De la Revolución bolivariana a la crisis del poschavismo en Venezuela
Por Alexander Hall Lujardo
El presente, es un artículo sobre la situación en Venezuela, elaborado por Alexander Hall Lujardo, miembro de la Izquierda Crítica cubana. Izquierda Crítica es un sector de la vanguardia cubana que reivindica el socialismo, con una postura crítica frente al régimen castrista. Consideramos muy importante que sus posturas sean conocidas, pues se enfrentan a la visión estalinista de los «campos progresivos junto con la burguesía». Esa visión campista lleva a la mayoría absoluta de la izquierda latinoamericana a apoyar la dictadura burguesa en Cuba, así como a la dictadura burguesa en Venezuela. Lo publicamos, aunque no tengamos acuerdo en todo su contenido, pues eso no cambia la importancia de la defensa de independencia de clase contra el gobierno de Maduro, que presenta el artículo.
La muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías el 5 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela, como resultado de un cáncer que comprometió su vitalidad, puso fin a un ciclo trascendental para el país sudamericano conocido como Revolución bolivariana. Este proceso inició con su ascenso al poder el 2 de febrero de 1999, luego de ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.
El líder político impulsó tras su victoria una agenda de transformación reformista, inspirada en los preceptos de Simón Bolívar y otros padres de la independencia latinoamericana, cuya orientación hacia la izquierda avanzó con fuerza tras la derrota del golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Este zarpazo dirigido por los empresarios de la burguesía local en torno a Fedecámaras, designó como presidente de facto al economista Pedro Carmona Estanga. La movilización popular, así como la lealtad de un sector importante de las fuerzas armadas, logró restaurar el orden constitucional el 13 de abril, marcado por el regreso al poder del comandante bolivariano.
La política social distributiva de Chávez halló sustento en las nacionalizaciones de empresas para el fortalecimiento del sector público, la renegociación con inversionistas foráneos sobre la explotación de los recursos mineros y la implementación de amplios programas para la reducción de la pobreza. No obstante, su agenda no revirtió la matriz de producción capitalista ni la desigual distribución de los ingresos, lo que tributó al sostenimiento de elevados niveles en la concentración de las riquezas.
Hugo Chávez logró impulsar proyectos de carácter antimperialista a planos regionales, como fue el entierro del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Mar del Plata, Argentina (2005); estimuló programas de cooperación entre países del sur global como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (La Habana, 2004) y la alianza estratégica Petrocaribe (2005), que fomentó suministros permanentes de petróleo a precios subsidiados, mediante la concesión de acuerdos comerciales. En 2012 el Mercado Común del Sur (Mercosur) integró a Venezuela como miembro de la organización y formó parte de tratados multilaterales en aras de fortalecer la integración del subcontinente, para cuyos fines se gestaron alianzas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fundada en 2008 en la capital de Brasil.
En agosto de 2007 Hugo Chávez presentó al parlamento una propuesta de reforma constitucional que entre otros elementos incluía la reelección indefinida, además de la proclamación de Venezuela como república socialista. El referéndum convocado para diciembre fue rechazado en las urnas, aunque el mandatario aprobó algunas de las modificaciones suscritas, a través de decretos y leyes que no fueron revertidas en años posteriores por las autoridades judiciales.
Con su fallecimiento en 2013 Chávez dejaba como legado una Venezuela polarizada, con altos niveles de endeudamiento externo y una creciente inflación monetaria traducida en desgaste político. Una característica de su gestión fue el uso clientelar del aparato del Estado fusionado con las instancias del Psuv, así como la profundización extractivista en torno al rentismo petrolero; en lugar de promover la industrialización, potenciar la agricultura y la diversificación económica, para combatir el «subdesarrollo» en detrimento de la lógica importadora. Acorde a ello, el antropólogo venezolano y sociólogo marxista Edgardo Lander manifestó que:
El caso extremo de opción por el extractivismo como modelo de desarrollo es el caso venezolano. Durante el gobierno bolivariano, a pesar de referencias discursivas a la necesidad de alternativas al rentismo petrolero, se produjo una sistemática profundización de la dependencia del petróleo y de la lógica rentista y su correspondiente devastación socio-ambiental. Debido no sólo a variaciones en el precio del crudo, el peso del petróleo, como proporción del valor total de las exportaciones venezolanas, pasó de alrededor de 63% en el año 1998, a 96% al final de la vida de Chávez (Banco Central de Venezuela 2018).
Al igual que otros gobiernos de izquierda progresista en la región, en su mayoría de corte socialdemócrata, el proyecto chavista-bolivariano entendió la toma del Estado como base fundamental para el emprendimiento de las transformaciones sociopolíticas, y a nivel ideológico, la promoción de una sociedad pretendidamente anti/poscapitalista.
La concepción desarrollista del régimen asumido bajo patrones antropocéntricos y militarista-autoritarios reforzó el caudillismo de la figura presidencial, hecho que terminaría por socavar la propuesta democrática constitucional del proyecto bolivariano. El centralismo se convirtió en una máxima de mando en las principales esferas de poder, restándole autonomía a otras instancias del Estado, al tiempo que dejaba a un lado los valores de la democracia directa, participativa y comunitaria.
La crisis político-económica del poschavismo (2014-2024)
La llegada a la presidencia de Nicolás Maduro Moros como sustituto de Chávez para el período 2013-2019, se produjo a través de una victoria electoral por un estrecho margen sobre el contendiente opositor Henrique Capriles Radonski, adscrito al partido Primero Justicia por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El desconocimiento de los resultados por la composición contraria al oficialismo, recibió el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Paraguay y el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, lo cual marcó la génesis de una prolongada etapa de inestabilidad política.
Las protestas sociales arreciaron desde 2014 como resultado del estancamiento económico; la hiperinflación acumulada alcanzó cifras astronómicas entre 2016-2020 —considerada la peor en la historia latinoamericana—, mientras el aumento de la escasez redundó en un encarecimiento del nivel de vida; la pulverización del salario redujo seriamente la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora generando nuevos márgenes de pobreza, acompañada del ostensible deterioro de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte público, etcétera).
Esta nueva etapa coincidió con una tendencia a la baja cotización del petróleo en el mercado mundial, lo que imposibilitó el mantenimiento de programas de amplia cobertura social sustentados en la renta exportadora. Tales elementos constituyeron factores colindantes que tributaron al desate de un ciclo de descontento e indignación reflejado en las calles del país. Las manifestaciones fueron respaldadas por las fuerzas de la oposición local, encabezada por actores políticos que ganaron en notoriedad y relevancia como Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado y Leopoldo López Mendoza.
Si bien el Gobierno reportó decenas de víctimas mortales y otros cientos de heridos como resultado de la violencia en el marco de las protestas opositoras, —denominadas «guarimbas»—, resulta difícil contabilizar la totalidad de damnificados en el contexto de polarización existente. Empero, diversas fundaciones encargadas de velar por las garantías civiles y los derechos humanos como Amnistía Internacional, reportaron cerca de 9 mil ejecuciones extrajudiciales, alrededor de 500 desapariciones forzosas y más de 15 mil detenciones arbitrarias entre 2014-2022 por las instancias oficiales.
En dicho accionar sostuvieron una enorme responsabilidad las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) perteneciente a la fuerza armada y el Servicio Bolivariano de Inteligencia o «policía política» (SEBIN). La mayor parte de las víctimas resultaron hombres negros o mestizos, en su mayoría jóvenes provenientes de entornos humildes y racializados, afectados por la pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades en los barrios urbanos. El registro de muertes a manos del Estado adquirió un potencial ascenso luego de lanzada la Operación Liberación del Pueblo (OLP) el 13 de julio de 2015, con el proclamado objetivo de «combatir el crimen», «la delincuencia» y «el narcotráfico».
Corrupción institucional, desgaste político y autoritarismo poschavista
En la aplastante derrota que sufrió el Gran Polo Patriótico-Psuv durante las elecciones parlamentarias de 2015, solo obtuvieron 55 escaños de 147 posibles, mientras la oposición se hizo con la bancada mayoritaria al registrar 112 curules. Una gran parte de los expertos consideraron que se impuso el «voto castigo» por los electores, como resultado de la crisis económica que afectaba la vida de la población en medio de un adverso escenario social.
Frente a la realidad de enfrentar un parlamento que obstaculizase la gestión gubernativa y poseer además intereses de aprobar una ley de amnistía que concediera libertad a los presos políticos de las «guarimbas», el Gobierno decidió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017. A los efectos reales, este organismo no convocaría a la aprobación de una carta magna, ya que su propósito radicaba en suplir las funciones del órgano legislativo. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaraba en desacato al ente nacional parlamentario, hasta la aprobación de una nueva legislatura en 2020, boicoteada por la oposición que alegó falta de garantías democráticas.
La corrupción institucional fue otro factor que laceró la lealtad histórica de los sectores populares con el proyecto chavista, al generar una fuerte sangría en las arcas públicas del Estado. En 2023 el Gobierno de Nicolás Maduro incriminó por estas razones a su exdiplomático ante la ONU Rafael Ramírez, antiguo hombre de confianza de Hugo Chávez, al frente durante una década de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa). Ramírez sostenía críticas al Gobierno publicadas en diarios de prensa en los que lanzó severas valoraciones de «mal manejo económico, uso excesivo de la fuerza y persecución a las disidencias políticas», hecho que detonó su remoción como representante ante Naciones Unidas en 2017.
En 2023 fue igualmente acusado de corrupción Tareck El Aissami quien se desempeñaba como ministro del Poder Popular de Petróleo (2020-2023), al ser involucrado en el escándalo de malversación conocido como Pdvsa-Cripto, consistente en un fraude basado en el uso de criptomonedas para obtener los ingresos apercibidos de las ventas petroleras. En este affaire de irregularidad empresarial, algunas fuentes estiman que se perdieron cerca de 3 mil millones de dólares. Asimismo, se implementaron otras detenciones que involucraron a un expresidente de la corporación petrolera y al exministro de Petróleo Eulogio del Pino, de cuya trama se valora un fraude cercano a los 5 mil millones de dólares.
Como resultado de los sistemáticos escándalos asociados al gran conglomerado estatal-petrolero, estimaciones oficiales valoran las pérdidas de los últimos veinte años en más de 42 mil millones de dólares. Las consecuencias de estas acciones derivaron en los decrecientes niveles de eficiencia, que alcanzaron cifras históricas de caída en 2020 con apenas una producción promedio de 527 mil barriles diarios según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuyos indicadores contrastan con los 3,2 millones de barriles diarios producidos en 1998.
Las actividades corruptas de los funcionarios estatales se extienden a otros sectores de la minería. Tal es el caso del Arco Minero del Orinoco (AMO), cuya área de explotación fue aprobada el 24 de febrero de 2016, al ser una zona rica en oro, diamante, hierro, bauxita, cobre, coltán, aluminio y otros. Son varios los estudios e investigaciones que reportan graves hechos asociados a la extracción ilegal, como resultado de mafias locales vinculadas al crimen organizado, cuyo accionar provoca severas afectaciones ecológicas que laceran la vida de los residentes en las comunidades indígenas.
La crisis política ante las elecciones presidenciales (2024)
La convocatoria a elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 se logró luego de varias rondas de conversaciones con la oposición, cuyos consensos quedaron plasmados en el reconocido Acuerdo de Barbados, tratado que propició una flexibilización de las sanciones coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, las autoridades ratificaron la inhabilitación de representantes opositores, como fue el caso de la candidata liberal María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición venezolana con 92,5 % de los votos.
En igual condición se encontró Corina Yoris, reconocida por su labor académica, depositaria del respaldo capitalizado por Machado y un sector importante de la militancia anti-chavista. Finalmente la bancada opositora optó por la elección del exdiplomático Edmundo González Urrutia, con las promesas de recuperar la economía, rescatar la institucionalidad democrática y llevar a cabo un masivo plan de privatizaciones.
Algunos sectores críticos a la clase gobernante, aunque de espectro político de izquierda, como fue el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), denunciaron el secuestro de su tarjeta electoral, mediante la intentona del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) junto a figuras aliadas del Gobierno, en renegar del liderazgo histórico de la organización, con el propósito de impulsar la candidatura unitaria del presidente Nicolás Maduro.
El ambiente electoral se desarrolló bajo un fuerte marco restrictivo caracterizado por los retrasos en la inscripción actualizada de votantes; sobre todo de aquellos radicados en el exterior que emigraron por razones económicas y políticas. En un país con más de 7,7 millones de emigrados debido a la crisis y el autoritarismo, según fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solamente pudieron oficializar su derecho a votación 6 528 electores, para un total de 69 mil venezolanos con derecho al sufragio desde el exterior.
Desde los inicios el proceso estuvo definido por su opacidad y hermetismo, al revocarse el 29 de mayo de 2024 la misión de observadores de la Unión Europea (UE) por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mas al restar tan solo cuatro días para la celebración de los comicios, el Tribunal Federal de Brasil suspendió el envío de observadores, debido a descalificativos de Nicolás Maduro sobre los sistemas de participación democráticos en Brasil y Colombia. En igual fecha, el expresidente argentino Alberto Fernández anunció que el CNE le retiró su invitación como veedor internacional, al consentir las declaraciones del mandatario brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, en las que alegaba «miedo» al escuchar las palabras de Maduro, cuando sostuvo que de perder las elecciones se produciría un «baño de sangre» en el país.
La jornada del 28 de julio transcurrió con relativa calma en la mayor parte del territorio, a pesar de las denuncias en los retrasos de apertura de algunos colegios y las limitaciones en el acceso de testigos a centros de votación. Sin embargo, en horas de la tarde-noche se reportaron actos de violencia, amedrentamiento por grupos de motorizados y retrasos en la transmisión de datos. Asimismo, igual de grave resultó el comportamiento unilateral de las autoridades en impedir el acceso de testigos opositores a la sala de totalización del CNE, denunciado por su representante Delsa Solórzano.
El presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso anunció alrededor de la medianoche en el primer boletín, que el candidato Nicolás Maduro Moros había ganado la elección con el 51,2 % de los votos, seguido por Edmundo González Urrutia con el 44,2 %, mientras el resto de los contendientes acumularon entre ellos 4,6 %. Ante esa realidad, organizaciones de prestigio encargadas de velar por el cumplimiento de las garantías democráticas como el «Centro Carter», exigieron la publicación disgregada de las actas de escrutinio. El ente sin fines de lucro que posee experiencia como observador internacional en más de 124 eventos de este tipo en 43 países del mundo, sostuvo que:
«El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».
A tales consideraciones, añadió lo siguiente:
«La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo».
A las peticiones de transparencia del «Centro Carter» se sumaron los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Perú, a los que el régimen bolivariano solicitó la salida inmediata de su personal diplomático. Con idénticos reclamos al órgano rector, se sumaron las autoridades de Estados Unidos, Canadá, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Brasil y Colombia. En cambio, los dirigentes de Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Rusia, China, Siria e Irán reconocieron el proclamado triunfo de Nicolás Maduro. Mas huelga anunciar que la no publicación de las actas por el CNE en el marco de las cuarentaiocho horas como exige la ley de procesos electorales, constituye una de las irregularidades más flagrantes en el marco de la elección presidencial.
La indignación de las clases populares se hizo ostensible desde las horas inmediatas de anunciado el resultado oficial, dados los altos indicios que sustentan la posible existencia de fraude. Todo ello, sumado a las irregularidades producidas a lo largo del proceso, caracterizado por su escasa transparencia. Según las informaciones arrojadas por algunos medios de prensa, hasta el 31 de julio de 2024 sumaban ya decenas de fallecidos y más de mil detenidos por las autoridades.
La dirigencia institucional reafirmó la reelección de Maduro y a través de su fiscal general Tarek William Saab, el ministro de defensa Vladimir Padrino López, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, entre otros voceros, sostuvieron la narrativa de «intentona golpista» con apoyo imperial extranjero. En cambio, a planos internos persisten las amenazas contra líderes como María Corina Machado y Edmundo González, al responsabilizarlos de atentar contra el orden público, la estabilidad y la paz, al gestar un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte, como pretendida causalidad en el retrasado anuncio de los resultados electorales.
Los desafíos del bienestar, la democracia y la integración latinoamericana
La compleja situación poselectoral marcada por la violencia interna y la crisis diplomática, signada incluso por la crítica asertiva de aliados históricos al proyecto bolivariano entre la izquierda progresista de América Latina, denota el perfil autoritario, represivo y enajenante del poschavismo. Las insuficiencias estructurales de la izquierda reformista resultan endebles durante etapas de crisis, dada la persistencia exportadora de materias primas y la incapacidad de lograr una integración regional sólida, que permita enfrentar las prácticas depredatorias en materia económica, comercial y financiera, impuesta en el mercado mundial por las potencias competidoras.
En ámbitos donde el descontento social se hace cada vez más presente ante dicha realidad, las propias dinámicas de la democracia representativa no avizoran otra salida que la represión policial, la criminalización de las protestas y la judicialización de las disidencias políticas. En dicha lógica se encuentra el discurso de Nicolás Maduro al acusar de «terroristas», «drogadictos», «criminales» y «delincuentes» a quienes se manifestaron en las calles. La soberanía popular permanece asediada por la militarización, las concesiones al empresariado privado y los acuerdos con trasnacionales extranjeras, sobre todo aquellas de origen ruso y chino.
El derribo de las estatuas de Hugo Chávez marca el fin del ciclo emancipatorio bolivariano. Representa la quiebra simbólica de un proyecto antimperialista que empoderó a los sectores humildes del país, llevó a cabo decenas de misiones sociales que dignificaron a las «personas de a pie» y redujo la pobreza a niveles significativos, mediante el establecimiento de un consenso masivo nunca antes visto en la historia republicana-poscolonial del territorio. Los actuales dirigentes condujeron el proceso a una deriva oligárquica, militarista y corrupta, sustentada en el tráfico de influencias, el rentismo subdesarrollante y la privatización con ideología «socialista».
La permanente inestabilidad política y económica encabezada por el autoritarismo del Psuv, constituye una terrible noticia para la democracia en el país, la integración latinoamericana y las izquierdas consagradas a la instauración de un proyecto social, enfrentado a las expresiones cada vez más grotescas del capitalismo mundial, cuyas consecuencias ecológicas ponen en peligro la supervivencia misma de la especie humana.
Las muestras represivas del régimen de Nicolás Maduro echan por tierra el legado democrático, participativo y popular con que Chávez gobernó durante años, al obtener excelentes calificaciones en los procesos electores que hoy resultan condenados por los propios organismos que antes manifestaron su aprobación. Semejante realidad reaviva incluso los anhelos intervencionistas de los Estados Unidos, al reeditar sus viejos deseos usurpadores sobre los recursos naturales con que cuenta el territorio. De cara al futuro, serán las venezolanas y venezolanos quienes con su protagonismo político, definan el devenir histórico y manejen los hilos de su destino, ante los enormes desafíos que irradian sobre la tierra del libertador Simón Bolívar.
