El pasado 3 de mayo del año en curso, los venezolanos despertamos con la noticia de que un comando integrado por un grupo de supuestos mercenarios norteamericanos, acompañados de ex militares y ex policías venezolanos, habían sido capturados y otros asesinados, mientras intentaban una incursión armada en territorio venezolano, que fue detectada y neutralizada por las fuerzas de seguridad del estado, con un saldo de diez detenidos y al menos ocho muertos en el enfrentamiento.
Por: Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)-Venezuela
Según las informaciones emitidas por el gobierno, el comando terrorista tenía la pretensión de desembarcar en las costas del pueblo de Macuto (estado La Guaira) donde fueron capturados y se produjo el enfrentamiento, una detención similar de otra embarcación habría sido hecha en las costas de Chuao (estado Aragua) y con el paso de las horas se efectuaron detenciones en Puerto la Cruz (estado Anzoátegui). Una semana antes otra acción conspirativa habría sido frustrada en los Teques (estado Miranda). En el enfrentamiento de Macuto resultó abatido el ex oficial de las fuerzas armadas venezolanas conocido como El Pantera ex colaborador del Mayor General (r) Cliver Alcalá.
La noticia se propagó rápidamente y fue puesta en duda por amplios sectores de la población, llegando incluso a ridiculizar y minimizar los hechos, reacción lógica, si se tienen en cuenta las reiteradas actitudes mentirosas del gobierno en el manejo de la crisis, la permanente agitación de planes de magnicidio, tanto por parte del fallecido presidente Chávez como del actual mandatario, los montajes, denuncias de inverosímiles planes conspirativos y de acciones heroicas por parte del gobierno y sus aliados para detectarlos y desmontarlos, así como también la no menos conocida y poco creída por las masas, historia de la guerra económica, para intentar evadir su responsabilidad en la crisis económica, y las afirmaciones oficiales de sabotaje en la industria de electricidad, en la oportunidad de los apagones y en la no superada crisis eléctrica.
Horas y días más tarde algunos hechos permitieron ir esclareciendo la situación, como la captura de dos mercenarios norteamericanos Luke Alexander Denman y Airan Berry y otras como las de Josnar Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Baduel, la revelación de las declaraciones, reconociendo la existencia de una operación, calificándola como gesta libertaria y abrogándose la autoría de las incursiones, del ex boina verde gringo Jordan Goudreau, dueño de la empresa Silvercorp, perteneciente al ramo de empresas conocidas con el eufemismo de “contratistas de seguridad”, así como también las declaraciones de otros voceros de la operación como la de un militar disidente llamado Javier Nieto Quintero.
La denominada “Operación Gedeon” habría sido producto de un contrato para llevarla a cabo, firmado entre la mencionada empresa Silvercorp y Juan Guaidó, según periodistas afectos a la oposición patronal que incluso hicieron público dicho contrato.
Las contradictorias declaraciones de Guaidó, reconociendo la existencia de la operación, pero deslindándose de ella, aunque sin pronunciarse al respecto del contrato supuestamente firmado por el, terminan por confirmar la existencia de la misma.
Más allá de sus intentos de desligarse de la fallida incursión militar, no nos quedan dudas de las vinculaciones de Juan Guaidó en esta operación, más aún cuando uno de sus principales estrategas políticos, el derechista y ultrareaccionario, Juan José Rendón (mejor conocido como JJ Rendón), individuo también de estrechos vínculos con el uribismo y la ultraderecha colombiana, reconociera públicamente, en declaraciones a la cadena norteamericana CNN, la firma de dicho contrato entre el dirigente opositor burgues venezolano y la empresa Silvercorp, por un monto de 50 mil dólares.
Según JJ Rendón: “Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen con indicments (acusaciones), órdenes de captura, etcétera”. Y agrega: “El presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, por lo que se analizaron diferentes escenarios como alianzas con países, gente de adentro que se pliegue a la constitución, actores que estén afuera como militares retirados”. Denunciamos la responsabilidad directa de Juan Guaidó en esta fallida operación, en connivencia con el gobierno imperialista de Donald Trump y la derecha colombiana. Manifestamos nuestro total repudio a estas acciones injerencistas.
Este tipo de acciones, a juzgar por la evidentemente pésima planificación y la limitación de recursos empleados en la misma, están muy lejos de poder ser calificadas como un intento serio de intervención militar, como pretende hacer el gobierno comparándola con la invasión a Bahía de Cochinos, perpetrada por mercenarios yankees contra la revolución cubana, en la década de los sesenta.
Consideramos que se enmarcan dentro de las acciones militares de presión injerencista y provocación, reflejando y respondiendo a presiones de sectores radicalizados, desesperados y más lúmpenes de la derecha patronal venezolana, ejecutadas con la participación de ex militares, ex policías y miembros de bandas hamponiles, bajo la dirección temeraria de mercenarios y financiadas por capitalistas que apuestan a la remota posibilidad de obtener ganancias económicas, de ser exitosa su incursión, todo con el auspicio y autorización del imperialismo, la dirigencia de sectores de la oposición patronal venezolana, en este caso la encabezada por Juan Guaidó y sectores de la derecha continental, en esta oportunidad la derecha colombiana.
La Unidad Socialista de los Trabajadores (UST) ha sido categóricamente contraria al injerencismo imperialista y al golpismo en Venezuela, así como también a este tipo de acciones que nada tienen que ver con la movilización y organización de los trabajadores y las masas populares. Por lo que, ante la reciente acción aventurera separada de las masas, ajena por demás al movimiento, métodos y tradiciones de la clase trabajadora, expresamos nuestro más profundo rechazo y llamamos a la población a repudiarla.
Esta operación, más allá de sus fines inmediatos, ha tenido sin dudas, el objetivo de fondo de imponer a los trabajadores y el pueblo venezolano, una situación de hambre y miseria a niveles similares o peores a los que ya los somete la dictadura madurista.
A raíz de sus características temerarias, el aislamiento de las masas, las descoordinaciones en su planificación, que restringió sus recursos (se habla de fallas en la entrega de las armas y del dinero para contratar efectivos), vio limitadas sus posibilidades de éxito, terminando en un rotundo fracaso, sirviendo además al gobierno para victimizarse, desviar la atención de los reales problemas del país, como el hambre, la falta de combustible, las masacres carcelarias y el enfrentamiento entre bandas delictivas en barrios de la capital del país como Petare, tratando de ocultarlos y minimizarlos. Haciendo uso además de su aparataje mediático para bombardear a la población con la magnificación de la acción y la exaltación de su gran “eficiencia militar” y el “heroísmo del pueblo aliado” que frustro la operación.
Pero además le sirven al gobierno para justificar la acción represiva, el fortalecimiento sus aparatos de coerción y control social contra los trabajadores y habitantes de los sectores populares, criminalizar la protesta laboral, social y popular, acusándolas a todas de ser parte de un plan terrorista, complicando aún más las posibilidades para luchar contra el ajuste antiobrero que el gobierno aplica contra los trabajadores, descargando sobre sus hombros el peso de la peor crisis económica y social de la historia reciente del país.
En este contexto los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela solo podemos contar con la fuerza de nuestra movilización y autorganización. Esto significa que no podemos depositar ninguna confianza en mercenarios sus acciones “libertarias”, así como tampoco en el imperialismo que avala y deja correr este tipo de operaciones, ni en Guaidó y el conjunto de la oposición patronal, tenemos que denunciar la responsabilidad de este en la fallida incursión armada y repudiar la misma, debemos movilizarnos y organizarnos con independencia de estos sectores y contra su política de sanciones, bloqueos e injerencismo; para la defensa de nuestros derechos democráticos, exigir la libertad de los presos políticos, denunciar que el gobierno use la frustrada operación como argumento para ejecutar una razzia represiva y criminalizar la legitima protesta, pelear contra el hambre, luchar contra el paquete gubernamental antiobrero y antipopular, así como para derribar al gobierno hambreador, corrupto y represivo de Maduro.
