La violencia machista es una lacra social que hunde sus raíces en este sistema capitalista de violencia y desigualdad. La última macroencuesta en nuestro país, arroja cifras escandalosas: el 57,3% de las mujeres (y el 71% de las jóvenes), ha sufrido algún tipo de violencia. La mayoría de agresores son personas del entorno de la víctima.
Por Corriente Roja
Los delitos contra la libertad sexual subieron en 2019 un 11,3%. Hay más de mil denuncias al mes y se incrementaron en un 20% el número de menores condenados por estos delitos.
La pandemia aumenta la violencia machista y empeora las condiciones para enfrentarla
El confinamiento parcial durante el pasado Estado de Alarma, aumentó el riesgo de quienes sufren violencia machista a sufrir una agresión. Las llamadas al 016 se incrementaron en un 44%, así como las consultas on line y por otros medios telemáticos. Para paliar esta violencia el gobierno puso en marcha un plan de contingencia insuficiente que no garantizó alojamientos alternativos y seguros para todas las víctimas; especialmente a mujeres inmigrantes, en contexto de prostitución o del ámbito rural. El 70% de las mujeres asesinadas residían en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, donde estamos especialmente afectadas por la dependencia económica, el aislamiento o la dispersión de recursos. Las cuarentenas, el cierre de parques y jardines, espacios culturales o de ocio y el toque de queda nocturno en esta segunda ola de la pandemia, dejan a muchas mujeres atrapadas en el lugar que es más peligroso para ellas: su propio hogar.
Las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia colocan a las mujeres y más si son jóvenes, inmigrantes, racializadas o del colectivo LGTBI, en peores condiciones materiales y con menos recursos para salir de un entorno de violencia machista o enfrentar cualquier agresión.
El paro de las mujeres, mayoría en el sector servicios tan castigado desde marzo, duplica el masculino y al igual que no han prohibido los despidos en esta crisis sanitaria, sino que tan sólo se hicieron más caros, tampoco se paralizaron los desahucios. Las mujeres, al cargar con la responsabilidad de menores, personas mayores y dependientes, somos más afectadas por ellos. Una vulnerabilidad que se acentúa si sufres violencia machista. Aunque la Ley Integral contra la Violencia de Género establece que deben tener acceso prioritario a la vivienda, una gran parte de las solicitudes son rechazadas.
¡La vida y dignidad de las trabajadoras, sigue sin ser prioridad!
Violencia machista es también el acoso laboral que aguantamos debido a los altos índices de paro y precariedad o la esclavitud sexual disfrazada de «actividad laboral libremente elegida» que este gobierno dice querer abolir. Pero no basta cerrar los burdeles. Hay que ofrecer a las mujeres alternativas reales frente a ella. Un ejemplo de esta falta de voluntad, es el «Plan Nacional de inserción socio-laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución», que el Ministerio de Igualdad quiere poner en marcha en 2021, cuya cuantía ascenderá a ¡10 millones! ¿Es así como pretenden erradicar la trata y la prostitución?
El Ingreso Mínimo Vital no es solución para quienes están en situación de esclavitud sexual, en la economía sumergida, o necesitan romper la convivencia con su agresor. Por las trabas burocráticas para acceder a ella, porque las condiciones exigidas dejan fuera a muchas y porque su cuantía es irrisoria. Hasta septiembre, las víctimas de violencia machista con menores a cargo no podían siquiera solicitar el complemento de monoparentalidad al existir otro progenitor, aunque este no sea conviviente. El salario mínimo que condiciona nuestros sueldos y el IPREM por el que se rigen muchas ayudas que cobran sobre todo mujeres, es tan insuficiente, que de poco servirán las subidas simbólicas que recogen los nuevos Presupuestos. Y qué decir del miserable subsidio para las trabajadoras del hogar, que siguen sin derecho a paro, a merced de sus empleadores y la mayoría en situación irregular.
Saludamos el aumento en la partida para Igualdad y contra la violencia machista en los próximos Presupuestos. Pero aunque la derecha haya puesto el grito en el cielo por considerarlo «un despilfarro enorme», la realidad es que es el tercer Ministerio que menos fondos recibe y no son nada, comparado con el rescate millonario del gobierno a empresas con beneficios astronómicos triplicando el déficit público. Muchas de esas empresas «multiservicios» seguirán además gestionando servicios previstos «para el fomento de la igualdad», a golpe de precariedad laboral (femenina).
La ley de libertad sexual para que «solo SI sea SI» o de Protección a la Infancia y la Adolescencia, no servirá sin presupuesto para ponerlas en marcha. ¡Seguimos exigiendo la depuración de jueces y juezas machistas y franquistas, que aplican e interpretan las leyes! ¡La nueva Ley de Educación no garantiza la educación sexual como asignatura curricular, porque una parte de la Educación pública seguirá siendo concertada y en manos de la Iglesia!
¡No podemos bajar la guardia! ¡Por un plan de choque socio-sanitario para combatir la Covid-19 y la violencia machista!
Este gobierno dijo «que no iba a dejar a nadie atrás» y que esta nueva crisis no podía ser resuelta, profundizando la desigualdad de las mujeres. Por desgracia, las medidas adoptadas no caminan en ese sentido. En esta situación, no alcanza con hacer Jornadas, Seminarios o Campañas por las redes sociales. Más que nunca, es importante vincular la lucha por exigir más recursos para proteger a las mujeres que sufren violencia machista, a la lucha por las medidas sociales y económicas que necesitamos para poder afrontar esta crisis que siguen descargando sobre la clase trabajadora.
Para avanzar en igualdad y protegernos del machismo y su violencia, ¡necesitamos salarios y pensiones dignas, derogación de las reformas laborales y de la Ley de Extranjería y alternativas de alojamiento dignas, suficientes y seguras para pasar las cuarentenas!
Allá donde la derecha gobierna con apoyo de Vox, seguirá la presión para ignorar informes y negar la violencia machista, ya que para esta formación “las leyes de violencia de género acaban con la presunción de inocencia y acusan a los hombres por serlo”. No podemos permitir que el presupuesto destinado a ésta se utilice para otros fines ni que haya un sólo recorte más. No podemos regalarle las calles a quienes con su discurso racista y machista sólo defienden sus privilegios. Tampoco lavarle la cara a este gobierno, que no adopta las medidas sanitarias y sociales que necesitamos, se limita a decretar un falso confinamiento y mientras siguen los contagios, los Eres, los despidos o los desahucios, intenta criminalizar la protesta o impedir el derecho a huelga, como hace con las/os sanitarias/os.
La lucha contra la violencia machista es parte de la lucha de toda la clase trabajadora
La lucha contra la violencia machista es una tarea de toda la clase trabajadora porque con ella el capitalismo consigue dividirnos y debilitarnos. No queda otra que la movilización y la lucha, aún tomando todas las precauciones que sean necesarias. Desde Corriente Roja y la LIT, llamamos y nos sumamos a todas aquellas mujeres, jóvenes, trabajadoras/es y organizaciones, que siguen manteniendo el compromiso de que «Gobierne quien gobierne los derechos se defienden».
Que están hoy en primera línea organizándose y luchando para exigir un plan de choque sanitario y social frente a la Covid-19, que nos deja más indefensas frente a la violencia machista que igualmente azota el mundo y que se recrudeció con esta pandemia.
