Por Partido Socialista de los Trabajadores – Perú
El reciente 12 de junio, la Junta de Fiscales Supremos se pronunció para rechazar el proyecto de Reforma que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la “defensa de la democracia y el Estado de Derecho”. Varias ONG y partidos acogieron ese llamado, mientras organizaciones sindicales y populares anuncian movilizaciones contra el gobierno y el Congreso, lo que abre la perspectiva de una lucha que el PST hace suya. La situación exige de parte de las centrales un plan de lucha nacional que permita que esta voluntad popular se cumpla.
La línea autoritaria del gobierno y el Congreso comenzó con la impunidad de los asesinatos, la criminalización de la protesta social y el blindaje de Dina Boluarte y muchos congresistas. Muchos creyeron que podían soportar al gobierno hasta el 2026, pero los hemos confirman que los costos son inaceptables y amenazan libertades y derechos fundamentales; la bicameralidad y la reelección de congresistas fueron impuestos contradiciendo la voluntad popular expresada en referendo; y los movimientos políticos regionales fueron inhabilitados para reforzar el monopolio de los partidos corruptos en la representación política.
El indulto a Fujimori fue otra muestra de autoritarismo. Además, el Congreso está copando otras instituciones del Estado con la finalidad de asegurar por lo menos dos de sus principales y más urgentes prioridades: 1) Impunidad en los procesos penales que enfrentan los líderes de los partidos en el poder, especialmente Keyko Fujimori, y 2) Control del próximo proceso electoral para obtener ventaja y asegurar su permanencia en el poder.
El pacto de los corruptos avalado por la patronal
Los principales partidos del fujimorismo y los partidos más derechistas como principales aliados lograron alinear a otras bancadas significativas, incluidos Perú Libre y Bloque Magisterial, a cambio de concesiones menores. Es el llamado “pacto de los corruptos” que sostiene al gobierno para sostenerse a sí mismos, y cuentan con el apoyo de los sectores empresariales.
En efecto, el gobierno de los corruptos es la forma que ha tomado la política patronal por capturar completamente la conducción del Estado. Primero fueron los intentos aislados del fujimorismo de imponerse sobre el gobierno de PPK y luego sobre Vizcarra, quien más bien terminó cerrando el Congreso, aunque el nuevo Congreso logró vacarlo para imponer al gobierno usurpador de Merino que solo duró una semana, cayendo bajo una combativa movilización.
Esta correlación cambia durante el proceso electoral de 2021, cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con un programa y un discurso que amenaza algunos cimientos del dominio neoliberal. La burguesía descarga en esa ocasión su primera ofensiva atacando la candidatura de Pedro Castillo y volcando todo su apoyo a la procesada Keyko Fujimori, y el resultado fue una derrota para ellos; la segunda ofensiva fue contra el gobierno de Castillo, primero desconociendo su victoria y luego hostilizándolo permanentemente con intentos de vacancia.
La tercera ofensiva es la que está en marcha, con la imposición a sangre y fuego del gobierno de Boluarte sin convocatoria a elecciones generales inmediatas.
Entonces, el objetivo de la ultraderecha y la patronal que la respalda es tomar el control del régimen “democrático” por la vía electoral, para imponer una situación que destrabe definitivamente los proyectos mineros y se implementen nuevas reformas neoliberales, y una represión más ofensiva, libreto que ya se experimentó en la coyuntura 2022-2023.
De vuelta a las calles
Pese a los pronunciamientos de varios partidos en defensa de la democracia no se ve hasta el momento un plan de acción concreto para hacer efectiva la caída del gobierno; el eje de su política es tocar las puertas de las instituciones internacionales y hacer llamados a la conciencia de los sectores patronales que apoyan el pacto de los corruptos, y siguen enfocados en su estrategia electoral que implica esperar al 2026.
Es clave recordar que esos sectores, reformismo de izquierda y centroderechistas, tuvieron el control político después de la caída de la dictadura fujimorista, y son los responsables de haber empantanado esa revolución y mantener la Constitución de 1993, lo que hizo posible la continuidad del plan neoliberal impuesto por la dictadura. La falsa creencia de que eso iba a abonar en favor de la modernización del Estado, de la institucionalidad democrática y de los derechos democráticos de la población, fue comprobado por experiencia propia por la gran mayoría de peruanos y es justamente la causa del descontento social y la crisis de fondo.
La crisis política que se vive desde el 2016, es en gran parte la expresión del fracaso de ese proceso. Y ahora, ante el debilitamiento de aquellos sectores políticos y la ausencia de una alternativa de clase, quienes se han fortalecido con la crisis son los sectores más derechistas. En contraste con esa política, los sectores obreros y populares vienen impulsando la lucha en las calles y anuncian reeditar la marcha de los cuatro suyos del año 2000 hasta poner fin al gobierno y el congreso. Ante esa situación, las direcciones políticas y sindicales tienen responsabilidad en viabilizar un verdadero plan de lucha nacional que haga cumplir la voluntad popular.
