, rompió con Morena, se postuló como candidato independiente, ganó y se perfilaba para postularse a la gobernación. Por si faltaran factores de indignación, saltan los escándalos de colusión con el narco de algunos personajes notorios de Morena, como el senador Adán Augusto –muy cercano a AMLO– y otros altos oficiales de Marina, parientes del exsecretario de SEMAR, implicados en el “huachicol” fiscal y de hidrocarburos.
El gobierno no resolvió ninguna de estas demandas, pero sí cumple con las exigencias del imperialismo y de los oligarcas locales que le imponen planes para profundizar la explotación y el saqueo del país. Todas estas falencias y agravios están cambiando la situación política en el país. No pretendemos aquí dar una opinión acabada de un proceso inacabado y, además, incipiente. Pero algo es evidente: el “Segundo piso de la 4T” presenta grietas.
Para lograr una verdadera soberanía, necesitamos lograr independencia política de los trabajadores
El análisis de la relación entre México y Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump, así como de la respuesta del gobierno de Sheinbaum, conduce a una conclusión central: no existe una salida progresiva dentro de los marcos de la subordinación imperialista ni mediante la administración “realista” de la dependencia. Ni la diplomacia cautelosa, ni la cooperación en materia de seguridad, ni la adaptación a la guerra comercial estadounidense ofrecen una defensa efectiva de la soberanía ni una mejora sustantiva de las condiciones de vida de las mayorías.
El gobierno de Sheinbaum combina declaraciones formales contra el injerencismo con una práctica sistemática de concesiones: profundización del T-MEC, alineamiento con la política comercial de Trump, militarización de las fronteras, cooperación en inteligencia y extradiciones en el marco de la “guerra contra las drogas”.
Esta contradicción no es accidental, sino estructural. El progresismo gobierna sobre economías dependientes, integradas de manera subordinada al mercado mundial, y busca conciliar intereses incompatibles: por un lado, contener el descontento social; por otro, garantizar la estabilidad necesaria para la reproducción del capital y el cumplimiento de los compromisos con las potencias imperialistas. El resultado es una política de administración del conflicto, no de transformación, que deja intactos los mecanismos de dominación y explotación.
La ofensiva imperialista encabezada por Trump —expresada en amenazas de intervención militar, chantajes arancelarios, criminalización de la migración y expansión de la militarización— pone en evidencia la impotencia de esta estrategia. Frente a un imperialismo que actúa abiertamente mediante la coerción, la diplomacia sin respaldo social se revela insuficiente. Las declaraciones de principios, las apelaciones al derecho internacional o a la “comunidad internacional” no han frenado ni la intervención en Venezuela, ni el genocidio en Gaza, ni la militarización de la frontera, ni las amenazas directas contra México.
El único camino para lograr la justicia social y la independencia nacional y no volver a caer en falsas alternativas ni ser usados como instrumentos involuntarios de las disputas por el poder entre los dueños del dinero grande, es construir una alternativa política independiente de los trabajadores, que encabece las luchas de todos los explotados y aspire no sólo a reclamar al gobierno de los patrones una porción de la riqueza que producimos, sino a establecer un gobierno obrero, campesino y popular. La construcción de una alternativa obrera implica, en primer lugar, romper con esa pasividad a la que contribuyen las burocracias sindicales. Por eso, frente a la militarización y al avance imperialista, es necesario que las centrales sindicales, los sindicatos combativos, el movimiento estudiantil y las organizaciones populares asuman un rol activo. No se trata solo de pronunciarse, sino de movilizar, organizar paros, huelgas y acciones coordinadas, y generar espacios de organización con democracia obrera e independencia de clase que enfrenten tanto las amenazas externas como las políticas internas que las viabilizan.
Desde las luchas de nuestra clase, debemos formular una alternativa política independiente, un programa por la verdadera independencia méxicana, un programa de soberanía nacional y de emergencia climática que cuestione de raíz los pilares de la política imperialista estadounidense (la guerra contra las drogas, la criminalización de la migración y la militarización de la vida social) sin alimentar ninguna expectativa en los imperialismos rivales como el chino. Esto implica plantear medidas que hoy son excluidas del debate oficial, como la desmilitarización del país, el retiro del Ejército de las tareas de seguridad interna, la legalización de las drogas para desarticular el negocio criminal y la reorientación del gasto militar hacia salud, educación, vivienda y empleo. En esa tarea estamos empeñados los que nos agrupamos en la Corriente Socialista de los Trabajadores; los llamamos a poner un granito de arena en esa construcción.