Para finalizar esta serie de artículos sobre el golpe militar y la lucha de la clase trabajadora y el pueblo del país del Sudeste asiático, queremos discutir los enormes desafíos que ellos tienen por delante, así como sus alternativas.

Por Wilson Honório da Silva, de la Secretaría Nacional de Formación del PSTU Brasil

De inmediato, es preciso que se diga que, mucho en función del bloqueo de las informaciones, es difícil analizar la real situación. Lo que podemos afirmar, con seguridad, es que Burma hoy es ejemplo de cuestiones fundamentales para los socialistas revolucionarios: el grado de polarización social que ha caracterizado el actual contexto mundial (a pesar e incluso por causa de la pandemia) y el protagonismo incuestionable de la clase obrera en lo que se refiere al destino de la humanidad.

Para tal, en el caso de Birmania, primero es preciso que nos detengamos en la alternativa inmediata, frente a una posible caída de la dictadura: el retorno a la democracia y de la líder Aung San Suu Kyi, que ejercía el poder al frente de la Liga Nacional para la Democracia (LND) hasta ser depuesta y presa el 1 de febrero. Es innegable que la imagen de Suu Kyi, hoy, prácticamente simboliza la lucha contra los militares, pudiendo ser vista en todas las manifestaciones que sacuden el país.

Con todo, ella, de forma alguna puede ser considerada como una verdadera alternativa para que la sociedad birmana ponga fin, de hecho, a la explotación, la opresión y la represión que han marcado la historia de Burma. Por el contrario. Hay años luz de distancia entre la imagen pública e internacional que ella construyó para sí y cómo su propio pueblo la ve, y lo que ella realmente significó e hizo. Algo que precisa ser conocido, incluso para entender por qué la única salida para la situación enfrentada en Burma está en manos de la clase trabajadora, de la juventud y del sufrido pueblo de sus 136 distintas etnias.

Aung San Suu Kyi: la “hija de la Nación” y “dama de la democracia”

 Cuando volvió al país en 1988, después de un largo exilio en el Reino Unido, Aung San Suu Kyi –que ya era reconocida por la participación de su padre, llamado “Padre de la Nación”, en el período de las luchas por la descolonización– emergió como líder política en la llamada “Rebelión 8888”, en referencia a la fecha (8 de agosto de 1988) en que estudiantes se levantaron contra la dictadura de partido único que dominaba el país desde 1962, y lo había llevado a la ruina, a la miseria y a niveles abominables de explotación (incluyendo trabajo esclavo o jornadas de 14 horas diarias) bajo la mentirosa bandera de la “vía birmana al socialismo”.

La rebelión de la juventud, que ganó apoyo masivo de la población y de trabajadores, fue violentamente masacrada, resultando, como mínimo, en 3.000 muertos, millares de heridos y prisioneros y, aún, en un “golpe dentro del golpe”.

El entonces presidente Ne Win, del Partido del Programa Socialista Birmano, fue depuesto, siendo sustituido por otro sector del Ejército, organizado en el “Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo” (SPDC), liderado entonces por el general Saw Maung, que en un primer momento, dada la fuerza del movimiento, escenificó con reformas democráticas, convocando a elecciones generales.

En el proceso electoral realizado en 1990, la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi (que estaba en prisión domiciliaria desde 1989), fundado durante la rebelión, obtuvo cerca de 81% de los votos, conquistando 392 de los 492 asientos en el Parlamento. Y, ahí, la nueva Junta Militar se sacó la máscara, anulando las elecciones, encarcelando a millares e imponiendo un régimen totalitario que perduró hasta 2011.

Durante esas dos décadas, Suu Kyi, a pesar de permanecer la mayoría del tiempo en prisión domiciliaria, solo ganó más popularidad, incluso hasta por negarse a dejar el país, condición impuesta por la dictadura a cambio de su libertad, ganando así enorme proyección dentro y fuera del país: en 1991, se tornó la segunda mujer en recibir un Premio Nobel de la Paz; en 2003, sobrevivió a una masacre que provocó la muerte de otros 70 dirigentes de la LND y, aún, tuvo su vida transformada en el filme “The Lady” (“La Dama”, que fue traducido también con el título “Más allá de la Libertad”, en portugués) dirigido por el cineasta francés Luc Besson y lanzado en 2010, en vísperas de su liberación definitiva.

La liberación de la líder del LND se dio en medio de la última crisis de la dictadura, cuya impopularidad había llegado al ápice, impulsada por la exacerbación de las pésimas condiciones de vida, como consecuencia de la crisis económica mundial iniciada en 2008. Algo que ya había quedado claro en las fraudulentas elecciones de 2010, en las cuales el partido de los militares recibió 80% en un proceso electoral boicoteado por la LND y ampliamente rechazado por la población (con un índice de abstención de casi 80%).

La Junta Militar fue formalmente disuelta en marzo de 2011, pero el poder continuó siendo ejercido por el partido de los militares, el SPDC, con la conducción de Thein Sein (un general que ejercía el cargo de primer ministro desde 2007 y fue dado de baja en 2010 para poder hacerse pasar por “civil”). En 2012, cuando fueron convocadas elecciones suplementarias, Suu Kyi acabó siendo electa para el Parlamento, comenzando a intervenir en los rumbos del país.

La convivencia pacífica y criminal con los militares

Como mencionamos en el artículo anterior, en 2015 la LND salió victoriosa en las primeras elecciones libres desde los años 1960, con “La Dama” tornándose la principal dirigente del país. Lo mismo se repitió en noviembre de 2020, cuando la victoria fue aún más significativa, con la LND eligiendo 396 de los 476 parlamentarios del país, que no llegaron a asumir sus mandatos, en función del golpe.

Pero el hecho es que, independientemente de su popularidad y de que su liberación, correctamente, sea una de las principales reivindicaciones en el actual movimiento, Aung San Suu Kyi no puede ser considerada una aliada incondicional de su propio pueblo, mucho menos una alternativa para dirigirlos a la libertad y la igualdad por las cuales los birmanos han luchado tanto.

Es público y notorio que, desde su retorno al país, Suu Kyi optó por dos caminos que la descalifican para eso: negociar con los militares, garantizándoles la impunidad frente a sus muchos crímenes y el mantenimiento del poder económico que siempre tuvieron; y, aún, después de llagar el poder, hundir a país en el neoliberalismo, manteniendo (e incluso ampliando) los niveles de explotación de los trabajadores.

En relación con los militares, la sumisión llega a ser vergonzosa e indecente. El gobierno de la Liga Nacional por la Democracia ni siquiera alteró la Constitución de 2008, que concede a los militares el total control sobre los principales ministerios (entre ellos los de Defensa, Asuntos Internos y Asuntos de Frontera), la reserva de 25% de los asientos en el Parlamento para soldados escogidos por el comandante en jefe, inmunidad general contra cualquier acusación por los crímenes cometidos en las diversas guerras contra grupos étnicos y amplia autoridad para declarar el estado de emergencia.

“Derecho” que ellos ejercieron plenamente el 1 de febrero pasado, cuando el general Min Aung Hlaing, que ocupaba desde 2011 el puesto de Comandante en Jefe del Ejército (incluso bajo el gobierno de la LND), tomó el poder por asalto.

Y no se puede decir que fue la “falta de tiempo” o de indicios de las intenciones golpistas de Min Aung que impidieron las acciones de la LND. Fue una opción política. Uno de los peores resultados de la connivencia pacífica de Suu Kyi con los militares se manifiesta en la persecución de las minorías étnicas. Una situación mantenida intacta, en la práctica, incluso hasta porque la líder birmana, como publicado en The New York Times, el 6/5/2016, se niega, hasta hoy, a reconocer los “rohingya” (el grupo más perseguido, de tradición musulmana) como uno de los 136 grupos étnicos del país, teniendo ya incluso determinada la prisión de periodistas que denunciaron el problema.

Según la ONG de derechos humanos “Human Rights Watch” (HRW), en su Informe Mundial 2021, en función de esto, los 600.000 miembros de la etnia “rohingya”, aislados en el Estado de Rakhine, continúan siendo los más afectados por aquello que el HRW llama situación de “apartheid”, “genocidio” y “crimen contra la humanidad”, por estar “sujetos a persecución y violencia gubernamental, confinados a campos y aldeas sin libertad de movimiento, y privados de acceso a la alimentación adecuada, cuidados de salud, educación, y medios de subsistencia”.

No obstante, la persecución no se limitó a las minorías étnicas. Para Suu Kyi y su partido, “democracia” es un concepto bastante estrecho y maleable. Desde que llegaron efectivamente al poder, en 2016, “las autoridades utilizaron leyes demasiado amplias y vagamente redactadas para arrestar y procesar a decenas de defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras personas por criticar al gobierno y a los militares, o por protestar pacíficamente”, concluye el Informe Mundial 2021.

Ejemplos de esto quedaron evidentes en el proceso electoral de 2020, cuando la LND “persiguió a sus críticos, censuró mensajes de los partidos de la oposición y no proporcionó igualdad de acceso a los medios de comunicación estatales”, cancelando incluso la votación en 57 ciudades con poblaciones formadas por minorías étnicas. Algo que solo puede llevar a una conclusión: “Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia en el poder dieron la espalda a las preocupaciones con los derechos humanos desde que tomaron el poder, traicionando promesas al pueblo de Myanmar de revocar leyes represivas y romper con prácticas abusivas del pasado”, como dijo Phil Robertson, director adjunto de la Human Rights Watch para Asia.

La persecución y la censura que corren sueltas en el país se manifestaron, incluso, en la eclosión de la pandemia. Como informamos, en abril de 2020, un grupo de artistas, exactamente de la región Rakhine, de mayoría musulmana, fue detenido, acusado de blasfemia por haber hecho un grafiti (posteriormente cubierto) que mostraba a trabajadores de la salud intentando salvar el mundo del virus, representado como un enviado del Señor de la Muerte.

La “reconciliación” con los militares: puertas abiertas para el golpe

Una buena síntesis de lo que ocurrió el 1 de febrero fue dada por Carlos Sardiña Galache, autor de El laberinto birmano: una historia de la tragedia de los rohingya”, en un artículo publicado el 5/2/2021, por el portal “Jacobin”: “El golpe militar contra Aung San Suu Kyi marca el fin de la experiencia de diez años de Burma con la democracia. Su gobierno habló de reconciliación nacional, mientras negaba las atrocidades de los militares y nada hacía para parar su guerra contra las minorías étnicas –una negación explícita a “tomar partido”, que aseguraba que las fuerzas armadas continuarían a dominar la política del país”.

Aún según Galache, “en los primeros cinco años de la transición, cuando el ex general Thein Sein fue el presidente (…), Aung San Suu Kyi contribuyó para dar legitimidad a este sistema, tanto internamente como internacionalmente. Cuando ella y algunos miembros de su partido se tornaron diputados en 2012, poco hicieron para desafiar al gobierno. Su estrategia en la época consistía principalmente en ganar la confianza de los militares en nombre de la ‘reconciliación nacional’ y quitar valor a cualquier tipo de movimiento de masa que pudiese comprometer su aproximación con los generales”.

En la práctica, más allá de dar continuidad a la persecución étnica y otras tantas prácticas criminales de los militares, Suu Kui formó un gobierno compuesto básicamente por la elite económica y política, descendientes de los viejos héroes de la lucha antiimperialista y la cúpula militar que había usurpado el poder en el medio siglo anterior. Una receta para el desastre.

Una catástrofe no solo política y cultural sino también en términos sociales y económicos, principalmente cuando mezclada con las exigencias del capitalismo neoliberal, sediento por mano de obra barata frente a la crisis del sistema, hundido pos 2008, y apoyada en otro sistema mantenido intacto por Suu Kyi, el llamado “crony capitalism” (“capitalismo de camaradería o de compadres”), término utilizado por la población para designar una economía en la cual el éxito en los negocios depende del estrecho relacionamiento entre empresarios y funcionarios del gobierno (los militares, fundamentalmente), que, desde siempre, negocian favores en la distribución de licencias ilegales, subsidios gubernamentales, incentivos fiscales especiales, u otras formas de corrupción estatal.

“Capitalismo de compadres” y hundido en el neoliberalismo

Myanmar tendría todo para ofrecer condiciones decentes de vida para su población. El país es riquísimo en recursos naturales, como gas, petróleo, y otras materias primas, además de la extracción de piedras preciosas como zafiros, perlas, jades y rubíes (90% de la producción mundial) y uno de los mayores productores de arroz del mundo.

Con todo, un estudio publicado en setiembre de 2020 por el Instituto Internacional de Pesquisa de Políticas Alimentarias (IFPRI, en la sigla original) demostró que 59% de los 1.000 domicilios encuestados en el área urbana de Rangún (la principal ciudad) y 66% de los 1.000 domicilios rurales pesquisados en la llamada Zona Seca, ganaban menos de U$S 1,90 por día (parámetro internacional para el nivel de “pobreza extrema”). Estos índices habían presentado una considerable alza durante el transcurso de la pandemia.

No obstante, no es en el Covid-19 que ellos tuvieron raíces. El problema es que, en lugar de suplir las necesidades de su pueblo, toda esta riqueza estuvo siempre al servicio, en el pasado, de los colonizadores y, actualmente, de la elite dominante en el propio país, con destaque para los militares y sus “compadres”, principalmente a través de organizaciones como la Corporación Económica de Myanmar (CEM) y la Empresa Pública de Holdings Económicas de Myanmar Ltda., que detentan o monopolizan negocios en áreas como sectores del sistema bancario, la minería, la producción de tabaco, y el turismo.

Una situación que, aún según el artículo publicado en el “Jacobin”, fue mantenida exactamente igual en el período democrático, ya que Suu Kyi se negó, incluso, a tocar a los “infames ‘compadres’, que habían hecho fortuna robando los recursos naturales del país a través de sus contactos con la Junta”, solo pidiéndoles que comenzasen a “trabajar para los otros en el futuro”, como declaró en octubre de 2016.

En verdad, la historia solo empeoró, ya que, aún según el “Jacobin”, el gobierno de la LND también “adhirió a los programas neoliberales que los generales habían intentado implementar, sin éxito, en los años ’90, cuando las sanciones internacionales, la corrupción y el compadrazgo destruyeron la economía, y solo comenzaron a alzar vuelo durante la transición, sin hacer nada para combatir las enormes desigualdades prevalecientes en el país”.

No por casualidad, el mayor símbolo del avance de la ganancia neoliberal sobre el país es, hoy, también, la vanguardia de las luchas contra la dictadura: el sector de la producción del vestido. Siendo que muchas de las fábricas fueron abiertas exactamente en los últimos diez años, cuando Burma se integró, definitivamente, al “nuevo orden” de la división mundial del trabajo neoliberal.

Según el site “Fibre2Fashion”, especializado en la industria textil mundial, solo en uno de los sectores de la industria, llamado “cut-make-pack” (cortar los tejidos de acuerdo con los padrones de la empresa multinacional, coserlos y empacarlos para exportación), los negocios que involucraban U$S 850 millones en el año fiscal de 2015-2016 (el primero con la LND en el gobierno), saltaron para U$S 4, 28 miles de millones en 2019-2020. En total, el sector acumuló en 2019 ganancias de cerca de U$S 6.000 millones, correspondiendo a 30% de las exportaciones (contra 7% en 2011, como ya mencionamos).

Todo esto, evidentemente, a costa de la explotación de mano de obra barata, exhaustivas jornadas de trabajo, corte de derechos laborales y persecución a las entidades de la clase. Razones que estuvieron por detrás de la ola de huelgas que explotó en noviembre de 2019, principalmente en las grandes industrias extranjeras, y que fue retomada a inicios de 2020, cuando las empresas comenzaron a despedir como parte de sus políticas para “contención de daños” con la pandemia.

Derrocar la dictadura y construir el poder obrero

Interrumpido tanto por la pandemia como por las expectativas en las elecciones de noviembre pasado, este proceso, de cierta forma, explotó con nueva fuerza cuando los militares tomaron el poder por asalto.

Hablando al portal del “China Labour Bulletin” (una ONG con sede en Hong Kong, que apoya el movimiento de trabajadores en China), Khaing Zar Aung, presidente de la Federación de los Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM, en la sigla en inglés) y miembro del comité ejecutivo central de la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM), destacó la importancia de la tarea inmediata, que es el derrocamiento de la dictadura: “Los trabajadores saben que serán la camada más reprimida de la sociedad bajo la Junta Militar. Aunque el mecanismo de denuncia de violaciones de los derechos de los trabajadores no funcione muy bien, por lo menos los trabajadores son menos perseguidos bajo el régimen civil. Es por eso que ellos están arriesgando todo para derribar al dictador”.

Pero, es exactamente esta conciencia de que ni bajo el llamado régimen democrático sus derechos fueron asegurados, así como por las experiencias acumuladas en los últimos años, lo que puede llevarlos a dar un paso al frente, como se destacó en un artículo publicado en el “Labor Notes”, publicado el 11 de marzo: “Ahora, los trabajadores están aplicando el know-how adquirido en años de organización laboral en la lucha contra el retorno del dominio militar. La organización en los lugares de producción y distribución y la paralización del país pueden ser la única esperanza de forzar a los militares a la mesa de negociaciones”.

Ese proceso de autoorganización en los lugares de trabajo, incluso puede ser uno de los saldos más importantes de estas luchas. No hay cómo evaluar, en el momento, su dimensión e intensidad, pero, incluso hasta por la casi total paralización del país, es evidente que los trabajadores y el pueblo están creando sus propios mecanismos no solo para garantizar la continuidad de la lucha, la defensa contra la represión sino, también, cómo lidiar con problemas creados por la pérdida de vivienda, falta de transporte y ausencia de servicios básicos, como hospitales, escuelas, mercados, etc.

Y esperamos que eso avance aún más. Por lo menos, pasado más de un mes del golpe, esta parece ser la disposición del movimiento. En el mismo artículo, fueron entrevistadas tres de las mujeres que están en la dirección de esta lucha (y, hoy, consecuentemente, en la clandestinidad): Ma Moe Sandar Myint (mencionada en el artículo anterior y dirigente de la Federación de los Trabajadores del Vestido de Myanmar), Ma Ei Ei Phyu y Ma Tin Tin Wai (ambas de la Federación General de los Trabajadores de Myanmar), cuya disposición de lucha puede ser sintetizada en una declaración de Ma Ei Ei Phyu: “No podemos aceptar la dictadura de forma alguna. Aunque seamos despedidos de la fábrica por causa de huelgas y protestas, lucharemos hasta el fin”.

Con todo, considerando lo que fue expuesto en estos artículos, es evidente que el “hasta el fin” no puede limitarse al retorno de la LND y Aung San Suu Kyi al poder. Es preciso ir más allá. Y, por eso mismo, no hay como discordar de la conclusión de Carlos Sardiña Galache, en el artículo mencionado anteriormente: “Hay pocos motivos para expresar simpatía por ella [Suu Kyi]. Nuestra solidaridad debe estar con los millones de birmanos comunes que sufrieron bajo el régimen militar –y probablemente, continuarán sufriendo en el futuro próximo”.

Un círculo vicioso que, como ya afirmamos, solo será roto si en el proceso de rebeldía y lucha contra el golpe militar, los trabajadores y trabajadoras, en alianza con los sectores étnicos, la población campesina y la juventud, fortalecen sus entidades y organizaciones políticas y no solo derriben a los militares (paso fundamental, en el momento) sino también expropien y pasen a controlar sus empresas, avanzando en la construcción de una sociedad socialista, que garantice la libertad, la igualdad, los derechos y la justicia para las 136 etnias que viven en Burma, a través de la conquista del poder económico y del ejercicio del poder político por aquellos y aquellas que construyen las riquezas del país. Algo que los trabajadores están discutiendo en el calor del proceso.

(*) Con la colaboración de Herbert Claros, militante del PSTU de São José dos Campos y dirigente de la Secretaría Ejecutiva y del Sectorial Internacional de la CSP-Conlutas.

Artículo publicado originalmente en www.pstu.org.br, 27/3/2021.-

Traducción: Natalia Estrada.