Cuando el gobierno PSOE-UP se autoproclamó como “el más progresista de la historia” y comenzó su legislatura a principios de 2020, ya veníamos escuchando promesas electorales de protección a las más oprimidas de la sociedad, en concreto al colectivo LGTBI, que llevamos años siendo ignorados/as, discriminados/as y maltratados/as por los diferentes gobiernos predecesores.
Por Corriente Roja
Después de un año seguimos sin tener una Ley Trans ni una Ley LGTBI estatales que nos protejan de las agresiones y enfrenten la desigualdad de condiciones que sufrimos tanto en las aulas como en el trabajo, y que además reconozcan el derecho a la autodeterminación de género. Aún son varias las comunidades autónomas, como Asturias, Cantabria, La Rioja o las dos Castillas, que no tienen ninguna regulación al respecto, y las diferentes leyes autonómicas que existen no están unificadas ni protegen por igual. Con este panorama a nivel estatal no es de extrañar que ni siquiera existan datos oficiales sobre agresiones, condiciones socioeconómicas y dificultades que enfrenta el colectivo.
Lo que sí ha hecho este gobierno, con el PSOE a la cabeza, ha sido no garantizar la aprobación de una Ley Trans, alimentando la transfobia con declaraciones como las de Carmen Calvo, que expresaba sus preocupaciones sobre que “el género se elija sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”. Estas posiciones lo único que han hecho es abrir un debate público sobre algo que es un derecho fundamental que el Estado debe asegurar, propiciando la difusión y normalización de posturas radicalmente transfóbicas en los medios de comunicación.
Nuestros derechos no son negociables
Debido a las diferencias entre socios de gobierno – que intentan satisfacer distintos intereses según su electorado – durante este mes, coincidiendo con el mes del Orgullo LGTBI y las ansias oportunistas del PSOE por poder hacerse la foto en el desfile (al que más de 70 asociaciones piden su veto) se ha acelerado la negociación para desbloquear la situación entre el Ministerio de Igualdad, Carmen Calvo y asociaciones LGTBI vinculadas al PSOE.
La posición tanto de Montero como de las asociaciones partícipes en la negociación es ceder en algunos puntos para poder aplicar la ley cuanto antes. Algunos de los puntos en los que los colectivos se plantean ceder, tras haber rechazado la exigencia de testigos para poder realizar el cambio registral de género, son la negación del derecho de autodeterminación a los menores de 12 años (aunque sí de cambio de nombre); el no reconocimiento de las identidades no binarias (ni hombre ni mujer) y la aplicación de un plazo administrativo obligando a pedir el cambio registral dos veces con un periodo de 3 meses entre peticiones.
Los derechos de las personas LGTBI no son una moneda de cambio electoral, ni son negociables: el derecho de autodeterminación de género también corresponde a los menores, si no ¿cómo les protegeremos en las aulas, que además están desprovistas de recursos para combatir la discriminación? También corresponde a las personas no binarias, ¿por qué el Estado debería imponer una categoría a alguien que no la siente afín? Como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la autodeterminación de género es una cuestión democrática y oponerse sólo puede entenderse como una postura reaccionaria.
Y exigen recursos para ser garantizados
Y mientras siguen “suavizando” la Ley Trans y la Ley LGTBI está fuera del mapa, nosotras nos preguntamos con qué recursos piensa el Gobierno central garantizar la aplicación efectiva de las Leyes para que realmente mejoren las condiciones de vida del colectivo. Si no tuvieron recursos para reforzar la sanidad pública durante la pandemia, ¿los tendrán para la Ley Trans? Y, es más, ¿cómo unos servicios públicos tan destrozados por los recortes van a poder asumir protocolos contra la LGTBIfobia en las aulas, o formación para el personal sanitario sobre las necesidades de las personas trans? ¿Cómo se va a resolver el problema de desabastecimiento de hormonas que, de hecho, vulnera el derecho a una transición efectiva y en buenas condiciones?
Sin destinar recursos, por ejemplo, los millones de los Fondos de Recuperación Europeo que están yendo a las grandes empresas, las leyes se van a quedar en papel mojado. El derecho a la autodeterminación de género es incuestionable, pero ¿en qué medida mejorará las condiciones materiales de las personas trans si no existe un cupo laboral trans basado en la creación de empleo público que combata las altas tasas de desempleo del colectivo? La discriminación laboral en combinación con la dependencia económica de entornos familiares LGTBIfóbicos empuja a las personas trans a intentar esconder su verdadera identidad (el 66% del colectivo LGTBI de nuestro país haya ocultado su orientación o identidad antes de alcanzar la mayoría de edad), por lo que debemos exigir el derecho a la autodeterminación de género con garantías sociales.
También necesitamos recursos en la Sanidad Pública, expropiando los de la privada si fuese necesario, para poder hacer frente a nuestras necesidades y a las de toda la población, tal y como nos ha demostrado esta letal pandemia. Al igual que llamamos a nacionalizar las farmaceúticas para liberar la patente de la vacuna de la COVID-19, necesitamos que se nacionalicen para producir las hormonas que se adapten a las necesidades de las personas trans, y no las que interesen a los bolsillos de las empresas.
Del mismo modo, necesitamos más recursos para la Educación Pública, para implementar una asignatura de Educación Sexual en valores de igualdad, formar al profesorado en las realidades del colectivo y bajar las ratios por aula para que el acoso escolar sea fácilmente identificable. No podemos permitir que la privada y la concertada, principalmente regentada por la Iglesia y sus prejuicios machistas y LGTBIfóbicos, cuente con recursos mientras desmantelan la Pública, la educación debe ser 100% pública y laica, hay que exigir al gobierno que deje de financiar y facilitar el negocio a la concertada/privada: ¡Sus recursos deben ser de la Pública!
¡Por un plan de lucha unitario para conseguirlos! ¡Ni una agresión sin respuesta!
Todas estas reivindicaciones no se resolverán únicamente con la aprobación de una ley en el Parlamento. No podemos conformarnos con promesas y discursos, tenemos que empezar a trazar de forma unitaria, entre todas las organizaciones LGTBI, sindicatos alternativos y organizaciones anticapitalistas, un plan de lucha para conseguir una Ley Trans y una Ley LGTBI estatales y con garantías. La libre decisión sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas es un derecho de toda la clase trabajadora, por lo que tenemos que incluir y llamar a todo el mundo a que se una a ella.
Los partidos que se autodenominan de izquierdas pero que en realidad gobiernan al servicio de las grandes empresas y bancos, y de los mandatos de la Unión Europea, lo único que hacen es poner frenos a la lucha social, dar falsas esperanzas para que no luchemos, y decepcionar a amplios sectores populares y de la clase obrera que dejan de confiar en ellos y son ganados por el discurso de la ultraderecha. Un discurso completamente reaccionario, encabezado por VOX, que ataca directamente y niega, los derechos más básicos del colectivo LGTBI.
Este aumento de la ultraderecha ya se está notando en los barrios y en las calles. A finales del mes de mayo dos parejas gays fueron víctimas de una agresión homófoba por parte de cuatro individuos armados, en Barcelona. Ese mismo fin de semana en Barcelona se registraron otros 3 ataques diferentes a 6 personas del colectivo. En total son 76 los casos de violencia contra el colectivo LGTBI registrados en Cataluña en lo que va de 2021, de acuerdo con los datos presentados por el Observatorio contra l’Homofòbia (OCH). A pesar de la falta de datos al respecto, según un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un 41% del colectivo LGTBI en el Estado español admite haber recibido amenazas, insultos o persecuciones. Aunque sabemos que son muchas más las víctimas de este acoso.
Por ello, hace falta construir una organización de lucha con un programa para la clase trabajadora y la juventud, incluidas las más oprimidas de la sociedad, para organizar la movilización en las calles, que es la única forma de conseguir y defender nuestros derechos. Únete a Corriente Roja en la lucha por:
