Segundo artículo de la serie “Los primeros pasos de Trump”.
Además del análisis sobre su personalidad y las consecuencias de su política, cabe preguntarse si Trump es un “loco suelto” o expresa un sector de la burguesía estadounidense. El gabinete que nombró, en su gran mayoría, acompaña su perfil ideológico con figuras muy reaccionarias, xenófobas, machistas, antiabortistas y aislacionistas en política exterior. Es el caso de Steve Bannon, su principal asesor, considerado el cerebro de su gobierno.
Por: Alejandro Iturbe
Pero este “emergente” expresa un sector de la burguesía que respalda su gobierno. En primer lugar, el sector petrolero. Su secretario de Estado es Rex Tillerson, ex presidente de la principal petrolera del país, la Exxon. Posiblemente cuenta con el apoyo de sectores importantes de la construcción (el ramo principal de sus empresas), de la producción agraria y de una burguesía industrial media, perjudicada con el traslado de industrias a China y otros países. Con su oposición, estos dos últimos sectores fueron uno de los factores que contribuyeron a la no implementación del ALCA a inicios del siglo XXI, y ahora empujan hacia una modificación del cuadro que generó la globalización y los acuerdos internacionales de libre comercio en la estructura económica del país (reducción del peso de la industria y gran aumento del sector de finanzas y servicios).
En este intento de giro, así sea parcial, para contrarrestar la dinámica de los procesos profundos de la economía mundial de las últimas décadas, Trump se apoya en un elemento de la realidad mundial: los beneficios de la globalización para las grandes empresas multinacionales parecen haber llegado a un límite.
Un artículo de la revista británica The Economist analiza que: “Su desempeño financiero (el de las empresas multinacionales, NdE) empeoró tanto en los últimos años que ya no superan a las compañías locales. Muchas parecen haber agotado su capacidad de reducir costos y obligaciones tributarias. Y ya no se muestran más innovadoras que sus competidoras locales […] En la mayoría de los sectores de la economía, estas empresas actualmente crecen a un ritmo más lento y son menos lucrativas que las compañías locales que prefirieron no aventurarse en otros lugares”. [1] Esta es una base objetiva que intentan aprovechar las corrientes de lo que hemos denominado “nacionalismo imperialista” (en Estados Unidos y Europa) en su intento de revertir el retroceso que sufrió la “industria nacional” ante la “globalización productiva” (y el traslado de numerosas industrias a China y otros países).
Pero avanzar en este terreno significa enfrentar obstáculos mucho más complejos y de peso que este factor que hemos analizado. Las empresas multinacionales y globales dominan gran parte de los mercados de productos y servicios en Estados Unidos y en el mundo. Difícilmente estén dispuestas a ceder terreno sin dar una pelea feroz para defender su espacio y su dominio.
Veamos dos ejemplos. Trump exigió a la General Motors (GM) y a la Toyota que trasladen sus plantas en México (especializadas en autos pequeños) a Estados Unidos y amenazó aplicarles un impuesto de 20% a la importación de esos autos si no lo hacen. La japonesa Toyota (segunda empresa automotriz mundial) respondió que Trump no tenía el poder de decidir dónde ellos fabricaban sus autos. La GM (ligada y dependiente del Estado yanqui desde su “reconversión” años atrás) quizás se vea obligada a obedecer la orden de levantar la planta de México. Pero ya está preparando las condiciones para reemplazar esa producción con la de sus plantas en Brasil y Argentina.
Otro ejemplo ha sido el decreto de salida de Estados Unidos del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) que involucraba a varias de las principales economías del mundo (EEUU, China y Japón). Esa medida ha recibido durísimas críticas de políticos y grandes empresas por abandonar un espacio comercial privilegiado.
Esta medida se vería complementada con la propuesta de aplicar un impuesto de 20% a las importaciones desde China (para forzar la reinstalación de plantas industriales en Estados Unidos). El problema es que se estima que esto encarecería un 14% los precios de los productos industriales de consumo en el país. Por ejemplo, de los celulares y computadoras fabricados en China. Con ello, por un lado, se golpearía duramente la “recuperación económica moderada” que vive Estados Unidos en los últimos años ya que el consumo ha sido el factor central que la impulsó. Por otro lado, significaría un nuevo golpe al nivel de vida de los trabajadores y las masas ya que el precio más barato de estos productos importados era un factor que compensaba parcialmente la caída de los salarios. También sería un golpe a las grandes empresas de acción internacional ya que encarecería sus costos de producción.
No es casual, entonces, que grandes varias de estas empresas, como las del polo tecnológico del Sillicon Valley de California (uno de los sectores más dinámicos de la economía del país) o la propia Ford hayan salido a criticar duramente las medidas de Trump. No solo aquellas que afectan la economía sino, esencialmente, como veremos, sus medidas políticas.
Es necesario señalar que dos medidas impulsadas por Trump sí cuentan con el apoyo de sectores burgueses importantes. La primera es la reducción de los “impuestos corporativos” (a las empresas) en la línea de la política aplicada por Ronald Reagan en la década de 1980 (lo que ha llevado a llamar esta orientación de “trumpeconomics” en analogía con la “reaganomics”). La segunda es la derogación de partes de la ley Dodd-Frank (aprobada en 2008 luego del inicio de la crisis económica y la caída de varios gigantes financieros), que incluía prohibiciones para que las instituciones financieras operen títulos en beneficio propio. Como es lógico, esta propuesta, que aún debe ser tratada en el Congreso, ha recibido un fuerte apoyo del sector de los bancos y las finanzas, que siempre buscan aprovechar los espacios favorables a sus intereses. Es un claro intento de Trump de desbloquear un sector que, históricamente, se ha inclinado más hacia el partido demócrata.
La crisis abierta con el “muslim ban”
Los numerosos decretos emitidos por Donald Trump en sus primeros días de gobierno abarcaron una amplia gama de temas. Algunos fueron más que nada simbólicos (como la eliminación de la página en español y la del calentamiento global del sitio web de la Casa Blanca) o ideológicos (como la profundización de la política, ya existente con Obama, de no financiar con fondos federales el aborto legal). Otros sí tenían consecuencias prácticas, como la de la construcción del muro en la frontera con México o la salida del TPP.
Pero el que generó una verdadera crisis fue el llamado “muslim ban” (veto a los musulmanes) que prohibía la entrada a EEUU de los ciudadanos provenientes de siete países musulmanes (Libia, Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) incluyendo aquellos que tenían visas previas para su ingreso o permisos de residencia en el país. El decreto se concretó en la detención en los aeropuertos de quienes se encuadraban en él, algunos de los cuales volvían a sus casas después de un viaje al exterior. El decreto también suspendía por 120 días la aceptación de refugiados provenientes de esos países (con mucho peso en el caso de Siria).
En un artículo de Voz de los Trabajadores, ya publicado en este site [2], se analiza en profundidad la respuesta del movimiento de masas a esta medida y la reacción de otros sectores del país. Aquí queremos destacar algunos aspectos.
El primero es que, además de la reacción del movimiento de masas, esta medida profundizó la grieta de importantes sectores burgueses con Trump, como venimos analizando. Grandes empresas, como las del Sillicon Valley (entre otras, Google, Facebook y Apple) salieron a criticar duramente la medida, y lo propio hizo la Ford. La gran cadena de cafeterías Starbucks anunció que, en respuesta a esa medida, contrataría 10.000 inmigrantes.
Medios burgueses muy importantes como el New York Times, el Washington Post y la cadena NBC criticaron duramente la medida y dieron amplia cobertura a las manifestaciones (el Washington Post incluso las transmitía en directo en su página web). Otros medios como The Guardian llegaron a hablar de la necesidad de una “resistencia pacífica masiva” y hasta de una huelga general si Trump persistía en aplicarla.
El segundo aspecto es que la medida produjo una crisis institucional con una parte del sistema judicial del país. En pocos días, dos jueces emitieron dictámenes contra ella y ordenando que no se aplicara. Primero fue la jueza Ann Donnelly, de Brooklyn (Nueva York) y, pocos días después, el juez federal de Seattle (Estado de Washington), James Robert.
Lo cierto es que estas decisiones generaron un verdadero caos en la aplicación de la medida. Las policías locales (dependientes de las alcaldías), según la orientación dada por los alcaldes, se dividían entre aquellas que no la aplicaban y aquellas que sí. Lo mismo ocurría con las autoridades de los aeropuertos. Por su parte, el DHS (Departamento de Seguridad Interior, un organismo federal) se disciplinaba a Trump y la llevaba adelante. Todo esto, en el marco de movilizaciones contra la medida, que rodeaban los aeropuertos y, en el caso del JFK (Nueva York), con la huelga del sindicato de taxistas y la afluencia de numerosos abogados a asistir gratuitamente a los detenidos. Incluso Sally Yates, fiscal general de Estados Unidos, ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no procesaran esa orden por considerarla “inapropiada”. Poco después, Trump la relevaba de su cargo.
Con su estilo fanfarrón, Trump atacó a James Robert, en varios tuits: “¡La opinión de este supuesto juez, que básicamente nos quita [la capacidad] de aplicar la ley, es ridícula y será anulada!». Sin embargo, hasta ahora, ha sufrido varios reveses judiciales y diversas cortes de apelación de diversos Estados (como Washington y California) han ratificado la no aplicación de la medida. Más allá de su tono arrogante, lo cierto es que esta “rebelión judicial” y, esencialmente, la movilización de masas obligaron a Trump a retroceder y suspender la medida, lo que representa una primera derrota de su gobierno.
Claro que el gobierno no se dará por vencido y ya ha anunciado que seguirá la “vía judicial”, lo que significa que el tema acabará siendo definido legalmente por la Suprema Corte. El tema es que actualmente esa Corte tiene ocho miembros y los analistas estiman que una votación daría hoy un empate en 4 votos a favor de Trump y cuatro en contra. Trump confía en que el Congreso apruebe a su candidato Neil Gorsuch como el noveno miembro faltante y así lograr la mayoría en la Corte y un fallo favorable a la aplicación de su decreto. Pero el propio candidato de Trump lo ha criticado diciendo que su accionar “debilita y desmoraliza al sistema judicial”.
Incluso si el decreto fuera aprobado en la Suprema Corte, eso no elimina dos hechos. Por un lado, el altísimo costo político e institucional que pagaría por ello. Por el otro, que las organizaciones que convocaron a las movilizaciones a los aeropuertos ya anunciaron que volverán a llamarlas si se producen nuevas detenciones y prohibiciones de ingreso al país.
Notas:
[1] Ver “As multinacionais em maus lençóis” en: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,as-multinacionais-em-maus-lencois,70001645932 (las traducciones al español son nuestras)
[2] Ver “No al Veto. No al Muro. ¡Refugio para todos!” en: http://litci.org/es/mundo/norteamerica/estados-unidos/no-al-veto-no-al-muro-refugio-para-todos/
Lea también: El primer mes de Trump. http://litci.org/es/mundo/el-primer-mes-de-trump/
En la próxima entrega: “Trump y el mundo”.
