El primer trimestre del año 2024, comenzó en el país con una gran bronca acumulada, principalmente ocasionada por unos paupérrimos salarios, superando el salario mínimo apenas los 3$ mensuales, el cercenamiento de los derechos laborales, contractuales y sociales, la reiterada negativa por parte del gobierno de Maduro de decretar un incremento salarial, el persistente crecimiento de la inflación y en definitiva el deterioro general de las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo venezolano.
Por: Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)
Sección venezolana de la Liga Internacional de los Trabajadores (LITCI)
15/02/2024
Por tales razones, tal como estaba anunciado, el 2024, arrancó con una serie de importantes movilizaciones, donde una vez más fueron vanguardia los docentes y trabajadores educacionales, pero a las que se sumaron considerables representaciones de otros sectores laborales de la Administración Pública Nacional (APA) y empresas estatales, en al menos 20 estados del país y la ciudad de Caracas.
Así los días 09, 15 y 23 de enero, trabajadores y trabajadoras del sector público, universitarios, del sector salud, empresas estatales como CANTV y Corpoelec, activos, jubilados, y principalmente docentes y otros trabajadores magisteriales, se movilizaron en las capitales y principales ciudades del país (entre ellas Caracas, capital del país), para exigir aumento salarial acorde a la canasta básica, calculada en base al dólar referencial del Banco Central de Venezuela; la derogatoria de instrumentos antiobreros como el Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE, que conculcan los derechos laborales establecidos en los contratos colectivos y leyes vigentes en el país y empujan hacia abajo los pírricos salarios de los trabajadores públicos; por la restitución de los derechos laborales y sociales cercenados; el cese de los despidos, suspensiones, amenazas y chantajes contra los trabajadores que se movilizan en defensa de sus derechos, por elecciones libres en los sindicatos; contra la criminalización de la protesta laboral y social; por la libertad de los trabajadores presos por protestar; e inclusive por derechos democráticos más generales como la libertad de los presos políticos, el derecho a elecciones generales libres, la publicación del cronograma electoral, la convocatoria a elecciones presidenciales en este 2024 y el respeto a los derechos de libre participación en las mismas.
Las movilizaciones, fueron convocadas principalmente por el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL), las distintas intergremiales regionales en los estados, los sindicatos docentes y otras organizaciones independientes más pequeñas. En algunas entidades federales, las mismas tuvieron continuidad de varios días y este proceso apuntaba para generalizarse en todos los estados y expandirse a otros sectores laborales.
La respuesta represiva de la dictadura
Rápidamente el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, desató una nueva escalada represiva y de criminalización de la protesta, apelando al reiterativo recurso de afirmar la existencia de supuestas “conspiraciones” para derrocarlo y “planes de magnicidio”.
Dicha escalada, tuvo su punto destacado en la detención en el estado Barinas, del profesor y dirigente sindical, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Barinas (SINDITEBA) y/o de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATEV – Barinas), Víctor Venegas, junto a su hermano Jose Gregorio Venegas, sin orden judicial previa e ingresando violentamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la sede de FENATEV – Barinas. Secuestrando al dirigente, de quien hasta ahora se desconoce información oficial sobre su lugar de reclusión.
El día 15/01/2024, dos días antes de su aprehensión, el dirigente sindical había participado en el estado Barinas de la importante movilización nacional de protesta, convocada a propósito de la conmemoración del día del maestro en el país. Su secuestro se produce cuando se encontraba en la sede del sindicato, realizando una asamblea con los trabajadores del magisterio barinés.
Casos similares o intentos de los mismos se han repetido, en mayor o menor medida, en otros estados del país.
Seguidamente, mediante similares procedimientos, fueron aprehendidos, bajo la misma acusación, los coordinadores y jefes de campaña del partido Vente Venezuela Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López; en los estados la Guaira, Yaracuy y Trujillo respectivamente.
A esto hay que sumar la reciente detención (09/02/2024), en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, de la abogada, especialista en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, junto a cuatro miembros de su familia (estos últimos posteriormente liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país y de declarar ante los medios).
En todos estos casos, se repite el mismo patrón, detención arbitraria sin orden judicial previa, desaparición forzada durante varios días, presentación posterior sin contacto con los familiares y sin presencia de abogados defensores, imputación por cargos de “terrorismo y conspiración” y ninguna información oficial del centro de reclusión (en el caso de San Miguel la fiscalía informó de su reclusión en la sede del SEBIN en el Helicoide en Caracas).
Junto a estos nuevos casos, permanecen detenidos una importante cantidad de activistas obreros, dirigentes sindicales y activistas políticos opositores[1], entre los que destaca el caso de los trabajadores y sindicalistas de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), Leonardo Azócar y Daniel Romero, quienes fueron detenidos el pasado mes de junio de 2023, luego de apoyar una protesta exigiendo el cumplimiento de la contratación colectiva de los obreros de dicha industria, permaneciendo hasta ahora detenidos en la ciudad de Caracas, con procesos de juicios abiertos bajo las acusaciones de “terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio”; víctimas además de graves y fraudulentas violaciones al debido proceso judicial.
Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), denunciamos y rechazamos estas prácticas delincuenciales de los cuerpos de seguridad del gobierno de Maduro, afirmando que, no se trata de hechos aislados, ejecutados a libre albedrío de las autoridades nacionales o regionales de dichos cuerpos, sino que forman parte de todo un esquema represivo, organizado por la dictadura para intimidar y sembrar pánico entre los trabajadores que se movilizan por la defensa de sus derechos y también en la oposición política independientemente de sus posturas ideológicas. Patrón de represión que el gobierno aplica descaradamente y sobre el cual alardea de manera pública y abierta, denominándolo con el apelativo de “Furia Bolivariana”. Incluyendo el mismo, amenazas a organizaciones y dirigentes opositores de izquierda o derecha, ataques a sedes de los partidos y/o sindicatos (destrozos, pintas amenazantes, etc.), entre otros mecanismos de intimidación, todo esto con la anuencia e incluso la participación activa de los cuerpos de seguridad del Estado y el silencio cómplice de la Fiscalía General de la República y demás autoridades gubernamentales.
Afirmamos que estos hechos y la escalada represiva del gobierno de Maduro obedecen, por un lado, a su carácter de dictadura burguesa, enemiga de los trabajadores, que precisa ser cada vez más represiva para seguir aplicando el brutal ajuste a través del cual descarga el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre del país, y por otro a su temor a las protestas y movilizaciones obreras y su preocupación por que se desate una dinámica en las que estas se generalicen en todo el país en los más diversos sectores laborales, extendiéndose a los sectores populares, acelerando la crisis política de gobernabilidad y estabilidad burguesa, en un país en el cual estudios de opinión como los del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), un 85% de la población reclama un cambio político.
Exigimos la libertad plena e inmediata de todos los dirigentes sindicales y obreros presos, así como la de los presos políticos en general, exigimos el cese a la represión, a la criminalización de la protesta, el respeto al derecho a protestar y a los derechos democráticos de conjunto.
Las inhabilitaciones y la patraña del cronograma electoral
Pero, las posturas y maniobras antidemocráticas y dictatoriales del gobierno no se limitan a la privación de libertad de dirigentes y/o a la limitación de la misma a través de apertura de procesos judiciales, sino que se extienden a la suspensión de la legalidad de partidos o al secuestro de las direcciones de los mismos, a través de decisiones judiciales fraudulentas, mediante sentencias del pro oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); para nombrar en tales organizaciones juntas directivas que le sean afectas o le hagan una oposición más permeable y a su medida.
Este cercenamiento a través del TSJ de los derechos de organización política y de los derechos de participación de las organizaciones, se les aplica también directamente a dirigentes políticos opositores.
En tal sentido, el pasado 26/01/2024, el TSJ, tal y como era previsible ratificó la inhabilitación política, negándole el derecho a presentarse como candidata a un eventual proceso electoral presidencial, a la dirigente opositora burguesa María Corina Machado, junto a otros dirigentes políticos patronales como el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky.
La más reciente de este tipo de maniobras antidemocráticas del gobierno ha consistido en convocar, a partir del pasado 05/02/2024, desde la también pro oficialista Asamblea Nacional (AN) a “los sectores políticos del país” para discutir un cronograma electoral, asegurándose claro está, la presencia en tal diálogo de los sectores políticos que le son afectos y de la “oposición” construida a su conveniencia, quienes fueron los que principalmente asistieron a dicha convocatoria.
Vale decir que esto es algo, totalmente ajeno a las competencias de la AN, siendo que es el Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano competente para, de manera autónoma y obligatoria por ley, elaborar y publicar el cronograma electoral, como han venido exigiendo organizaciones y actores políticos del país que, dicho sea de paso, no asistieron a tal mesa de diálogo.
La UST, rechaza categóricamente las pretensiones del gobierno dictatorial de Maduro de abrogarse el poder de decidir quiénes pueden o no participar en un eventual proceso electoral, impidiéndoselo a aquellos candidatos que tienen posibilidades reales de derrotarlo y permitiendo e incluso estimulando la participación de aquellos que no tienen ninguna posibilidad pero que le sirven para dar una apariencia supuestamente democrática.
Denunciamos que, con las inhabilitaciones y la patraña de un cronograma electoral aprobado a su conveniencia en el fraudulento diálogo en la AN, y que, según el Presidente de la misma, el oficialista Jorge Rodríguez, será consignado el viernes 16/02/2024 para su aprobación y publicación; el gobierno de Maduro no está haciendo sino preparar unas elecciones presidenciales totalmente fraudulentas, siendo que carece de apoyos y votos para salir triunfador en unas elecciones que se realicen cumpliendo las formalidades legales de la democracia burguesa y contra candidatos con reales opciones.
Luego que la maniobra del Esequibo, no les funcionase para intentar suspender el proceso electoral, donde al contrario la escasa participación de la población en el Referéndum del 03/12/2023 les dejó claro la dificultad de apelar a ese recurso para suspender las elecciones vía decreto de un estado de excepción; y previo a esto, la alta participación de la población en las primarias opositoras (donde resultara ganadora la inhabilitada María Corina Machado) el gobierno ha llegado a la conclusión de la imposibilidad de compaginar el cumplimiento de los acuerdos de Barbados con su permanencia en el poder.
Es por eso que a toda costa intentan preparar unas elecciones a su medida y favor, con un CNE totalmente controlado por el oficialismo, con inhabilitación de candidatos con opciones reales de triunfo ilegalización de partidos de derecha o izquierda, secuestro de direcciones partidarias, colocando juntas directivas afectas al gobierno, monopolizando el control de los medios de comunicación y disponiendo a su antojo de los recursos del Estado para su campaña electoral, además de estimular la división de la oposición financiando candidaturas títeres, cómplices del gobierno y sin ninguna posibilidad de victoria electoral.
Desde la UST, defendemos los derechos democráticos de participación electoral de cualquier organización y dirigente de presentar su candidatura, más allá del acuerdo o desacuerdo que podamos tener con la propuesta política – programática de esa candidatura, rechazamos las pretensiones del gobierno de imponer un cronograma electoral a su conveniencia, donde seguramente establecerán plazos que dificultaran la actualización del registro electoral, la participación del voto en el exterior y la preparación de condiciones para participar en los comicios. Rechazamos de conjunto las pretensiones fraudulentas de la dictadura de Maduro.
Una aclaración importante
Es pertinente señalar que, si bien rechazamos la postura autoritaria del gobierno de inhabilitar candidatos a su conveniencia, compartiendo el repudio de la mayoría de los trabajadores y de la población en general a dicha postura y defendiendo el derecho de participación en las elecciones de cualquier candidatura, incluso la burguesa de María Corina Machado (MCM), aclaramos que, no consideramos, que esta represente, alguna opción favorable para los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela, ni siquiera como alternativa democrática, como muchos sectores de los trabajadores, de la población, organizaciones y dirigentes políticos, inclusive de izquierda estiman, contraponiéndola al sin dudas autoritario, dictatorial, antiobrero y hambreador gobierno de Maduro.
Al contrario, MCM, en su programa político – económico de gobierno, ha dejado claro que priorizará por los pagos de deuda externa (algo en lo que fue especialista Chávez y su sucesor Maduro y que condujo al país a la mayor crisis de su historia reciente), con las consabidas consecuencias que esto tiene en deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares, ha afirmado incluso, discutir una reestructuración de la deuda, que como la experiencia histórica muestra, siempre viene acompañada de programas de ajustes estructurales que terminan descargando el peso de la crisis y de la deuda sobre los que viven de su salario y los pobladores humildes.
MCM, ha sido enfática en sostener que llevará a cabo un agresivo programa de privatizaciones y reprivatizaciones de empresas estratégicas del Estado, incluso de PDVSA, imponer disciplina fiscal y garantizar rentabilidad de las empresas, lo cual es un eufemismo para decir que va a rematar el país para los capitales principalmente imperialistas, que se va a aumentar el costo de los servicios básicos y que pagaremos más impuestos de los que ya pagamos, todas medidas similares a las del ajuste que ya nos aplica Maduro, esto sin mencionar una sola palabra sobre aumento salarial y contra la bonificación del ingreso de los trabajadores.[2]
En torno a los pírricos salarios, la propuesta de FEDECÁMARAS[3] de bonificación del salario y de una vacatios legis, que elimine “temporalmente”, las prestaciones sociales y su carácter retroactivo, así como los demás efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; como condición para aumentar el salario; MCM no dice nada, sin embargo, ese silencio y su carácter de empresaria con negocios, sociedades y compañías afiliadas a la mencionada cámara empresarial, nos hace suponer que coincide con las propuestas de sus colegas burgueses de FEDECÁMARAS, más que con los intereses de los trabajadores dispuestos a votarla.
Por otro lado el carácter democrático de MCM, está bastante en entredicho, siendo que en el pasado, apoyó los intentos golpistas de 2002 y el lockout patronal de 2002 – 2003, que pretendían imponer por la fuerza el gobierno de sus aliados políticos sin importar la legitimidad del mismo, rechazó los resultados del referéndum de 2004 sin importar la voluntad popular que se expresó mayoritariamente en las urnas en favor del gobierno de turno, ha apoyado abiertamente gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, que modificó a su conveniencia la constitución en Colombia para reelegirse y bajo cuyos gobiernos prevaleció la narcoparapolítica, instaurando un régimen de terror, en el que a través de la policía y el ejército colombianos, asesinó y encarceló dirigentes sindicales, populares, indígenas y jóvenes por defender sus derechos democráticos, incluso el elemental derecho a la vida. Además, ha apoyado abiertamente a gobiernos de ultraderecha de posturas claramente bonapartistas como el de Donald Trump en EE.UU., Bolsonaro en Brasil y ahora Milei en Argentina.
Por último, en ocasión del inicio del genocidio del Estado Nazi – Sionista de Israel contra el pueblo palestino, MCM, fue la primera dirigente venezolana que salió a expresar su solidaridad y su apoyo al sionismo israelí, más aún, su partido, Vente Venezuela, tiene suscrito acuerdos de cooperación con el Likud, el partido de ultraderecha de Israel, del actual Primer Ministro Benjamín Netanyahu, que es el principal responsable de la aplicación de una política de apartheid y de las matanzas colectivas contra la población palestina en la Franja de Gaza.
La necesidad de la unidad y de una alternativa de los trabajadores y los sectores populares
Es por todo esto que no creemos que ni la dictadura hambreadora de Maduro, ni la falsa “alternativa democrática” de MCM, ni ninguna candidatura burguesa, son opciones favorables para la clase obrera venezolana, por lo cual la misma, no debe cesar en su movilización y debe retomar el camino del primer semestre de 2023 y del primer mes de 2024.
En este sentido, exhortamos al Comité Nacional de Conflictos de Trabajadores en Lucha (CNCTL), así como a espacios como el Encuentro por la Defensa de los Derechos del Pueblo a aunar esfuerzos para construir la más amplia unidad de los que se vienen movilizando, para seguir profundizando el ascenso de luchas, convocando con amplitud, pluralidad y espíritu democrático a otros sectores de trabajadores y espacios de organización de estos, para construir esa unidad y fortalecer las luchas.
El mismo llamado se hace para las federaciones y sindicatos que están al frente de sectores laborales que han mostrado disposición para la movilización, creemos que la Federación Venezolana de Maestros, así como las otras federaciones del sector magisterial, deben retomar el camino de las asambleas de base y de los comités de conflicto por centro de enseñanza, no para que existan de manera formal, sino para que efectivamente, de manera democrática discutan las acciones y mecanismos para profundizar la lucha del magisterio en aras de construir la huelga general nacional del sector.
Apoyamos la pretensión del CNCTL de realizar un congreso nacional de trabajadores a mediados del año en curso, por considerar que el mismo puede y debe servir para fortalecer las luchas de los trabajadores en el país, dotándolas de un programa construido con una perspectiva de independencia de clase. Creemos que el congreso debe tener como objetivos, servir de base para el surgimiento de alternativas de independencia política de la clase trabajadora, es decir, sin compromisos con las opciones burguesas que se disputan el poder en el país (ni con la que lo ostenta, ni con la que lo aspira) dotar a la clase obrera de un plan de luchas nacional unificado y de un programa construido desde su perspectiva, así como también, servir para el surgimiento entre los trabajadores de nuevos liderazgos y direcciones que se enfrenten a las burocracias sindicales y sus pretensiones antidemocráticas, impulsando la lucha por elecciones libres en los sindicatos, gremios y federaciones con sus periodos vencidos, en aras de la relegitimación del movimiento sindical venezolano.
En el terreno electoral consideramos pertinente impulsar una discusión de aspectos programáticos, para construir a través de espacios de discusión democrática de los trabajadores una propuesta alternativa de programa para el país desde la perspectiva de la clase trabajadora y partiendo de las necesidades más sentidas de esta, en contraposición a los programas de las alternativas burguesas ya conocidas, creemos que el eventual congreso de mediados de año, puede y debe ser un espacio (aunque no el único) de conclusiones para esa discusión, como paso previo a construir una candidatura independiente de la clase obrera y los sectores oprimidos.
Sin embargo, estamos convencidos, que, los regímenes dictatoriales, tales como el de Venezuela en la actualidad, por lo que nos muestra la experiencia histórica de Latinoamérica (así como de otros continentes), solo se tambalean, se quiebran y caen, producto de la fuerza de las movilizaciones de la clase trabajadora y los sectores populares, es decir, del movimiento de masas, por tal razón consideramos que dicho programa y una eventual candidatura de independencia de clase deben ser construidos al calor de las luchas obreras y populares, que son deber de todos los que nos reivindicamos del movimiento obrero seguir impulsando, sin subordinarlas a ningún evento electoral, al contrario sólo la movilización obrera y popular nos puede llevar a conquistar un proceso electoral con relativas garantías democráticas.
Por último, solicitamos a las organizaciones de la clase obrera a nivel internacional, manifestaciones de solidaridad y de exigencias de libertad para los trabajadores presos y perseguidos en Venezuela, así como de apoyo a las justas luchas que hoy libra la clase trabajadora venezolana por aumento de salario y demás reivindicaciones arrebatadas por el gobierno burgués y dictatorial de Maduro.
[1] Según cifras de organizaciones como el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón se estima que, en la actualidad, hay más de 319 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y además más de 15.700 han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos, con la consiguiente apertura de procesos judiciales. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/08/facts-figures-politically-motivated-detentions-venezuela/
[2] Medidas similares a estas ya viene aplicando Maduro, remata el para las transnacionales chinas, rusas, pero ahora incluso norteamericanas y canadienses, MCM sólo se diferencia en que seguramente priorizará por las gringas. Maduro ya viene privatizando y reprivatizando importantes sectores de las empresas del Estado, además desde 2018, exoneró de pagar impuesto sobre la renta a las transnacionales del sector petrolero y de importación de alimentos al mismo tiempo que decretaba un incremento del impuesto al valor agregado (IVA); las tarifas de la telefonía pública aumentan todos los meses, a la par que se permite libremente el incremento de las tarifas de las empresas privadas de telefonía celular, ahora adelanta un plan para cobrar al conjunto de la población las “deudas” por concepto de servicio de electricidad y a partir de allí poner a todos a pagar el servicio – Plan Borrón y Cuenta Nueva – , y ahora propone a la AN una reforma fiscal; todo esto mientras mantiene el salario congelado en 3,6 $ mensuales.
[3] Principal cámara empresarial del país.
