La lucha contra el cese colectivo en Celima ingresa a su momento decisivo y llama a la máxima solidaridad
Por Partido Socialista de los Trabajadores – Perú
Próximos a cumplir diez meses desde que iniciaron su incansable lucha por la reposición tras el cese colectivo declarado por la patronal, los obreros de Celima ingresan al momento decisivo de su pelea. Agotados todos los procedimientos y plazos legales, la autoridad está próxima a emitir su pronunciamiento definitivo, a favor o en contra de los despidos.
Para enfrentar este momento crucial, el sindicato se ha dedicado en las últimas semanas a recargar fuerzas. El 30 de abril realizó una pollada con la participación de numerosos sindicatos, federaciones y de la misma central sindical, logrando reunir los fondos necesarios para proseguir su lucha. Al día siguiente, el sindicato se hizo presente en la gran movilización por el 1° de Mayo convocada por la central. Ahora se preparan para participar en el Paro Nacional del 14 de mayo, organizado por transportistas, diversas organizaciones populares y la misma central, en protesta contra el gobierno por su inacción ante la creciente ola criminal que desangra al país, y en apoyo a la lucha de la macrorregión sur, que exige la reactivación del Gasoducto Peruano, un proyecto diseñado para llevar energía barata al sur peruano.
En el ámbito legal, el sindicato ha agotado todos los trámites, presentando un voluminoso alegato con pruebas y descargos contra la solicitud empresarial de cese colectivo y las resoluciones favorables emitidas por la autoridad en primera y segunda instancia. Tras dos decisiones en contra, beneficiando a la patronal gracias a ciertos funcionarios corruptos, no es fácil revertir dichas resoluciones. Sin embargo, el sindicato, junto a sus asesores, ha realizado un gran esfuerzo para demostrar, con abundancia de argumentos, la improcedencia e ilegalidad de la medida solicitada por la empresa.
No obstante, los trabajadores saben que, en el fondo, el problema es político: la ley está sujeta a interpretación. En muchos casos, la autoridad ha rechazado solicitudes de cese colectivo, priorizando el derecho al trabajo, incluso cuando las empresas enfrentaban problemas reales. En el caso de Celima, donde se ha demostrado que la empresa goza de buena performance económica, no existe ninguna causal que justifique el despido masivo, más cuando ya produjo la desvinculación laboral de un promedio de 250 trabajadores ante de solicitar el cese colectivo. Por eso, además de una sólida defensa legal, los trabajadores no han dejado de movilizarse, exigiendo al gobierno y al ministro del sector que declaren improcedente el cese colectivo y ordenen su inmediata reposición.
Sin embargo, aunque los obreros de Celima están dispuestos a dar todo en estas acciones, es posible que sus esfuerzos no sean suficientes para lograr el resultado esperado. Desde el principio, el desenlace final ha dependido de la lucha conjunta de los trabajadores, articulada en un Paro o Huelga Nacional, una medida que ni la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Afines del Perú (FETRIMAP) ni la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) quieren impulsar, en línea con su política de aislar las luchas y mantener su convivencia con el gobierno y la patronal.
La situación se ha tornado favorable para la articulación de una lucha nacional liderada por la clase obrera. El gobierno de Dina Boluarte pende de un hilo, aislado y rechazado por la mayoría de la población, que realiza paros y movilizaciones en todo el país exigiendo su salida. Sin embargo, la negativa de la Central y de la FETRIMAP a actuar deja la iniciativa de impulsar la pelea en manos de sindicatos combativos, como el de Celima.
En esta línea, el sindicato, en esta etapa final de su pelea, prepara un plan de movilizaciones para los próximos días, junto a la FETRIMAP —federación a la que pertenece y que, bajo presión, ha salido a protestar en varias ocasiones— y otras bases sindicales. Los trabajadores confían en que esta presión llegue a las altas esferas del sector trabajo para que resuelvan a su favor.
Al mismo tiempo, hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional, solicitando el envío de cartas y pronunciamientos a las autoridades para exigir un fallo que respete su derecho al trabajo.
