Las imágenes de las quemas en el Pantanal y en la Amazonía toman nuevamente los noticieros y muestran la mayor ola de quemas hasta hoy registrada por sistema de monitoreo por satélite. Solo en el Pantanal se calcula que el fuego destruyó más de 2,3 millones de hectáreas, lo que representa más de 15% de toda la extensión del bioma en el Brasil. Los incendios en el bioma crecieron 223% entre enero y el 9 de setiembre, en comparación con el mismo período de 2019.
Por: Jeferson Choma
El año 2020 ciertamente quedará en la historia y va a superar las quemas del año pasado en la Amazonía. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), solo en agosto la región registró 29.307 focos de incendio. En los primeros nueve días de setiembre, la selva amazónica ya tuvo 12.412 focos de calor detectados por el Inpe, un número que pasa de la mitad de lo que fue registrado en el mes entero el año pasado: 19.925. Los alertas de desmonte subieron 68% en agosto de 2020 en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).
En agosto, el Estado que registró el mayor número de incendios es el de Pará, seguido por el Mato Grosso. En esos Estados hay siete municipios con los mayores rebaños de ganado del país. Además, los dos Estados juntos tienen un rebaño bovino de aproximadamente cincuenta millones de cabezas de ganado. Si los dos Estados juntos fuesen un país, podrían superar a la Argentina, el sexto país con mayor rebaño en el mundo.
Las consecuencias ambientales de ese modelo subalterno de desarrollo pueden ser conferidas en una imagen de satélite que muestra el humo de las quemas en la Amazonía y el Pantanal, que se extiende por más de 3.000 km del territorio del país, y da una noción amplia de la tragedia. Ciudades enteras están cubiertas de humo. Hay relatos de que la vida de los indios en las aldeas del Parque Indígena de Xingu está irrespirable, y que algunas casas fueron incendiadas. Las quemas avanzan por todas las fronteras del parque.
Imagen de satélite divulgada por el Inpe muestra la columna de humo sobre el país.
Incluso con la prueba incontestable de las imágenes de satélite, el vicepresidente de la República, Hamilton Mourão, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, publicaron en red social un video producido por un hacendado que niega que la Amazonía se esté quemando. Además, las imágenes muestran un mico-león-dorado [mono de cola larga y pelaje dorado que en la cabeza parece el de un león], animal que solo se encuentra en la Mata Atlántica. El video expuso nuevamente al ridículo un gobierno que miente sobre la Amazonía, incentiva el desmonte, las quemas, el grillaje, y la invasión de tierras indígenas.
Desmonte de la fiscalización ambiental
La mayor prueba de esto es el desmonte de la estructura de fiscalización y combate a la deforestación. Hacia finales de agosto, el ministro Ricardo Salles anunció la suspensión de las actividades de fiscalización, luego de la noticia del bloqueo de cerca de 60 millones del presupuesto en la cartera –R$ 20,9 millones del Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y los Recursos Naturales] y R$ 39,7 millones de ICMBio [Instituto Chico Mendes de la Biodiversidad]–.
Los dos organismos pasan por un profundo desmonte. El Ibama, por ejemplo, tuvo corte de 4% en las remesas, para R$ 1,65 mil millones. Con todo, 31% del dinero del Instituto (R$ 513 millones) aún depende de crédito extra a ser aprobado por el Congreso. En el ICMBio, el corte fue aún mayor, de 12,8%, y por lo menos 43% del dinero actual está sujeto al aval del Congreso.
Hay más: según el levantamiento hecho por el Observatorio del Clima, Salles gastó R$ 105.409 en las acciones directas sobre el presupuesto entre enero y agosto de este año. El valor corresponde a 0,4% del dinero total que debería ser destinado para fortalecer la política ambiental.
La devastación y las quemas baten récords y también comprueban toda la necedad de la llamada Operación Verde Brasil 2, comandada por el general Mourão. Hay varias denuncias de que integrantes de las Fuerzas Armadas avisan a los deforestadores antes de realizar las operaciones de fiscalización. O, incluso, simplemente dispensan la ayuda de los fiscales del Ibama, con más informaciones y experiencia de combate a este tipo de crimen. No obstante, mientras los organismos de fiscalización agonizan sin estructura, dinero y fiscales suficientes para combatir la deforestación, la operación de las Fuerzas Armadas en la región cuesta más de R$ 60 millones mensuales. Con ese valor daría para hacer concurso, y contratar y pagar salarios para nuevos empleados que actuarían en la fiscalización. Pero no es eso lo que el gobierno quiere.
El desmonte de la fiscalización es apenas el primer paso del plan del gobierno para acabar con la fiscalización y la legislación ambiental. Su agenda de propuestas incluye cambio de orientación que trata de las reglas de demarcación de tierras indígenas, el permiso a la minería y la generación de energía en tierras indígenas, el afloje en la punición a los “garimpeiros” [buscadores de oro] que actúan de forma ilegal, y la revisión del tamaño de áreas de protección ambiental. Además, como ya lo dijo innumerables veces, Bolsonaro quiere explotar la Amazonía en sociedad con Estados Unidos.
Incendios sirven al robo de tierras
Donde hay humo y fuego, hay también robo de tierras públicas, violencia y desmonte que exponen todo el bandidismo del agronegocio y su carácter destructivo. Esa es la realidad por detrás de los incendios que se extienden por el país, en particular en la Amazonía, donde gran parte de las tierras son públicas y, por eso, son blanco de la acción de los hacendados. En el Pantanal también son los hacendados del agronegocio que están por detrás de los incendios. La propia Policía Federal que investiga en la Operación Maitáá [fuego en el idioma guató, en referencia a los indios Guatós que viven en las proximidades de las áreas afectadas, ndt.] ve en el caso indicios de quemas deliberadas para la creación de áreas de pasto donde antes había mata nativa. Por eso, fueron a la casa de hacendados y requisaron celulares, computadoras y documentos.
La abertura o la expansión de una estancia tiene como paso inicial el robo de tierras públicas para convertirlas en propiedad privada. En ese proceso, el primer acto es el desmonte seguido de incendio en la mata requisada. Después, se planta capim [forrajeras], se ponen cercas y algunas cabezas de ganado. Finalmente, viene el grillaje, o sea, el proceso fraudulento que crea documentos falsos de posesión de la tierra, en el cual el hacendado [estanciero] tiene ayuda de funcionarios del Estado y de las escribanías [de tribunales].
El término grillaje viene de una práctica antigua de envejecer documentos forjados para conseguir la posesión de determinada área de tierra. Para que quedasen con aspecto de documentos viejos, los papeles falsificados eran puestos en una caja con grillos. Con el pasar del tiempo, la acción de los insectos daba a los documentos una apariencia envejecida.
En el Brasil, la tierra es usada como reserva de valor. Es un equivalente de capital, usado de forma amplia en la especulación financiera de las bolsas de valores. Después de grillar la tierra, el estanciero pone algunas cabezas de ganado, dice –sacando pecho— que es productor, jura que adquirió la tierra con el esfuerzo de su trabajo y la hipoteca con intereses subsidiados. Cada dos por tres, los gobiernos de turno perdonan muchas de esas deudas o incluso promulgan leyes regularizando el grillaje.
En junio de 2009 el entonces presidente Lula, por medio de la Ley 11.952, autorizó la emisión de títulos de áreas públicas de hasta 1.500 hectáreas en la Amazonía, ocupadas y deforestadas ilegalmente hasta diciembre de 2004, y dispensó la inspección previa para la emisión de títulos para áreas de hasta 400 hectáreas.
En diciembre de 2016, por medio de la Medida Provisoria (MP) 759, Michel Temer (PMDB) alteró la Ley 11.952/2009, aumentando el área posible de regularización hasta 2.500 ha, y mudó el marco temporal para regularización de tierras públicas invadidas, para diciembre de 2011.
En diciembre de 2019, con la MP 910, Jair Bolsonaro, aumentó para 1.500 ha las áreas pasibles de dispensa de inspección para regularización, además de cambiar el marco temporal para regularización, de 2011 para diciembre de 2018. La MP tuvo vigencia desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2020.
La actual situación de la economía del país aumentó la corrida por robo de tierras públicas. Con la tasa de interés baja, de 2%, el precio de las tierras tiene un nuevo boom, lo que generó una corrida por el grillaje y, en consecuencia, el aumento de quemas que asolan el Pantanal y la Amazonía.
Nuestras selvas y biomas están en llamas para dar lugar a la propiedad privada de la tierra y viabilizar la apropiación de la renta fiduciaria por los grandes capitalistas.
Artículo publicado originalmente en Opinião Socialista n.° 598, 16/9/2020. Disponible en: www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
