En lugar de acelerar la compra de vacunas, usar todos los recursos y medidas para mejorar el sistema de salud, hacer cualquier cosa contra la pandemia, he aquí que el presidente de la Cámara de Diputados acelera el trámite de un proyecto de ley para supuestamente combatir el terrorismo. Como mínimo, increíble.
Por: PSTU Brasil
Como si no bastase el momento completamente inoportuno para discutir cualquier cosa que no sea salvar la vida de las personas frente a la pandemia, en verdad la medida no fue retomada ahora por casualidad. Es parte de un proyecto autoritario y dictatorial de poder por parte de Bolsonaro y su base aliada. Este proyecto de ley no es para combatir terrorismo alguno. Sino sí para aumentar y facilitar la represión y persecución política contra los movimientos sociales, populares y de los trabajadores. Es un grave ataque a las libertades y derechos democráticos.
La principal artimaña de esta ley es definir terrorismo de manera amplia para que pueda encuadrar cualquier tipo de actividad democrática contra el gobierno, por ejemplo. Incluso es posible que cualquier huelga de trabajadores o manifestación política pueda ser encarada como terrorismo. El proyecto dice eso expresamente. Afirma que su objetivo y su justificativa es “la falta de coraje para discutir, con seriedad, los límites entre acciones legítimas y democráticas de movimientos sociales y los crímenes por sus alas radicales cometidos, muchos de los cuales extremadamente próximos conceptualmente de lo que sería el terrorismo, lo que deja turbio el ámbito de actuación de los órganos estatales involucrados en la prevención y en el combate al terror, entre tantos otros argumentos”. O sea, aquí se trata de la intención de limitar, criminalizar, reprimir y destruir actividades de los movimientos sociales y populares.
La forma puesta en la ley para hacer eso es la creación de todo un ordenamiento jurídico especial para enfrentar el “terrorismo” con la facilidad de una serie de mecanismos como infiltraciones, espionaje, empleo del ejército, etc. Lo más grave tal vez sea la garantía de una verdadera licencia para matar para una de las policías que más mata en el mundo.
Los agentes policiales o militares tendrían excluyente de ilicitud, o sea, no responderían por crímenes cometidos en servicio como matar a alguien, si estuvieren enfrentando una “amenaza terrorista”. ¿Quién defiende qué es eso? Pues, según el texto de la ley son aquellas acciones “practicadas en nombre de diversas visiones políticas y religiosas, cometidas con la finalidad de provocar terror social o generalizado, exponiendo a peligro a personas, patrimonio, la paz o la integridad pública”. El problema es que cualquier cosa podría ser encuadrada en eso. Si sin esa legislación la policía ya mata a tantos inocentes y la violencia sigue perpetuándose, con esta legislación nueva, no solo la violencia policial aumentaría como estaría abierta la posibilidad de usar esto para fines políticos, para silenciar la oposición, para intimidar adversarios y críticos y es eso que quiere el gobierno.
El objetivo real de masacrar al pueblo en su lucha por la sobrevivencia queda más evidente aún cuando retira incluso hasta la necesidad de tachar algo de “terrorista” para endurecer la represión. Allá está escrito que: “Esta ley será aplicada también para prevenir y reprimir la ejecución de acto que, aunque no tipificado como crimen de terrorismo sea peligroso para la vida humana o potencialmente destructivo en relación con alguna infraestructura crítica, servicio público esencial o recurso clave; y b) aparente tener la intención de intimidar o presionar a la población civil o de afectar la definición de políticas públicas por medio de intimidación, coerción, destrucción en masa, asesinatos, secuestros o cualquier otra forma de violencia”.
No quieren combatir crimen común, no quieren resolver el problema de la violencia urbana. Quieren tener más mecanismos de control social de forma autoritaria. Quieren que el pueblo pase hambre y aún sea masacrado caso luche contra su situación de penuria.
Incluso con el hecho de que la popularidad de Bolsonaro está cayendo y la población está percibiendo la situación insoportable que el gobierno la obliga a pasar, solo las tesis negacionistas de Bolsonaro no son suficientes para asegurar su base y es obligado a amenazar con acciones duras contra la población que hoy pasa hambre, no tiene salario ni empleo ni ingresos, y aún está indefensa contra el coronavirus. Entonces, frente al peligro de levantes sociales más que justos, Bolsonaro amenaza con golpe, cita al ejército como suyo, y ahora sus lacayos presentan esta ley absurda. Recordemos que Arthur Lira, presidente de la Cámara, como el proponente de la Ley, el diputado del PSL Victor Hugo, son aliados del presidente. Y todavía después no quieren ser responsabilizados por la grave situación por la cual pasa el país.
Si ya existió terrorismo en el Brasil tal vez estemos asistiendo al peor atentado. Claro que son casos diferentes, pero tomando en cuenta solo el número de muertos, ya tenemos casi diez veces más muertos por la pandemia que el número total de víctimas de homicidio de 2019 (40.000) en el país. Hoy son cerca de 300.000 muertos hasta ahora a raíz de una pandemia desenfrenada por responsabilidad, en primer lugar, de Bolsonaro. Es tan hipócrita todo este debate que, bajo esas definiciones puestas en la ley, quien practica terrorismo en el Brasil se llama Jair Messias Bolsonaro y sus apoyadores, como el bandido preso Daniel Silveira. Él hace atentado contra la vida de las personas, amenaza cerrar el Congreso, el Supremo Tribunal Federal, y dar golpe de Estado reaccionario. O incluso los amigos de la familia presidencial que tienen relación con los milicianos de Rio de Janeiro, que por su parte tienen relaciones con el tráfico de drogas y todo el submundo de la ilegalidad de este país.
Si la intención de la ley fuera combatir esos tipos de crímenes, que siquiera pueden ser encuadrados de hecho en terrorismo, deberíamos preguntarnos por qué el diputado que propone esta ley votó contra la prisión de Daniel Silveira. ¿O acaso, Victor Hugo y el presidente quieren saber por qué un diputado de Rio de janeiro homenajeó en la ALERJ a diversos policías condenados en la Justicia por varios crímenes, entre ellos los de dos personas ligadas al grupo de exterminio llamado “Escritorio de Crimen” [Oficina del Crimen], grupo criminal involucrado en el asesinato de Marielle Franco? Este diputado se llama Flávio Bolsonaro, que tuvo como asesor a Queiroz, que indicó a la madre y la esposa del reconocido miliciano muerto Adriano Nóbrega para ser también asesoras de Flávio. A partir de ahí son sobres con dinero para allá y para acá, y nadie investiga más nada.
¿Cómo este grupo cree que tiene moral para hablar cualquier cosa sobre las acciones de los movimientos sociales o tacharlas de terroristas? Laven su boca para hablar de la lucha del pueblo pobre y trabajador de este país y tengan la certeza de que no habrá ninguna oportunidad en su escalada criminal, dictatorial, represiva y autoritaria. Todas las organizaciones de los movimientos sociales deben unificarse contra la discusión y aprobación de este ley. Unificar sindicatos, movimiento estudiantil, movimiento contra las opresiones, partidos, organizaciones de derechos humanos, y todas las que luchan por los derechos democráticos para impedir este grave ataque.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 22/3/2021.-
Traducción: Natalia Estrada.
