¡5 VECES SÍ EN LA CONSULTA POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA! 

¡VOTO NULO EN LAS CANDIDATURAS DE PRESIDENTES, ASAMBLEÍSTAS Y PARLAMENTARIOS ANDINOS!

¡POR UN PROGRAMA ALTERNATIVO DE LA CLASE TRABAJADORA SECTORES POPULARES, ORGANIZACIONES SOCIALES, MOVIMIENTO INDÍGENA, MUJERES, Y LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA DE ECUADOR!

El pueblo ecuatoriano y la clase trabajadora atraviesan una de las etapas más duras de su historia. No solo por una pandemia que ha puesto de manifiesto la incapacidad y las limitaciones del sistema capitalista mundial para enfrentar una emergencia de salud pública, sino por las desastrosas políticas adoptadas durante este periodo por el gobierno de Lenín Moreno.

Mientras los sectores más vulnerables de la población se contagiaban y morían por la falta de atención en los hospitales, el gobierno tomó la decisión de pagar y prepagar la deuda externa en cerca de dos mil millones de dólares. Mientras los médicos, los trabajadores de la salud y de otras áreas de servicios básicos se enfrentaban a la muerte sin el equipamiento básico de bioseguridad, el régimen de Moreno aplicó a rajatabla las políticas neoliberales impuestas por los organismos multilaterales de crédito, encabezados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Según algunos datos, a diciembre de 2020 la deuda externa de Ecuador llega a 46.9% del PIB de Ecuador, y sumada la deuda interna, representa el 65.3% del PIB. Aunque de manera oficial se han reconocido más de 14.000 muertes confirmadas y probables relacionadas con el Covid, hasta mediados de diciembre las cifras del registro oficial nos dicen que se han producido 40.000 muertes en exceso en lo que va del año, respecto de periodos anteriores. Eso significa que se ha provocado un verdadero genocidio que pudo ser evitado o, al menos, atenuado con políticas públicas que deberían haber priorizado la salud y la vida y no el pago de la deuda y el salvataje de las grandes empresas.

La otra prioridad del régimen ha sido disminuir el alto déficit fiscal, calculado en alrededor de diez mil millones de dólares en el presente año. Sus causas fundamentales han sido la caída en los precios del petróleo, el pago de la deuda externa, la remisión de intereses, multas y exoneraciones de impuestos a los grupos económicos más fuertes, el despilfarro y la corrupción en las más altas esferas políticas y empresariales. Para cumplir dicha meta, que es una de las condiciones exigidas por el FMI, el gobierno ha reducido el gasto y la inversión en el sector público, lo cual ha significado el despido de miles de trabajadores en áreas sensibles como salud, educación, bienestar social, medio ambiente. Leyes como la mal llamada “humanitaria” han provocado un fuerte retroceso en los derechos laborales y una superexplotación de los trabajadores. Es decir, se ha descargado la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora, mientras la gran burguesía financiera, exportadora y comercial ha mantenido su ritmo de acumulación y ganancias.

La crisis es no solamente sanitaria, sino económica, social, política y moral. Las clases populares han sido fuertemente afectadas por el azote del desempleo, la reducción de sus ingresos, el deterioro de los servicios públicos de salud, educación, seguridad social. Los indicadores sociales nos confirman el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, del desempleo que aumentó de manera exponencial alcanzando a un millón de personas, de la desnutrición infantil que afecta a uno de cada tres niños, de la desigualdad que sigue creciendo. Pero más allá de las cifras, es cuestión de salir a las calles y mirar el ejército de informales, muchos de ellos migrantes venezolanos, que intentan ganarse el pan diario lavando parabrisas, vendiendo agua o caramelos, inventándose espectáculos, o simplemente pidiendo caridad. El aumento de la delincuencia es una consecuencia directa del hambre y de la falta de trabajo. La violencia social se ensaña con los más débiles: las mujeres [son] asesinadas; los niños, maltratados. Las cárceles están desbordadas y se han convertido en infiernos de violencia y muerte. Los más elementales derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, a una vida digna, se vulneran a diario.

La democracia: una farsa grotesca

La llamada “democracia representativa”, basada en las elecciones generales de las principales autoridades ejecutivas, legislativas y locales, atraviesa por una profunda crisis en nivel mundial. Se han dado diferentes explicaciones de esta situación. Se habla mucho del fenómeno “populista”, encarnado en líderes prefabricados que realizan campañas demagógicas y hacen falsas promesas que nunca cumplen una vez que llegan al poder. Se han realizado diversos estudios y análisis sobre el papel de los grandes medios y las redes sociales y su manipulación de un electorado que es inducido a votar por los candidatos como si fueran una mercancía más. Se culpa a los electores de ignorancia y desinterés por los procesos políticos y por su falta de conciencia y cultura política. Todos estos fenómenos son reales y se presentan en diversas magnitudes en todos los países. Sin embargo, poco se habla de la raíz de esta deslegitimación y de la falta de credibilidad en la democracia formal: el sistema capitalista, basado en la propiedad privada de los grandes medios de producción, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la explotación del trabajo humano. La democracia representativa es un invento de la clase burguesa para controlar el poder político y manejar el Estado en función de sus intereses, creando la falsa ilusión de que responde al interés general y de que es el pueblo el que elige a sus mandatarios.

La gente está cada vez más decepcionada de los políticos tradicionales porque se da cuenta de que su situación vital no cambiará con cualquiera de los partidos que llegue al poder, sino que es cada vez más difícil.

El Ecuador es un claro ejemplo de la decadencia de esta falsa democracia. El proceso electoral en curso se ha convertido en una olla de grillos que rebasa toda lógica y carece de una mínima racionalidad. El contexto está caracterizado por un gobierno completamente impopular y desprestigiado, al igual que los otros poderes del Estado, como son la Asamblea Nacional, la función judicial, la función electoral y el Consejo de Participación Ciudadana, sumidos todos en la corrupción, el desprestigio y la falta de credibilidad. Por lo tanto, la crisis afecta no solo el gobierno sino el régimen en su conjunto.

En estas elecciones, hasta el final no estaban definidas todas las candidaturas, las que suman ya un récord histórico de dieciséis, mientras los principales organismos electorales se hallan enfrascados en desacuerdos y enfrentamientos. El problema de fondo no es de tipo legal y jurídico, sino político. La derecha neoliberal está desesperada porque su principal candidato, el banquero Guillermo Lasso, no ha logrado captar el apoyo popular. Ante esta evidencia, el bufonesco empresario Álvaro Noboa buscó legalizar su candidatura; sin embargo, la propia derecha y el CNE la bloquearon para que no patee el tablero electoral y reste aún más posibilidades electorales a Lasso y beneficie más al correísmo. El candidato del correísmo, Andrés Arauz, está cosechando el descrédito del gobierno de Moreno (producto del propio correísmo) y tiene grandes opciones de pasar a la segunda vuelta, de manera que dicha tendencia volvería al poder luego del revés que sufrió con el viraje de Lenín Moreno. El tercero en disputa es Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, el sector más representativo del movimiento indígena, quien tendría algunas posibilidades de aglutinar el descontento popular, aunque su debilidad en el plano electoral es el reducido apoyo en las provincias de la Costa.

Ninguno de los candidatos señalados representa una opción de cambios estructurales que exprese los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. El banquero Lasso es una clara expresión de la burguesía tradicional oligárquica que ha controlado el poder a lo largo de la historia republicana. Sus posiciones ideológicas son conservadoras en todos los aspectos y su propuesta económica es abiertamente neoliberal, está alineada con el imperialismo y los grandes grupos empresariales que controlan la economía del país, y el imperialismo. La falta de apoyo popular le ha llevado a realizar ofertas demagógicas.

Fotografía tomada del artículo de Estefanía Celi titulado “16 binomios quedan en la partida por la Presidencia de la República”, disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/politica/binomios-carrera-presidencial

Andrés Arauz es el candidato del correísmo, tendencia que ejerció el poder durante una década. Sobre la base de esta práctica podemos caracterizarlo como la expresión de una burguesía más moderna, cuyo proyecto es modernizar el atrasado capitalismo ecuatoriano a través de una intervención activa del Estado, realizando algunas concesiones a las clases populares para impedir la explosión social que puede detonarse el momento menos pensado, como ya ocurrió en octubre de 2019. Su imagen está ensombrecida por la rampante corrupción que se dio en el período de Correa, así como su autoritarismo al controlar todos los poderes del Estado, y la represión desatada contra las organizaciones sociales y los dirigentes populares que se oponían al régimen.

Su propuesta es en gran medida la repetición de las políticas que implementó Correa en su largo mandato, aunque más tibias y cercanas a los postulados de la derecha. Ya no habla de socialismo sino de una difusa “justicia social basada en una democracia radical, con prosperidad económica para todos y armonía con la naturaleza”, es decir, una propuesta demagógica e irrealizable, típica de campaña electoral. Ya no se propone el no pago de la deuda externa por ilegítima –como hizo Correa en sus primeros años– sino en “abordar la inestabilidad financiera, provocada por el sobreendeudamiento, a través de acuerdos con los acreedores”. Sobre la relaciones laborales dice: “requerimos un cambio de fondo” pero a largo plazo “para abarcar el reconocimiento y la reciprocidad en la distribución de los tiempos dedicados al cuidado y el disfrute”, formulación poco entendible y que elude el tema fundamental de los derechos laborales, que han sido totalmente vulnerados con las nuevas leyes y decretos del actual gobierno.

Yaku Pérez, aunque es candidato del sector más representativo del movimiento indígena y electoralmente se halla auspiciado por el Movimiento Plurinacional Pachakutik, no expresa las posiciones más radicales de este sector que fue la cabeza de la insurrección de octubre de 2019, sino que ha tratado de acercarse a la burguesía y su propuesta es de conciliación de clases. Su programa titulado “Minka por la vida Samay: minka de las ecologías”, plantea la armonía con la madre naturaleza y la sociedad, “vamos a pasar –dice– de la visión individualista de la modernidad capitalista, para actuar desde el sentido de la comunidad, desde el nosotros”.

Entre algunos de sus planteamientos está una política de “combate a la violencia de género, regulación de la minería y reversión al Estado de todas las concesiones mineras en gran escala, defensa del agua, autodeterminación de los territorios. En lo referente a la economía, plantea su organización en base a las necesidades básicas de la población, partiendo del fundamento de la salud y la educación. También la separación banca-Estado. La política de empleo será la prioridad, como norma de organización de la producción. Estructurar un sistema de redistribución de los ingresos y de los productores para reactivar la economía y fortalecer el desarrollo del mercado interior. Política agraria integral: acceso a la tierra mediante Reformas a la Ley de Tierras, Seguridad, y soberanía alimentaria. Sobre la deuda externa plantea no al pago de la deuda externa ilegítima. Reforma Tributaria bajo el principio de que quien más gana, más contribuye. Planificación mediante redes de producción social y seguridad social solidaria y universal”.

Cuenca: Sí a la defensa del agua

En estas elecciones, mientras no vemos alternativas en las candidaturas, la organización social, campesina, popular, y de mujeres de Cuenca han dado un paso gigantesco luego de cerca de dos décadas de defender sin tregua el derecho a tener fuentes de agua libre de contaminación. El 7 de febrero, la ciudad de Cuenca tendrá una papeleta adicional con cinco preguntas, que dicen: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica en gran escala en la zona de recarga hídrica del río (Tarqui-Yanuncay-Tomebamba-Machángara-Norcay) según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca – ETAPA EP? SI ( ) NO ( ).

Las cinco preguntas corresponden a las cinco zonas de recargas hídricas que se encuentran en el Parque Nacional Cajas y están afectadas por las concesiones mineras en gran escala. Esta es la primera consulta popular que se realizará en el país a favor del derecho al agua sin contaminación, por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones a sumarse a esta campaña y extenderla a todo el país.

Por un programa alternativo

Frente a la ausencia de una alternativa electoral que represente los intereses de la clase trabajadora y otros sectores populares y democráticos, nuestra posición es optar por el VOTO NULO EN LAS CANDIDATURAS DE PRESIDENTES, ASAMBLEÍSTAS Y PARLAMENTARIOS ANDINOS, en la primera vuelta electoral, pero planteando un PROGRAMA alternativo de la clase trabajadora y la izquierda revolucionaria frente a la actual coyuntura electoral, como:

  • Vacunación gratuita para toda la población.
  • El no pago de la deuda externa para que se invierta en Salud, Educación, Trabajo, etc.
  • La no privatización de las empresas públicas.
  • Defensa del presupuesto para la salud y la educación.
  • Denuncia del modelo extractivista minero y petrolero que provocan graves consecuencias ambientales sociales, especialmente entre las poblaciones indígenas y campesinas.
  • Contra los despidos masivos y en defensa de los derechos laborales.
  • Políticas estatales para generar empleo y de apoyo a los trabajadores precarizados.
  • Renta universal para todas las personas sin ingresos básicos permanentes.
  • Bancos de alimentos en todas las ciudades para combatir la desnutrición infantil, por no más cuarentenas con hambre.
  • Derecho de las mujeres a tener acceso a un aborto seguro y legal; apoyo inmediato contra la violencia a la mujer y la familia.

Hacemos un llamado a las organizaciones de la izquierda revolucionaria, sectores populares, organizaciones sociales y movimiento indígena:

  • Por la unión y a la autonomía.
  • Por la construcción de un plan de luchas conjunto para enfrentar la barbarie capitalista en Ecuador.
  • Actuar desde abajo, es decir, desde las organizaciones sociales, impulsando la movilización social en torno a una plataforma de lucha que recoja las principales reivindicaciones de los trabajadores y las clases sociales populares.
  • Denunciar el carácter elitista y excluyente del sistema electoral y los límites de la democracia formal, que favorecen a la burguesía.