Acuerdos y reformas legales para profundizar la entrega del petróleo y la soberanía nacional.

Leonardo Arantes, UST, enero 2026

Luego del criminal ataque perpetrado contra el país durante la madrugada del 03 de enero de 2026, Donald Trump, jefe del imperialismo norteamericano, realizó varios anuncios dejando claras sus reales pretensiones y las verdaderas razones por las cuales mantuvo meses de asedio militar y finalmente perpetró la incursión bélica en Venezuela, secuestrando al hasta entonces jefe de Estado, el dictador Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Así, poco después de la incursión militar en Venezuela, Trump, dejando de lado sus argumentos sobre libertades democráticas y lucha contra el narcotráfico, pasó a afirmar que el gobierno de EE.UU. pasaría a administrar y tutelar directamente el petróleo venezolano, sobre el que antes había expresado que le habría sido robado por Venezuela a EE.UU, asegurando que estarían recuperando lo que les pertenecía. Anunciando, a continuación, que Venezuela entregaría a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Tales aseveraciones del mandatario estadounidense fueron respaldadas  posteriormente por el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright. Quién afirmó: “Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington” (DW 07.01.2026).

Al respecto detalló Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami: «…vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado» (DW 07.01.2026); añadiendo, «… estamos trabajando directamente en cooperación con los venezolano, tras el anuncio del pasado martes del presidente Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano, EE.UU. permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, pero esas ventas las hará el Gobierno estadounidense y se depositarán en cuentas controladas por este, entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela… ” (DW 07.01.2026).

Además de esto, el gobierno de Estados Unidos establece condiciones tales como limitar, controlar y dado el caso, directamente prohibir la venta de petróleo venezolano a potencias imperialistas rivales, como China y Rusia, suspender los envíos de petróleo a Cuba y garantizar que la compra de insumos y productos realizada con el dinero de la venta petrolera sea exclusivamente a EE.UU.

Estos anuncios públicos de negociaciones con el gobierno venezolano, encabezado ahora por Delcy Rodríguez y del colaboracionismo del mismo, fueron confirmados mediante un comunicado público emitido por la estatal petrolera Pdvsa, donde además de corroborar que Venezuela vendería a EE.UU. volúmenes de petróleo entre 30 y 50 millones de barriles, se deja claro que las negociaciones con las transnacionales petroleras estadounidenses se dará en los términos ya establecidos con la Chevron – Texaco.   

Posteriormente, el viernes 09 de enero, Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con los principales CEO de las transnacionales petroleras para explicarles tales condiciones, proponerles que invirtiesen el equivalente a 100.000 millones de $ en el sector en Venezuela y tomar decisiones sobre  los destinos del petróleo venezolano.

Adicional a esto, se está encaminando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la reapertura de la embajada de este país en Venezuela; así como también está planteada la posibilidad de que Delcy Rodríguez viaje a EE.UU. a reunirse con Trump.

Una reforma legal para concretar y profundizar el entreguismo petrolero

El reciente 22 de enero de 2026, la Asamblea Nacional, controlada casi exclusivamente por el chavismo aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el voto favorable de un sector de la ínfima y potable minoría de los diputados de la oposición patronal; abriendo el camino para una profunda transformación en los manejos de la industria petrolera en el país, acelerando y profundizando la deriva privatizadora que se inició incluso desde el gobierno de Chávez. 

Tal reforma, es llevada adelante por un  gobierno totalmente colaboracionista y que actúa bajo la tutela y  a las órdenes del gobierno norteamericano, quien por su parte no tiene el menor interés en el bienestar ni de los trabajadores petroleros, ni del conjunto de los trabajadores y el pueblo venezolano, ni mucho menos en el desarrollo nacional, al contrario, sólo persigue satisfacer sus pretensiones políticas, geopolíticas, económicas y militares; para lo cual precisa subordinar a Venezuela y al resto del continente, en función de reafirmar su hegemonía imperialista.

Esta modificación de la Ley de Hidrocarburos, realizada con el pretexto de «modernizar la industria petrolera” y “atraer inversiones”, constituye un salto cualitativo en el curso hacia la privatización de la industria y el negocio del petróleo en Venezuela, debido a que apunta hacia una total apertura del sector petrolero a las inversiones privadas nacionales y/o  extranjeras, las cuales, ya no estarán bajo la obligación de operar en asociación con Pdvsa a través de las empresas mixtas. A partir de ahora, los socios, nacionales o foráneos participarán directamente y tomarán decisiones en la exploración y extracción y comercialización de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Contratos que otorgan al capital extranjero de transnacionales imperialistas (y al capital minoritario nacional) autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa. De esta manera, se elimina el control que el país ejercía, a través de la estatal petrolera , sobre las operaciones y la comercialización del crudo.

Vale decir que, aunque el esquema de empresas mixtas, establecido por Chávez, significo el inicio de una apertura al proceso privatizador (debido a que las empresas transnacionales de ser simples contratantes con el estado pasaban a ser socias en el negocio petrolero) de la industria petrolera, bajo el que las transnacionales asociadas se lucraban enormemente; la legislación del sector hidrocarburos, bajo el cual estaba regido este esquema, garantizaba hasta ahora, el control estatal directo de la exploración, explotación, comercialización y venta del petróleo, bien sea a través de Pdvsa o de las empresas mixtas.

La Ley de Hidrocarburos obligaba a una mayoría accionaria de la estatal petrolera (más del 50% de las acciones, aunque por lo general era más del 60%); aunque esta legislación venía siendo arbitrariamente infringida y violentada, por el gobierno de Maduro desde 2015 y de manera más acentuada desde la aprobación de la denominada Ley Antibloqueo, en octubre de 2020.

La reforma, llevada adelante por el colaboracionista gobierno de Delcy Rodríguez, contraria a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos de 2006, posibilita que las empresas privadas nacionales o extranjeras puedan operar de manera directa y sin control estatal,  en el sector primario petrolero, es decir, en la exploración y producción, y además comercializar directamente el producto de estas actividades, pasando a mediante el control de la producción y la venta el negocio petrolero y la apropiación de la renta.

Así aunque el Estado formalmente pueda mantener una mayoría accionaria en las empresas mixtas, el capital privado nacional o extranjero asociado podrá manejar la ejecución operativa, tomar decisiones técnicas y manejar la comercialización de hidrocarburos según sus criterios, lo que en los hechos implica entregarles el control estratégico de la industria y el negocio. Ampliando al resto del sector petrolero el esquema bajo el cual ya se operaba con la transnacional Chevron durante el gobierno de Maduro. 

El marco político de la reforma, otros aspectos claves y sus consecuencias

Esta reforma legal, se contextualiza dentro de las pretensiones imperialistas hegemónicas de EE.UU. en el continente y en Venezuela, en la disputa interimperialista con sus competidores en la región, es decir, en los objetivos de EE.UU. de hacer prevalecer sus intereses políticos, geopolíticos, económicos y militares en la región. Es en este marco en el que debemos entenderla.

Además del aspecto estratégico de la reforma que señalamos anteriormente, y que digamos, es lo más relevante en el espíritu de la misma, esta incluye otros aspectos claves, tales como: la reducción de las regalías que transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando estas del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. De otro lado se contempla  la no obligatoriedad de resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados directamente ante instancias internacionales, en una muestra de entreguismo sin precedentes.

Igualmente, es preciso destacar que, siendo las regalías un impuesto que las empresas cancelan al Estado por su participación en la actividad petrolera, la reducción de las mismas significa, por un lado, mayores ganancias para las transnacionales petroleras, y, por otro lado, menos ingresos para el país.

Con esta entreguista y neocolonial reforma, se concreta el pacto colaboracionista y abiertamente proimperialista entre el régimen chavista, encabezado ahora por el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno norteamericano dirigido por Donald Trump; dando paso a una profunda y estructural modificación del régimen de propiedad y control de los estratégicos recursos petroleros del país, en beneficio de los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Profundizando y ahora legalizando el rumbo privatizador y entreguista de la industria petrolera del país y avanzando hacia la liquidación de la soberanía nacional. Proceso iniciado en años y gobiernos anteriores.

Un curso privatizador y entreguista que se viene desarrollando desde hace años y hoy se profundiza y legaliza abiertamente. Es la consolidación de un rumbo que liquida la soberanía sobre el recurso más estratégico del país y entrega las palancas de la producción y comercialización a intereses internacionales de las grandes corporaciones.

La continuidad de una entrega

Lo que acabamos de afirmar, no es más que la continuidad y un salto de calidad de un proceso que se viene dando desde el gobierno del fallecido presidente Chávez. Basta recordar que en el año 2007, con el llamado plan “Plena Soberanía Petrolera” las empresas transnacionales en Venezuela pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero, vía la constitución de empresas mixtas, que vinieron a reemplazar los convenios operativos y asociaciones estratégicas por un esquema de hasta 51%/49% de participación accionaria. Es importante recordar que las empresas transnacionales nunca se fueron de Venezuela. 

Bajo este esquema de negocios se constituyeron empresas mixtas con Chevron, Repsol, Shell, Total, China National Petroleum, Statoil, Eni, Petrobras, entre otras; luego se adicionaron Mitsubishi, Lukoil, Gazprom y Rosneft. Quedando por fuera del negocio Exxon Mobil y Conoco Phillips, porque decidieron no participar, en el caso de la primera emprendió demandas legales contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI).

Como parte de esta política, Chávez, en 2010, entregó a las transnacionales varios bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva de crudo más grande del mundo, profundizando así la entrega de nuestro petróleo.

Como consecuencia de esto, los enormes recursos que ingresaron al país, fueron a parar a las arcas de las transnacionales petroleras y de otros sectores, a la banca internacional vía pagos de deuda externa y a los bolsillos de la corrupta boliburguesía. Y a los pocos años en contradicción con la enorme cantidad de recursos que recibió, el país entró en la mayor crisis conocida de su historia reciente.

Posteriormente, a partir de 2018, Maduro, empezó a implementar políticas que flexibilizaban los controles estatales sobre el negocio petrolero, saltándose aspectos como la obligatoriedad de la mayoría accionaria en las empresas mixtas o poniendo en garantía de deudas recursos y activos petroleros, saltándose aspectos y establecidos en la legislación de hidrocarburos, otorgando a las transnacionales control de determinados aspectos del negocio reservados exclusivamente para el Estado, siendo la mayor expresión del esto los acuerdos del Arco Minero del Orinoco (AMO) y el “modelo Chevron”.

Esta dinámica entreguista y privatizadora del petróleo tendrá nocivos impactos sobre la vida de millones de venezolanos. La entrega de la industria petrolera y la colonización del país significarán la expoliación y el saqueo de nuestros recursos y bienes, en beneficio del capital privado, tanto nacional como mayormente extranjero, y en detrimento de las necesidades de los trabajadores y del pueblo humilde. 

Por lo tanto, es necesario preparar la lucha contra la entrega y el saqueo del petróleo, y derrotar la agresión imperialista de conjunto, que solo persigue imponer sus intereses económicos, políticos, geopolíticos y militares sobre la soberanía de Venezuela y Latinoamérica, así como contra la clase trabajadora del país y del continente. 

Para derrotar estas pretensiones imperialistas es necesario construir la más amplia movilización obrera y popular, tanto en el país como en el resto del continente y el mundo, así como una extensa solidaridad internacional.