El 9 de Mayo terminó el segundo Estado de Alarma tras la pandemia, que el gobierno prorrogó por segunda vez durante seis meses. Este artículo pretende responder a dos preguntas claves: ¿Qué medidas permitía poner en marcha el Estado de Alarma? Y al hilo de esto: ¿Para qué ha servido y para qué NO ha servido esta medida excepcional que ha estado vigente 14 meses?

Por Corriente Roja

A la guerra contra el virus, con una Sanidad Pública recortada

A estas alturas es «vox populi» que el Estado español afrontó esta pandemia tras una década de recortes sanitarios, en la que el gasto sanitario a nivel estatal pasó del 6,1% al 5,6%, aún con diferencias entre CCAA. Madrid es la que tiene el menor gasto sanitario público en relación a su PIB. Unos recortes que el gobierno actual tenía la responsabilidad de afrontar en la gestión de esta pandemia.

Cuando llegó la Covid-19, nuestro sistema público estaba por debajo de la media europea en camas, en personal de enfermería y con un 30 por ciento de temporalidad entre el personal sanitario. Con un debilitamiento creciente de la Atención Primaria, ahora al borde del colapso en muchas CCAA y con un incremento de las listas de espera en los últimos años, que allanaba el camino a la sanidad privada. Aunque la ley de Sanidad del 86 preveía una única asistencia sanitaria, lo cierto es que en estos años el modelo se ha ido fragmentando en diversos «subsistemas».

Mientras, el gasto público para derivar pacientes a hospitales privados (conciertos) o para que los hospitales públicos sean gestionados por empresas privadas (concesiones) no dejó de crecer. Y ya sabemos que cuando la salud se privatiza, ¡deja de ser un derecho y un bien universal para pasar a ser un negocio!

A esto añadimos que el 87% de las casi 400.000 plazas ofertadas en residencias a nivel estatal, eran y son de gestión privada, lo que supone un negocio de casi 5.000 millones al año, de los cuales 2.000 millones son pagados por el Estado a un puñado de empresas privadas.

Cuando «la factura» de los recortes y la privatización, se paga en muertes

El primer Estado de Alarma permitió al gobierno central recentralizar las competencias. Esto significa que podían haber incautado todos los recursos de la sanidad privada, las residencias y demás servicios socio-sanitarios privados, así como los laboratorios, para poner en marcha un plan estatal de emergencia obligatorio para toda la red sanitaria. Igualmente hubiesen podido incautar los recursos de las empresas privadas y ponerlas a producir mascarillas y otros insumos que eran absolutamente necesarios en los primeros días, así como los hoteles y viviendas vacías en manos de los bancos, para garantizar alojamientos seguros para toda la población. Pero nada de esto se hizo. No hubo ni siquiera un refuerzo sanitario al alcance de lo que se necesitaba y las pocas contrataciones que se hicieron fueron temporales.

Por eso no se evitó que miles de ancianas/os murieran asfixiadas/os en las residencias de mayores, sobre todo en Madrid, donde -el que ha pasado a la historia tristemente como «Protocolo de la vergüenza»– prohibiera derivarlos a los hospitales públicos. Si en 2019 perecieron 2.560 residentes en Madrid, en 2020, fueron 8.839. Esto supone un incremento del 245%. También en Cataluña, el protocolo del Servicio de emergencias médicas dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con Covid.

42.918 personas fallecieron en residencias de mayores, según confirman los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, superan el 40% del total de fallecimientos en todo el Estado y prácticamente ninguna CCAA se libra de este drama.

Tampoco se llevaron a cabo las medidas sociales y económicas necesarias para garantizar un verdadero confinamiento de toda la población, en la primera ola. Un confinamiento que fue parcial y tardío y sólo aplicable a la población, NO a las empresas. Muchas para nada esenciales, siguieron abriendo sus puertas con normalidad durante semanas, obligando a sus trabajadores/as a exponerse al virus.

Matar mosquitos a cañonazos y el mismo error criminal

Tras una desescalada apresurada, la segunda ola llegó semanas antes de lo previsto, con un porcentaje alto de profesionales de baja o vacaciones, cuyas plazas no fueron cubiertas. El gobierno aprobó entonces un segundo Estado de Alarma como paraguas jurídico y un toque de queda que permitía que cada CCAA aplicase distintas medidas que en esencia son las mismas que se han llevado a cabo en todos los países europeos: cuarentenas en caso de contagio, restricciones a las reuniones sociales y a la movilidad, cierre total o parcial o limitación de horarios en bares y restaurantes y confinamientos perimetrales en base a la incidencia de contagios. Esto en algunos casos como la Comunidad de Madrid, terminó convirtiéndose en confinamientos clasistas y racistas en los barrios obreros, más golpeados por la pandemia.

Este gobierno «progresista» pidió la misma responsabilidad a quienes viven en pisos pequeños de barrios hacinados, soportan transportes públicos abarrotados que NUNCA se reforzaron y trabajan en lugares donde la distancia social es una ficción, que a quienes viven en exclusivas residencias y tienen acceso a los mejores cuidados sanitarios.

Pero de vuelta, ¡NADA DE REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA! Y cuando aún no habíamos salido de la segunda ola, tanto el gobierno central como los distintos gobiernos autonómicos, cometieron el mismo error criminal: priorizar la economía según exigencias de la patronal, a la salud, para intentar salvar la campaña de navidad. Al final, como sabemos, no lograron salvar ni la una ni la otra. La cifra de contagios, fallecimientos e ingresos en UCI en la tercera ola, fue incluso más dramática que en las dos anteriores y el retraso en la vacunación no pudo evitar el impacto de una cuarta ola.

Cuando de contener el virus se trataba, su ¡»sí se puede»! Y su «este virus lo paramos entre todos/as»se convirtió en una retahíla de prohibiciones, órdenes y contraórdenes mareantes. Pero el número de muertes y contagios no bajó en ningún momento de límites aceptables. El discurso de los gobiernos, apelando a la responsabilidad individual, no ha servido para evitar las sucesivas olas y han terminado por hastiar a un sector de la población. Y es que combatir la pandemia sólo con toques de queda o cerrando y abriendo bares, es como intentar «matar mosquitos a cañonazos».

Con tantas restricciones, han puesto en bandeja que el PP hiciese su campaña electoral en Madrid, en torno a una supuesta «libertad» que nos han quitado, catapultando en las encuestas a una Ayuso, reconvertida en «reina de los bares». En una Comunidad en la que unas 270.000 familias viven de la hostelería, la que ha sido responsable directa de la muerte de miles de ancianos/as en residencias, no sólo sale indemne de ello, sino que ha logrado una aplastante victoria electoral.

A las puertas de la Semana Santa, al menos doce comunidades se encontraban de nuevo con las UCIS en riesgo alto o extremo. Meter en una UCI a pacientes Covid, supone dejar fuera a otros que la puedan necesitar por otras urgencias y aplazar intervenciones previstas. Esto se traduce en más muertes. Además, el mismo porcentaje de ocupación puede tener implicaciones diferentes, según el número de camas. No hubo siquiera una mejor coordinación sanitaria para trasladar pacientes de unas zonas a otras menos saturadas.

Y ahora que llegaron las vacunas y hay hasta para elegir, la pregunta es, ¿por qué sigue sin haber una vacunación masiva aquí y en todo el mundo que evite tanta muerte? La respuesta es sencilla: porque son las multinacionales farmacéuticas las que marcan cuándo, dónde y a quién se vacuna.

El combate al virus como excusa para el recorte de libertades

Aunque el Estado de Alarma, a diferencia del Estado de excepción, no puede suspender ningún derecho fundamental, en la práctica se ha usado para el recorte de derechos y libertades y para reprimir la protesta social. Han sido también muchas las agresiones o amenazas policiales, que han dejado al descubierto el racismo, el machismo y la Lgtbifobia que sigue imperando en las instituciones de este régimen. Ejemplos de ello serían el encarcelamiento de Hasél y la violencia policial desatada en las protestas de Linares, o la prohibición del 8M en Madrid con una campaña de criminalización hacia el movimiento feminista. O la actuación policial entrando en fiestas privadas como en tiempos de la Ley Corcuera, sin autorización judicial. Una actuación policial que vulnera sus propias leyes y la Constitución (que a Iglesias tanto le gusta citar).

Todo ello en contraste con la permisividad y complicidad con las manifestaciones fascistas y de ultraderecha. Este gobierno «democrático y progresista», ha impuesto más de un millón trescientas mil propuestas de sanciones durante el Estado de Alarma, en base a la Ley Mordaza que supuestamente venían a derogar.

Una gestión militarizada y represiva que nos deja una Sanidad Pública más débil

En resumen, el Estado de Alarma ha servido a este gobierno para llevar a cabo una gestión militarizada y represiva de esta pandemia, de la que salimos con un exceso de mortalidad de más de 92.000 personas respecto a años anteriores desde que hay registros oficiales.

NO ha servido para reforzar la maltrecha Sanidad Pública y en especial la Atención Primaria, con el impacto por décadas que esto supondrá para la salud general de la población. Por el contrario, en algunas CCAA se avanzó en su privatización. Un ejemplo es el Zendal. Un «hospital» cuya factura cuatro meses después de su inauguración, se acerca a los 160 millones de euros.

En vez de crear empleo estable y de calidad, la gran medida sanitaria que anuncian es que se permitirá a los profesionales de medicina y enfermería jubilados seguir en activo para la gestión de la COVID-19.

Tampoco se han medicalizado las residencias ni se ha acabado con las subcontratas en ellas ni en el resto de servicios sociosanitarios. Y mucho menos se han expropiado las residencias privadas. Este gobierno ni siquiera ha sido capaz de derogar la Ley 15/97 ni asegurado la cobertura universal de la Sanidad.

Cuando aún estamos saliendo de la cuarta ola y el riesgo de colapso de las UCIS sigue siendo alto, algunos gobiernos autonómicos pidieron alargar el Estado de alarma o que el gobierno hiciese reformas legales para seguir aplicando medidas restrictivas sin que los tribunales puedan tumbarlas. A esto el gobierno respondió, decretando que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas. Esto es, deja la unificación de los criterios y las medidas para seguir luchando contra la pandemia, en manos de una institución que como el resto del aparato judicial del Estado, es heredera de la justicia franquista.

Convertir la rabia en lucha y en organización

Este gobierno, igual que los gobiernos autonómicos en lo que les corresponde y con los que ha actuado en total complicidad, es responsable de las muertes en residencias. Del incremento de mortalidad que ha supuesto el insuficiente refuerzo sanitario y de las muertes causadas por los retrasos en el plan de vacunación. Con su sumisión a los dictados de la UE, es igualmente responsable del genocidio que se está gestando en los países más pobres, al oponerse a liberar las patentes de las vacunas, aunque ahora cambió su discurso sobre este asunto.

Por eso, no queremos que este Estado de Alarma al servicio de los de arriba se extienda ¡ni un día más! Pero sí llamamos a convertir la rabia e indignación, ¡en lucha y en organización para luchar por las medidas que necesitamos! Desde Corriente Roja tenemos un programa y un partido que construir con ese objetivo.

¡Ven con nosotras/os o afíliate y ayúdanos a conseguirlo!