Por Manuel Fernández – Dirigente obrero del PST Perú
Una nueva oleada de ceses colectivos se cierne sobre la clase obrera, como producto del plan patronal para salir de su crisis y recuperar sus ganancias. A la larga lista de fábricas y centros laborales que en los últimos años aplicaron despidos masivos, ahora se suma CELIMA, que el 5 de agosto impuso un procedimiento de cese colectivo contra 216 trabajadores argumentando “motivos estructurales”.
La lucha legal
Muchas luchas contra los despidos masivos han dejado marcado ejemplos de heroísmo y combatividad. Pero la mayoría de ellas –por no decir todas– fueron encasilladas a un enfoque legalista; esto es, a lo que dice la ley y disponen las autoridades. Esto desnaturaliza el sentido de la lucha de la clase obrera.
Las leyes están hechas para regular y limitar los derechos de los trabajado- res, y las instituciones (MT y el PJ) están para aplicarlas. Lo hacen pretendiendo ser “justos” pero, en esencia, defienden los intereses empresariales.
En casos de crisis económica, restructuración y cierres de fábrica, las normas no garantizan el derecho al trabajo, y sí permiten a las patronales imponer despidos masivos: Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, Panasonic, BSH, Faber Castell, Telefónica, Kola Real, San Lorenzo y ahora CELIMA.
Del mismo modo, en nombre de las normas, las empresas recortan nuestro derecho de huelga, retacea los aumentos salariales y cometen distintos abusos.
En el caso del proceso que seguimos contra el cese colectivo en CELIMA, la autoridad no se pronunciado contra el cese colectivo sino contra el procedimiento que ha seguido la empresa en su solicitud; es decir, objeta la forma y no el contenido. Después, cuando “regularice” su solicitud, le pedirá que demuestre las causas “objetivas” que alude la empresa. Si lo hace, la autoridad puede aprobar el cese colectivo. Por lo menos, a eso apunta la defensa legal de la empresa.
Por este motivo el “legalismo” de las direcciones es un error. Lleva a depositar confianza en las normas y en las instituciones, cuando muchas veces sus fallos son negativos.
Este “legalismo”, además, tiene otra limitación: lleva a no luchar por nuevas conquistas. Por ejemplo, cuando no existía la jornada de 8 horas luchar por ella era ilegal, y podías ser condenado hasta a morir en la ahorca como sucedió con los héroes de Chicago. Pero fue una lucha legítima.
Otro ejemplo, ¿qué hacemos cuando cierra una fábrica? La ley lo permite, es decir permite que los trabajadores queden en la calle. Pero los trabajadores argentinos dieron un ejemplo cuando, ante el cierre masivo de fábricas, recuperaron bajo su administración 400 de ellas, logrando así preservar sus trabajos. Se enfrentaron a las normas establecidas y conquistaron nuevos derechos que después se hicieron ley.
Desde este enfoque, decimos: sin dejar de mantener una efectiva lucha dentro de la legalidad, lo fundamental es denunciar y luchar contra la misma norma de ceses colectivos y de suspensión perfecta, que es el verdadero problema que nos afecta y afecta a toda la clase trabajadora. Así apuntaremos al verdadero problema, y pondremos nuestra pelea al servicio de concientizar y movilizar a todos los trabajadores para ponerles fin. Es la única forma de preservar de verdad nuestro derecho al trabajo.
La falsa confianza en las instituciones del Estado y sus normas
Este derrotero de inyectar confianza en el Estado y sus instituciones es política de los partidos reformistas y de la dirección de la CGTP.
Basta ver el reciente comunicado que firman la Sociedad Nacional de Industrias (gremio empresarial del que CELIMA es socio) y la CGTP denominado “Los peruanos tenemos derecho a la seguridad y al empleo digno”, publicado el 05.09.24. Ahí se dice:
“Se requiere reactivar la inversión pública y privada, otorgando confianza y estabilidad a los inversionistas, con normas claras y predictibles que alienten la generación de empleo digno en nuestro país, disminuyendo la enorme informalidad existente…”.
Es decir, borrando las diferencias de clase que nos separa y que nos opone a los empresarios, la central se junta a ellos para exigir “normas claras y empleo digno”, cuando utilizando las normas vigentes ellos echan a miles de trabajadores a la calle. Y cuando, detrás de su llamado “empleo digno”, lo que en realidad imponen es trabajo más precario y explotado. Peor aún, invocan al gobierno de Boluarte, que nos atienda “con imparcialidad y justicia” (¿?).
De aquí que, la dirigencia de la central trate la problemática laboral no como un problema con la patronal y con el Estado y sus normas, sino como un tema solo de “algunos” empresarios inescrupulosos, o incluso de algunos funcionarios o instituciones, que no cumplirían la ley. De aquí que toda su “política” se reduzca a conciliar con los empresarios y a depositar confianza en las instituciones y en las normas vigentes. De aquí también que toda su aspiración sea buscar más representantes en el Congreso y en los ministerios, diciendo que así “nos irá mejor”.
Todo esto es mentira. Independientemente de quién se encuentre al frente del Estado y sus instituciones, estos, en última instancia, responden a las normas establecidas y estos favorecen a los empresarios, a su modelo económico neoliberal, la protección de la propiedad empresarial y la “libertad” que estos tienen de hacer negocios explotando a los trabajadores.
La lucha y movilización
Para los trabajadores se trata de colocar el problema en su verdadero lugar, como un problema no solo contra la patronal sino contra sus normas y las instituciones que los protegen: el MT, el PJ, el Gobierno y el Congreso. Por eso lo enfrentamos en el terreno de la lucha, y llamamos a la unidad de los trabajadores para la derogatoria de los ceses colectivos y de la suspensión perfecta.
Ante la crisis capitalista que ellos paguen la crisis, y no los trabajadores. Por ejemplo, con la reducción de horas de trabajo sin reducción de salarios, con licencias pagadas ante las paralizaciones de la producción, hasta la administración y control obrero de las fábricas que despiden trabajadores o se declaran en quiebra.
Esta lucha no es fácil, pero tampoco imposible. Significa que debemos recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra lucha, y no en las instituciones y sus normas. Significa que debemos luchar y movilizarnos, y no cifrar expectativas que las soluciones vendrán solo por gestiones legales y conciliando con la patronal, como hacen las direcciones.
Y significa, sobre todo, lograr la verdadera unidad de la clase obrera para desencadenar una verdadera lucha, con un gran paro combativo obrero y popular, que imponga las soluciones de fondo que demandamos.
