Mié May 29, 2024
29 mayo, 2024

Los socialistas y las fuerzas policiales en nuestra sociedad

Por: Zé Maria, Metalúrgico y presidente nacional del PSTU Brasil

Este año, el carnaval de San Pablo, especialmente el desfile de la “Vai-Vai”, que es una tradicional escola [escuela] de samba de la capital paulista, generó una interesante polémica, relacionada con las Policías Militares. La escola, en una de sus alas, caracterizó a los Policías Militares como demonios, en legítima referencia a cómo una parte importante de la población de las comunidades más pobres de los grandes centros urbanos –muchas veces víctimas de faltas de respeto, abusos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado– ven las fuerzas policiales.

Este episodio generó una rabiosa reacción de la ultraderecha bolsonarista que, a través de diputados del PL, pidió a la alcaldía cortar la transferencia de fondos públicos a la citada escola do samba, acusándola de tener relaciones con el crimen organizado. El tema generó acalorados debates, y no sólo en torno a la llamada superestructura política de la ciudad. Sin duda, el debate también se dio abajo, en el día a día de la población y, cabe señalar, incluso entre los propios policías.

No hay duda de que es necesario repudiar la reacción de la ultraderecha ante lo sucedido, pues se trata de una intención mal disfrazada de legitimar y apoyar todos los absurdos cometidos por las fuerzas policiales contra el pueblo pobre de la capital paulista y de todos los principales centros urbanos del país. En cuanto a la elección de Vai-Vai, si no contase ya con la legitimidad obvia de la denuncia sobre la violencia policial, se justificaría simplemente por suscitar este debate.

Sin embargo, también es necesario señalar que la denuncia realizada por la escola está lejos de agotar el tema. Hay varios otros aspectos que es necesario analizar para tener una visión de conjunto del problema de la violencia policial. Y esto es fundamental para una respuesta política a este tema que sea condicente con los intereses de la clase trabajadora y del pueblo pobre de nuestro país. Con esto pretendo contribuir aquí.

La base de toda violencia son las contradicciones de esta sociedad

No hay manera de comprender a fondo las razones y los problemas relacionados con la violencia policial sin hacer una buena discusión sobre el contexto en que esta ocurre. Vivimos en una sociedad capitalista, en un país subordinado a los centros imperialistas, que se caracteriza, entre otras cosas, por la profundización de la desigualdad y de la injusticia en las relaciones sociales, donde una porción cada vez mayor de la población está condenada a condiciones de vida cada vez más intolerables.

Se trata de la naturaleza misma de este sistema que, especialmente en su actual fase de decadencia, es incapaz de promover ninguna mejora significativa/duradera en las condiciones de vida de la mayoría de la población; de hecho, ni siquiera puede mantener las conquistas alcanzadas en el pasado. Y esto a pesar del crecimiento exponencial de la producción de riquezas en la sociedad, nunca visto en ningún otro momento de la historia de la humanidad.

Lo que vemos aquí es expresión de la contradicción entre la socialización de la producción introducida por el capitalismo, que permitió un enorme aumento de la productividad del trabajo humano en relación con las formaciones económicas y sociales anteriores, y el régimen de propiedad privada en el que se asienta este sistema, lo que se ve agravado por la existencia de las fronteras nacionales. El resultado de esto es que, cuanto más riqueza se produce, más pobre se vuelve la gran mayoría de la población, ya que la riqueza producida es apropiada por los dueños de los medios de producción, los propietarios de las fábricas, de las tierras y de los bancos en última instancia.

Es decir, es la explotación que ejercen los grandes capitalistas sobre la clase trabajadora, a la que les son expropiados los frutos de su trabajo en favor de los propietarios de los medios de producción, el origen de esta abismal desigualdad entre las condiciones en que viven aquellos que se apropian del trabajo ajeno, de las condiciones en las que se ven obligados a vivir quienes efectivamente trabajan y producen toda la riqueza de esta sociedad. Otra dimensión de la concentración de la riqueza resulta del saqueo de los recursos y riquezas producidas en países subordinados, como el Brasil, por parte de los países centrales, imperialistas.

Una breve mirada a nuestra historia reciente permite ver esta situación claramente. Como resultado de las luchas de la clase trabajadora y de todo el pueblo brasileño, la Constitución Federal (CF) de 1988 incorporó pocos pero importantes derechos para la clase trabajadora y la parte más pobre de la población. Derechos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, la vivienda están allí “garantizados” para toda la población… Sin embargo, todos lo sabemos y la vida concreta de pueblo pobre está ahí para demostrar que la ley, cuando se trata de derechos para los pobres, no pasa de letra muerta.

Por si fuera poco, desde que la CF fue sancionada, todos los gobiernos que han estado al frente del Estado brasileño – incluidos aquí los gobiernos del PT– han intentado “reformarla”, para eliminar o reducir el alcance de estos derechos. Así fue con las pensiones, o con los derechos laborales y sociales que antes estaban asegurados a todos. Los servicios públicos fundamentales para la población, como Salud, Educación, Transporte, Asistencia Social y también Seguridad Pública, son cada vez más desmantelados por la drástica reducción de inversiones en estas áreas, motivada por la DRU, LRF, Ley del Techo de Gastos, Marco Fiscal, entre otras.

Y no se piense que esta situación se debe a la falta de recursos del país para atender las necesidades de la población. Por el contrario, miremos las cifras de producción de riquezas en el Brasil. El PIB del Brasil en 1988 fue de 330,4 mil millones de dólares; en 2023 alcanzó los 2,13 billones de dólares, es decir, seis veces mayor. El país, como vemos, se enriqueció. ¿Y nuestro pueblo vive hoy seis veces mejor que en 1988? No, vive peor, y todos sabemos que una parte cada vez mayor de la población vive peor cada año que pasa.

Esto se explica por lo que ocurre en la otra punta de la línea, con la parte más rica de la sociedad, que es cada vez más rica. Los cuatro bancos privados más grandes del país obtuvieron más de 67.000 millones de reales en ganancias en 2023. Agréguese los más de 35.000 millones de ganancias del Banco do Brasil [BB] y se llega a casi 100.000 millones de reales. Una sola empresa privada, la Vale, obtuvo más de 95.000 millones de reales de ganancias en 2022. Esta situación se ve agravada por un sistema tributario en el que los ricos pagan menos impuestos que los pobres.

El resultado de esto es que 1% de la población posee 50% de toda la riqueza del país, situación que sólo empeora con el pasar del tiempo. Para la amplia mayoría de la población, el desempleo, el trabajo precario y mal remunerado, los servicios públicos desmantelados o inexistentes, las condiciones infrahumanas de vivienda y el hambre. El absurdo es tal que, en nuestro país, el segundo exportador de alimentos del mundo, entre 20 y 30 millones de personas pasan hambre todos los días, según datos de varias instituciones públicas y privadas que estudian este tema.

Y aquí también hay que sumar la incidencia del racismo, el machismo, los prejuicios contra las personas LGBTI, que son utilizados por el sistema para ampliar aún más la expoliación de sectores de la población. Por lo tanto, las personas negras, las mujeres y las personas LGBTI enfrentan una exclusión aún mayor de las condiciones básicas para cualquier vivencia humana y una opresión aún más violenta que la reservada a la clase trabajadora en su conjunto. Sólo por poner un ejemplo, según un informe de OXFAM (2024) sobre desigualdad, en el Brasil una familia blanca gana alrededor de 70% más que una familia negra en condiciones similares.

Toda esta flagrante contradicción es fuente de toda la violencia que vemos crecer cada día en nuestra sociedad. En verdad, este escenario es en sí mismo una violencia brutal de este sistema contra la mayoría de la población. ¿O no es violencia privar a un padre o a una madre de familia de las condiciones para poner un plato de comida en la mesa de sus hijos, sólo para que un banquero pueda aumentar su fortuna en algunos miles de millones de reales cada año? ¿O no constituyen violencia las decisiones que toman las grandes empresas del Agronegocio, con apoyo y financiamiento del Estado, de utilizar las tierras del país para producir soja o maíz para exportación, lo que les da más ganancias, en lugar de producir alimento para la población?

La violencia policial en este contexto

Es claro que este escenario genera descontento en la clase trabajadora y en los sectores más pobres de la población. Es inevitable que crezca cada vez más un sentimiento de rebelión contra el trato tan desigual e injusto que reciben quienes trabajan para producir toda la riqueza en esta sociedad. Y, como muestra toda la experiencia histórica, situaciones así, tarde o temprano, resultarán en procesos de lucha y explosiones sociales que pondrán en jaque los logros pornográficos de los grandes grupos económicos; y que, en la medida en que se generalicen, amenazarán el propio control político que ellos ejercen sobre el país, a través del Estado y los sucesivos gobiernos que les son, todos ellos, subordinados.

Es incompatible con este sistema, el capitalismo, resolver esta situación distribuyendo riqueza para garantizar vida digna para todos y todas; para sobrevivir, los bancos y las grandes empresas necesitan ganar cada vez más dinero; los que ganan menos no sobreviven, son devorados por bancos o empresas que ganan más. Por lo tanto, en la medida en que pierden fuerza los factores de “convencimiento” de la población para aceptar estas condiciones de vida injustas y desiguales que se les imponen, emergen dos tipos de fenómenos.

Hay un sector que es llevado, por la desesperación y la ausencia de una salida colectiva a su situación de pobreza, a lumpenizarse y empezar a recurrir al hurto y a pequeños robos para intentar huir de la miseria. Se trata, ante todo, de un problema social importante. Tiene otra dimensión el crimen organizado (volveremos sobre esto más adelante), que utiliza la desesperación y la falta de alternativas en este sector para reclutar mano de obra que necesitan para sus negocios, especialmente jóvenes pobres de las periferias.

Sin embargo, en la mayoría de la población pobre y trabajadora, este escenario genera rabia y descontento, que al acumularse genera revueltas que estallan a través de las diversas formas de lucha a que recurre nuestra clase y la población más desatendida, para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo, para luchar contra esa desigualdad y la injusticia de este sistema. Esas luchas, a medida que crecen, amenazan el control de los dueños del dinero sobre la sociedad. Y la clase dominante necesita recurrir a la violencia para contener est descontento y esa revuelta. Simple así.

En la sociedad en que vivimos, el ejercicio de esta violencia al servicio de mantener la dominación de la clase capitalista sobre todo el pueblo cabe a las fuerzas policiales, especialmente las policías militares y, en última instancia, a las Fuerzas Armadas. Para las elites empresariales que controlan el país, el papel de las policías nunca ha sido garantizar la seguridad pública, proteger la seguridad del público, de la población. Lo que quieren de las fuerzas policiales es que estas protejan sus propiedades y sus intereses económicos, que, como vimos anteriormente, se oponen a las necesidades de la gran mayoría de la población.

Estas elites tienen una relación patrimonial con las fuerzas policiales, tratándolas como si les perteneciesen. A través del Estado y de los gobiernos, la clase dominante controla las policías y las utiliza a favor de sus intereses. Por eso hay tanto escándalo cuando la policía arresta a un gran empresario o a un banquero; por eso los ricos se dan el derecho de tratar a los agentes de policía como si fuesen sus felpudos. Las PM, además de contar con el mayor número de personal, tienen una estructura militarizada, lo que facilita este objetivo.

En la Dictadura Cívico Militar que gobernó nuestro país de 1964 a 1984, el Ejército brasileño utilizó y abusó de las Policías Militares en el combate contra sectores que se oponían al régimen militar, los llamados “enemigos internos”. Reforzó enormemente la mentalidad militarista de estas fuerzas policiales, institucionalizó su estructura organizativa y de comando a semejanza del Ejército con el Decreto-Ley 317/67, y definió las PM como fuerzas auxiliares del Ejército, lo que fue mantenido por la Constitución de 1988, a través del párrafo 6.º del artículo 144.

Un ejército se organiza para enfrentar enemigos, para matar o morir. Esa lógica propia de las Fuerzas Armadas, transferida a las PM –y que se extendió a otras fuerzas policiales (DOPS)– están en la base de la idea de que “bandido bueno es bandido muerto”. No essin razón que fue durante este período cuando surgieron los llamados “escuadrones de la muerte”, generalmente compuestos por agentes de policía.

En aquel período, la justificación era combatir la “amenaza comunista”, algo que el bolsonarismo está tratando patéticamente de revivir hoy. Luego se convirtió en la “Guerra a las Drogas”. Sin embargo, ambas justificaciones no son más que un subterfugio. De hecho, siempre se ha tratado de utilizar las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales para defender los intereses de las elites empresariales y políticas.

¿No sabe la policía que quienes controlan y, de hecho, se benefician del comercio de drogas no viven en las comunidades pobres sino en los barrios lujosos de Río de Janeiro y São Paulo? ¿No sabe la policía que el dinero que genera el tráfico de drogas no se esconde debajo de los colchones en las barracas de las comunidades sino que circula y es “lavado” por los grandes bancos?

La actitud de las policías, especialmente de la PM, hacia la población de las comunidades pobres, a pesar de lo que se dice formalmente, no tiene como objetivo combatir el crimen organizado. Se trata de control social, control policial sobre la pobreza, para evitar cuestionamientos eal statu quo, al control que la elite empresarial tiene sobre el país y la población.

Lo mismo se puede ver en el papel represivo de las PM contra la lucha de los trabajadores y de la parte más pobre de la población, cuando luchan por una vida mejor. El derecho de huelga está garantizado en la CF. Sin embargo, el trabajador no puede organizar un piquete de huelga frente a su fábrica, so pena de sufrir represión de la policía; pero la policía puede, a pedido del patrón, romper el piquete y presionar a todos para que trabajen, en claro contraste con el derecho garantizado a los trabajadores en la CF. Una familia pobre y sin hogar no puede ocupar un terreno vacío para construir un techo bajo el cual vivir; pero la policía puede expulsarla del terreno vacío, a menudo mediante bombas y golpes de porra, a pesar de que la CF garantiza a esas familias el derecho a la dignidad humana, que obviamente incluye un techo para vivir.

Como se dijo anteriormente, en nuestro país esta violencia contra los pobres se combina con el racismo, que es reproducido y utilizado por la clase dominante para explotar a la clase trabajadora y para “naturalizar” la violencia practicada contra la población pobre, en su mayoría negra. El color negro de la piel se utiliza como criterio para definir si una persona es criminal o tiene propensión a serlo. Esto es lo que explica la brutal diferencia con que la violencia y la represión recae contra negros y blancos, o en las acciones de la policía en barrios y comunidades pobres, donde la población es mayoritariamente negra, y cómo esta se comporta en los barrios ricos.

También vemos esto en las muertes causadas por agentes de policía, donde el número de negros es mucho mayor que el de blancos. Esta es la base del verdadero genocidio de la juventud negra y pobre en nuestro país. De la misma manera que el machismo y los prejuicios contra las personas LGBTQI se utilizan para alentar, incluso naturalizar, la violencia contra las mujeres y las personas que no encajan en las llamadas definiciones “padrón” de orientación sexual e identidad de género.

En contraste con toda esta “eficiencia” en la aplicación de la violencia contra los más pobres y trabajadores, está la lamentable situación del trabajo que deberían realizar las fuerzas policiales en la seguridad pública, es decir, de la población. No hay inversión en la policía para estas funciones, ya sea en empleados, equipamiento, entrenamiento, salario y condiciones laborales, etc. Las elites que controlan el Estado y los gobiernos no se preocupan por este problema, tienen sus propias estructuras de seguridad privadas. Por el contrario, intentan utilizar la sensación de miedo e inseguridad de la población, manipulando estos sentimientos para justificar la brutalidad, la falta de respeto a los derechos humanos, en definitiva, la violencia utilizada por las policías contra la propia población.

El crimen organizado: otra cara de la opresión en las comunidades pobres

Como todos sabemos, el resultado de la doctrina de la “guerra a las drogas”, aplicada durante décadas, sólo generó un aumento exponencial de la violencia, que afecta a los habitantes de las comunidades, a los jóvenes (generalmente negros) al servicio del narcotráfico y y de los propios policías, sin afectar en lo más mínimo el comercio de drogas ilícitas en el país. Al contrario, se trata de un negocio de miles de millones de dólares que está en franca expansión.

No hay lugar para una visión romántica del crimen organizado. Estamos ante un negocio capitalista (aunque ilegal) que mueve miles y miles de millones de reales por año. Los datos de la agencia de la ONU (UNODC) recopilados por Maria Costa muestran que solo el tráfico de drogas genera alrededor de 47.000 millones de dólares al año en el Brasil (datos de 2020). Para dar una idea de comparación, Anfavea informó que los ingresos de la industria automotriz en el país, ese mismo año, rondaron los 39 .000 millones de dólares.

A los grupos criminales que viven de este negocio se les han sumado las milicias, generalmente patrocinadas por agentes policiales. Parecen querer combatir el crimen “sin las limitaciones de la ley”, pero terminan reemplazando o asociándose al tráfico de drogas, ya sea en el comercio de drogas y armas, o en ataques a la población local. Este negocio multimillonario en el país está hoy controlado por grupos organizados que tienen relaciones evidentes con las autoridades, pero también con el mercado financiero.

El carácter ilegal de esta actividad define la naturaleza de su relación con la población de las comunidades donde se establece: empuja a los niños de la comunidad al crimen y la muerte, oprime y acosa a la población local para maximizar sus ganancias (monopolio del gas, televisión por Internet, cable, etc., etc.), al no expulsar a los residentes de sus viviendas para utilizarlas para sus propios fines. E incluso sirven como “justificación” para la violencia con que la policía trata a esa misma población.

No es objetivo de este texto profundizar en este tema. Lo que queremos dejar claro es la situación en la que se encuentra la población pobre de las comunidades, atrapada entre dos opresiones. Por un lado, la brutalidad y violencia del crimen organizado (que, irónicamente, termina siendo utilizado como excusa, por parte de la clase dominante, para la violencia policial contra la misma población de estas comunidades), por el otro, la violencia y brutalidad de las fuerzas policiales del Estado. Esto es importante porque una respuesta al problema de la violencia que sufre la población de las periferias de los grandes centros urbanos debe tener en cuenta este aspecto de la situación que viven estas poblaciones.

El policía es instrumento y, al mismo tiempo, víctima de la violencia

Episodios como el que vimos a finales de 2023/principios de 2024 en Baixada santista, con las dos fases de la llamada operación “escudo”, donde la PM de São Paulo mató a 80 personas, están ahí para recordarnos la necesidad de denunciar la violencia policial contra la población más vulnerable de nuestro país, para exigir el castigo de los policías que cometen estos crímenes, pero también de sus comandantes y gobiernos, responsables políticos de estas tragedias.

Sabemos que, en cierto sentido, los soldados rasos (que son la base de las policías militares) y sus familias son también víctimas de la violencia, ya que provienen del mismo estrato social que la clase trabajadora, de familias pobres o asistidas como la amplia mayoría de la población brasileña. Generalmente ganan salarios bajos y trabajan en condiciones precarias. Desde un punto de vista socioeconómico, padecen los mismos males y limitaciones que la mayoría de la clase trabajadora. La misma concentración de la riqueza en manos de los ricos, que condena a trabajadores y pobres a una vida de privaciones, condena también a los soldados sin patente y sus familias a esa misma situación. Pero lo que quiero destacar aquí es otro aspecto. El embrutecimiento, la deshumanización impuesta al soldado por el régimen disciplinar militarizado, para que cumpla su “misión”.

En primer lugar, cabe señalar que la institución de la Policía Militar está compuesta por dos carreras diferenciadas. La primera, para oficiales y comandantes, que garantiza altos salarios y numerosas prebendas. Quienes están en el poder y quienes poseen dinero los tratan como “pan esponjoso”. Ellos son los que están destinados a mandar. Y está la carrera de los soldados rasos –soldados, cabos, sargentos, suboficiales– que es tratada a “pan y agua”, sujeta a todo tipo de irrespeto, injusticia, persecución y humillación por parte de los oficiales. Ellos son los que tienen que obedecer. El régimen de disciplina y comando de tipo militar es funcional para el papel que las clases dominantes de la sociedad quieren de las PM. Sólo así se puede garantizar el cumplimiento de las órdenes, por absurdas que sean, que el Comando transmite a los policías. No me extenderé aquí, pero vale la pena señalar que en la policía civil ocurre lo mismo (dos carreras). Por un lado, los jefes de policía que reciben un trato diferenciado por parte de los gobiernos, mayores salarios y prebendas, y que son los que mandan; y, por otro lado, los detectives y otras funciones, con salarios mucho más bajos y menos derechos, son los que tienen que obedecer, y ni siquiera tienen autonomía para investigar crímenes.

El entrenamiento (adoctrinamiento) al que son sometidos los soldados es un verdadero adiestramiento, que deshumaniza al policía, intenta despertar en él los peores sentimientos, “jóvenes idealistas se convierten en asesinos sin remordimientos”, dice nada menos que el teniente coronel retirado de la Policía Militar de São Paulo, Adilson Paes de Souza. Para agravar aún más esta situación, los soldados rasos están excluidos de cualquier derecho democrático garantizado a cualquier otro ciudadano. No tienen derecho a expresarse, a tener sindicatos y a organizarse para luchar por mejores condiciones de vida, como es garantizado a todos y todas que trabajan. Esto crea una verdadera paradoja: el policía cuyo papel por ley es proteger los derechos de los ciudadanos no tiene, él mismo, ningún derecho.

El resultado se puede ver en numerosos estudios académicos existentes sobre las enfermedades mentales de los agentes de la policía militar. En la PM encontramos, si no la más alta una de las tasas más alta de suicidio en una categoría profesional de nuestro país; hay estudios que muestran que mueren más policías por suicidio que por enfrentamientos. En la llamada “guerra a las drogas”, miles de jóvenes pobres y negros mueren a manos de la policía, pero también mueren muchos agentes de policía, la mayoría de los cuales también son negros y pobres. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2019 la policía mató a 5.804 personas y 159 policías fueron muertos. A modo de comparación, ese mismo año, según el diario The Guardian (Inglaterra), en los Estados Unidos de América, 1.093 personas fueron asesinadas por la policía y 59 policías murieron, y nótese que la población estadounidense supera los 350 millones de personas, mientras que la del Brasil ronda los 220 millones. No sólo es claro el desprecio de los dueños del dinero por la vida de los trabajadores y de la población más pobre, sino también el desprecio por la vida de los propios policías. Son meros instrumentos a su servicio, descartables: “policía muerto, uniforme para otro”.

Por otro lado, toda esta situación de embrutecimineto y deshumanización de la policía militar es funcional para la finalidad pretendida por las autoridades que controlan la institución. Las penurias impuestas por los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo, la ausencia de derechos, la brutalidad y los abusos practicados por los oficiales contra los soldados… todo esto es utilizado conscientemente por el Comando para generar rabia en los soldados contra los demás trabajadores y contra las personas pobres de lasperiferias, especialmente hombres y mujeres negros, como si su situación fuese su culpa. De esta manera, este sistema ciega al soldado, lo aliena de su propia gente, ya que una buena parte, si no la mayoría, de los soldados son jóvenes, trabajadores, negros también, que provienen de familias humildes que viven en comunidades y barrios pobres de la periferia, que resolvieron buscar en el servicio público la oportunidad de tener un trabajo un poco más estable.

Este sistema y este adoctrinamiento prepara e impulsa a los agentes de policía a actuar con los trabajadores y los pobres con la misma brutalidad y falta de respeto con que son tratados en los cuarteles. Al final, quien llevará a cabo el desalojo de una ocupación no es el juez que la decretó, sino los soldados, muchos de los cuales provienen de familias iguales a las que allí se encuentran, completamente desprotegidas. Quienes sofocarán el piquete en las puertas de las fábricas no son los empresarios que exigieron esta medida, son los solddos que, para hacerlo, agreden a los trabajadores que se encuentran en la misma situación que sus padres, hermanos, hermanas, hijos o hijas, simplemente luchando por una vida mejor para sus familias.

Insisto, nada de lo aquí expresado pretende disminuir la gravedad o diluir la responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad, agresiones y asesinatos que son practicados por agentes policiales contra la población. Quienes cometen estos delitos deben ser denunciados, juzgados y castigados con todo el rigor de la ley, lo que, de hecho, es de interés incluso de la mayoría de los agentes de policía que no cometen estos delitos. Lo que quiero resaltar, sí, es que no acabaremos con la violencia policial simplemente castigando a los soldados que la llevan a cabo, ya que estos son sólo el síntoma de la enfermedad. Por cada policía que comete un delito y es sacado de las calles, dos más están siendo “entrenados” dentro de los cuarteles. Es lo mismo que intentar emjuagar hielo. Es necesario ir a las causas del problema. Y estas radican en las contradicciones de este sistema descrito anteriormente, por un lado, y, por otro, en la función y base de formación que el sistema reserva a los policías militares, que convierte la PM en una verdadera “fábrica de monstruos”.

La violencia policial contra los trabajadores y la población pobre y negra en nuestro país es una política de Estado. Su finalidad es velar por los intereses de las elites económicas y políticas del país, que están en contradicción con atender las necesidades de la mayoría de la población, como se explica en la introducción de este trabajo. Y, en el caso de las Policías Militares, su estructura y régimen operativo militarizado tienen el objetivo expreso de facilitar y garantizar que esta cumpla ese papel.

Una política criminal de los gobiernos federal y estaduales

El gobierno anterior, de Jair Bolsonaro, nunca ocultó a nadie su objetivo de transformar las policías, especialmente la militar, en una milicia para defender sus intereses particulares. Hizo falsas promesas a los agentes de policía, defendió la impunidad para criminales, alentó la propagación del odio y todo tipo de prejuicios, y estimuló aún más la violencia contra la población y los sectores más oprimidos de la sociedad. Así, actuó para agravar aún más un escenario que ya era desolador. Y lo hizo para favorecer, crear una base para su proyecto de implantar una dictadura en el país (vimos en el 8J [8 de enero] que logró involucrar a sectores de la PM, al menos del Distrito Federal, en su aventura golpista). Y que nadie se engañe, la dictadura pretendida por Bolsonaro no traería mejoras en las condiciones de vida de los policías. Bolsonaro quería implantar un régimen de fuerza en el país, acabar con lo que queda de los derechos democráticos de la población para permitir que los banqueros y los grandes empresarios desplumen aún más a nuestro pueblo, sin que haya ninguna posibilidad de resistencia. Y los soldados y policías, así como sus familias, son parte del pueblo. Basta ver que Bolsonaro no dudó en imponer el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, incluidos los policías, en el PEC [Proyecto de Enmienda Constitucional] de Emergencia que su gobierno sancionó a pedido de los banqueros, en 2021.

El gobierno Lula/Alckmin acaba de sancionar la Nueva Ley Orgánica de las Policías Militares, aprobada con su apoyo por el Congreso Nacional. Se trata de un verdadero escándalo, una ley que no sólo preserva los peores aspectos de la ley anterior, implementada por la Dictadura Militar, sino también varios de sus aspectos. Viniendo de un gobierno encabezado por un partido que se dice de los trabajadores, es claramente una cobardía y un verdader escarnio para con las madres que lloran en todo el país la muerte de sus hijos a manos de las PM. Pero, a pesar de absurdo, esto no es nada nuevo, viniendo del PT. El cambio en la Ley de Drogas llevado a cabo por el gobierno de Lula en 2006 –en una actitud servil al imperialismo norteamericano y su doctrina de “guerra a las drogas”– incrementó exponencialmente la población carcelaria en nuestro país, compuesta en su enorme mayoría por negros y pobres.

Vemos la misma actitud en los gobernadores del PT. En febrero de 2015, ante lo que se conoció como la “masacre do Cabula”, cuando policías militares mataron a 12 jóvenes negros en ese barrio de Salvador, lo que se escuchó del gobernador Rui Costa (PT) fue la frase, ampliamente difundida en el prensa en la época, “un PM con una pistola en la mano es como un goleador de cara a la portería”. La actuación de la PM de Bahía no cambió con el nuevo gobernador del Estado, Jerónimo Rodrigues, también del PT. De todos los Estados, fue la policía que más mató en 2022, alcanzando 1.464 muertes en el año.

Los gobernadores de los demás partidos no se quedan atrás. El gobernador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendía en su campaña electoral que, en su gobierno, “la policía dispararía a matar”; Witzel (PSC), el breve gobernador de Rio, decía que la policía debería «apuntar a la cabeza». Su sucesor, Claudio Castro (PSC) inició su mandato patrocinando nada menos que la ya citada masacre de Jacarezinho. En Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) terminó su segundo mandato al frente del gobierno del Estado y no cambió una sola línea en el plan de estudios de formación (adoctrinamiento) de las policías militares, una de las más violentas del país.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (de los Republicanos), no sólo apoya y alienta operaciones como la que recientemente asesinó a decenas de personas en la Baixada de Santos. Nombró para la Secretaría de Seguridad Pública a un bolsonarista radical que defiende abiertamente la intensificación de la violencia policial contra la población. Pero la cosa no quedó ahí: promovió un amplio cambio en el comando de la Policía Militar de São Paulo, colocando en todos los puestos clave a oficiales bolsonaristas defensores de la intensificación de la violencia y opuestos a cualquier tipo de control sobre la policía (incluido el uso de de cámaras corporales, ya que estas obviamente documentarán los crímenes incentivados por ellos).

Se trata de una política consciente por parte de los gobiernos. Ellos no se preocupan por cambiar esta situación, al contrario, la alimentan y estimulan. No se cansan de anunciar demagógicamente que sus gobiernos promueven una guerra contra la pobreza, pero la realidad muestra que lo que todos hacen, en realidad, es una guerra contra los pobres. El objetivo es defender los intereses de los banqueros y los grandes empresarios. Las fuerzas policiales, especialmente las PM, son el ejército que utilizan para esta tarea.

La desmilitarización de la PM es de interés de los policías y de toda la sociedad

La disciplina militar que rige la organización y la actuación de las policías militares, por todo lo que hemos visto antes, es mala para los soldados rasos, pero no sólo para ellos. También es malo para la población, ya que es a través de este mecanismo que se perpetúa el control dictatorial que los comandos y gobiernos tienen sobre los policías y facilita su uso para defender los intereses económicos y políticos de los grandes empresarios y de los propios gobernantes, y contra la población, en lugar de garantizar efectivamente su seguridad. La lucha por la desmilitarización de las Policías Militares debe ser asumida, entonces, en prmer lugar, por los propios soldados. Esta es una lucha por los derechos democráticos. Para que puedan liberarse de las faltas de respeto, los desmanes y los abusos a que están sometidos por el código disciplinario de las PM. Para que tengan acceso a algo básico: el derecho de luchar por sus derechos, construir sus sindicatos, hacer huelga como cualquier trabajador, incluido el derecho a negarse a cumplir órdenes absurdas e ilegales de su comando.

Es también una bandera que debe ser asumida y apoyada por toda la población, pues abriría mejores condiciones para combatir los abusos, para luchar porque las instituciones policiales estén al servicio de garantizar efectivamente la seguridad pública, y no los intereses políticos y económicos de gobernantes y grandes empresarios. Y, junto con la lucha por la desmilitarización, defender también un conjunto de otras medidas democráticas, por ejemplo, el derecho de la población a elegir los comandantes/delegados de policía, entre otras.

Quienes llevamos tiempo involucrados en la lucha de la clase trabajadora sabemos que, mientras exista el capitalismo, el aparato policial así como el Estado siempre estarán al servicio de proteger los intereses de la clase dominante, de los dueños del dinero. No existe ninguna reforma policial que pueda solucionar esto. Sin embargo, sabemos que no nos es indiferente que haya más o menos mecanismos de control de la sociedad sobre la violencia policial contra los trabajadores y el pueblo. Así como no es indiferente a la población más vulnerable la existencia de mecanismos que al menos reduzcan la brutalidad con la que es tratada por la policía del Estado. Hace diferencia tener más o menos derechos democráticos, ya que implica mejores o peores condiciones para que sigamos llevando adelante nuestra lucha para cambiar esta sociedad, para acabar con toda forma de explotación y opresión. Por eso, también a los trabajadores interesa ​​ la lucha por la desmilitarización de la PM.

Los trabajadores y la lucha de los policías en defensa de sus derechos

Es cierto que la clase trabajadora y sus organizaciones necesitan mantener y fortalecer la vehemente denuncia y exigencia de castigo riguroso a todo acto de violencia cometido por agentes policiales contra la población y los trabajadores, así como extender la denuncia y exigencia de castigo a los comandantes y gobernadores responsables del accionar policial. La tendencia es que la situación de violencia en que vivimos hoy se agrave, por lo que también es necesario reforzar nuestra resistencia. Asimismo, no sólo no apoyaremos, sino que estaremos en la primera línea de la resistencia contra cualquier intento de las fuerzas policiales de promover una rebelión o un golpe de Estado, del tipo defendido por Bolsonaro y sus partidarios, contra gobernadores electos y el régimen democrático. Todo esto es fundamental y parámetro para todo lo demás.

Sin embargo, esto no debe oponerse a que los trabajadores defiendan y apoyen las luchas de la policía cuando se llevan a cabo en defensa de demandas justas, como la defensa de mejores salarios, condiciones de vida dignas, la defensa de sus derechos democráticos, como el derecho a organizarse, el derecho a la huelga, el derecho de expresión, el derecho a no cumplir órdenes absurdas e ilegales, el fin de los abusos cometidos por sus comandantes, etc. Estas luchas de los policías deben ser tratadas como las luchas de cualquier otra categoría de trabajadores. No podemos tomar la totalidad de los policías por sus comandantes o por lo que hacen milicianos y aquellos que cometen crímenes contra la población.

Los gobiernos estaduales, así como el gobierno federal, no sólo se niegan a atender las demandas justas de los policías, sino que también se esmeran en mantener cuidadosamente toda la estructura militarizada de las fuerzas policiales para que sigan cumpliendo ese nefasto papel que describimos aquí, como vimos en la reestructuración del comando de las Policías Militares de São Paulo impulsada por el gobernador Tarcísio de Freitas y en la llamada Nueva Ley Orgánica de las Policías Militares sancionada por el gobierno de Lula/Alckmin.

Los trabajadores y sus organizaciones necesitan mostrar a los soldados sin patente la falacia de las promesas de la extrema derecha: que su proyecto sólo sirve a los banqueros y a los grandes empresarios, que son responsables por la explotación del pueblo, por la miseria de millones que garantiza la fortuna de unos pocos –y también, en última instancia, por las privaciones, humillaciones, enfermedades e injusticias a que los propios soldados están sometidos dentro de las instituciones policiales. De la misma manera, debemos hacer ver a los soldados rasos que los gobiernos de conciliación de clases, como el actual encabezado por Lula/Alckmin, a pesar de la diferente fraseología y diferentes valores que los defendidos por la ultraderecha, no cambiarán este escenario de desolación. No lo hará porque está al servicio de los mismos bancos, grandes empresarios y multinacionales que mandaban antes y siguen mandando hoy en la economía.

La defensa de los intereses del país y de la mayoría de la población, de una verdadera justicia, está en la lucha de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos de la sociedad. Sólo esta lucha puede liberar al pueblo –y los agentes de policía y sus familias son parte del pueblo– de las penurias que el capitalismo nos impone a todos. Y que, por lo tanto, es en las trincheras de la clase trabajadora donde la policía debe estar, no contra ella. El apoyo de los trabajadores en general y de sus organizaciones a la lucha de los policías por sus legítimas demandas es importante para construir puentes en este sentido.

La violencia tiene clase social: los soldados deben unirse a la clase trabajadora

El sistema capitalista no puede prescindir de la violencia. Es a través de ella que los capitalistas consiguen, en última instancia, mantener su dominio sobre la mayoría de la población e imponer a ella condiciones de vida cada vez peores, para mantener sus privilegios y hacerse cada vez más ricos. Estos parásitos no tienen ninguna intención de renunciar a sus privilegios y recurrirán a toda la violencia que puedan contra la población, para mantener al pueblo prisionero de esta explotación y opresión. No dudarán en utilizar para eso los brazos armados del Estado, las policías y las Fuerzas Armadas. Y, ante la violencia de los capitalistas, la clase trabajadora no podrá oponer simplemente resignación.

La acelerada decadencia del sistema en que vivimos, por otra parte, no permite ninguna posibilidad de una vida digna, humana, para la mayoría de la población. Por lo tanto, los trabajadores no sólo tienen el derecho, sino también la necesidad de rebelarse contra todo esto. Y necesitan organizarse para defenderse de la violencia que los capitalistas y su Estado utilizan contra el pueblo y avanzar en la lucha por una vida digna para nuestra clase y para toda la humanidad. De ahí nacerá la revolución que es necesaria para cambiar nuestro país y la vida de nuestro pueblo.

La fuerza que necesitamos para este cambio vendrá en primer lugar de la movilización de toda la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la sociedad. Somos la gran mayoría de la población, son los trabajadores quienes producen la riqueza del país y lo hacen funcionar. Nosotros también podemos pararlo, hasta derribar estas instituciones corruptas a través de las cuales banqueros y grandes empresarios controlan el país y esclavizan a nuestro pueblo. Y establecer en su lugar un gobierno que sea efectivamente de clase trabajadora, socialista, para que podamos construir una sociedad justa, igualitaria y socialista, libre de toda forma de explotación y opresión. Una sociedad así sólo puede ser construida, de hecho, en la lucha de la clase trabajadora contra este sistema capitalista que esclaviza y humilla a nuestro pueblo, incluidos los policías. Esta es, entonces, la trinchera en que deben estar también los soldados rasos y sus familias, en la trinchera de lucha de la clase trabajadora.

La naturaleza de los enfrentamientos que inevitablemente ocurren en situaciones así requerirá que la clase trabajadora construya sus organismos de autodefensa, para defenderse de la violencia del sistema, defender sus luchas y su organización; de hecho, esta necesidad ya está presente hoy: para defender a las comunidades ante la violencia policial y también contra el crimen organizado (como vimos antes). Hará falta mucha organización y determinación para llevar a cabo la lucha por cambiar el país. Y, sin duda, será muy importante para el resultado de esta lucha que al menos una parte significativa de las fuerzas policiales, de los soldados rasos de las PM y también de las Fuerzas Armadas se coloquen al lado de la clase trabajadora. Al desafiar a los policías y a los soldados a reflexionar sobre todo esto, no lo hago sólo porque sea muy importante para la clase trabajadora. También lo hago porque entiendo que luchar junto a la clase trabajadora es la única posibilidad de darles a los policías, los soldados y sus familias una vida verdaderamente digna en este mundo en que vivimos.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 19/4/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

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