Por: Jorge Luis Souto Maior
Publicado en el blog de Jorge Luiz Souto Maior
La Compañía Metropolitana de São Paulo, el Metrô-SP, definitivamente no se da bien con la lógica del diálogo social cuando los interlocutores son las personas que llevan adelante, con la realización de su trabajo, su emprendimiento.
Ora, no es la primera vez que una huelga de metroviarios en São Paulo
acaba en puniciones, por parte de la empresa, a los trabajadores implicados en la huelga.
En 2007, días después de la huelga iniciada los días 2 y 3 de agosto, el Metro despidió a 61 trabajadores.
La huelga de 2014 resultó en el despido de 42 trabajadores del metro, muchos de los cuales incluso vivieron esta experiencia en dos ocasiones, porque, en razón de la decisión dictada por el juez Thiago Melosi Sória, titular del 34º Juzgado del Trabajo de São Paulo, el 27 de agosto se cancelaron los despidos, y cuando un amparo, dictado en el ámbito del Tribunal, anuló la decisión, los que habían sido reintegrados fueron nuevamente despedidos, esta vez, con la perversidad de efectivizar el mismo en vísperas de Navidad (24 de diciembre).
Todos los trabajadores despedidos en 2014 y que pretendieron revertir la situación fueron reincorporados en 2018, declarando la Justicia del Trabajo, definitivamente, que el Metro había cometido un acto antisindical al promover los despidos antes mencionados.
En la época (2014), el Metro ya se había valido del trabajo ilegal para intentar mantener las actividades durante la huelga, enviando 220 telegramas a los maquinistas, para inducirlos a presentarse a trabajar, siendo que, en los términos del § 2º., de art. 6° de la Ley n. 7.783, está “prohibido a las empresas adoptar medios para conminar a los empleados a asistir al trabajo, así como aquellos que puedan frustrar la divulgación del movimiento”.
Ahora, en 2023, la historia se repite, demostrando no sólo una falta de respeto al derecho de huelga sino también a las reiteradas decisiones de la Justicia del Trabajo sobre las represalias llevadas a cabo en huelgas anteriores.
Esta vez, luego de la huelga del 3 de octubre último, 8 (ocho) trabajadores del metro fueron despedidos sumariamente, casi todos dirigentes sindicales y miembros de la CIPA, siendo uno de ellos el vicepresidente del sindicato y 1 (uno) suspendido por 28 días. .
El argumento utilizado para los despidos es que participaron en la lucha de la categoría contra la privatización, más precisamente, en los actos de la movilización que tenía como objetivo impedir que la empresa ideara formas de mantener el funcionamiento de los trenes, incluso durante la huelga. En concreto, muchos de los sancionados estuvieron implicados en un acto de resistencia, iniciado a principios de este año, contra la realización de un “plan de contingencia”, caracterizado por el entrenamiento que los operadores de trenes tendrían que impartir a los empleados en puestos directivos y de supervisión de otras áreas de la empresa, para que estos se habilitasen a operar los trenes el día de la huelga.
Se trata, por cierto, de una estrategia para frustrar el ejercicio del derecho de huelga y es, por tanto, ilegal, además de generar un enorme riesgo para la población, ya que, incluso con algún entrenamiento, esas personas no están debidamente habilitadas y, además, son pequeños en número.
Pero no sólo eso. En la noche del 11/10, el día antes del feriado, el Metro comenzó a entregar advertencias de madrugada a los operadores de trenes.
Ante la situación de represalias, las operadoras y operadores de trenes llevaron a cabo una nueva y fuerte movilización, autoorganizada por la base, que contó con el apoyo del Sindicato.
La manifestación fue suspendida tras el compromiso de la empresa de que habría una reunión de negociación sobre las sanciones, dando garantía de que no habría ninguna punición por esta movilización, pero no se retiró ninguna advertencia previa y el 24/10 comenzaron los despidos antes mencionados, que afectaron a trabajadores de todas las líneas, incluidos los directores del sindicato y su vicepresidente.
Queda claro, por lo tanto, que los castigos apuntan a afectar el pleno ejercicio del derecho de huelga como instrumento de lucha de la clase trabajadora para la defensa de sus intereses, que implica, en este caso, el rechazo al proceso de privatización del transporte y del saneamiento.
Por lo tanto, el Sindicato de Trabajadores del Metro tiene toda la razón al explicitar que los despidos y sanciones en cuestión tienen un carácter abiertamente político, constituyendo un acto antisindical, con el claro objetivo de debilitar la lucha de los trabajadores y crear divisiones en la categoría. la cual, vale recordar, al menos desde 2014, ha sido vanguardia en las luchas de interés general de la clase trabajadora, y esta vez ha estado en la línea de frente contra las privatizaciones anunciadas por el gobierno estadual, y en defensa del transporte público de calidad y al servicio de la población.
La huelga de 2023, incluso, fue desencadenada en un acto unificado con los trabajadores de la CPTM [trenes urbanos] y la SABESP [agua y saneamiento].
Y nunca está de más recordar que a todas las personas, incluidos, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras en sus respectivas relaciones laborales legales, se les concede garantía fundamental de resistir a una agresión a sus derechos, a su dignidad y a su integridad física y moral. La legitimidad de la resistencia ante una injusticia no está condicionada a la aplicación de una norma jurídica específica que delimite cuándo y cómo debe ocurrir la reacción.
En cuanto a la privatización, es de conocimiento general que la privatización de los servicios públicos ya ha demostrado sus altos costos para el erario, pues constituye una puerta abierta a la corrupción y a la sobrefacturación, además de derivar en un deterioro de los servicios públicos y, más importante, en una progresiva precarización de las condiciones de trabajo, sobre todo con la promoción de tercerizaciones, lo que implica la integración de nuevas empresas privadas en la prestación del servicio público, transformado en “emprendimiento”, y generando nuevos costos al Estado, derivados de responsabilización por ilegalidades cometidas por estas empresas frente a los consumidores y a los trabajadores, así como hacia el medio ambiente.
En este momento, hay dos subastas en marcha, una que terceriza el atendimiento en las estaciones y otra que terceriza el mantenimiento de trenes de la Línea 15 Prata [Plata] monorriel.
Es de suma importancia, por lo tanto, que todas las personas y entidades que buscan la construcción de un país en el que, por los menos los servicios públicos, que constituyen derechos básicos de ciudadanía, sean prestados con calidad, en un ambiente en el cual se respire y se viva la democracia y se respeten los derechos fundamentales y sociales de las trabajadoras y los trabajadores, se unan a las cmapañas y movilizaciones para la inmediata reversión de la injusticia por la cual pasan estas personas que lucharon y que continúan luchando por el respeto a sus derechos y por los intereses de todos nosotros.
De este modo, sólo nos cabe decir: ¡no a las privatizaciones y a las represalias contra los trabajadores en el Metro!
Publicado con autorización de Jorge Souto Maior.
Traducción: Natalia Estrada.
