Mié Ago 10, 2022
10 agosto, 2022

¡Paro Nacional de Junio: nueva jornada histórica de lucha del pueblo ecuatoriano!

Balance del Paro Nacional de Junio del 2022 

Por Miguel Merino, ART-Ecuador

El PARO NACIONAL que se inició el 13 de junio y concluyó con un acuerdo firmado el 30 de junio entre el gobierno y tres organizaciones representativas del movimiento indígena, ha sido una jornada de 18 días de una lucha heroica, liderada por el movimiento indígena y apoyada por numerosas organizaciones, movimientos sociales y amplios sectores populares y de clase media. Significa una victoria del campo popular porque ha demostrado una vez más que, solamente a través de la organización y la lucha de los trabajadores y la población empobrecida por el capitalismo, se pueden alcanzar derechos y frenar a gobiernos reaccionarios como el de Lasso, el mismo que expresa los intereses de una burguesía voraz e insaciable que ha manejado las riendas del poder desde el inicio de la República.

Sin embargo, no podemos caer en el triunfalismo y hablar de una victoria total, ya que esta jornada tiene retos y limitaciones que debemos abordar crítica y objetivamente, en la perspectiva de seguir avanzando hacia el gran objetivo de la transformación social. En este sentido es más apropiado hablar de una victoria parcial, ya que no se logró la unidad y la presencia activa de las organizaciones sindicales, la dirigencia indígena no planteó la consigna de la salida de Lasso que fue el sentir  y el pedido de las bases, y tampoco se profundizó en un programa de cambios estructurales que vayan más allá de la plataforma coyuntural de los 10 puntos de la Agenda Nacional de Lucha.

Antecedentes históricos. La protesta indígena, apoyada por la mayoría de la población mestiza empobrecida, tiene sus raíces en 500 años de dominación colonial y neocolonial, período que corresponde al surgimiento y la evolución del sistema capitalista mundial. La brutal conquista española ocasionó el genocidio, la esclavitud, la superexplotación del trabajo indígena en las encomiendas, las mitas, los obrajes y las opresiones de todo tipo sobre los pueblos y nacionalidades que vivían en el territorio que hoy corresponde al Ecuador.  Allí aparece la lacra del racismo hacia indígenas y negros que persiste hasta la actualidad, así como la profunda desigualdad entre clases sociales que se manifiesta en la opulencia de unos pocos y el empobrecimiento de las mayorías.

La Independencia de España significó que el poder pasó de los españoles a la aristocracia criolla, pero no hubo un cambio en las condiciones de los pueblos originarios que se convirtieron en siervos de los grandes terratenientes del país. Pero la resistencia indígena se expresó en levantamientos como el de Fernando Daquilema (1871), en la provincia de Chimborazo, que fue aniquilada de manera sangrienta por el gobierno tiránico de García Moreno. Con la Revolución Liberal comandada por Alfaro, muchos latifundios pasaron de manos de la Iglesia Católica a manos de generales alfaristas y rentistas burgueses, pero la explotación de los trabajadores del campo y las ciudades permaneció intacta. En los años 60 del siglo pasado, la Reforma Agraria decretada por la dictadura militar que gobernó entre 1963-66, entregó minifundios a los campesinos (los llamados huasipungos) en las tierras más altas y áridas, lo cual ocasionó oleadas migratorias del campo a ciudades como Quito y Guayaquil. En 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja de la ID, se produjo el gran levantamiento indígena conocido como Inti Raymi con varias reivindicaciones sociales, políticas y culturales, entre ellas la entrega de las grandes haciendas y territorios ancestrales a los indígenas y trabajadores del agro y la constitución de un Estado Plurinacional. Desde entonces se han realizado numerosas luchas y movilizaciones lideradas por la CONAIE y otras organizaciones sociales.

El antecedente más inmediato del reciente paro nacional es la gran insurrección de Octubre del 2019, cuya cabeza visible fue la CONAIE, en unidad con otras organizaciones representativas como la FENOCIN y la FENASE. Su principal demanda fue la derogatoria del decreto 883 que contenía tres temas: el alza de la gasolina y el diésel, reformas laborales gravemente atentatorias contra los derechos de los trabajadores y medidas en beneficio del sector empresarial. El paro nacional logró sumar a diversos sectores de trabajadores, movimientos sociales y gente tanto del campo como de las ciudades que espontáneamente se plegó a las protestas. En Quito hubo una gran solidaridad con los indígenas que llegaron a Quito y se concentraron en el parque del Arbolito (Casa de la Cultura). Los jóvenes de diversos sectores sociales se movilizaron e hicieron parte de la primera linea de la protesta en el centro de la ciudad, pero también se levantaron numerosos barrios populares del sur, del norte, del Valle de los Chillos y otras zonas de la periferia. Igual ocurrió en casi todas las ciudades de la Sierra y el Oriente. El saldo de esta jornada de lucha fue de 11 fallecidos, 1340 heridos heridos (varios de ellos con pérdida de su ojo) y 1192 detenidos, según el informe de la Defensoría del Pueblo. La insurrección terminó luego de 11 días con la derogatoria del decreto 883, principalmente la subida del precio de los combustibles que fue el detonante de la protesta.

El sentimiento de triunfo inicial fue reemplazado por un sentimiento de frustración y de engaño, ya que el gobierno de Moreno continuó con las políticas neoliberales y antipopulares y desató una  persecución judicial contra varios dirigentes y activistas.  Además mantuvo en sus puestos a la  ministra de Gobierno María Paula Romo y al de Defensa Gral. Gustavo Jarrín, quienes fueron los principales responsables de la brutal represión contra el pueblo luchador y cuya salida fue una de las demandas del paro.

A inicios del 2019, se presentó la pandemia del Covid 19, la cual fue muy mal manejada por el gobierno de Moreno, ya que se había desmantelado al sistema de salud pública, afectado además por graves escándalos de corrupción. El resultado fue un verdadero genocidio, debido al alto número de víctimas que ocasionó la pandemia, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo el régimen servil de Moreno se aprovechó del miedo generado por la misma para amortiguar la lucha social emergente. En conclusión, la pandemia agudizó la situación de crisis social previa caracterizada por el desempleo, la precarización del trabajo, el hambre (desnutrición infantil entre las más altas de América Latina) y la desigualdad social.

El gobierno de Lasso 

En las elecciones presidenciales realizadas en abril del 2021 se impone el banquero de derecha Guillermo Lasso ante el candidato del correísmo Andrés Arauz. Desde que asumió el poder ejecutivo en mayo del año pasado estuvo claro que el nuevo mandatario no iba a cumplir las demagógicas ofertas realizadas en la campaña electoral; el modelo neoliberal ya aplicado por su antecesor Lenin Moreno  continuó y se ha profundizado. Es así como Lasso se alinea con las políticas del imperialismo, especialmente  norteamericano y se ha sometido totalmente a los dictámenes del FMI. En su primer año de gestión se evidencian dos hechos fundamentales: 1) El fortalecimiento de la burguesía especialmente financiera bancaria, pero también de la fracción importadora y algunos sectores exportadores (camarón, pescado, flores y minería). El alto precio del petróleo y la mejora en las recaudaciones tributarias han generado altos recursos que sido destinadas a fortalecer la reserva monetaria internacional, es decir a garantizar el pago de la deuda externa, hecho que Lasso propagandizó con la frase “poner la casa en orden”. La inversión pública fue mínima en el 2021 y más reducida todavía en el 2022 puesto que los excedentes obtenidos se destinaron al pago de la deuda externa y a disminuir el déficit fiscal.

2) El agudizamiento de la crisis social que se expresa en problemas como el mantenimiento de altos niveles de desempleo y subempleo, la precarización del trabajo y la informalidad, al alto costo de la vida, el incremento de la pobreza que afecta al 40% de la población en términos multidimensionales, una grave crisis en el área de la salud pública por el desabastecimiento de medicamentos, el deterioro de la infraestructura de hospitales y centros de salud, el despido de cientos de médicos que se jugaron la vida durante la pandemia y la creciente descapitalización del IESS principalmente por la falta de pago de la deuda del Estado. El sector educativo sufre asimismo un déficit en su infraestructura y los servicios básicos, la disminución del presupuesto para las universidades, el incumplimiento de aumentos salariales mínimos para los maestros que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el periodo anterior y los desniveles provocados por la educación virtual debido a la pandemia. El sector agropecuario ha sufrido una histórica desatención del Estado y atraviesa por una fuerte crisis por los bajos precios de sus productos, mientras que los precios  de los costos de producción han experimentado alzas considerables. Los índices de pobreza, desnutrición infantil, acceso a la educación, a la salud y a los servicios básicos son más graves en el área rural.

Este corto período presidido por Lasso se ha caracterizado además por la crisis de la institucionalidad estatal y la exacerbación de la violencia social, la delincuencia y varias masacres al interior de los centros carcelarios, hecho del cual el gobierno ha responsabilizado a los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.

Hechos y demandas del paro nacional 

En este de contexto de crisis social y política, la CONAIE  convocó a un paro nacional indefinido que se inició el lunes 13 de junio. Leonidas Iza, presidente de dicha organización señaló que el objetivo de la medida de hecho era exigir la solución a las demandas que desde hace años no habían obtenido respuesta. Como antecedente recordó que su sector se había reunido con el ejecutivo por cuatro ocasiones desde el 2021, en las cuales le plantearon seis temas fundamentales, pero ninguno había tenido eco ni respuestas concretas por parte del Ejecutivo. En la misma fecha, la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (FENABE) anunció que también iniciaban una movilización pero con pedidos diferentes a los del movimiento indígena. La CONAIE contó con el apoyo de la organización de indígenas evangélicos del Ecuador (FEINE), de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCÍN).

Las demandas de las organizaciones señaladas se concretaron en 10 puntos de la Agenda Nacional de Lucha: 1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. 2. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. 3. Precios justos para los productos del campo. 4. Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS. 5. Moratoria de la frontera extractiva minera/petrolera; auditoría y reparación integral por por los impactos socioambientales. Derogatoria de los decretos 95 y 151. 6. Respeto a los 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas. 7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas,IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras). 8. Políticas de control de precios y especulación en los mercados de los productos de primera necesidad y abuso de los productos industrializados en las cadenas de supermercados. 9. Salud y educación. Presupuesto urgente para el desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.

Como se observa, las demandas del movimiento indígena no se limitan a las reivindicaciones propias de su sector, sino que se amplían a los problemas socioeconómicos y políticos que afectan al conjunto de la sociedad. El punto central que aglutinó la protesta, al igual que en Octubre del 2019, fue el precio de los combustibles, tema que inicialmente el gobierno dijo que era innegociable, no tanto por su costo económico (como se evidenció más adelante), sino porque implicaba caer en incumplimiento con el FMI. Se debe señalar que la agenda es coyuntural y no tiene una visión estratégica que lleve a cambios estructurales de la sociedad.

El paro comenzó con bajo perfil, con cierre de carreteras en algunas zonas sensibles como la carretera Panamericana, pero lo más importante fueron las asambleas territoriales convocadas sobretodo por la CONAIE, con la finalidad de lograr consensos en las bases y luego ir escalando las acciones. En Quito y otras ciudades se realizaron marchas poco numerosas con participación principalmente de sectores juveniles y estudiantiles. El Ministro de Gobierno trató de minimizar la medida y declaró que ellos esperaban mayor número de manifestantes.

El segundo día del paro  amaneció con la novedad de que Leonidas Iza había sido apresado de manera violenta a la madrugada, sin cumplir con los protocolos legales del caso y que se desconocía su paradero. Este hecho enardeció a las  bases del movimiento indígena y de los otros sectores que apoyaban el paro y mas bien potenció la protesta. Miles de simpatizantes se volcaron a las calles para protestar y exigir su liberación. El miércoles 15, la Jueza Paola Bedón ordenó la inmediata liberación de Iza y le otorgó mediadas sustitutivas. En la provincia de Cotopaxi los reclamos populares desencadenaron enfrentamientos con la policía hasta la noche del 15 de junio. En los días siguientes el paro tuvo diversas expresiones en 16 provincias. En Quito hubo enfrentamientos entre estudiantes del Colegio Mejía y la Policía. La vía Intervalles fue cerrada por los manifestantes de la comunidad de La Toglla. En provincias como Tungurahua y Bolívar hubo tomas simbólicas de las gobernaciones. Las diferencias existentes al interior del movimiento se cohesionaron en torno a Iza. La consigna de ¡Fuera Lasso¡ empezó a ganar fuerza junto a la solución de los 10 puntos de la plataforma de lucha.

A partir del cuarto día las protestas se incrementaron en Quito y el resto del país. Iza anunció su intención de llegar a la capital para liderar las movilizaciones. El martes 21 se se acentuó el paro en Quito; la ciudad amaneció con las vías bloqueadas y sin transporte. Se denuncia la muerte del joven Jhony Félix Muenala en el sector de Guayllabamba que cayó en una quebrada por huir de la represión policial. Los indígenas fueron recibidos en las Universidades Central y Salesiana. El Presidente aceptó una mediación para el diálogo propuesta por 300 organizaciones sociales que no se concretó. El miércoles 22 de Junio la CONAIE presentó un documento con cuatro pedidos para aceptar el diálogo. Lo principal era eliminar el estado de excepción y desmilitarizar el parque del Arbolito y la Casa de la Cultura.

El jueves 23 de Junio la CONAIE ocupa la Casa de la Cultura después de que el gobierno decide retirar la Policía y las Fuerzas Armadas. Por la tarde las fuerzas represivas se enfrentan nuevamente con los manifestantes y fallece Henry Quezada Espinosa de 29 años, a causa de perdigones en el pecho. El 21 de junio, noveno día de la protesta muere en la ciudad de Puyo el comunero Byron Guatatoca por un impacto de bomba lacrimógena en su cabeza. La población del Puyo reacciona con violencia e incendia un cuartel de policía. El 23 de junio falleció también Franco Iñiguez en San Antonio de Pichincha debido a la represión policial. El 24 muere el sargento José Chimarro, en un operativo militar en la zona petrolera  de Sushufindi en la provincia de Sucumbíos. No existe un saldo definitivo de las víctimas del paro nacional, pero se ha confirmado un total de 7 personas fallecidas y uno con muerte  cerebral, centenares de heridos tanto de la población civil como de los policías y militares, cientos de detenidos, 6 desaparecidos y más de 400 procesos penales abiertos por la Fiscalía en contra de los manifestantes.

El Viernes 24 el correismo logra las firmas para que en la Asamblea Nacional se trate el tema de una eventual destitución del Presidente por la vía constitucional, asunto que se debatió y votó (80 votos por la destitución, es decir la mayoría) pero no alcanzó el número de votos requerido para lograrlo (92). Este resultado permitió respirar a un gobierno debilitado políticamente y que tiene bajo apoyo en dicho organismo.

Estrategia del gobierno de Lasso

Ante el avance del paro nacional el gobierno adoptó la estrategia de desgastar el paro mediante la represión, el desprestigio de las movilizaciones acusándolas de violentas, para lo cual contó con el apoyo de los grandes medios. Además tomó algunas medidas  económicas de alivio a la situación de los pequeños agricultores. En todo caso, lo dominante fue la respuesta militarista y represiva con el objetivo de poner fin a la movilización. Se pudo observar una división de roles en los dos ministros encargados de la política: el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez y el ministro de Seguridad Patricio Carrillo, ex General de Policía, quien comandó la brutal represión en la insurrección de Octubre del 2019. Mientras el ministro Jiménez hablaba del diálogo, el segundo impuso una violenta represión contra los manifestantes, cerrando la posibilidad de que el diálogo se concretara en los primeros días, hasta que resultó un hecho inevitable por la fuerza que alcanzaron las movilizaciones. El gobierno intentó desgastar la lucha mediante la represión y medidas de consuelo, pero no tenía previsto dialogar con la CONAIE, como lo expresó por varias ocasiones el propio Presidente.

Es así como, después del grave error que supuso la orden de prisión contra Leonidas Iza, el gobierno continuó los atropellos contra el derecho a la resistencia establecido en el Art. 98 de la Constitución. Entre las acciones más graves que realizó el gobierno tenemos las siguientes:

– Allanamiento de la Policía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana(Domingo 19), alegando una denuncia anónima por la existencia de material bélico, cuando esta emblemática institución ni siquiera había  sido ocupada por los indígenas.

– Declaratoria de tres decretos de estado de excepción: el primero, decretado el 18 de Julio tuvo una vigencia de tres días. El segundo, se puso en vigencia el 20 de julio (decreto 457) y fue para impedir que la Asamblea Nacional se pronuncie y  derogue el primero. Este segundo decreto ampliaba la medida a las provincias Chimborazo, Tungurahua y Pastaza (lo cual fue calificado como una “jugada maestra” por algunos voceros del régimen). El tercero, cerca de finalizar el paro, se aplicó en cuatro provincias donde se consideraba estaba ubicado el epicentro de las manifestaciones (no incluyó Pichincha) y sigue vigente hasta la actualidad, pero no incluye el toque de queda.

– Ingreso y agresión policial contra las Universidades más importantes de Quito como la Universidad Central, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Salesiana, pese a que fueron declaradas “zonas de paz” puesto que en sus instalaciones se albergaron miles de indígenas y campesinos llegados de diferentes provincias, con la presencia de niños, mujeres y adultos mayores que recibían ayuda de albergue y alimentos y salud.

– Convocatoria a los “ciudadanos de bien” a realizar marchas por la paz respaldando las acciones del gobierno y la policía, las cuales tuvieron cierta acogida sobretodo en los barrios residenciales de la clase adinerada de Quito (Av Los Shyris y valles de Cumbayá y Tumbaco) donde se gritaron consignas racistas contra los indígenas e inclusive se realizaron algunas acciones de agresión contra los manifestantes.

Concesiones del gobierno

En la perspectiva de confundir a la ciudadanía y dividir a los indígenas, el gobierno adoptó algunas medidas y concesiones tratando de frenar el paro, tales como:

– Control de los precios de los productos de primera necesidad, en especial los sujetos a precios oficiales, a fin de evitar la especulación. Esta medida fue encargada a los gobernadores de las provincias (decreto 452, 15 de junio).

– Declaración de emergencia en el sector de la salud, a fin de agilizar el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para operar la red pública integral de salud, disposición que debía ser aplicada por la ex-ministra Ximena Garzón (Decreto 454). Se ofrece incrementar el presupuesto de la salud en 200 millones de dólares y de ese valor 60 millones serían destinados a la compra de medicamentos.

– Medidas políticas públicas para compensar el incremento del costo de la vida tras la pandemia del Covid 19 y la crisis logística internacional (Decreto 456 del 18 de junio) Estas fueron:

– Aumento del bono de desarrollo humano de 50 dólares a 55, lo que implicará 70 millones de dólares adicionales.

– Duplicar el presupuesto a la educación intercultural, con un total de 4,5 millones de dólares, en vez de los 2,27 millones presupuestados.

– Subsidiar hasta el 50% de la urea a pequeños y medianos productores y un plan de subvención a los pequeños productores bananeros y kits de semillas e insumos agrícolas. El gobierno asignará 46 millones para dicho objetivo.

– Ban Ecuador condonará todos los créditos vencidos hasta USD 3000 y entregará créditos agrícolas de hasta 5000 al 1% y a 30 años plazo, con una inversión de 200 millones.

– Precios de los combustibles: el Ejecutivo anunció la rebaja de 10 centavos por galón en el precio de la gasolina y el diesel (decreto462) del 22 de junio, cantidad que fue considerada insuficiente por los protagonistas del paro que habían planteado una reducción de 40 centavos. Al final la reducción fue de  15 centavos por galón para ambos combustibles. Según el gobierno esta medida representará 340 millones anuales que puede variar en función del precio internacional del petróleo.

El movimiento indígena consideró que estas medidas eran el resultado de la lucha social pero que resultaban insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

Logros del paro

A más de las medidas económicas señaladas que fueron ratificadas en el acta de compromiso de las dos partes para dar por terminado el paro nacional, se puede señalar los siguientes logros políticos:

– El paro nacional permitió la unidad y cohesión de las organizaciones de base de la CONAIE y la articulación de las organizaciones más representativas del campesinado como son la FENOCIN y la FENASE.

– Recuperación del liderazgo al interior del movimiento indígena frente al fraccionamiento ocasionado por los desvíos de la mayoría de asambleistas elegidos por Pachakútik que provocaron una división de su bloque al interior de la Asamblea Nacional.

– Haber generado nuevamente un referente de la lucha popular que permitió aglutinar a los barrios populares de las ciudades, de los trabajadores y los sectores más empobrecidos afectados por el desempleo, el subempleo y la precarización del trabajo.

– Haber posicionado  ante la opinión pública los 10 puntos de la plataforma de lucha que recogen buena parte de las necesidades más sentidas por los sectores populares y haber obligado al gobierno a responder, aunque sea de manera parcial, a dichas demandas.

– Potenciar en la conciencia y el imaginario de los sectores populares la necesidad de enfrentar las desigualdades y opresiones que experimenta la sociedad y avanzar a una sociedad más justa, equitativa, sustentable y solidaria.

– Perder el miedo a la movilización y a la lucha en las calles y las carreteras, como mecanismos fundamentales para reclamar los derechos y las demandas de diversos sectores de la población.

– Interpelar no solamente al Ejecutivo sino a las otras funciones del Estado como la Asamblea Nacional y la Justicia.

– Deslegitimar al gobierno como representante del pueblo y evidenciar su carácter burgués y reaccionario   al servicio de las clases dominantes y el imperialismo.

– Presencia de varios medios de comunicación alternativos y comunitarios que acompañaron el paro e informaron desde la perspectiva y vivencias de los manifestantes, muy diferente a la información totalmente parcializada de los grandes medios de comunicación, alineados con las posiciones del gobierno.

En síntesis, como lo señala Pablo Dávalos: “Este levantamiento demuestra que el movimiento indígena ecuatoriano se ha constituido en un sujeto político que demuestra tener una capacidad organizativa para paralizar casi todo el país, controlar los territorios en los cuales tiene estructura organizativa, articular una agenda programática que suscita la adhesión de muchos sectores sociales y mantener un liderazgo que concita y suscita consensos y reconocimiento nacional”.

Limitaciones del paro 

Aunque el paro nacional puede ser caracterizado como una victoria para el campo popular, no se debe caer en el triunfalismo, si no mas bien hacer un análisis crítico y objetivo de las limitaciones de este hecho histórico y reconocer que fue un triunfo parcial que hace parte de un proceso de lucha de largo aliento hacia una verdadera transformación social. Entre las limitaciones del paro podemos señalar las siguientes:

– La casi nula presencia del movimiento sindical organizado y principalmente las centrales sindicales que conforman el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Se convocó a una marcha en Quito el 22 de junio desde la Caja del Seguro, pero la misma tuvo poca acogida porque en la zona se libraba un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. La UGTE controlada por la Unidad Popular (antes MPD) de tendencia estalinista, tuvo alguna presencia en las movilizaciones realizadas en Quito desde la Universidad Central. La CEDOC, dirigida por Mesías Tatamuez desde hace varias décadas, hizo pronunciamientos generales de apoyo destacando las consignas propias de los trabajadores, pero no logró movilizar a sus sindicatos. La CEOSL, cuyo máximo dirigente es el presidente de turno del FUT, estuvo totalmente ausente de las movilizaciones y según comentarios de personas cercanas al movimiento sindical, tiene un acuerdo con el gobierno bajo la mesa. La CTE, controlada históricamente por el Partido Comunista, atraviesa por un fuerte fraccionamiento interno y ha disminuido su fuerza sindical. En síntesis, el FUT se ha debilitado cuantitativa y cualitativamente desde hace varios años, sufre la burocratización de sus dirigencias y no ha tenido una posición frontal frente a las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno. Ha dejado de ser el referente de las luchas populares desde hace varios años.

– La ausencia de una dirección política revolucionaria con perspectiva anticapitalista y socialista. El grupo mejor organizado con influencia de masas es el PCML de tendencia estalinista, pero se ha desprestigiado por la contradicción entre su discurso radical y sus posiciones sectarias y aparatistas, habiendo priorizado la actividad electoral con malos resultados. Los partidos tradicionales de la izquierda, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista se debilitaron y dividieron durante el período correísta, ya que lo apoyaron política y electoralmente, pero luego se dividieron por la existencia de posiciones críticas al interior de sus filas. Subsisten pequeños grupos que se reivindican marxistas y revolucionarios;  en el momento actual estos han sido estigmatizados por el gobierno y los medios de comunicación afines al mismo, como es el caso del Movimiento Guevarista, ocho de cuyos integrantes se encuentran detenidos acusados de terrorismo y trata de personas.

– El descontento de algunas bases del movimiento indígena y organizaciones como la FENOCIN por los acuerdos firmados por el gobierno que no satisfacen sus expectativas, especialmente en el caso de los precios de los combustibles. Asimismo no se planteó con decisión y fuerza la consigna de ¡Fuera Lasso¡ que era un sentir de las bases y la mayoría de la población, pues está claro que el gobierno actual no ha cumplido sus ofertas y acuerdos y no va a dar soluciones reales a las principales demandas de la población empobrecida y oprimida.

– La ausencia de una alternativa de poder como la conformación de Asambleas Populares y Asambleas provinciales, para desembocar en una Asamblea Nacional o Parlamento de los Pueblos (en el 2019 se conformó el Parlamento de los Pueblos). Es muy importante que esta posibilidad se extienda hacia los barrios populares que participaron activamente en las movilizaciones y en la solidaridad con el movimiento indígena. Si bien la práctica de la democracia desde abajo (mandar obedeciendo) se ha llevado a cabo al interior de las comunidades indígenas, esa actividad debe ser impulsada en las organizaciones sociales y en los barrios populares de las ciudades.

– La falta de un programa que vaya más allá de la coyuntura y plantee la necesidad de transformaciones estructurales que permitan poner fin al capitalismo y sustituirlo por una sociedad justa e igualitaria, es decir sin explotación y dominación de una clase sobre otras.

– Falta de condiciones adecuadas para enfrentar la persecución judicial que el gobierno ha anunciado a través del Ministro Carrillo.

Por un programa de cambios estructurales 

El Paro Nacional de Junio es una clara demostración de que el período de lucha social que explotó en Octubre del 2019 no se ha cerrado. Las luchas y las movilizaciones continuarán porque la crisis social se ha agudizado y el gobierno burgués neoliberal de Lasso no ha sido ni será capaz de responder a las necesidades acumuladas de la clase trabajadora y los sectores populares.

Mas, para avanzar en la acumulación de fuerzas para el campo popular, es necesario impulsar un programa de gobierno que no se limite a los 10 temas planteados por el movimiento indígena y la CONAIE, el mismo que actualmente se negocia con el gobierno, sino que busque cambios estructurales en lo económico, lo social y lo político que garanticen una vida digna para todos los ecuatorianos.

Como ART planteamos los siguientes temas programáticos:

– Nacionalización del sistema de salud privado. Conformación de un sistema único, público y universal de salud. Fortalecimiento del IESS a través del ejercicio de su autonomía, control de los trabajadores y pago inmediato de las deudas del Estado.

– Por un sistema nacional de educación pública único y universal, técnico y científico, con mayor inversión y presupuesto para la educación básica, media y superior que permita una nivelación de salarios  para los maestros y la infraestructura básica para alcanzar una calidad adecuada.

– Por vivienda digna para todos. Impulsar un plan de emergencia habitacional con una inversión del 7% del PIB en vivienda.

– Por un plan nacional de obras públicas para enfrentar el desempleo y resolver los problemas de vivienda, educación, salud y sanidad.

– No al pago de la deuda externa. Por la ruptura con el FMI y el Banco Mundial.

– Expropiación de las empresas petroleras en manos extranjeras. Nacionalización de la extracción, la refinación y la distribución del petróleo. No a la extracción depredadora, por una extracción que respete el medio ambiente.

– Expropiación y cierre de la minería a gran escala en áreas protegidas y fuentes de agua para uso agrícola y humano.

– Por la superación del modelo extractivista y su sustitución por un modelo que impulse la producción nacional, priorizando la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

– Por una reforma agraria que entregue la tierra a quien la trabaje. Por la soberanía alimentaria que respete y proteja el medio ambiente.

– No a la privatización de las empresas públicas estratégicas en especial las del sector energético como eléctricas, petroleras, telecomunicaciones, etc.

– Fortalecimiento de la banca pública y fomentar el crédito productivo para empresas pequeñas y medianas, cooperativas y asociaciones, sector informal, priorizando a los campesinos y a otros sectores rurales.

– Nacionalización de los medios de comunicación y centralización de estos en el CNT bajo control de los trabajadores.

– Incrementar drásticamente el impuesto a la renta a las grandes empresas pertenecientes a los grupos económicos monopólicos, así como implementar un impuesto a los oligopolios y a las ganancias extraordinarias. Eliminar el impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas.

– Reducir el presupuesto militar y policial, sobretodo el orientado a la represión interna y al espionaje político y similares.

– Combate frontal a la corrupción, mediante la transparentación de las cuentas públicas y privadas. Prisión a los corruptos y confiscación de sus bienes.

– Por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas en temas como la salud, la educación, la justicia, la preservación de su cultura y otros y reconocimiento legal de sus territorios ancestrales.

– Lucha frontal contra el racismo y las opresiones a todo nivel. No a la violencia machista. Por los derechos de la población LGBTI. No a la xenofobia y la discriminación contra los migrantes.

– Alto a la criminalización de las luchas sociales y la persecución a las organizaciones de trabajadores e indígenas, organizaciones políticas de izquierda, sus dirigentes y activistas.

Para lograr llevar a la práctica el programa y las consignas expuestas la tarea central es impulsar la unidad de las organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, de indígenas, campesinos, mestizos y sectores populares contra la crisis instaurada. Esta unidad se debe plasmar en la constitución de una Asamblea Popular a nivel nacional con delegados de las asambleas de base unitarias para organizar la lucha. Dar continuidad a la organización y las movilizaciones es una necesidad impostergable frente a un gobierno que no cumple los acuerdos y no tiene palabra. Los trabajadores y los movimientos sociales en resistencia no deben depositar ninguna confianza en el régimen de Guillermo Lasso sino prepararse para la continuación de la lucha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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