Según los protocolos de salud serios, divulgados por agencias que tratan sobre el tema, el momento es de aislamiento de la población. Pues bien, ¿cómo aislar a una población que vive amontonada y en precarias condiciones de vida, si para el enfrentamiento al virus las personas precisan tener condiciones de higiene y alimentación adecuadas?

Por: Avanílson Araújo, San Pablo

Las medidas adoptadas por Bolsonaro y demás gobiernos para el combate al coronavirus, además de tardías son totalmente ineficaces para atender las necesidades de la abrumadora mayoría de la población trabajadora y pobre que vive, principalmente, en las grandes ciudades.

Por un lado, van a invertir miles de millones para salvar las grandes empresas que consideran importantes para sus intereses, por otro lado, van a intentar implementar medidas que atacan directamente los derechos de los trabajadores, como la reducción de los salarios, o el absurdo de conceder un auxilio de R$ 200 para desempleados y autónomos que no tendrán cómo trabajar durante esta crisis de la epidemia. La salida de todos estos gobiernos, que se apoyan en una política neoliberal (en la que el Estado no puede intervenir en la economía), es la de arrojar el problema en nuestras espaldas.

Ninguna de las medidas propuestas por cualesquiera de los gobiernos apuntó cómo enfrentar el problema que afecta a la población de calle en el país, que actualmente se estima en más de 100.000 personas. Para tener una idea (siempre estimada), la población de calle en la ciudad de San Pablo saltó de 15.905 en 2015 a 24.344 en 2019, un aumento de 53% en el período, según un censo realizado por la Prefectura de San Pablo.

Otro dato alarmante se refiere al aumento del número de familias sin techo y que viven en condiciones precarias, como favelas y conventillos[1]. La última proyección de 2017 apuntaba un número de casi ocho millones de familias sin techo (7,7 millones), además de otras 12 millones de personas (el último censo se realizó en 2010, por lo tanto, ese número es mucho mayor) que vive en favelas y conventillos.

El problema de la especulación inmobiliaria y de la concentración privada de la tierra

La cuestión del acceso a la tierra en el Brasil es un problema secular. Desde nuestra formación histórica ese fue siempre un elemento de lucha entre las clases. Poblaciones originarias diezmadas, esclavitud como modelo económico, y la tierra como elemento de disputa por la sobrevivencia.

La mayor parte de las familias sin techo, hoy está compuesta por personas que tienen un alto compromiso de su baja renta con el valor del alquiler. Por otro lado, entre las medidas apuntadas por Bolsonaro y demás gobiernos, ninguna de ellas propone enfrentar esos problemas. Por el contrario, no existe ninguna política pública seria de regularización de terrenos y urbanización con mejoras efectivas de las condiciones de habitación, ni siquiera un plan de ocupación ordenada de los vacíos urbanos.

Pero esa es la dinámica propia del sistema capitalista, en que un pequeño puñados de ricos y privilegiados se apropia de la explotación del trabajo y de las riquezas, incluso de la tierra. La lógica de la especulación inmobiliaria es mantenida en detrimento del derecho a la vida digna de los trabajadores.

Para tener una idea del absurdo de la especulación inmobiliaria y del funcionamiento de un sistema económico basado en la explotación y la opresión, basta constatar que en el Brasil hay 7,9 millones de residencia desocupadas o en construcción, sin función social, mientras la población sufre con la falta de 7,77 millones de viviendas.

Solamente la ciudad de San Pablo, que concentra el mayor número de familias sin techo (cerca de 400.000), posee prácticamente el mismo número de inmuebles vacíos y ociosos, que no cumplen ninguna función social.

Esta situación se repite en todo el país, porque la concentración de la tierra es un elemento determinante para el mantenimiento de un sistema de explotación que incluye tanto la fuerza de trabajo como la espoliación del modo de vida del pueblo pobre, como el acceso a la vivienda adecuada, a la salud pública de calidad (lo que debe incluir saneamiento básico), el transporte y la recreación.

Recientemente, el gobernador de San Pablo, João Dória (PSDB), emitió un decreto de calamidad pública del Estado. No obstante, las medidas propuestas no alcanzan a fondo el gran problema que es garantizar el aislamiento de las personas, evitando la circulación y garantizándose que los trabajadores puedan quedarse en casa, con dignidad.

”Las transportadoras, almacenes, servicios de transporte público, servicios de call center, pet shop, puestos de venta de diarios, taxis y aplicativos continúan funcionando con las orientaciones de los sanitaristas. El servicio de Seguridad Pública, tanto estadual como municipales, continúan funcionando normalmente. Los bancos y casas de lotería también continúan abiertos. Las industrias deben continuar operando, ya que no tienen atención al público en general”.

El decreto de Dória no prevé ninguna medida para garantizar el acceso de los habitantes en situación de calle a un abrigo digno, al menos durante este período. Además de mantener la regularidad de funcionamiento del sistema, sin parar la producción y la efectiva circulación de personas, con excepción de lo que es esencial, el decreto no propone ninguna medida efectiva para atender a los sectores más vulnerables.

Nada sobre mejoras concretas para la población que vive de forma precaria en las ocupaciones, favelas y quebradas[2], como la entrega de kits de alimentación e higiene, el envío de equipos de salud para orientación, entre otras medidas, además de asegurar que nadie será removido o desalojado en este período.

Las medidas propuestas por estos señores blancos, herederos de la Casa Grande[3], no va a significar ninguna mejora para nuestras precarias condiciones de vida, por el contrario, cuando el caldo comience a espesarse no tendrán dudas en enviar a la policía y el ejército para reprimirnos. Por eso, es preciso también constituir comités populares de solidaridad para defendernos contra esos abusos.

Un programa de emergencia para enfrentar el coronavirus y la crisis urbana

Es imposible esperar de gobiernos como el de San Pablo, en el que el Secretario de Habitación está vinculado a las grandes constructoras y contratistas, una salida que atienda los intereses de los de abajo.

Por eso, además de las cuestiones de autoorganización que los trabajadores pobres precisan asegurar en sus territorios en este grave momento de crisis, precisamos discutir a fondo medidas que pongan en jaque este sistema capitalista que vincula el acceso a la tierra, tanto urbana como rural, a los intereses de grandes latifundistas, contratistas, constructoras y bancos.

Tenemos condiciones y necesidad de debatir con el pueblo de las ocupaciones, quebradas y periferias, y exigir de los gobiernos:

– Que dispongan inmediatamente todos los edificios públicos, como hoteles y predios abandonados, principalmente en los grandes centros urbanos, para recibir inmediatamente a la población de calle, con acceso a las condiciones adecuadas de habitabilidad e higiene, con la provisión de kits gratuitos de alimentación y productos para higiene personal;

– La reducción, congelamiento de los precios y suspensión (durante la duración de la crisis) del cobro de alquileres, por parte de las grandes inmobiliarias;

– La expropiación sin indemnización de todos los predios e inmuebles abandonados hace más de cinco años que no cumplen su función social, para la construcción de un plan de asentamiento urbano, juntamente con los movimientos populares;

– La suspensión de todos los desalojos de inmuebles usados para vivienda;

– La regularización y urbanización de todas las ocupaciones;

– El suministro de kits de alimentación e higiene para todos los habitantes de las periferias, ocupaciones y favelas;

– Suspensión del cobro de las cuentas de agua y de luz para la periferia;

– Estabilidad y licencia remunerada para los trabajadores;

– Auxilio crisis de un salario mínimo para autónomos y desempleados;

– La demarcación inmediata de todas las tierras quilombolas e indígenas;

– Impulsar la constitución de comités populares de solidaridad en las ocupaciones, favelas y quebradas, para discutir nuestras salidas para esta crisis.

Estas son solamente algunas medidas de emergencia para, superado este momento de acentuación de la crisis, avanzar hacia la construcción de un plan unificado, a partir de las necesidades de los de debajo de un modelo de uso de la tierra que tenga en cuenta las tradiciones de los pueblos originarios y las necesidades de sus hermanos de las ciudades.

[1] Conventillos, llamados también colmenas, son construcciones pequeñas de muchas habitaciones donde viven muchas personas, casi siempre en condiciones de hacinamiento, ndt.

[2] Quebradas son asentamientos en las laderas de los cerros, que constituyen una vecindad en la periferia de muchas grandes ciudades, ndt.

[3] Casa Grande era la casa de la familia del dueño de las grandes propiedades rurales del Brasil colonial, en contraposición con las “senzalas” que era donde habitaban los esclavos, ndt.

Avanílson Araújo es militante del PSTU y dirigente de Luta Popular.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.