Por Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia
La reciente formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral contra la campaña electoral de Gustavo Petro por supuesta violación de topes, vuelve a poner sobre la palestra la cuestión del golpe blando contra el gobierno. Tras el anuncio del CNE, inmediatamente Petro, en alocución presidencial dijo que “se ha dado el primer paso de un golpe de Estado” al romperse el fuero constitucional de la figura del presidente de la república.
La alocución termina llamando al movimiento social a declararse en asamblea permanente y a la fuerza pública a no levantar armas contra el pueblo.
Este nuevo episodio de las contradicciones entre el gobierno y la burguesía opositora se suman a las investigaciones a Nicolás Petro, Laura Sarabia, el escándalo de corrupción de la UNGR y la oposición en el congreso a las reformas presentadas por el gobierno; dificultades propias de la lucha de fracciones burguesas en torno al poder y los negocios, más agudas cuando se trata de gobiernos que generan incomodidad a las alas más reaccionarias de la clase capitalista.
La maniobra reaccionaria
Los cargos imputados por el CNE consisten en la acusación de la violación de topes de gastos de campaña, especialmente referidos a los aportes de Fecode al Pacto Histórico, el operativo de testigos electorales para los escrutinios y horas de vuelo (no todas de la campaña) de un avión contratado para viajes durante la campaña, además del evento de celebración el día del triunfo electoral.
Mientras las campañas de la burguesía cuentan con la gigantesca financiación de los grandes capitalistas, además de la financiación del narcotráfico y otros negocios ilícitos, el direccionamiento de los grandes medios de comunicación y las encuestas; a los trabajadores y sus organizaciones se les castiga por impulsar y financiar la campaña presidencial de Petro, sobre las cuales se volcaron las expectativas de cambio y las reivindicaciones de largos años de lucha.
El pliego de Cargos del CNE impulsado por los representantes de los partidos de la oposición burguesa de derecha, más allá de la inconstitucionalidad de romper el fuero presidencial, su limitado carácter administrativo y las escasas posibilidades de que culmine en alguna sanción al presidente o a su jefe de campaña; es claramente una maniobra que busca golpear políticamente al gobierno de Petro, en un momento en que la disputa por las reformas sigue en el parlamento y empieza a configurarse la campaña electoral presidencial.
Esta maniobra del CNE es una muestra de la antidemocrática legislación electoral colombiana, que brinda todas las ventajas y garantías a las grandes maquinarias y empresas electorales, y castiga la participación en política electoral de los trabajadores y sus organizaciones. Lo que desde el gobierno han tratado de presentar como una ruptura del orden constitucional, en realidad es otra de las facetas del régimen corrupto, autoritario y sanguinario al cual Petro intenta volver a encuadrar en los postulados de la constitución del 91.
Petro acusa al CNE de iniciar el golpe contra su gobierno, pero lo mismo ha dicho de cada escándalo o cuestionamiento institucional a su gobierno, o al reciente paro camionero. La burguesía para dirimir sus contradicciones, desde que la lucha de clases se lo permita, usa sus propias instituciones, la supuesta “división de poderes”, los escándalos para atacarse y así disputar el poder. Por eso, más que un golpe blando, responde a la estrategia de la oposición de derecha de desgastar políticamente al gobierno del Pacto Histórico para derrotarlo electoralmente en 2026. La burguesía de conjunto hoy está más preocupada en mantener una relativa estabilidad política que le permita conservar y elevar sus ganancias que aventurarse en concretar un golpe, institucional o por la fuerza, que traería una crisis política y posibles respuestas de lucha de las masas con consecuencias imprevisibles, similar a lo sucedido en el Perú. Por eso, aunque ruidosas y peligrosas, las fracciones burguesas de ultraderecha que están por tumbar a Petro, son todavía minoritarias, y lo más importante, sin el evidente respaldo del imperialismo, hoy más preocupado por Ucrania y Oriente Medio.
La respuesta del Gobierno: Insistir en el Acuerdo Nacional
Las acusaciones del CNE llegan también en el momento en que Petro intenta nuevamente concretar el esquivo Acuerdo Nacional con el conjunto de la burguesía y sus partidos. Mientras Laura Sarabia sigue cumpliendo su papel de enlace con los grandes capitalistas, especialmente del sector financiero, Juan Fernando Cristo, el Ministro del Interior y ficha del ala santista, continúa con su misión de mejorar las relaciones con los partidos burgueses lograr las negociaciones para que las reformas puedan pasar en el Congreso. Y es que esta votación del CNE se conoce justo a pocos días de la publicación de la propuesta del Acuerdo Nacional por el ministro Cristo. El texto de cinco puntos contiene de fondo un pacto con un sector de la burguesía, en particular el santismo, para buscar mantener la institucionalidad burguesa del régimen político. Bajo esta premisa, busca acordar con la oposición la promesa del gobierno de no convocar la constituyente ni a grandes movilizaciones; y que buscan que a cambio, la contraparte se comprometa a permitir que Petro termine su periodo presidencial, aprobar el presupuesto y algunas reformas recortadas y concertadas.
Es decir, mientras Petro denuncia un golpe en su contra y llama al estado de alerta a las organizaciones sociales, su política sigue siendo pactar con las oligarquías, esas mismas que estarían detrás de los planes de golpe, incluso posibles asesinos, llamando a la población a apoyar medidas neoliberales como el alza de los combustibles y la nueva reforma tributaria, a cambio de algunas dádivas como la devolución de los recargos nocturnos y subsidios para los mayores.
Comité Ejecutivo
Partido Socialista de los Trabajadores
18 octubre 2024
