Presidente de la Cámara, Arthur Lira, dice que Salud tiene “recursos demás”.

Por: Redacción PSTU Brasil, 22/2/2021.-

Mientras el desempleo, la pobreza y la miseria avanzan en medio del descontrol de la segunda ola de Covid-19 y el colapso en los hospitales públicos y privados del país, el gobierno y el Congreso Nacional articulan una medida para retirar aún más recursos de la Salud y de la Educación. Es lo que consta en la propuesta de la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) de Emergencia relatada por el senador Marcio Bittar (MDB-AC). La minuta de la propuesta fue cerrada en reunión con Bolsonaro en el Planalto [Casa de Gobierno] este domingo 21 de febrero, y la votación en el Senado está programada para el jueves 25.

Las medidas de contención de gastos son exigencias del gobierno y de Paulo Guedes para abrir una nueva rodada de auxilio de emergencia, que puede quedar entre R$ 200 y R$ 300 por, como máximo, cuatro meses. Valor absolutamente insuficiente para garantizar la sobrevivencia de desempleados, precarizados e informales, siendo menos que la mitad del precio de la canasta básica observada en los supermercados de Rio de Janeiro. En la capital paulista, por ejemplo, la canasta costaba R$ 654,15 según el relevamiento del Dieese.

El objetivo del gobierno y del Congreso es aprovechar la expectativa de un nuevo auxilio de emergencia para, en una especie de chantaje, sacar de la Constitución gastos mínimos obligatorios con Salud y Educación. El gran acuerdo (“acordão”) prevé que, tan pronto la PEC sea aprobada en el Congreso, el gobierno edite una Medida Provisoria liberando la caricatura de auxilio. La desvinculación del Presupuesto con gastos sociales es una vieja obsesión de Guedes, cuyo modelo es el Chile de Pinochet, que llevó, años después, al país hacia un verdadero colapso económico y social. Con el agravante de que no se vivía, en la época, una pandemia como la que sufrimos hoy.

Desvío de la Salud y de la Educación

La PEC de Bittar, Bolsonaro, Guedes y Cía. simplemente acaba con lo poco que la Unión, los Estados y los municipios están obligados a destinar todos los años a la Salud y la Educación. El gobierno federal estaba obligado, hasta la aprobación del techo de gastos en 2017, a repasar un mínimo de 15% para la Salud y 18% para la Educación. Con la PEC del techo (llamada entonces “PEC del fin del mundo”), ese valor fue congelado y pasó a ser solo reajustado por la inflación.

Por su parte, Estados y municipios deben invertir un mínimo de 25% de los ingresos en la Educación. Para la Salud, el mínimo es de 12% para los Estados y de 15% para los municipios. Con la aprobación de la PEC, queda a cargo de cada ente el valor a ser gastado en esas áreas.

“Devolver a los municipios y a los Estados y la Unión el poder de legislar una de las leyes más importantes que es la del Presupuesto. Incluso porque vincular el Presupuesto de la Unión, que es el único país democrático en el mundo que tiene ese grado de vinculación, no resuelve nada”, llegó a justificar de forma cínica el informante de la propuesta, senador Bittar. O sea, obligar a los gobiernos a gastar lo mínimo con salud y educación no resolvió; entonces, la solución es simplemente acabar con cualquier tipo de vinculación.

El recién electo presidente de la Cámara, Arthur Lira (Progressistas-AL), es un entusiasta de la propuesta. En entrevista al diario O Globo del último sábado, llegó a decir que “en la Salud hay recursos demás”. Esa fue la frase escandalosa del líder máximo del “centrão”, que intenta aparecer como la voz del buen censo en medio del extremismo bolsonarista. Eso fue dicho mientras personas mueren en las filas de las unidades de terapia intensiva, profesionales de la salud se arriesgan con falta de equipos de seguridad (EPI’s), e insumos básicos faltan en las unidades básicas de salud.

Otras propuestas aventadas, como el congelamiento del salario mínimo, del seguro de desempleo, y de las jubilaciones, fueron por ahora dejadas de lado por cuenta del desgaste político que provocaría esto, pero nada impide que vuelvan durante la tramitación en el Congreso.

Congelamiento de salarios de servidores

La propuesta al Congreso Nacional prevé aún el congelamiento de los salarios de los empleados públicos en este año y en los dos años siguientes, además del congelamiento de nuevas contrataciones, concursos públicos, promociones y progresiones en la carrera. Vale recordar que los salarios de los empleados públicos ya están congelados para 2021.

Más dinero para banqueros y para la corrupción

La PEC de Emergencia muestra el alineamiento del “centrão” con el bolsonarismo en la política económica de tierra arrasada, a fin de destruir, en plena pandemia, los servicios públicos, para garantizar las ganancias de los banqueros. La justificativa de que el Congreso debería tener “control” sobre el Presupuesto, por su parte, no significa otra cosa que apropiarse directamente de los parcos recursos que hoy van para la Salud y la Educación, para desviarlos a través de enmiendas parlamentarias, o por otros dispositivos menos ortodoxos.

Eso, en un momento de pandemia descontrolada, en que el Brasil cuenta 250.000 muertos por el Covid-19, subnotificados, y que se agrava cada vez más la falta de lechos de terapia intensiva, oxígeno y, principalmente, vacunas. La PEC de Emergencia sella la complicidad del Congreso Nacional con el genocidio promovido por el gobierno Bolsonaro, Pazuello y Paulo Guedes.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.