Los nuevos ceses colectivos confirman que los despidos masivos son el problema más grave que afectan a la clase trabajadora hoy en el Perú. Ante ellos, las centrales solo se ciñen a la rutina de los trámites legales y a emitir pronunciamientos estériles, cuando se necesita responder con la lucha unida para frenar los despidos y los múltiples ataques patronales que están recortando derechos y disminuyendo la organización obrera.
Por Simón Lazara
El 05 de agosto la empresa Celima S.A. convocó a reunirse a 216 trabajadores en sus distintas plantas, para comunicarles que iniciaba contra ellos un proceso de cese colectivo o despido. Arguyó motivos de “reestructuración” debido a la competencia. Desde entonces, el sindicato ha iniciado una larga y dura lucha en defensa de la estabilidad, proceso que se saben cuándo empieza, pero nunca cuándo termina.
El hecho no sorprendió a los activistas más conscientes del sindicato que ya meses atrás habían enfrentado en la «Planta 2», ubicada en el tradicional distrito obrero de «San Martín de Porres» (Lima), la amenaza de colocar en esa situación a 40 trabajadores si es que no aceptaban los incentivos que les ofrecía la empresa para retirarse. Antes de eso, incluso, unos 30 trabajadores habían sido forzados a vender sus renuncias desde el fin de la huelga del 2022, en un contexto de paralizaciones y cierres de varias líneas de producción.
Esta situación sucede, en diferentes grados, en la mayoría de empresas, pequeñas y grandes. Sucedió en Textil Hialpesa, Corporación Miyasato, Unique S.A., Yobel SCM Logistic S.A., Faber Castell, Ajepr Kola Real, cocinas Récord…; involucrando a cientos de trabajadores que en su mayoría han quedado en la calle. Ahora ocurre en Celima y San Lorenzo, son dos grandes empresas del rubro de los cerámicos, con posiciones ganadas en el mercado mostrando que “nadie está a salvo”.
Antes ocurrió algo peor: en BSH Electrodomésticos, Panasonic y Cogorno, que de sucesivos ceses colectivo pasaron después al cierre definitivo.
Se trata de un problema mucho más generalizado en la clase obrera, donde sólo el 3% tienen sindicatos y pueden denunciar y enfrentar dicha situación.
Con el agravante siguiente: en muchos casos, cuando los procesos son “ganados” legalmente por los obreros, solo una minoría logra ser repuesta porque la mayoría no logra resistir el largo proceso. En el camino, han quedado y siguen quedando organizaciones sindicales debilitadas cuando no destruidas.
El problema de fondo
El Perú vivió un boom económico en el periodo 2004-2015 impulsado por una excepcional alza internacional en los precios de los minerales. Esto trajo grandes inversiones, actividad económica y empleo, aunque precario y con un régimen laboral flexibilizado. La fiesta acabó el 2015 y, desde entonces, el crecimiento económico volvió a tasas mínimas, e incluso el año pasado cayó en recesión.
Con el “fin de la fiesta” vino el ajuste patronal para defender sus ganancias. Retornó del desempleo crónico, el crecimiento de la pobreza, el retroceso en los servicios básicos de educación y salud; todo lo cual la vivimos descarnadamente en la pandemia, cuando el Estado y el capital mostraron que su prioridad era salvar las ganancias antes que las vidas de la gente.
La respuesta obrera y popular se produjo en las elecciones del 2022, donde eligieron a Pedro Castillo, al más radical de los candidatos, que ofrecía “no más pobres en un país rico”. La fiera oposición de la burguesía y, finalmente, la imposición del actual gobierno de Boluarte –un remedo del fujimorismo–, ha mostrado que, para ella, es intolerable ningún retaceo de su modelo de economía liberal, y mostró que en su defensa está dispuesto hasta matar, como la cruenta represión que dejó 49 víctimas ejecutadas en las protestas del sur.
Pero no solo eso. La burguesía quiere otro “shock” que profundice el modelo neoliberal: que se remate Petroperú y Sedapal, que se imponga los proyectos mineros sin licencia social (Tía María, Conga), que se deforeste la Amazonía en beneficio del agronegocio, que se acabe con los pocos derechos laborales vigentes y facilitar los despidos y para que no sean costosos.
La situación de la clase obrera
Mientras estas pretensiones son resistidas y enfrentadas por la población y los sectores democráticos, los empresarios recurren a las medidas que les permite las normas vigentes, con la venia de las autoridades, en su afán de preservar sus ganancias. Así aplican ceses colectivos, suspensiones perfectas, compras de renuncias; y en general, congelan los salarios y recortan beneficios, precarizando más a los trabajadores. En últimas, cierran fábricas y llevan “su plata” a otro lado.
Los casos de Celima y San Lorenzo no son pues los únicos ni los últimos: son parte de una ola patronal que se ceba contra los trabajadores desde hace años.
Estos mismos días, en Química Suiza, propiedad del poderoso Grupo Intercorp, se fuerza a 900 trabajadores a pasar a la modalidad de tercerización. En H&M, una multinacional que fabrica y comercializa ropa de marca, se producen numerosos despidos arbitrarios. En Telefónica, el STTP despierta de su larga inmovilidad para enfrentar una inminente amenaza de despidos masivos. El recién fundado Sindicato de Latina Televisión, fue recibido con el despido de su directiva en pleno. En Ripley la empresa ni siquiera se digna a sentarse a negociar el pliego desde hace dos periodos, mientras mantiene hostiliza la actividad sindical.
Es decir, ante la prolongada languidez de la economía, que es culpa del modelo que los mismos empresarios defienden, estos descargan sobre los trabajadores los ajustes que necesitan para proteger sus ganancias. Y no van a parar, buscando incluso nuevos retrocesos a los derechos laborales.
La falta de respuesta
Los trabajadores y sus organizaciones luchan como pueden. Pero es claro que un botecito no puede surcar una ola o una tormenta, que está propinando golpes y retrocesos de sus organizaciones.
Hace rato que se necesita -y nunca será tarde-, la respuesta unida de la clase obrera para derrotar ese ataque e imponer soluciones de otro tipo, como el cambio del modelo económico que preserve los intereses del país y los derechos laborales y sociales.
Pero esto no se produce porque los llamados a hacerlo, las centrales (CGTP, FETRIMAP), no lo hacen.
No lo hacen y tratan la problemática como conflictos aislados producto de empresarios inescrupulosos, y no como un ataque del modo de producción capitalista que se regular por la ganancia. Por tanto, encasillan el problema a un tratamiento legal en el MT o el PJ, y no como un problema político, que cuestione el modelo y al mismo marco legal que lo protege.
