Aparentemente, el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse fue ejecutado por un grupo de sicarios extranjeros, la mayoría exmiembros del ejército colombiano y algunos estadounidenses. Por lo menos esta es la versión de las autoridades locales. Pero todavía faltan piezas en el rompecabezas que supone el magnicidio que sacude el país caribeño, el más pobre de las Américas.
Por Daniel Sugasti
Hasta ahora, la policía mató a tres colombianos y detuvo otros 17 sospechosos. Los investigadores señalan a 28 involucrados. Una multitud de haitianos se congregó en las inmediaciones de la zona del operativo policial en Puerto Príncipe, donde quemaron autos y la casa que servía de escondite a los presuntos asesinos, a quienes denunciaron como agresores extranjeros.
No se sabe acerca de las motivaciones del atentado ni de quiénes estarían detrás de los hechos. El gobierno colombiano reconoció a seis de los detenidos como integrantes retirados de sus fuerzas armadas y ofreció su colaboración para resolver el caso. De hecho, exmilitares colombianos, experimentados y altamente entrenados, son codiciados por empresas de mercenarios que operan en lugares como Irak, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
Así, la crisis que recrudece en Haití adquiere una incierta dimensión internacional. Estados Unidos teme una crisis migratoria. República Dominicana, país vecino desde 1821, también. Colombia no puede ignorar el hecho debido a la procedencia de los mercenarios. Todos están preocupados con la posibilidad de un estallido social violento. En nivel interno, las consecuencias políticas son imprevisibles. El último asesinato de un presidente ocurrió en 1915. La situación llevó a una ocupación de los EEUU…
El magnicidio abrió una crisis institucional muy seria. El primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en todo el territorio, otorgando amplios poderes al ejército. Sin embargo, el neurólogo Ariel Henry reivindica para sí el cargo que ostenta Joseph. Henry había sido nombrado por el difunto mandatario dos días antes de su asesinato, pero no pudo asumir sus funciones. Hubiera sido el séptimo primer ministro del gobierno de Moïse, un hecho que puede comprenderse mejor si tenemos en cuenta que Haití tuvo 20 presidentes en 35 años. Para complicar la cosa todavía más, el viernes un grupo de senadores acusó a Joseph de “instigar un golpe de Estado” y exigieron que Joseph Lambert, presidente del Senado, asumiera el poder. Una solución constitucional para ese impasse pudo ser la asunción al mando del presidente de la Corte Suprema. Pero René Sylvestre, el último hombre que ocupó ese cargo, engrosó las estadísticas de víctimas de Covid-19 hace un mes.
Por otro lado, las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para fines de setiembre, ahora están en tela de juicio. La sucesión legal de Moïse se anticipa turbulenta, sobre todo si consideramos el contexto de un país devastado por la expoliación del imperialismo, la opresión de sanguinarias dictaduras, la acción de bandas paramilitares que siembran el terror entre el pueblo, los desastres naturales y una crisis humanitaria espantosa. La inestabilidad política se agudiza en la nación caribeña, en medio de una situación desesperante para las masas trabajadoras. Para hacerse una idea, la UNICEF declaró que el país está sumido en “la peor crisis humanitaria de los últimos años”.
Lo primero que debe decirse es que el pueblo haitiano no tiene motivos para lamentar la muerte de Moïse, un representante de la burguesía nativa –una clase dominante raquítica, despiadada con el pueblo pero servil al imperialismo–, que gobernó con métodos dictatoriales.
El expresidente llegó al poder con las credenciales de un exitoso empresario. Su actividad principal fue la producción de bananas orgánicas. En 2012, creó la empresa Agritrans, ubicada en la primera zona franca agrícola del país y con una plantación de cerca de mil hectáreas. Sus productos agrícolas se exportaban a Europa, principalmente a Alemania. Con la fama de “el hombre de las bananas”, fue escogido como candidato del partido Tèt Kale por el entonces presidente Michel Martelly, que preparaba su sucesión. En noviembre de 2016 resultó vencedor en las elecciones y comenzó su mandato el 7 de febrero de 2017.
El gobierno de Moïse estuvo marcado por graves denuncias de corrupción y sucesivas olas de protestas sociales. El pico de la movilización popular fue en 2019, cuando miles de personas en las calles prácticamente paralizaron el país. El detonante fue la dramática crisis humanitaria, agravada por un escándalo de corrupción que implicó a los principales cargos del gobierno, acusados de malversar US$ 3.800 millones de PetroCaribe, un programa de asistencia petrolera. El grito de ¡Fuera Moïse! se hizo común en las calles.
Pero Moïse nunca pensó en dimitirse y respondió con una dura represión. En octubre de 2019 suspendió las elecciones parlamentarias. En enero de 2020, disolvió el parlamento, a todos los intendentes y pasó a gobernar por decreto. Moïse no podría haberse presentado en las elecciones convocadas para setiembre. Por ese motivo, convocó un referendo constitucional el mismo día de los comicios. Él decía que esto serviría para “modernizar” la constitución, pero la oposición denunció que su verdadero objetivo era eliminar el artículo que impedía su reelección.
Tanto el primer ministro interino como la llamada comunidad internacional –Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea– están preocupados con que esta nueva crisis espolee nuevas movilizaciones populares que cuestionen los negocios imperialistas en conjunto con la burguesía haitiana. Saben que Haití es una bomba reloj y el fantasma del “caos social” reaparece en los pasillos de los palacios. Los gobiernos extranjeros exigen que se mantenga en pie la convocatoria electoral para el 26 de setiembre, como estaba previsto. Mientras tanto, el gobierno de Biden reconoce a Joseph como jefe de gobierno.
Es probable que el asesinato de Moïse haya sido un ajuste de cuentas entre sectores burgueses. Enemigos políticos no le faltaban, sobre todo entre sectores oligárquicos apartados de los negocios más suculentos. Tampoco se debe descartar que esta crisis lleve a una intervención militar imperialista. Con la excusa del “descontrol social e institucional”, las autoridades haitianas pidieron a EEUU y a la ONU el envío de tropas para proteger el puerto, el aeropuerto, las reservas de gasolina y otras infraestructuras claves. El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron esa solicitud, pero aún no confirmaron si habrá despliegue militar. Esto es gravísimo y debe ser denunciado desde ahora.
Haití fue ocupada por EEUU en varias ocasiones. La última ocurrió entre 2004 y 2017 bajo la forma de una “misión humanitaria”, la MINUSTAH, que estuvo liderada por tropas brasileñas –enviadas entonces el expresidente Lula de común acuerdo con George W. Bush– e integrada por efectivos de varios ejércitos latinoamericanos –muchos de ellos gobernados por presidentes “progresistas”–. Esta misión nada tuvo que ver con garantizar “paz” en Haití sino con proteger las inversiones imperialistas y mantener el buen flujo de los negocios legales e ilegales. Es evidente que esa intervención imperialista, con la cobertura de la ONU, no solucionó ninguno de los problemas que azotan al pueblo haitiano. Por el contrario, dejó un legado de opresión y ejerció todo tipo de violencias, entre ellas numerosas denuncias de abusos sexuales y propagación del cólera. No es casual que muchos altos mandos militares brasileños que lideraron esa vergonzosa ocupación ahora integren importantes cargos en el gobierno de Bolsonaro.
No es difícil entender el odio reflejado en las paredes de la antigua sede de la MINUSTAH, apedreadas una y otra vez por la población.
Haití es un país extremadamente pobre, pero su pueblo es valiente. Es consciente de su historia. Es el único país que garantizó su independencia por medio de una revolución liderada por esclavos negros, que derrotó a los imperios de Francia, de España y del Reino Unido en el siglo XIX. Para consolidarse, la revolución haitiana exterminó físicamente a la población blanca, en su mayoría esclavista.
El imperialismo nunca perdonó la osadía del pueblo haitiano y lo sometió a todo tipo de sanciones, pesadas deudas, ocupaciones militares. Haití pagó un precio muy alto por su rebeldía. En 2021, 60% de la población sobrevive en la pobreza. La ONU estima que casi cuatro millones de haitianos, entre una población de 11,5 millones, sufre inseguridad alimentaria. Un quinto de sus habitantes se vio forzado a emigrar. La pésima infraestructura potencia el poder destructivo de cualquier fuerza natural. El terremoto de 2010, por ejemplo, mató 300.000 personas. Además, 1.500.000 personas quedaron sin hogar. En 2016, el huracán Matthew barrió el suroeste del país provocando 573 muertes y dejando más de dos millones de damnificados. El huracán Laura arrasó el país en agosto de 2020, en plena pandemia, dejando a su paso un saldo de decenas de muertos y cuantiosos daños materiales. Sin un sistema de salud pública propiamente dicho, las epidemias causan estragos entre la población. La de cólera de 2010 infectó a 520.000 personas y mató a por lo menos 7.000. Hasta ahora, se registraron 19.220 casos de Covid-19 y el número de muertes alcanza 471, pero los especialistas coinciden en que esas cifras son mucho mayores debido a la falta de registro. Haití no ha recibido una sola vacuna anticovid.
Por el momento, la Casa Blanca anunció el envío de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para investigar el atentado y salvaguardar “el orden”. EEUU también donará cinco millones de dólares para fortalecer a la policía haitiana y un lote no especificado de vacunas contra el Covid-19. Pero la dinámica de la situación puede hacer que el imperialismo decida intervenir de modo más contundente.
Es necesario que la clase obrera y el pueblo haitiano esté organizado y movilizado. Ninguna confianza en los gobernantes interinos ni en el imperialismo. Cualquier tipo de intervención extranjera debe ser rechazada categóricamente. Solo es posible aceptar ayuda humanitaria ofrecida de manera incondicional. Los pueblos del mundo deben fijar su atención en la crisis haitiana y demostrar solidaridad activa.
Los revolucionarios/as debemos oponernos a cualquier intento de intervención imperialista. Delante del impasse que supone la sucesión de Moïse y en la medida en que no existe un levantamiento popular, es correcto exigir la convocatoria inmediata de una elección general, libre y soberana. La clase trabajadora y el pueblo tomaron las calles incontables veces para derrocar a Moïse. Ahora que está muerto, es inaceptable que miembros de su facción corrupta y represiva, completamente entreguista, continúe gobernando el país. La lucha contra el gobierno interino, las fuerzas represivas locales, las bandas paramilitares y el imperialismo debe ser encarada con una perspectiva de poder obrero y socialista.
