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Haití: gangsterismo, miseria y crisis de la dominación capitalista

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Por Otávio Calegari

Haití vive una profunda crisis económica, política y social hace varios años. Esta crisis ahora se está profundizando y llevando a un verdadero caos en el país.

Antes de entender la situación actual, debemos volver un poco atrás. En 2022, como respuesta a la dura realidad que vivía la clase trabajadora y el pueblo pobre, hubo enormes manifestaciones e importantes procesos de huelga, continuidad de un proceso iniciado en 2018. En ese momento escribimos que Haití vivía una verdadera rebelión popular.[1] Nuestros compañeros de Batay Ouvriyé (Batalla Obrera), central sindical haitiana con fuerte presencia en la clase obrera industrial de Puerto Príncipe, hicieron varios llamados a movilizaciones.[2]

Desde el asesinato del expresidente de Haití, Juvenal Moïse (julio de 2021), el gobierno haitiano está a cargo de Ariel Henry, nombrado por Moïse como primer ministro dos días antes de su asesinato. A finales de 2021, Henry suspendió las elecciones presidenciales y parlamentarias que estaban previstas (el parlamento ya había sido disuelto por el término de su mandato), manteniendo un poder “casi” unipersonal, apoyado por el verdadero poder en el país, Estados Unidos. Debido a la enorme inestabilidad política, que se hace aún más explosiva por las manifestaciones de masas, el poder de las pandillas y la fragilidad de la policía haitiana[3], Moïse hace meses viene solicitando una nueva misión de la ONU para “estabilizar” el país.

Debido a la descomposición del estado haitiano y a la incapacidad de la burguesía haitiana en llegar a acuerdos para implantar su dominación en el país, los grupos armados ligados a determinados políticos, partidos y empresarios se han multiplicado, cada uno con intereses y negocios propios. Hoy algunos líderes de esas pandillas tienen más poder que la Policía Nacional. Los más conocidos y mediáticos son Jimmy Chérizier (de apodo Barbecue), expolicía y actualmente jefe del G9, grupo que reúne a 9 grupos armados y fue muy cercano al expresidente Moïse. Otro es Johnson André ( de apodo Izo) que lidera el grupo Vilaj de Dye – 5 Segonn. Según estudiosos del gansterismo en Haití (que extranjeros y sin presencia en el país) existen otros líderes incluso más poderosos, pero menos mediáticos.[4] Estos grupos han tenido fuertes relaciones con el aparato estatal desde hace décadas.

La crisis ha escalado en las últimas semanas, con ataques coordinados de varias pandillas a instituciones públicas y privadas, exigiendo la renuncia de Henry. El último jueves (14 de marzo), la casa del director general de la Policía Nacional Haitiana fue incendiada por uno de esos grupos.

Los choferes de buses denuncian que las pandillas controlan las carreteras, cobrando peajes a los transportistas,[5] lo que ha hecho subir los precios de los alimentos y ha provocado una disminución considerable en el transporte de mercancías a los distintos puntos del país. Las pandillas también mantienen bajo su control el principal puerto de Haití, en Puerto Príncipe, dificultando el abastecimiento de combustible a la ciudad. El combustible está desapareciendo de las bencineras (gasolineras) y ya es vendido por el doble del precio en el mercado paralelo.[6]

Según un análisis de la ONU, en las próximas semanas puede haber una hambruna devastadora en el país. Los niveles de hambruna en Puerto Príncipe ya se asemejan al de las zonas de guerra.[7] El principal problema hoy, no es la producción de alimentos y sí el transporte de bienes hacia las grandes ciudades y su distribución.[8] Esta situación caótica ya ha hecho, en los últimos años, que más de 360 mil personas se hayan desplazado internamente para poder buscar condiciones de sobrevivencia.

Con la escalada de la crisis, hace pocos días Ariel Henry anunció su renuncia. Henry se encontraba en Puerto Rico y no pudo retornar a Haití. El primer ministro anunció que renunciará inmediatamente cuando se conforme el Consejo Presidencial de Transición (CPT), un órgano que pretende asumir el timón del Estado como un gobierno de unidad nacional entre los distintos partidos burgueses y organizaciones empresariales. El CPT está siendo conformado a partir de reuniones realizadas por el CARICOM (Comunidad del Caribe) en Jamaica, con la presencia de partidos y organizaciones empresariales haitianas y del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.

La formación del nuevo gobierno todavía no es una realidad, ya que sigue abierta la profunda crisis del estado haitiano, totalmente incapaz de organizar la dominación burguesa e imperialista en el país.

La posibilidad de una nueva ocupación militar

El imperialismo norteamericano ha tenido dificultades para organizar nueva misión de ocupación, ya que la mayoría de los estados que cumplieron ese rol en 2004 (con el inicio de la Minustah), hoy muestran reticencias en realizar una nueva invasión. Hace algunas semanas, el Estado de Kenya aceptó liderar la nueva intervención militar, lo que hasta ahora no ha salido del papel debido a las exigencias del gobierno kenyano (de ocupar el país solamente después de la conformación del CPT) y a la dificultad de Estados Unidos,  de liberar dinero para el traslado de las tropas de Kenya (el Partido Republicano está poniendo trabas al gobierno Demócrata).[9] Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá son los principales impulsores de la nueva ocupación y sus principales financiadores. Es muy probable que se inicie la ocupación en las próximas semanas, con la conformación del CPT, aunque debido a la magnitud de la crisis también existe la posibilidad de que no se logren las condiciones para la conformación del gobierno provisional y la ocupación bajo los moldes actuales.

Una nueva ocupación sin dudas significaría un retroceso para el pueblo haitiano. Un enfrentamiento entre tropas ocupantes y pandillas armadas podría significar un enorme derramamiento de sangre, que afectaría a cientos de miles de familias. También es posible que Estados Unidos logre negociar con algunas de esas pandillas, haciendo acuerdos para que éstas mantengan zonas de influencia en cambio de permitir la “gobernabilidad”.

El objetivo de una nueva ocupación es hacer lo mismo que hizo la MINUSTAH[10], o sea, garantizar cierta estabilidad política y económica para que las empresas extranjeras sigan explotando la mano de obra barata de la clase trabajadora haitiana y para contener el flujo migratorio de Haití hacia otros países, como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y otros países de Latinoamérica.  La ONU ocupó Haití durante 13 años, bajo el mando de Estados Unidos, y ninguno de los problemas sociales básicos fue resuelto. Por ello, todas las organizaciones de la clase trabajadora a nivel mundial deben oponerse a una nueva ocupación, que solo traerá más sufrimiento y miseria para Haití.

Por otro lado, la situación actual es insostenible y puede llevar hacia una guerra civil o a una miseria aún más grande para el pueblo. Por eso, es necesario discutir una salida del pueblo trabajador a la crisis.

Es necesario reaccionar a la barbarie

No es una exageración decir que en Haití existe una situación de barbarie, principalmente en la capital del país. Los niveles de miseria y violencia llegan a umbrales desconocidos en otras naciones de América (acercándose mucho a las naciones más pobres de África). La población vive en un verdadero infierno, sin saber si tendrán qué comer al otro día o si sus familiares serán asesinados por la policía o por los grupos armados. Según relatos de nuestros compañeros de Batay Ouvriyé, la situación de las organizaciones populares es de total defensiva, ya que las manifestaciones populares frecuentemente son atacadas por grupos armados.

Desde la distancia, es muy difícil opinar sobre qué medidas podrían ser tomadas por las organizaciones obreras, populares y campesinas en el país, ya que las condiciones de seguridad para realizar de reuniones, asambleas o movilizaciones son mínimas. Hace algunos meses, hubo una importante reacción popular con linchamientos a miembros de las pandillas, como relatamos en junio del año pasado.[11] Este es un importante ejemplo de reacción popular.

Por la situación actual, cualquier posibilidad de tener una salida obrera y popular a la crisis pasa por la organización de la autodefensa de los sectores obreros, populares y campesinos, con la formación de milicias populares armadas. No existe otra manera de enfrentarse a las pandillas, a la policía y a una eventual ocupación si no es con el armamento de los trabajadores. No podemos decir de qué manera esto se puede realizar, si a través de la confiscación de armas que entran por los puertos, ataques sorpresa a las pandillas, asaltos a comisarías y cuarteles u otras formas.

Las milicias obreras, populares y campesinas deberían estar al servicio de la organización democrática de la clase trabajadora en las fábricas, barrios y en el campo. Una revolución obrera, campesina y popular que barra con las pandillas y con el decadente estado haitiano es la única forma de liberar el país de su crisis permanente.

Esa revolución debería replantearse toda la organización social y económica del país, empezando por nacionalizar los grandes bancos, empresas telefónicas, fábricas y las tierras de grandes terratenientes. Una de las prioridades debe ser garantizar el abastecimiento de las ciudades con los alimentos producidos en el campo. En Haití, gran parte de la producción agraria y del abastecimiento de las ciudades es realizada por pequeños empresarios. Es necesaria una alianza entre ese sector y el pueblo trabajador de las grandes ciudades.

La burguesía haitiana y el imperialismo han demostrado ser totalmente incapaces de solucionar la enorme crisis humanitaria que vive Haití hace varias décadas. Solo un gobierno de la clase trabajadora con el campesinado pobre podrá dictar otro rumbo para Haití.


[1] https://litci.org/es/una-nueva-rebelion-de-masas-sacude-haiti/

[2] https://litci.org/es/haiti-movilizar-movilizar-movilizar-para-paralizar/

[3] Las Fuerzas Armadas de Haití son casi inexistentes, debido a su disolución en 1994 -bajo órdenes de Estados Unidos- y su reciente reconstrucción en los últimos años

[4] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68534619

[5] https://kiosque.lenouvelliste.com/journal/lenouvelliste/2024-02-17/3093?token=lLiKRfhk4n9UQxEiQEQjzu3Dt5WLwOXUpjaTlRzEVtvfGbooAeJMHYF8xOua&redirect_url=https://lenouvelliste.com/kiosque/le-nouvelliste

[6] https://haitiantimes.com/2024/03/15/gang-haiti-chaos-causing-gas-shortage/

[7] Le chaos règne en Haïti et le risque de famine est élevé, selon le PAM . Le Nouvelliste

[8] Insécurité : Le cri d’un planteur face aux pertes agricoles . Le Nouvelliste

[9] Toujours pas de fonds américains pour financer le déploiement des policiers du Kenya en Haïti . Le Nouvelliste

[10] Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que duró de 2004 a 2017, liderada por el gobierno brasileño bajo el mando de Estados Unidos.

[11] https://litci.org/es/haiti-avanza-reaccion-popular-a-la-barbarie/

En el 50 aniversario de Abril, la democracia de los ricos muestra sus límites

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Por: Em Luta, Portugal

El resultado de las elecciones de este domingo deja al país en una encrucijada. La corta victoria de la AD, heredero de Passos-Coelho, sobre el PS tras la caída de la mayoría absoluta de António Costa pone en una nebulosa los escenarios para un nuevo gobierno. Una mayoría parlamentaria sólo puede surgir con la entrada del Chega en el gobierno, o al menos con el acuerdo de gobernabilidad, o con el PS haciendo viable el gobierno de la AD, inflando aún más al Chega.

Combinado con el crecimiento de Chega está la continua degradación de la izquierda parlamentaria, que quedó confinada, en términos de resultados electorales, a una corta expresión en las dos grandes áreas metropolitanas del país, con la pérdida de representación del PCP en Beja.

Es vital, en un momento en que parte de la clase trabajadora y de sus sectores activistas reflexionan sobre la inseguridad asociada con el crecimiento explosivo del Chega, sobre la crisis del régimen democrático en el país y sobre la perspectiva de una renovada ola de ataques, debatir la situación actual.

La crisis no superada de 2008, la Geringonça y el agotamiento de la democracia de los ricos

La crisis económica de 2008, la necesidad de la burguesía imperialista de destruir las conquistas de la clase trabajadora para imponer un nuevo nivel de explotación, y la respuesta de los actores políticos involucrados en este proceso son parte fundamental de la explicación de la crisis del régimen que vivimos.

Portugal atraviesa un proceso de decadencia desde los años 1980/1990 con su integración en la Unión Europea (1986) y las grandes privatizaciones de sectores estratégicos de la economía en los años 1990. Este proceso de dependencia y semicolonización dio un salto de calidad con la intervención de la Troika en Portugal, porque se completó la privatización de sectores estratégicos de la economía, que pasaron al capital extranjero (CTT, TAP, Aeropuertos, PT/MEO/Altice, etc.), acabó el último gran banco de capital portugués –el Banco Espírito Santo– y la intervención directa de la UE en los diseños de la economía portuguesa se convirtió en la regla. Dentro de la UE, Portugal es sobre todo un proveedor de mano de obra barata y precaria, de ahí el importante peso de la inversión extranjera/multinacionales en la economía portuguesa. Por eso la crisis de 2008 y la intervención de la troika significaron una enorme reducción de los derechos y condiciones de la clase trabajadora, que nunca fueron recuperados por la Geringonça (ni por el gobierno de mayoría PS que lo sucedió). Hoy la economía portuguesa se basa en el turismo y los servicios, lo que acentúa aún más la dependencia externa del país y el carácter periférico de su economía. La ubicación subordinada dentro de la UE hace que todas las decisiones gubernamentales en Portugal sean determinadas por las reglas europeas, a las que Portugal se subordina. De ahí la contención de la austeridad durante Geringonça y los gobiernos de las cuentas ciertas del PS. La tan anunciada caída de la deuda portuguesa por debajo de 100% del PIB es resultado del gobierno de cuentas ciertas del PS, que asfixia la financiación de los servicios públicos para mostrarse como un buen cumplidor de los desmanes de la UE. 

Después de fuertes protestas sociales contra las  medidas de la troika , el país experimentó un giro político hacia la izquierda, que llevó al BE [Bloco de Esquerda] a elegir 19 diputados. Sin embargo, la respuesta de la izquierda parlamentaria fue hacer viable el gobierno del PS con la Geringonça, respuesta que impidió, en ese momento, una crisis existencial para el PS motivada por la falta de una alternativa política a la derecha tradicional. Sin embargo, la Geringonça no revirtió el camino de destrucción del país ni lo recuperó del sacrificio que impuso el gobierno de Passos Coelho/PSD.

En este contexto, la izquierda portuguesa (BE y PCP), jugando en defensa del PS, arrastrando el descontento de las luchas a las urnas, y luego a la parálisis de la base gubernamental, le hizo el juego a los dueños del país, tratando la democracia de los ricos como un fin en sí mismo, luchando sólo dentro del sistema, concentrando sus fuerzas para defenderlo y no para construir una alternativa para la clase trabajadora.

En el contexto de esta crisis, la extrema derecha surgió como último bastión de sectores importantes de las clases dominantes, desesperadas por un nuevo nivel de explotación y ganancias. En todo el mundo, el dinero y la cobertura mediática llovieron para esta extrema derecha conservadora, patriota, identitaria, abierta y socialmente regresiva. Sin negar la profunda crisis, y su incapacidad para superarla, la clase dominante juega en dos tableros, ilusionándonos con la defensa de una democracia que no es nuestra y al mismo tiempo ofreciendo un regreso a los tiempos de la dictadura, un regreso a un supuesto pasado glorioso, donde todo estaba en su lugar (para ellos).

La quiebra de la democracia de los ricos 

Dentro de los límites de la democracia de los ricos, en el mejor de los casos, lo que estea planteado es luchar para perder por poco. Esta no es nuestra democracia. Defendemos nuestros derechos dentro de ella, pero no la sacralizamos: al contrario, queremos superarla para el bien de nuestra supervivencia como especie y la supervivencia de nuestro planeta. No deja de ser irónico que, en el 50º aniversario de Abril, tengamos cerca de 50 diputados de extrema derecha en el poder. Pero esa no es la única razón por la que decimos que esta no es nuestra democracia. Esta democracia y estas instituciones no son fruto de la victoria de la Revolución, sino del fin del proceso revolucionario. Son el resultado del acuerdo posible que la clase dominante portuguesa consiguió cocinar con el PS, el PCP y el MFA, por entonces dirigentes mayoritarios de la clase obrera portuguesa, para derrotar las ocupaciones, las expropiaciones, las huelgas espontáneas, el poder y la democracia obrera y popular en las calles, y evitar también el internacionalismo anticolonial y antirracista que amenazaba el ideario racista de un país colonizador. Tan pronto como fue posible, la democracia de los ricos intentó eliminar los restos de esa revolución, tomando para sí–es decir, para la clase dominante– las instituciones del Estado y haciéndolas trabajar en su favor.

Hoy vivimos en una democracia en la que estamos simbólicamente autorizados a validar, dentro de las elecciones altamente financiadas por el poder, quién será el capataz de los trabajadores y de lajuventud. No es nuestra, y por esta razón, actualmente a buena parte de los trabajadores les resulta imposible tener su propia casa para ellos y sus seres queridos, gran parte de nosotros estamos obligados a prolongar nuestras horas de trabajo con viajes cada vez más largos, los servicios públicos se degradan y nuestras condiciones de vida están en franco deterioro.

Este balance es fundamental, porque, durante estos 50 años, Abril fue siendo vaciado por el pacto de concertación social entre PS y PCP y la clase dominante representada directamente por la derecha democrática y conservadora. Al mismo tiempo que el 25 de Abril se convertía en un día de democracia, claveles y libertad, las verdaderas disputas con la burguesía portuguesa quedaron atrás. También se ignoró, en nombre de una mitología democrática, el heroico sacrificio de los pueblos africanos en los 13 años de la lucha de liberación y su papel en el estallido de Abril. Por lo tanto, los sentimientos xenófobos y racistas de los que hoy se aprovecha el Chega se mantuvieron en el ideario nacionalista portugués.

El regreso de los que nunca fueron

Es un hecho que el proyecto del Chega no es sólo nacional, sino que también forma parte de una red internacional de extrema derecha, que comparte estrategias e ideologías con figuras como Steve Bannon, Trump y Bolsonaro, cabalgando así a una ola internacional que es expresión de una fuerte crisis del orden mundial. Sin embargo, el proceso nacional que se desarrolla hoy en Portugal tiene sus especificidades. Destacamos dos muy importantes. 

La primera es que la revolución portuguesa no saldó cuentas con el legado colonial y esclavista portugués. El lugar subordinado de la revolución anticolonial en el resultado oficial de la Revolución Portuguesa explica por qué, en el campo concreto de las relaciones sociales y laborales, el racismo nunca ha sido cuestionado en Portugal. Todo el arco del poder y las gobernaciones autárquicas brindaron a las poblaciones africanas e inmigrantes que llegaron al Portugal democrático después del 25 de Abril, en busca de una vida mejor, una profunda segregación social y territorial, construyendo una división también racial del trabajo. En esto, las poblaciones negras son las abanderadas de la precariedad y la sobreexplotación, y las escuelas, instituciones y policía pretenden perpetuar esta relación. En este país crónicamente racista, asentado en un profundo orgullo por el proceso que permitió la esclavitud transatlántica, la elección de 49 diputados consecuentes con el pegamento que une la identidad portuguesa es también expresión de eso. Decir lo contrario es ignorar, entre muchas otras cosas, el total desprecio por los complejos de ex colonos de la población retornada y la rabia y el trauma de los ex combatientes ultramarinos. A esto se suma el olvido de la masacre del pueblo timorense a manos del régimen pro estadounidense de la Indonesia de Suarto hasta que el silencio cómplice se volvió ensordecedor en los años ’90. En estos 49 años completos, de la derecha a la izquierda, siempre se ha celebrado un Portugal atlántico vijante y no racista, pero nunca se explicó cómo se superó el racismo y el chovinismo de un país con cinco siglos de imperio colonial. ¡Es obra!

La segunda razón del crecimiento del Chega es parte del contexto internacional, pero en Portugal se materializó en la falta de una salida radical a la crisis social y política. La base electoral del Chega, lejos de ser meramente ideológica, está compuesta también por aquellos descontentos que exigen cambios radicales. Con su discurso populista, el Chega acaba ocupando el espacio del descontento generado por la crisis social que asola el país. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué el Chega ocupa el espacio de los descontentos? Se trata, en nuestra opinión, de la falta de una respuesta radical e independiente a los problemas reales de la crisis social y política que vive el país, en un contexto en el que la izquierda parlamentaria volcó sus fuerzas para gobernar junto al PS.

Por último, es importante decir que, al alimentarse del descontento de los sectores medios de la sociedad y fortalecer el discurso de odio, el Chega puede de hecho ser un fermento para el crecimiento del fascismo, pero también es esencial rechazar las generalizaciones simplistas que ponen desde ya es un signo igual entre el fascismo y la extrema derecha. Dicho esto, no hay dudas de que una tarea esencial del próximo período es desenmascararlo y combatirlo de todas las formas: ideológicamente, en las calles, y con la construcción una verdadera alternativa.

¡Combatir la extrema derecha con una alternativa de la clase trabajadora independiente del PS!

Afirmamos que mientras la solución presentada sea salvar la democracia de los ricos, vamos camino a la barbarie. No será posible combatir contra la extrema derecha de la mano con el PS y poniendo fuerzas en el parlamento burgués. La izquierda parlamentaria, BE y PCP, debe resistir a la AD y el Chega en el parlamento. Sin embargo, si pretenden una alternativa política al Chega, no pueden volver a echar agua en el molino del PS. Es necesario organizar la movilización de las calles, los barrios y los lugares de trabajo y construir una alternativa para que la clase trabajadora sea la referencia que arrastre trás de sí a los sectores de pequeños propietarios y clases medias descontentos con la actual situación de crisis. Se necesita un programa que dé una batalla de vida o muerte por la unidad de la clase trabajadora, contra la destrucción moral e ideológica que representan el racismo, la xenofobia, la misoginia y la LGBTifobia. Es urgente construir una alternativa de la clase trabajadora y del pueblo pobre, que presente un programa de independencia de clase, que se ponga contra la explotación y la opresión, por una sociedad verdaderamente sostenible, ambiental y socialmente, y que apunte la necesidad de una salida revolucionaria y socialista.

Artículo publicado en Em Luta, 13/3/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

¿Qué busca Cristina K.?

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Entre la “Carta Abierta” y su propuesta de “Pacto Parlamentario”

Por PSTU-Argentina

Interrumpiendo el silencio público al que se llamó desde el 10 de diciembre, la exvicepresidenta publicó un extenso análisis de situación a mediados de febrero. Según trascendidos, lo habría complementado semanas después, en pleno conflicto entre Javier Milei y el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sugiriendo alcanzar un “pacto parlamentario” para proteger las cajas provinciales. ¿Adónde apuntan esas iniciativas?

En medio de los múltiples esfuerzos por reorganizar al peronismo y sus aliados, la dos veces presidenta lanzó un documento político largo y fundado con un balance de lo que ella considera fueron las políticas centrales de los primeros “kirchnerismos” peronistas. Criticando aspectos de la política del Gobierno actual y del propio Milei, apuntando contra el FMI, atacando duramente al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y Mauricio Macri, y proponiendo lo que ella considera la salida para la actual crisis que sufre el país. Y todo esto, no en un tono de confrontación con Milei, sino casi aconsejándolo.

Así, el tono de su mensaje deja en evidencia aquello que, con mucha sutileza, datos y muchos párrafos, Cristina logra camuflar en el texto un acuerdo de fondo con muchas de las políticas impulsadas con Milei. Coincidencias que pueden llegar a servir como base para un pacto con el Gobierno. Por eso mismo, hay que destacar algunas claves de su extenso texto.

La Deuda y el Fondo

Una de las ideas centrales del texto, es que la Argentina se encuentra sumergiéndose en una nueva crisis de Deuda Pública, la tercera en el último medio siglo. Detalla de manera didáctica la evolución de la Deuda Externa y la relación de los diferentes gobiernos con el FMI, y argumenta de ese modo la primera afirmación de su documento: la causa de la inflación no es la combinación de gasto público con más emisión de billetes, sino la falta de dólares producto del endeudamiento. Junto con esto, señala como excepción la política del gobierno de Néstor Kirchner, que logró pagar la totalidad de la deuda con el FMI, y reestructurar algunas otras, pagando menos.

Un relato que combina elementos ciertos (la Deuda Externa como herramienta del saqueo del país) con falsedades (los supuestos “éxitos” de las negociaciones kirchneristas con los usureros extranjeros). Pero lo que es más grave, es que omite señalar que la Deuda Externa es completamente ilegítima, fraudulenta e impagable, y que el único momento del último medio siglo en que el país acomodó su economía fue cuando se interrumpieron esos pagos. Cristina omite todas estas cuestiones porque sencillamente, ella es partidaria acérrima de pagar la Deuda Externa… solo que sin “tanto” ajuste. Recordemos su famosa frase: “…somos pagadores seriales”

“Dos modelos enfrentados”

Sumado al endeudamiento, Cristina apunta como responsable de las crisis crónicas que sufre nuestro país al modelo agroexportador y financiero (impulsado por la Dictadura Militar, el menemismo, el macrismo y ahora Milei) frente a un modelo “industrial, exportador y de valor agregado”, supuestamente impulsado a lo largo de la historia, por los gobiernos previos a la Dictadura y el peronismo “kirchnerista” durante 2003 al 2015. 

La realidad es que, si bien es cierto que durante esos gobiernos se impulsó a los sectores industriales, la Argentina nunca tuvo un verdadero modelo industrial: su industrialización  siempre fue accidental, resultado de circunstancias del momento (guerras mundiales, aislamiento diplomático, políticas específicas de las potencias), más que de un plan serio. De hecho, los sectores que más crecieron durante los primeros años kirchneristas fueron los ligados al agronegocio, y al final de ese período se les sumó el extractivismo minero, muy similar en cuanto a procedimientos. Recordemos los acuerdos por el proyecto minero de Pascua Lama con la Barrick Gold y el petrolífero con la Chevron de David Rockefeller. De hecho, donde más se evidencia que la brecha entre ambos modelos no es tan grande, es cuando Cristina pondera las “participaciones público-privadas”, que no son otra cosa que privatizaciones a medias. 

Y esto no podía ser de otra manera: desde hace siglos, el mercado mundial le asignó al país el rol de productor de materias primas, con un desarrollo industrial mínimo, especialmente del que es indispensable para tales tareas. No puede haber una industrialización real de la Argentina sino rompe con el orden imperialista, y para eso hay que salir de los marcos del capitalismo. Y Cristina, justamente, lo quiere evitar a toda costa.

Cristina tampoco está contra la criminalización de la protesta. Bajo su Gobierno se condenó a los petroleros de Las Heras y aprobó la ley antiterrorista. Tampoco condenó la represión en las jornadas del 18 de diciembre de 2017.

Evitar otro 2001

Si hay algo que se destaca en este texto de Cristina, es el tono tranquilo y diplomático que tiene hacia el Gobierno y hacia todo el arco político en general. Le preocupa la legitimidad de Milei, llama al Poder Legislativo a tener un rol más activo, y menciona a los episodios de lucha y resistencia de 2001 y 2002 con un todo desaprobatorio. 

Y es que, siendo una figura clave del poder político patronal, Cristina es lo suficientemente inteligente como para notar los cambios profundos del humor social. Sabe que Milei llegó al poder debido al desgaste de los partidos que surgieron después del 2001. Y que ese rechazo que lo llevó a la Rosada puede terminar sacándolo antes de tiempo, con otro estallido revolucionario de un pueblo harto de la miseria. Y sabe que para el dominio de la burguesía que representa, esas explosiones de bronca social son peligrosísimas.

Por eso la ex vicepresidenta termina convocando al diálogo y al consenso, a la acción parlamentaria en lugar de la lucha callejera.

La alternativa es otra

Aunque con los compañeros y compañeras que aún apoyan a Cristina podamos discutir sobre la historia del FMI, los gobiernos y los modelos, difícilmente discordemos en que a Milei hay que enfrentarlo con una fuerza proporcional a la brutalidad de sus ataques. Pero las propias palabras de su texto demuestran que CFK está en otra sintonía: mientras nosotros tomamos las calles y exigimos a los dirigentes que unan las luchas hasta derrotar el plan de Milei, ella apunta a realizar acuerdos parlamentarios para debatir con el libertario. 

Lo que necesitamos es justamente correr del medio a todos estos dirigentes que nos quieren forzar a esperar y dialogar con la pandilla de saqueadores que nos está gobernando, y unirnos y organizarnos para pelear sin tregua hasta que caiga el plan de Milei, Macri y el FMI. Hasta revertir los desguaces, la entrega y privatizaciones, y hasta lograr aumentos salariales y jubilatorios que nos saquen de la pobreza. 

Para hacer eso necesitamos plantear otro modelo de país. Expropiando las principales industrias y recursos para ponerlos bajo control de los trabajadores. El petróleo, la minería, el agronegocio, las siderúrgicas, las aceiteras y los puertos. 

Nacionalizar los bancos y el comercio exterior para evitar la fuga de divisas y controlar qué sale y qué entra en el país. Y a la vez para terminar con la especulación y el narcotráfico.

Desarrollar un plan de industrialización en base a las necesidades del pueblo. Utilizar los recursos científicos y tecnológicos para combatir el hambre, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador.

Todo esto es imposible si no rompemos con el modelo económico actual. Y eso sólo es posible por medio de una Revolución Socialista que ponga a los trabajadores en el poder.

Proponer, como hace Cristina, e hizo siempre el peronismo, una alianza con los empresarios nacionales e internacionales, es llevarnos a un callejón sin salida. El camino de la conciliación de clases es lo que ha llevado a Milei al poder. No podemos seguir con medias tintas.

Construir la salida que necesitamos requiere una organización que supere al peronismo y se ponga sobre los hombros esta tarea. Al servicio de esa construcción están el PSTU y la LIT. 

El 24 de marzo todos a Plaza de Mayo

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Por PSTU-Argentina

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tenía dos objetivos. Primero, derrotar físicamente a toda una generación de nuevos luchadores obreros, surgida al calor del Cordobazo. Terminar con una tradición de tomas de fábricas, luchas violentas contra el ajuste patronal.

En segundo lugar, la Dictadura Militar vino a imponer un plan económico. Una sumisión total de nuestro país a los intereses del imperialismo yanqui, que quería ubicar a la Argentina centralmente como exportadora de materias primas. “Da lo mismo producir acero que caramelos” decía Martínez de Hoz.

La teoría de los dos demonios y el negacionismo de la última Dictadura (que ahora la asume y está en el Gobierno), la endulzan planteando que en la Argentina había una guerra contra la grupos guerrilleros (principalmente ERP y Montoneros). Lo que no dicen es que esas organizaciones guerrilleras ya habían sido derrotadas en 1975. El Operativo Independencia y el fracaso del asalto al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo fueron los golpes de gracia.

¿Por qué Milei niega la Dictadura?

No es casual que desde el Gobierno se reviva el discurso de la “guerra” y se cuestione el número de los desaparecidos. 

El plan económico de la Dictadura, si bien fue aplicado y continuado por el Gobierno peronista de Carlos Menem, no pudo llevar a fondo las tareas que la burguesía y el imperialismo tenían planteadas. No obstante se desmantelaron y privatizaron las principales empresas nacionales y se dio vía libre al saqueo de los recursos.

Pero no avanzaron en eliminar derechos importantes como la Educación y la Salud, a diferencia de otros Gobiernos dictatoriales con el mismo proyecto, como el de Pinochet en Chile. 

Milei viene a terminar ese trabajo. Como venimos explicando, la contradicción entre la nueva ubicación del país en la división mundial del trabajo, y el atraso en las reformas sociales para adecuarse a esa ubicación, es lo que explica la crisis actual del capitalismo argentino.

Milei necesita reivindicar la Dictadura porque las tareas de su Gobierno corresponden a una continuidad de esos planes. Pero además, la caída de la Dictadura y, después, la rebelión del 2001, hicieron que hoy los “piquetes” se instalaran como una normalidad. El Protocolo Antipiquetes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich responde a la necesidad de “normalizar” la represión a las movilizaciones, como pasa en cualquier país del mundo. 

Porque para aplicar su plan necesitará estar preparado para responder a cualquier resistencia obrera y popular.

Un 24 por el pasado y el presente

Tenemos el desafío de preparar para este 24 de Marzo una movilización unitaria. El nivel de ataque tanto económico, como a las libertades democráticas y a la Memoria exige que dejemos todas las mezquindades de lado. 

El 24 debemos movilizarnos y converger todos los reclamos contra el plan del Gobierno. Abajo el plan económico y el Protocolo Antipiquetes, contra los despidos, por aumento de salarios y jubilaciones dignas, contra la violencia machista, xenófoba y LGBTfóbica, y por un Paro General que unifique todos esos reclamos con los métodos de la clase obrera, para afectar las ganancias capitalistas y darnos la posibilidad de victoria.

Esto no significa que no planteemos nuestras posiciones hacia la movilización.

La condena aún vigente a Daniel Ruiz, Sebastián Romero y César Arakaki, sirve como disciplinamiento a los luchadores. Por lo que hay que exigir su anulación. En el mismo sentido va la prisión a Cristián Díaz, activista por la causa palestina. La movilización del 24 no puede ignorar el genocidio palestino del estado de Israel en Gaza.

No hay excusas, este 24 debemos preparar una gran movilización, organizada para enfrentar el protocolo de Bullrich y la represión policial.

Y como siempre, debemos exigir la apertura de los archivos de la dictadura, el juicio y castigo a los responsables políticos y militares del genocidio, junto a los empresarios y la iglesia que facilitaron el funcionamiento del aparato represivo. 

El glorioso PST

Compañeras y compañeros del PST ¡Presentes!

Como cada 24 de marzo, no queremos dejar de hacer una mención especial a nuestros camaradas caídos del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor del PSTU, en los años de la Dictadura. 

Nuestro partido sobrevivió a la Dictadura gracias al heroísmo de esas compañeras y compañeros, que dieron la vida y no entregaron a sus pares. 

Sin embargo, su grandeza no proviene de su proeza individual. Sino del proyecto que construían. La defensa abnegada de la causa de la Revolución Socialista, única alternativa contra el capitalismo salvaje que depreda a la humanidad es lo que explica su accionar heroico.

Como dice la canción que cantamos cada 24:

¡Vamos a vengar a los compas del PST!

¡Seguimos luchando por la revolución!

Al defender a Maduro, Lula ayuda a legitimar una dictadura capitalista que reprime a la clase trabajadora

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Por: Redacción PSTU Brasil

Aquí en el Brasil fue muy importante derrotar a Bolsonaro en las urnas. Esto se debe a que, de triunfar, su gobierno continuaría avanzando contra las libertades democráticas e instalaría una dictadura en el país.

Un activista o militante venezolano que lucha por sus derechos en el país, algunos de los cuales incluso están en prisión, ciertamente entendió esa movilización contra Bolsonaro y el peligro que representaba. Lo que le debió causar perplejidad fueron las recientes declaraciones de Lula en defensa de las elecciones en el país y de Maduro. Lula defendió la equidad del proceso y destacó que “no pueden surgir dudas antes de que se celebren las elecciones ”, previstas por el régimen venezolano para el 28 de julio.

Bueno, si Bolsonaro instalaría una dictadura aquí, en Venezuela ya hay un régimen dictatorial, que reprime y persigue cualquier tipo de oposición. Apoyar a Maduro, como hace Lula, es apoyar una dictadura capitalista, que ni siquiera posee algún carácter “antiimperialista”, como algunos quieren hacer parecer.

No es secreto para nadie que el régimen venezolano es una dictadura apoyada en las Fuerzas Armadas y tiene pleno control sobre la Corte Suprema de Justicia del país, incluido el Consejo Electoral. Procesar, destituir y arrestar a los líderes de la oposición que podrían amenazar a Maduro se ha convertido en la regla. La exdiputada María Corina Machado, elegida por la llamada Plataforma Unitaria Democrática para presentarse a las elecciones, fue declarada inelegible por 15 años por presunta “traición a la patria”, y llegó a ser detenida en diciembre.

El 8 de marzo, su coordinador de campaña, Emil Brandt, fue detenido por los servicios secretos del gobierno de Maduro, sin ninguna acusación. Se espera que sea acusado de “traición” o “terrorismo”, como suele ocurrir con los opositores de Maduro. Ya sean opositores de derecha o líderes populares y sindicales.

En presencia del presidente de gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, Lula no sólo defendió la legitimidad de las elecciones en Venezuela, sino que también se burló de la detención y expulsión de la candidata de los comicios. “Me impidieron postularme en 2018. En lugar de llorar, indiqué a otro candidato ”, afirmó.

La realidad es que Lula sabe muy bien que Venezuela no tiene nada que ver con Brasil. Lo que Maduro impuso a su país, en realidad, fue precisamente el plan que Bolsonaro ideó en su candidatura a la reelección: el control del Supremo Tribunal Federal (STF), de las Fuerzas Armadas, y de todas las instituciones del régimen. De tal manera que lo que existe hoy en Venezuela no es la democracia de los ricos que prevalece aquí, es decir, un régimen que favorece a multimillonarios y multinacionales, con algunas libertades democráticas, como la de expresión u organización, sino una dictadura capitalista que persigue, arresta y reprime a los opositores.

Los trabajadores son las mayores víctimas

Quien más sufre la represión del gobierno de Maduro ni siquiera es Corina Machado, una política de derecha vinculada al Partido Republicano estadounidense y a Trump, con un programa abiertamente neoliberal. Los que más sufren son los trabajadores, que sufren una crisis económica sin precedentes, una política de endurecimiento aplicada por el gobierno, y sin derecho, al menos, de protestar. 

A principios de año, varios trabajadores de empresas estatales y gremios del sector público, principalmente de la enseñanza, realizaron una serie de movilizaciones con demandas como aumento de salarios acorde a la inflación de la canasta básica alimentaria, por la revocación del quite de derechos, por libertad sindical, con elecciones libres en los sindicatos (que hoy no existen), libertad de protesta, y la liberación de los trabajadores presos por luchar.

El gobierno respondió intensificando la represión y arrestando a varios dirigentes obreros, como el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Barinas, Víctgor ​​Venegas, y de su hermano, José Gregorio Venegas. El puño dictatorial de Maduro también recae sobre activistas, como la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero. 

Como denuncia la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), sección de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) en el país: “En todos estos casos se repite el mismo patrón, detención arbitraria sin orden judicial previa, desaparición forzada por varios días, presentación posterior sin contacto con los familiares y sin presencia de abogados defensores, imputación por acusaciones de ‘terrorismo y conspiración’ y ninguna información oficial del centro de reclusión”. La organización recuerda también que varios dirigentes obreros importantes permanecen en prisión, como los sindicalistas de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco), Leonardo Azócar y Daniel Romero, detenidos tras una protesta que reivindicaba el cumplimiento de la contratación colectiva de los obreros de la empresa.

El gobierno de Maduro es una dictadura, apoyada y amparada por las Fuerzas Armadas, que ha ido incrementando aún más la represión para contener las protestas y poder arrojar la crisis a las espaldas de los trabajadores. Como también afirma la UST: “la escalada represiva del gobierno de Maduro obedece, por un lado, a su carácter de dictadura burguesa, enemiga de los trabajadores, que necesita ser cada vez más represiva para continuar aplicando el ajuste brutal con el que descarga el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y los pobres del país. Y, por el otro, a su miedo a las protestas y movilizaciones obreras”.

Una dictadura y, al contrario de lo que intentan argumentar sectores de izquierda, capitalista, sin nada de izquierda ni de progresista. Un régimen que se beneficia de renta petrolera, exportado a varios países del mundo, y de multinacionales como Chevron, y sobre la cual se formó la llamada “boliburguesía”, una burguesía próxima e incrustada en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, y que cuenta con el Ejército y sus milicias privadas para mantener su poder.

La diferencia entre el régimen de Maduro y la oposición encabezada por Machado se reduce a qué sectores de la burguesía controlarán los miles de millones de dólares del petróleo, manteniendo al país en su condición de dependencia y subordinación, y al pueblo en la miseria. La oposición de derecha, de hecho, ni siquiera representa una alternativa más “democrática”, vistos los sucesivos intentos de golpe que ya ha intentado llevar a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos.

La dictadura venezolana y la boliburguesía se benefician de esta relación, y el imperialismo aún más. O sea, más allá de las palabras, Maduro no es “antiimperialista” ni se propone enfrentar al imperialismo. Pero supongamos que así fuera y que hubiera una confrontación real con los imperialismos estadounidense, chino o europeo. Aun así, no justificaría una dictadura capitalista contra los trabajadores y la población.

En un hipotético enfrentamiento, se podría incluso discutir una unidad de acción con el chavismo, pero nunca apoyando una dictadura o la prohibición de la oposición y las restricciones a las libertades democráticas de los trabajadores.

Apoyar a Maduro es apoyar una dictadura capitalista

No era la primera vez que Lula, en su tercer mandato, defiende la dictadura de Maduro. En 2023, el presidente recibió a Maduro con pompa. Ahora ayuda a legitimar un simulacro de elecciones que todo el mundo sabe que sólo servirán para consagrar la dictadura que está en el poder. Lula, así, ayuda a legitimar y fortalecer un régimen que sobreexplota a la clase trabajadora de su país, reprime a activistas y protestas sociales, y cualquier tipo de oposición. Un papel que también cumplen aquellos sectores de izquierda que insisten en ver algún papel “antiimperialista” en este régimen.

Maduro no es demócrata, no es antiimperialista y mucho menos socialista. Es un dictador capitalista, y es lamentable que quien se dice socialista guarde silencio y, más aún, apoye las declaraciones de Lula. Ya sea en defensa de Maduro, o en defensa de otras dictaduras igualmente capitalistas, como la Ortega, Putin o Xi Jiping. Es tan absurdo como apoyar a Netanyahu, Orban y compañía.

Artículo publicado oen www.opiniaosocialista.com.br, 11/3/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

En el “Frente Democrático para derrotar al bolsonarismo” de Boulos caben incluso bolsonaristas

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Por: Deyvis Barros, de Ceará (CE)

La campaña del PSOL para la alcaldía de São Paulo, con Guilherme Boulos a la cabeza, se inclina cada vez más hacia la derecha para resultar aceptable para la burguesía de la capital paulista. Esto se refleja en un programa y un arco de alianzas cada vez más hacia la derecha.

Al afirmar que su objetivo es combatir el bolsonarismo, que tiene como representante en la ciudad al actual alcalde que aspira a la reelección, Ricardo Nunes (MDB), Boulos defendió la construcción de un frente lo más amplio posible y coloca como criterio político que se dé “en torno a los valores democráticos y de combate a las desigualdades sociales”.

Este frente propuesto por el candidato del PSOL es una alianza con la burguesía para gobernar São Paulo al servicio de esa clase.

Y resulta que en ese frente anti-Bolsonaro “en torno a los valores democráticos y de combate a las desigualdades sociales” caben quienes no defienden los valores democráticos ni combaten las desigualdades sociales, e incluso personas que no tienen ninguna contradicción con el bolsonaroísmo.

Recientemente se ha dado publicidad el hecho de que el senador Alexandre Giordano (MDB) ha declarado su apoyo a Boulos ya desde 2023 y ha sido acogido por el psolista como un aliado. Se trata de un verdadero escándalo, ya que Giordano es un empresario reaccionario, ex partidario de Bolsonaro, afiliado al antiguo PSL que eligió a Bolsonaro, y asumió un mandato tapón, ya que ocupaba el cargo de suplente del ex senador Mayor Olimpio, fallecido. en 2021 y uno de los principales representantes de la llamada “banca bala” en el Estado de São Paulo.

Giordano, quien es apadrinado político de Temer, entró débil en la disputa electoral y se hizo conocido con el escándalo en el que fue acusado de utilizar el favor político de Bolsonaro para negociar para sus empresas, con el gobierno paraguayo, el excedente de energía de Itaipú. Como empresario, el senador tiene en su historial procesos judiciales por impago de propiedades, invasión de tierras y deudas laborales.

No hay contradicción entre Giordano y el bolsonarismo. Hasta 2022, eran frecuentes las publicaciones del senador con el entonces presidente Bolsonaro y sus manifestaciones de apoyo al bolsonarismo como corriente política.

El acercamiento de Boulos con Giordano es sólo un paso más (el más escandaloso de ellos hasta ahora) hacia la formación del frente de conciliación de clases idealizado por Boulos. Además del hecho de que el abanico de alianzas de Boulos incluye partidos burgueses como Rede Sustentabilidade, PDT y PV, la indicación de Marta Suplicy (ex MDB y recientemente regresada al PT) como vicepresidenta de Boulos, nombramiento que vino del propio Lula, otra señal más para la burguesía paulista de que podían confiar en que Boulos no enfrentaría sus negocios si llegaba a ser alcalde. Marta, para asumir el papel de vicepresidenta en la fórmula junto a Boulos, tuvo que renunciar al cargo de secretaria que ocupaba en la alcaldía de Ricardo Nunes, a quien acompañó dócilmente durante los últimos años de acercamiento al bolsonarismo. En 2017, la entonces senadora había apoyado la Reforma Laboral de Temer, que quitaba derechos a los trabajadores brasileños y, como alcaldía, atacó los derechos de los servidores públicos y del pueblo pobre de la ciudad.

No se puede luchar contra la ultraderecha con conciliación de clases

El camino de Boulos, de proponer enfrentar a la ultraderecha en conciliación con la burguesía, no es nada nuevo. Es el mismo camino que siguieron Lula y el PT en el Gobierno Federal. Después de asumir el gobierno, Lula nombró a Múcio, un reconocido defensor de los militares golpistas, como ministro de Defensa, y construyó una alianza con Arthur Lira para devolverlo a la presidencia de la Cámara de Diputados, manteniendo el control del Centrão bolsonarista sobre el Legislativo Federal.

La ultraderecha no será derrotada con conciliación de clases. Aunque sea posible derrotarla electoralmente (lo cual es muy importante), sigue viva como un fenómeno político con peso de masas, como lo demuestra el reciente acto de Bolsonaro (que no sólo perdió las últimas elecciones, como también es elegible hasta 2030).

La ultraderecha será derrotada enfrentando las condiciones estructurales en las que se apoya: las Fuerzas Armadas reaccionarias que sirven para mantener el orden burgués y que llevan, desde la conciliación producida durante la redemocratización, un fuerte tenor golpista, y a la propia clase social de los capitalistas que, en su fase cada vez más decadente, proporciona la base para fenómenos autoritarios como el bolsonarismo.

La elección de Lula para el Gobierno federal y que Boulos adopta para su candidatura, de crear un gobierno en alianza con la burguesía y con los antiguos bolsonaristas, a lo sumo aquietará temporariamente al bolsonarismo sin superarlo políticamente.

El PSTU tiene la precandidatura de Altino a la alcaldía de São Paulo para atender necesidades de los trabajadores y combatir a la ultraderecha

La precandidatura de Altino Prazeres al PSTU en São Paulo se basa en otra lógica: vamos a enfrentar a los grandes capitalistas y no haremos ninguna conciliación con la burguesía y mucho menos con conocidos bolsonaristas.

Nuestra precandidatura defiende la independencia de clase de los trabajadores contra los ataques de los gobiernos, cualesquiera que sean, y de los patrones contra los trabajadores. Sólo así es posible cumplir con los derechos más básicos de los trabajadores y del pueblo de São Paulo y combatir el bolsonarismo de raíz.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 7/3/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

¿Quién es Nayib Bukele?

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Por Daniel Sugasti

Como se esperaba, el 4 de febrero Nayib Bukele fue reelegido presidente de El Salvador. En el auge de su popularidad, el candidato-presidente cosechó 85% de los votos. El partido del régimen, Nuevas Ideas, conquistó 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, la oposición burguesa, fragmentada, recibió una auténtica paliza. A la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), otrora representante de la derecha tradicional y que gobernó el país entre 1989-2009, le cupo dos curules. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó el país entre 2009-2019, recibió tal castigo electoral que quedó fuera del hemiciclo.

Así, Bukele, autodenominado “el dictador más cool del mundo mundial”, a priori podría gobernar hasta 2028, con holgada superioridad parlamentaria. Esta es, sin duda, una mala noticia para el movimiento de masas y la izquierda salvadoreña y latinoamericana. Pero ahora lo importante es entender el proceso y su dinámica.

El 3 de marzo se realizaron elecciones municipales, luego de que los municipios se redujeran de 262 a 44, en una clara maniobra para concentrar más control y poder territorial. Bukele, una vez más adelantándose al propio tribunal electoral, anunció una victoria aplastante en la que, supuestamente, Nuevas Ideas y sus partidos satélites ganaron en 43 de los 44 municipios del país[1].

Bukele pudo ser candidato presidencial a pesar de que hasta seis artículos de la Constitución salvadoreña prohibían la reelección consecutiva, por medio de un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional, un órgano controlado por él, que le permitió competir con la condición de licenciarse del cargo seis meses antes.

Es cierto que, en el contexto de un creciente endurecimiento del régimen, el Estado controló las elecciones y, según denuncias, el proceso electoral no pasó de un fraude[2]. Hay que considerar que se trata de un gobierno que cambió el régimen democrático burgués, con todas sus limitaciones, a uno bonapartista-dictatorial, aunque mantiene formalmente las elecciones. Desde 2019 promovió maniobras para cambiar y someter definitivamente al sistema judicial, el parlamento y las FFAA. Ahora, estas instituciones tienen un carácter bonapartista. Algo similar a lo que pasó en Turquía y Hungría y a lo que pretende Milei o intentó hacer Bolsonaro en su momento.

Por otra parte, también es nítido que Bukele, a pesar de sus medidas represivas y la deriva dictatorial iniciada en 2019, acapara un importante caudal de respaldo popular o, por lo menos, existe un buen margen de tolerancia por parte de amplios sectores de masas.

La popularidad del “modelo” Bukele, represivo y de “tolerancia cero” hacia las pandillas, trasciende las fronteras del país centroamericano. No puede sorprender que los principales exponentes de la extrema derecha mundial le rindan elogios y lo presenten como ejemplo de lo que debe hacerse con la criminalidad y la “preservación del orden” en nuestros países. Bukele, el presidente millennial, es sensación en muchos países. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la creación de dos mega cárceles. Diversos políticos en Perú, Chile, Argentina, entre otros lugares, hicieron campaña asegurando que seguirían sus pasos. En su momento, Trump siempre lo apoyó y alentó. Entre los jefes de Estado o ministros que lo admiran están Milei y Bullrich, el presidente paraguayo Santiago Peña y, por supuesto, la familia Bolsonaro en Brasil.

Pero no solo tiene respaldo de la ultraderecha, sino también de gobiernos dichos “progresistas”, como la hondureña Xiomara Castro y el guatemalteco Bernardo Arévalo.

En un contexto de crisis económica, política y social, incertidumbre general, aumento de la inflación, desempleo y, consecuentemente, la inseguridad callejera, no es raro escuchar: “hace falta un Bukele”.

Para el público no salvadoreño, puede ser útil abordar algunas cuestiones: ¿quién es Nayib Bukele y cuáles fueron las medidas que explican su ascenso? ¿A cuáles contradicciones se enfrentará durante su segundo mandato?

El hijo de un burgués que integró el FMLN

Bukele nació en 1981, en “cuna de oro”. Hijo del rico e influyente empresario Armando Bukele Kattán, de ascendencia palestina, propietario industrias textiles, firmas comerciales, farmacéuticas, publicitarias y medios de prensa.

Bukele Kattán construyó su fortuna por medio de una asociación con el Estado, por medio de la cual gozó de una serie de privilegios, como exoneración de impuestos a la importación de maquinarias y materias primas, concedidos por distintas autoridades locales en la década de 1970.

Nayib estudió en la Escuela Panamericana, donde se bachilleró en 1999. Se trata de un colegio bilingüe, exclusivo para las personas ricas, donde comenzó a crear lazos con los actuales nombres fuertes del régimen.

Antes de ingresar en el mundo de la política, Nayib Bukele ocupó puestos de dirección en las empresas de su padre, principalmente en las agencias publicitarias y una empresa fabricante de pasaportes. Fue también presidente de la distribuidora de Yamaha Motors en el país.

Un hecho que, ahora, podría sorprender es que durante mucho tiempo hizo negocios con el FMLN, considerada la principal fuerza de izquierda, del que luego sería uno de sus candidatos. Por ejemplo, las empresas de publicidad de su familia estuvieron a cargo, durante 12 años, de la propaganda política del FMLN. En 2004, por medio de contactos de su padre, el joven Bukele fue contratado para llevar adelante la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Schafik Hándal, alias “comandante Simón”, histórico dirigente del Partido Comunista Salvadoreño y del propio FMLN.

En 2011, Bukele se afilia al FMLN. Es electo, por esa sigla, alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015). En el período siguiente, avanzó varios pasos y fue elegido alcalde de la capital San Salvador (2015-2018), también en nombre de una coalición liderada por el FMLN.

En 2017, sin embargo, luego de una serie de conflictos internos, Bukele forzó su expulsión del partido por el Tribunal de Ética del FMLN. Cabe notar que, siendo alcalde de la comuna capitalina, el ambicioso político se movió buscando protagonismo y espacio propios, criticando incluso a dirigentes de su partido.

Tanto la conservadora ARENA, que gobernó el país durante 20 años, como el FMLN, que hizo lo propio durante una década, estaban muy desacreditados ante las masas. Si bien Bukele consideró en 2017 ser el candidato presidencial del FMLN, quizá haya percibido ese desgaste y abrirse paso cuestionando abiertamente a los presidentes efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, este último en funciones.

En octubre de 2017, en el contexto de una derecha mundial alentada por la presidencia de Trump, anunció la formación del movimiento Nuevas Ideas con un discurso “antisistema”: “sacar de donde están” a los partidos tradicionales y “cambiar el sistema político del cual ya todos estamos hartos”, entre otros eslóganes. Dado que no le fue permitido competir por Nuevas Ideas, inscribió su candidatura por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un pequeño y muy cuestionado partido de la derecha tradicional.

Presidente en 2019

En febrero de 2019 fue elegido presidente con un contundente 53% de los votos, eliminando la necesidad de segunda vuelta. ARENA obtuvo 32% del escrutinio y el FMLN, castigado, apenas cosechó 14,4% del electorado. Ese resultado, presentado como histórico, marcaba una ruptura de la situación política desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En mayo de 2019, mostrando formas no convencionales, comenzó a nombrar a sus futuros ministros a través de su cuenta de Twitter, alegando estar buscando personas sin “pasado oscuro” y evitando el “reciclaje de funcionarios”. El perfil “anticorrupción” que pretendía mostrar, aunque cínico, era evidente.

Comenzó su gobierno anunciando un acercamiento con EEUU. Entre otras medidas, acabó con la Secretaría de Acción Social y otros proyectos emblemáticos del FMLN, recortando presupuestos en áreas como mujeres, juventud y otras áreas vinculadas al asistencialismo. Despidió, por medio de Twitter, a cerca de 3.000 funcionarios del gobierno anterior, entre ellos familiares del expresidente y de la cúpula del FMLN. Al mismo tiempo, incurría en claros casos de nepotismo, nombrando a su medio hermano y tío en cargos importantes.

Sin embargo, el rumbo político y el perfil que ahora lo distingue se hizo evidente en 2020.

El 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la sesión de la Asamblea Legislativa rodeado de militares. Los parlamentarios habían negado un préstamo de 109 millones de dólares para fortalecer a la policía y el combate a las pandillas. Bukele se sentó en el sillón del presidente de la Asamblea, hizo una oración y llamó a una “insurrección popular”. La oposición denunció el intento de intimidación y calificó esa postura de “autogolpe”. Ni siquiera en la época de la anterior dictadura, el ejército entró al parlamento. Sin embargo, encuestas posteriores reflejaron que la popularidad de Bukele había crecido.

En las elecciones legislativas de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas finalmente obtuvo la mayoría de la Asamblea Legislativa. En mayo, se alió a otros tres partidos conservadores para conseguir el control de los dos tercios de la legislatura 2021-2024. La oposición quedó reducida a 20 diputados de un total de 60 asientos.

“Guerra a las pandillas”

En 2019, Bukele anunció el “Plan de Control Territorial”, un esquema represivo en larga escala. Poco después, según él, la tasa de homicidio intencional de El Salvador se había reducido de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 —la más alta del mundo en ese momento— a 36 en 2019.

En su primer año de gobierno, como era sabido, existía un pacto entre el gobierno y las pandillas. Esos grupos criminales, muy poderosos económica y militarmente, son un auténtico flagelo para la población. Los pagos de extorsiones representaban el 3% del PIB y el costo anual de la violencia, el 16%, una cifra enorme.

En marzo de 2022, ese pacto se rompió y el país sufrió una ola de asesinatos y violencia en las calles. El 26 de marzo fue el día más mortífero en la historia salvadoreña desde el final de la guerra civil, con 62 asesinatos.

El 27 de marzo, previa solicitud de Bukele, la Asamblea Legislativa controlada por el gobierno aprobó el estado de excepción, que elimina una serie de libertades democráticas, individuales y otorga poderes discrecionales a las fuerzas represivas. El régimen de excepción, desde entonces, fue prorrogado 23 veces. Bukele, entonces, declara oficialmente la “guerra a las pandillas”, las “maras”, especialmente la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mao Mao[3].

En abril de 2020, Bukele autoriza el uso de “fuerza letal”. Por su parte, la Asamblea Legislativa procedió a reformar el Código Penal y Procesal para criminalizar a los miembros de pandillas con penas de hasta 20 años de cárcel y para los cabecillas entre 40 a 45 años.

En los últimos dos años, el régimen adquirió contornos cada vez más dictatoriales. En la práctica, la violencia de las pandillas fue sustituida por la violencia permanente y alevosa del Estado. Es decir, se impuso el terrorismo de Estado.

En el marco de la “guerra a las pandillas”, más de 75.000 presuntos pandilleros fueron encarcelados, casi todos sin ningún respeto al debido proceso o libertades individuales básicas. La policía y el ejército rondan las calles, usando y abusando de poderes especiales. Bukele, sin embargo, se jacta que el “margen de error” de los arrestos es del 1%. Hoy, El Salvador cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Diversas organizaciones de DDHH, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado abusos durante el régimen de excepción.

Han documentado torturas, detenciones arbitrarias —un chico con síndrome de Down—, además de cerca de 220 muertes sospechosas bajo custodia. Los abogados y los familiares de los presos denuncian de que no tienen contacto con ellos, y que son sometidos a juicios secretos.

Hace un año se inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad, orgullo de Bukele, que alberga a un número alto pero desconocido de supuestos “terroristas”.

En ese lugar no entra la luz de sol. Los presos salen de sus celdas sólo 30 minutos al día, con grilletes. No pueden recibir visitas ni llamadas. Hay dos inodoros por pabellón. Las condenas alcanzan los 700 años. La propaganda de la dictadura recurre constantemente a imágenes del CECOT, como las impresionantes escenas de cientos de presos sentados con las manos sobre sus cabezas rapadas, en señal de sumisión al orden establecido.

La arremetida dictatorial es total. Como denuncia la Plataforma de la Clase Trabajadora, sección de la LIT-CI en el país: “…el papel del ejército en la vida cotidiana es cada vez más presente y la persecución y criminalización de las disidencias es real con saldo de decenas de líderes sociales, sindicales y populares encarcelados, e incluso algunos que han perdido la vida en manos del Estado”[4].

La “guerra a las pandillas”, en un primer momento, muestra resultados aparentemente positivos. El gobierno sostiene, sin permitir acceso a detalles ni una verificación rigurosa, que la tasa de homicidios bajó de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2019 a 2,4 por cada 100.000 en 2023. De ser uno de los países más violentos del mundo, existe una mejora momentánea de la sensación de seguridad por parte de la población. Y esto está en la base de su popularidad. Bukele.

Al mismo tiempo, la dictadura intenta cambiar la imagen de El Salvador, siendo sede de grandes eventos, como Miss Universo o un partido amistoso entre su selección nacional y el Inter Miami, club de Lionel Messi, que fue fotografiado apretando la mano del dictador. Por otra parte, el flujo de turistas internacionales ha aumentado 40%.

No obstante, la “guerra a las pandillas” plantea muchos interrogantes: ¿cuál es el alcance real que puede tener esa política de seguridad, convertida en el escaparate del gobierno?, ¿hasta cuándo durará la aparente “luna de miel” de amplios sectores de masas con Bukele?

Una política con patas cortas

Más allá del discurso conservador, la experiencia, en muchos países, ha demostrado que las rimbombantes políticas de “mano dura” contra la delincuencia común o el crimen organizado, que se basan únicamente en vistosas operaciones policiales o militares, miles arrestos, etc., fracasan tarde o temprano.

La supresión de los derechos humanos y de las garantías individuales, además de un encarcelamiento masivo, puede mejorar el clima de inseguridad urbana en un primer momento, pero es incapaz de solucionar el problema de fondo.

La razón de ello es que la delincuencia común y las pandillas organizadas, en este caso las maras, son producto y crecen en el contexto de la miseria, el desempleo, el embrutecimiento y la absoluta falta de perspectivas de una vida mejor, sobre todo para la juventud.

Las maras y las pandillas, que extorsionan y amedrentan a la clase trabajadora, son resultado del deterioro del tejido social, de la pauperización de millones de personas bajo el capitalismo periférico en nuestros países. Ese es el caldo de cultivo de la lumpenización de enormes contingentes de la sociedad, de la cual se nutren los cárteles y pandillas dedicadas al tráfico de drogas, armas, secuestros, trata de personas, extorsiones, etc. En muchos casos, los jóvenes reclutados por las pandillas sienten que no tienen nada que perder; por el contrario, se arriesgan con la ilusión de poder mejorar un poco sus vidas y la de sus familias.

Una prueba de la descomposición social en el país es el impactante número de emigrantes. Según datos de la ONU, El Salvador tiene 1.599.058 emigrantes, lo que supone un 25,41% de la su población[5]. De ese contingente, 88% se dirige a EEUU. Entre mayo y octubre de 2023, EEUU detuvo cada día a 98 migrantes de El Salvador[6]. Ese éxodo, por otro lado, también se refleja en las remesas, entre 300 y 500 dólares, indispensables para muchas familias.

Si a los problemas históricos sumamos la inflación, el desempleo, el desarraigo interno por el extractivismo, el externo por la migración, y la justa decepción de las masas con las instituciones de la democracia burguesa combinada con la traición del FMLN y otros partidos dichos de izquierda, no es difícil entender, primero, el poder de las maras y, segundo, que amplios sectores de masas simpaticen con la “mano de hierro” de un Bukele. El “todos son iguales” y la ausencia de una alternativa organizada, arraigada en la clase trabajadora, abre espacio para el escepticismo y el apoyo a supuestos “salvadores de la patria”.

Sin embargo, la popularidad de Bukele no será eterna. Puede desmoronarse tan rápido como creció, en la medida en que la expectativa de la sociedad vaya más allá de la seguridad callejera, una especie de cortina de humo, y reaparezca con fuerza el peso de las penurias socioeconómicas. Bukele, como otros gobernantes latinoamericanos, está sentado sobre un volcán, por ahora, aparentemente dormido.

De hecho, las encuestas muestran que, si en 2019 la principal preocupación popular era la inseguridad y la delincuencia de las pandillas, en 2023 la preocupación es la economía (70%), el desempleo y el alto costo de vida. Según una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la delincuencia (4,6) y el régimen de excepción (1%) ya son considerados, en este nuevo escenario, problemas secundarios. El ánimo de las masas puede dar un giro.

En 2023, el crecimiento de El Salvador, según el FMI, fue de 2,2%, el menor de toda Centroamérica. El país, con 6,3 millones de habitantes, cuenta con casi 900.000 personas en situación de “emergencia” alimentaria, es decir, el país está en el borde de una hambruna.

La pobreza ronda el 29% y la extrema pobreza el 9% la población local[7]. En 2023, un informe oficial del Ministerio de Salud reveló que 213 personas habían muerto por desnutrición severa y moderada en los últimos cuatro años en El Salvador.

El costo de vida corroe los bajos salarios. El salario mínimo de poco más de 300 dólares no cubre el costo de una canasta básica de 450 dólares o más. El dinero no alcanza. Y esto para aquellos que tienen derecho a un salario. Según la ONU, la informalidad afecta a cerca del 70% de la clase trabajadora, es decir, millones carecen de un sueldo fijo, seguridad social y previsional. En el magro sector formal, por otro lado, 60% de los cotizantes salvadoreños no completa aportes para su pensión[8].

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2022 (EHPM), realizada por el Banco Central de Reserva (BCR), realizada en 2022, el 38% de los salvadoreños en edad de trabajar no busca empleo o está desocupado. Por otra parte, la tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 24 años alcanzó11.8%[9].

En ese contexto dramático, no sólo se explica el reclutamiento de los jóvenes por parte de las pandillas, sino que es nítido que, sin solucionar los problemas estructurales e históricos de la economía y la sociedad salvadoreña, no habrá “mano de hierro” o “mesías” que traiga mejores días para la clase trabajadora.

La base del surgimiento y proliferación de las pandillas y otras expresiones del crimen organizado es el propio de un capitalismo, en el caso salvadoreño, periférico y dependiente.

No es posible acabar con ese flagelo de un plumazo o únicamente con represión estatal. La historia presenta ejemplos de cómo el tipo de “modelo” de Bukele, o el de la ultraderecha brasileña “bandido bom é bandido morto”, fracasó en México y en Brasil. En ese país, las llamadas Unidades de Policía Pacificadora militarizaron las favelas de Rio de Janeiro desde 2008, inspiradas en el combate estatal al narcotráfico en Colombia, matando a la juventud negra y pobre, e imponiendo, de hecho, un estado de sitio a la población. En un primer momento, los asesinatos disminuyeron. Pero, a mediano plazo, sin ninguna solución a los graves problemas sociales, la violencia urbana y la actuación de viejos y nuevas facciones del tráfico incluso cobraron más fuerza.

Bukele ha encarcelado a 2% de la población en menos de dos años. Eso puede rendir frutos en términos de marketing electoral, pero es una política con límites claros. Sin combatir la pauperización de la sociedad, cabe preguntar, ¿hasta dónde pretende llegar?, ¿a cuántos más meterá presos, a cuántos más matará el Estado? No hay cárceles suficientes para esconder los males sociales que genera un sistema explotador, injusto, deshumano y corrupto como el capitalismo. 

Como plantea la PCC: Bukele representa una burguesía interesada en depredar y agotar los recursos del Estado usufructuándose de ellos, no teniendo el mínimo interés en mejorar la calidad de vida y combatir la pobreza que aqueja a muchísimos salvadoreños”[10]. En ese sentido, la clase trabajadora no puede depositar ninguna confianza en él y su política represiva, dictatorial para con los pobres pero sumisa ante el imperialismo.

La oposición tampoco es alternativa: “Ambos ARENA y FMLN son culpables de lo que hoy sucede con el desmantelamiento de la democracia que el régimen dictatorial ha emprendido y son los progenitores del engendro que hoy es Bukele”[11].

La clase trabajadora debe confiar únicamente en sus propias fuerzas, organización y métodos.

La situación no es fácil. alternativa de la clase trabajadora, socialista y revolucionaria, el justo desgaste de los partidos tradicionales dará pie a experimentos nefastos como el de Bukele: “El pueblo ha probado diferentes opciones en los últimos 40 años y no ha visto resueltos sus problemas. Sin embargo, actualmente no hay alternativa para el pueblo salvadoreño, por eso se necesita el surgimiento de una opción desde los trabajadores y los pueblos que no deben olvidarse de que solo el trabajador salva al trabajador, que solo el pueblo, salva al pueblo y que solo debemos confiar en nuestras fuerzas, es urgente que construyamos nuestro propio instrumento político”[12].

En El Salvador, donde impera una dictadura, es necesario combinar las tareas democráticas, comenzando por la consigna de ¡Abajo la dictadura de Bukele!, con la explicación paciente de la necesidad de que las actuales o potenciales movilizaciones obreras, campesinas y populares no se detengan en ello, sino que avancen hasta superar este sistema y este régimen, es decir, hasta la toma del poder por la clase trabajadora y la construcción del socialismo, en escala nacional e internacional. Esa debe ser la visión estratégica de cada lucha, por más puntual que sea.

La lucha contra la dictadura, el gobierno corrupto y represor, el estado de excepción, los abusos de los militares y policías, el fraude electoral, además del hambre, el desempleo, la descomposición social de la que se nutren las pandillas y potencia la emigración, debe estar al servicio de una política de clase, con perspectiva revolucionaria y dirigido contra el capitalismo periférico y dependiente del imperialismo que impera en El Salvador y Latinoamérica. Para ello, la construcción y el fortalecimiento del partido revolucionario, trotskista, es una condición indispensable ¡A construir esa herramienta!


[1] Consultar: https://litci.org/es/el-salvador-este-3m-votamos-nulo/

[2] Consultar: https://litci.org/es/el-salvador-nulidad-y-repeticion-de-las-elecciones-legislativas/

[3] Las maras en El Salvador son un subproducto de la guerra y el fin de la guerra. Fueron los pandilleros deportados de Los Ángeles, EEUU, que instauraron las maras en medio de una sociedad destruida y con la aplicación a tope de las privatizaciones a tope. En ese caldo florecieron. A eso se suma la oleada migratoria que dejó a miles de jóvenes sin padres, ni madres o alguien a cargo suyo.

[4] Consultar: https://litci.org/es/voto-critico-contra-bukele-sin-apoyo-politico-a-la-oposicion/

[5] Consultar: https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/el-salvador

[6] Consultar: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-salvador-estados-unidos-eeuu-migrantes/1111361/2023/

[7] Consultar: https://www.prensalatina.com.br/2023/11/25/a-pobreza-extrema-aumenta-em-el-salvador/

[8] Consultar: https://www.eleconomista.net/actualidad/Crece-el-empleo-informal-en-Latinoamerica-20231220-0004.html

[9] Consultar: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/trabajo-oit-ministro-de-y-prevision-social-empleo-desempleo-encuesta-poblacion-activa-encuestas-bcr/1053011/2023/

[10] Consultar: https://litci.org/es/el-salvador-nulidad-y-repeticion-de-las-elecciones-legislativas/

[11] Idem.

[12] Idem.

Para tener educación, salarios dignos y empleos decentes para los trabajadores, debemos enfrentar a los multimillonarios capitalistas

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Por: Redacción PSTU Brasil

Este año, miles de estudiantes de escuelas públicas que llegaron a su primer día de clases se depararon con un caos total. Asignaturas sin profesores, profesores sin aulas y otros que tienen que desdopblarse para dar cuenta de varios grupos. En el país, la mayoría de los docentes de las escuelas públicas ya están contratados de manera precaria, sin derechos ni garantía de empleo, y, este año, ni siquiera han podido tomar horas.

En la prensa, sin embargo, leemos noticias sobre cómo “la educación avanzó en el primer año del gobierno Lula” . La diferencia entre lo que la clase trabajadora y la mayoría de la población vive a diario y lo que aparece en el Jornal Nacional, sin embargo, no termina ahí. A principios de marzo, el gobierno celebró lo que habría sido un enorme crecimiento económico en 2023.

¿Usted sintió que sus condiciones de vida tuvieron un gran cambio? Bueno, algunos pocos ciertamente sí: el grupo del agronegocio experimentó un crecimiento de 15% a principios de 2023, impulsado por la soja. ¿Y por qué dicen que la economía ha mejorado? El agro, principalmente, impulsó el Producto Interno Bruto (PIB), la cuenta cuyo resultado se refiere a todo lo que se produce en el país durante un año.

¿Crecimiento económico para quién? “El pibão de Lula”

Según las cifras divulgadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el país habría crecido 2,9%, lo que, para el gobierno, es una demostración de que estamos en el camino correcto. Pero este crecimiento se restringe a algunas áreas, como el agro y su producción de soja, que se destina a la exportación o se convierte en alimento para ganado.

Pero eso es bueno, ¿no? No. El campo no es como la telenovela “Renascer”. Son grandes monocultivos, cuya propiedad está en manos de grandes bancos y fondos financieros y cuya producción sirve a un puñado de oligopolios. Emplean a cada vez menos y se vuelven cada vez más ricos. Promueven la destrucción del medio ambiente y el genocidio indígena y quilombola, a menudo con la ayuda de la policía, como en Bahía.

Para que el proyecto del gobierno tenga éxito, el pueblo tiene que perder

Sin mencionar que este “crecimiento” es pequeño, incluso para los estándares capitalistas, y que la tasa de inversión, una especie de brújula para la dinámica de la economía en el futuro, ha retrocedido.

Pero sin mencionar, sobre todo, que los ingresos del trabajador medio permanecen estancados desde hace al menos 10 años. Y que, en 2024, 50 millones de brasileños ni siquiera tendrán saneamiento básico. Que las facturas de la luz sigan aumentando, y aumentarán aún más este año, haciendo que el pueblo pague las ganancias de las empresas que se llenan los bolsillos con la privatización de este servicio esencial.

¿Significa esto que el gobierno, la prensa y los institutos de investigación mienten? No necesariamente. La cuestión es que, en el proyecto capitalista que el gobierno de Lula se propone seguir, crecimiento significa más acumulación, más desigualdad y más dependencia del país.

No importan los niños sin clases, lo que importa son las ganancias de los grandes grupos privados que dominan la Educación. Los ingresos y los salarios no importan, pero el agronegocio está en auge. Para que el proyecto del gobierno tenga éxito, el pueblo tiene que perder.

Una expresión de esto es la regulación de los trabajadores de aplicaciones, una trampa que sienta un precedente para la precarización generalizada. O el Marco Fiscal, que llevará miles de millones de los servicios públicos para los banqueros, aun este año.

Los actos convocados por el PT no enfrentan a la ultraderecha

El gobierno, el PT y los sectores de la izquierda que forman parte del gobierno convocan a manifestaciones que, en principio, serían por la detención de Bolsonaro, pero que se convirtieron en actos “por la democracia”. Son actos que, en realidad, no enfrentarán a la ultraderecha, sino que defenderán esta democracia de los ricos en la que vivimos, que promueve el genocidio indígena, las masacres policiales, como en São Paulo, Río de janeiro y Bahía. Actos que, la verdad sea dicha, son para defender el gobierno y su proyecto.

Si realmente hubiese querido enfrentar el golpe, el gobierno de Lula no tendría a José Múcio al frente del Ministerio de Defensa y ya habría limpiado el alto comando de las Fuerzas Armadas. Lula no estaría diciendo, ahora, que nos olvidemos de los tiempos de la dictadura militar; sino, por el contrario, defendería el castigo a los torturadores, la apertura de archivos y la reparación a las víctimas. Y ninguna amnistía para los golpistas.

Además, si quisiera enfrentarse verdaderamente a la ultraderecha, el gobierno Lula no estaría imponiendo una política económica neoliberal, incluso en conjunto con gobiernos de extrema derecha, como el de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), financiando la privatización de los servicios públicos e implementando un régimen de austeridad fiscal al servicio de los banqueros.

Políticas que, al final, empeorarán la vida de la gente y servirán de fermento para el crecimiento de esa extrema derecha. La única manera de derrotar a la extrema derecha es enfrentarse a multimillonarios y capitalistas.

Los trabajadores necesitan una alternativa independiente del gobierno y la burguesía

El gobierno y la izquierda que apoya el gobierno quieren poner a la clase en un dilema: o se defiende nuestro gobierno y su proyecto capitalista de privatización, austeridad, asociaciones público-privadas (PPP), rebajas a los empleados públicos, o la ultraderecha y los golpistas volverán. Es un falso dilema, porque uno retroalimenta el otro. Y mientras tanto, la vida de la clase trabajadora sigue como está: precarizada, endeudada, con sus hijos sin profesores y sin perspectivas de mejora.

Para cambiar esto realmente, es necesario convencer a la clase trabajadora de que ella tiene el poder, con sus propias fuerzas, luchar por derechos, contra este proyecto capitalista que nos está llevando a la barbarie, y enterrar a la ultraderecha de una vez por todas. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es un momento especial para que avancemos en este sentido. También debemos luchar contra el genocidio palestino, que mató a más de 30.000 personas, la mayoría mujeres y niños, exigiendo que el gobierno de Lula rompa inmediatamente con el Estado de Israel.

Para luchar por las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, enfrentar a los capitalistas y derrotar a la ultraderecha, necesitamos una alternativa de los propios trabajadores, con independencia de clase. En otras palabras, no quedarnos a remolque de la burguesía.

Es necesario construir una oposición de izquierda y socialista al gobierno, verdaderamente antisistema, que ofrezca una verdadera alternativa de vida a la clase y al pueblo pobre, a las mujeres, a los hombres y mujeres negros, a las personas LGBTI+. Una alternativa que de verdad represente un cambio en esta vida infernal a la que nos relega el capitalismo.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 6/3/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

Cómo responder eficazmente a Biden sobre Palestina: ¡Rompan con el Partido Demócrata!

Por JAMES MARKIN

Las elecciones primarias demócratas de Michigan, en gran medida ceremoniales, se convirtieron este mes de febrero en el escenario de la última muestra de la debilidad política de Biden. Mientras Biden recibía su victoria predestinada, un grupo llamado “Listen to Michigan”, reunido en las últimas semanas antes del día de las elecciones, consiguió que alrededor de 101.000 votantes del Partido Demócrata eligieran en su lugar la opción “no comprometido”.

Este es sólo el último ejemplo de que el férreo apoyo de Biden al genocidio de Israel en Gaza ha provocado el caos entre la base de votantes que necesita para su reelección. Sin embargo, aunque está claro que Listen to Michigan fue capaz de demostrar eficazmente el grado de ira masiva que se siente por la matanza en Palestina, seguir sus pasos sólo nos arrastrará más al Partido Demócrata y, en última instancia, arriesgará el colapso del movimiento de solidaridad con Palestina.

La campaña de Biden está en crisis desde que comenzó la matanza israelí en Gaza. Esto se debe a que el Partido Demócrata en general, y Biden en particular, están comprometidos con Israel y el sionismo. No se trata de un compromiso casual; el Estado imperial estadounidense necesita a Israel como bastión desde el que defender sus intereses en Oriente Próximo y el Norte de África. Como el propio Biden dijo célebremente en una ocasión: “Si no existiera Israel, tendríamos que inventarnos uno”. Garantizar este bastión significa necesariamente apoyar la continuación del genocidio israelí contra el pueblo palestino.

Sin embargo, el programa de Biden sobre Israel está en desacuerdo con la perspectiva de muchas de las personas en las que se basa el Partido Demócrata para elegir a sus candidatos. Esto se debe a que, aunque el Partido Demócrata representa políticamente a una parte de la clase capitalista estadounidense, no hay suficientes capitalistas en este país para elegir a nadie por sí solos.

Esto significa que los demócratas buscan apoyarse en sectores políticamente activos de las clases media y trabajadora para conseguir el voto por sus candidatos. Estos activistas, muchos de los cuales son miembros muy bien situados de organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos, forman los componentes mecánicos de la maquinaria política del Partido Demócrata. Desfortunadamente para los demócratas, muchos de estos activistas se han sentido absolutamente horrorizados por la matanza de Gaza y se han opuesto al actual esfuerzo por reelegir a Biden mientras preside la matanza. Esto ha puesto a los demócratas en un aprieto, porque quieren mantener contento y en funcionamiento a este entorno pero al mismo tiempo no pueden apartarse de su compromiso político con el sionismo y sus sangrientas consecuencias.

La gobernadora de Michigan por el Partido Demócrata, Gretchen Whitmer, encarnó mejor esta postura contradictoria en las declaraciones que hizo a NBC News en vísperas de las primarias de Michigan, cuando dijo que sentía empatía por las comunidades árabes y que “entendía el dolor que siente la gente”, pero que, en última instancia, creía que era fundamental que los votantes demócratas se unieran a Biden de todos modos para evitar una segunda presidencia de Trump.

Fue en este tenso momento para la campaña de Biden cuando surgió el movimiento de voto “no comprometido”. Surgido de los esfuerzos de activistas de la zona de Dearborn y Detroit, el movimiento recibió el apoyo de muchos personalidades importantes del Partido Demócrata de Michigan que han estado en desacuerdo con la política de Biden respecto a Israel. Entre ellos se encontraban la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib; el alcalde de Dearborn, Abdullah Hammoud; el líder de la mayoría en el Congreso de Michigan, Abraham Aiyash; y Andy Levin, ex congresista y vástago de la dinastía política Levin de Detroit. Levin, en particular, se convirtió en un abierto defensor del movimiento por el voto “no comprometido”, promoviendo públicamente la idea de que, en última instancia, podría empujar a Biden a cambiar de rumbo respecto a Israel, algo que consideraba necesario para derrotar a Trump en noviembre.

En “Democracy Now!” al día siguiente de las elecciones, Levin declaró que para él el mensaje de la campaña de “no comprometidos” al presidente era: “Debe cambiar de rumbo. Debe cambiar de rumbo por el bien de su reelección política y porque es lo correcto y necesario desde todos los puntos de vista, incluidos los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, por el amor de Dios.” Esto demuestra que para Levin y otros líderes del Partido Demócrata, votar “no comprometido” no es un reproche al presidente, sino un esfuerzo para salvar su presidencia obligándole a comprender que su apoyo a Israel le costará en noviembre.

Aunque es probable que la mayoría de las personas que decidieron votar “no comprometido” no sintieran que lo hacían para ayudar a Biden, la realidad es que los funcionarios del Partido Demócrata como Levin están tratando de hacer uso de la campaña “no comprometido” para mantener a los activistas del partido y a los sindicatos invertidos en el partido, incluso cuando protestan contra su programa en el extranjero. Aunque votar “no comprometido” pueda parecer un voto contra Biden, no deja de ser un voto en las elecciones primarias del Partido Demócrata y, por tanto, un voto al Partido Demócrata. Esto se debe a que, en la última instancia, cualquier campaña para conseguir que la clase trabajadora vote “no comprometido” necesita movilizarla para que participe en el proceso de nominación del Convención Nacional Demócrata. De hecho, los partidarios de la campaña, como Levin, han destacado cómo ha aumentado la participación en las primarias del Partido Demócrata.

Sin embargo, los 101.000 votos “no comprometidos” de Michigan han inspirado a muchos en todo el país a intentar replicar la campaña Listen to Michigan. Antes de las primarias del Supermartes, los Socialistas Demócratas de América y algunos sindicatos prominentes apoyaron formalmente la campaña de votar no comprometido. De los siete estados en los que los votantes podían hacerlo el Supermartes, algo más de 258.000 votantes demócratas eligieron la opción “no comprometido”. Esto supuso el 18% de los votos en Minnesota y el 12% en Carolina del Norte.

Estos resultados electorales coinciden con las encuestas realizadas el mes pasado por Associated Press, que sugieren que sólo el 31% de los adultos estadounidenses apoyan la gestión de Biden del genocidio israelí en Gaza. Otras encuestas sugieren que esta cifra es aún más baja entre los jóvenes. Si se combinan las encuestas con el enorme número de personas que acuden a las manifestaciones pro palestinas, es obvio que mucha gente de clase trabajadora de este país está en contra del programa de Biden en Palestina. En este contexto, los resultados relativamente impresionantes de la campaña de los no comprometidos tanto en Michigan como en el Supermartes han hecho que muchos en el movimiento de solidaridad con Palestina quieran mantener el impulso y continuar la campaña hasta la Convención Nacional Demócrata.

Los esfuerzos del movimiento podrían emplearse mucho mejor organizando acciones masivas por Palestina que rompan con el Partido Demócrata. Por ejemplo, consideremos el Local 3000 de United Food and Commercial Workers, que representa a más de 50.000 trabajadores en el estado de Washington. Tras las primarias de Michigan, la junta ejecutiva del sindicato se adhirió a una campaña electoral “no comprometida” en Washington. Desde el punto de vista de los líderes sindicales, esto tiene razón; a través de una campaña “no comprometida” pueden demostrar que simpatizan con las preocupaciones de sus miembros sobre Palestina sin romper fundamentalmente con el Partido Demócrata de una manera que podría dañar su influencia o sus relaciones con los líderes del partido. Pero aunque esta estrategia pueda cumplir estos objetivos, deja a los trabajadores en una situación en la que nuestro poder político depende de nuestra influencia en un partido político de la clase capitalista. En última instancia, esto deja a los trabajadores en la posición de mendigar a nuestros jefes favores políticos que no están obligados a conceder. Como dijo una vez Malcolm X, si “pones [a los demócratas] primero, ellos te ponen último”.

Los peligros para el movimiento de solidaridad con Palestina si no rompe totalmente con el Partido Demócrata se han hecho aún más concretos desde que se conocieron los resultados de las primarias de Michigan. Menos de una semana después del cierre de las urnas en Michigan, Kamala Harris pronunció un discurso en el puente Edmund Pettis de Selma, Alabama, con motivo del 59 aniversario del Domingo Sangriento, en el que pidió un “alto el fuego inmediato de seis semanas” en Gaza. Aunque muchos vieron en ello un cambio de rumbo de Biden respecto a Palestina, la realidad es que no es más que una reformulación de los anteriores llamamientos de la administración a una “pausa humanitaria”. De hecho, la NBC informó de que el discurso de Harris pretendía contener una reprimenda mucho más enérgica de los crímenes israelíes en Gaza, pero los funcionarios del Departamento de Estado lo suavizaron significativamente en el último minuto.

Este “nuevo” mensaje de “alto el fuego inmediato” no representa más que un intento de aplacar y cooptar al movimiento por la justicia en Palestina. Biden sigue pidiendo públicamente un alto el fuego bilateral, lo que significa que mientras Israel pueda inventar alguna razón por la que las demandas palestinas de alto el fuego sean inaceptables para ellos, Biden seguirá teniendo una excusa para explicar por qué continúa la guerra. De hecho, en el discurso de Harris, culpa a Hamás del fracaso de las conversaciones de alto el fuego.

La realidad sigue siendo que, dada la relación entre Israel y Estados Unidos, si Biden realmente quisiera un alto el fuego inmediato, los combates habrían terminado. Sin el apoyo logístico estadounidense a la fuerza aérea de Israel, que opera exclusivamente aviones de combate de fabricación estadounidense, Israel no podría lanzar ni una sola bomba. Esto significa que todas las afirmaciones de Washington de que Biden está trabajando duro para convencer a Netanyahu de que detenga la matanza son meras palabras vacías; Biden tiene en última instancia las riendas de la guerra. Es fundamental que el movimiento rompa con el Partido Demócrata y exija inequívocamente, no un alto el fuego bilateral, sino el fin inmediato de la matanza israelí en Gaza.

Una forma mucho mejor de que los socialistas y los activistas contra la guerra y por la solidaridad con Palestina aprovechen el voto “no comprometido” en Michigan sería que movilizáramos a la gente para que rompiera con el Partido Demócrata. Imaginemos el fuerte mensaje que se enviaría si sindicatos como el UFCW 3000 trazaran una línea en la arena sobre Palestina y se negaran a dar dinero de sus cuotas a las campañas del Partido Demócrata, o a apoyar a candidatos del Partido Demócrata.

Mejor aún, si estos recursos se desviaran del Partido Demócrata, podrían utilizarse para construir una verdadera alternativa política para la clase trabajadora: un verdadero partido obrero. Con un partido obrero basado en los sindicatos y otras organizaciones de la clase obrera, la clase obrera de EEUU tendría una alternativa a los demócratas y una forma de hacer oír su voz sin tener que mendigar favores a los partidos de la clase capitalista. Un partido obrero así podría ser una herramienta para que nuestra clase se organizara democráticamente e impulsara el control obrero de la sociedad en la que vivimos y trabajamos.

Los resultados tanto de las primarias de Michigan como del Súper Martes muestran que este momento es una oportunidad para que el movimiento entre en diálogo con nuestros compañeros de trabajo, estudiantes en el campus y gente en la comunidad y los empuje a rechazar los partidos de la clase capitalista y luchar por una alternativa de la clase obrera que pueda contraatacar la política de genocidio de Biden en Palestina. Esa oportunidad se desperdiciará si todo lo que hacemos es llevar a nuestros compañeros de trabajo y miembros de la comunidad a votar en las primarias del Partido Demócrata. Le debemos a la gente de Gaza organizar una lucha eficaz contra Biden y no darle ni a él ni a su partido un ápice de nuestro apoyo.

Los trabajadores muestran el camino en Angola, la huelga general

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Por: César Neto

Introducción

Después de 48 años en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) se transformó en una dictadura proimperialista y sanguinaria. Las prisiones de activistas son frecuentes. Tres activistas acudieron a apoyar una manifestación de mototaxis el 16 de setiembre pasado y desde entonces están presos. Por cierto, presos por apoyar una manifestación que no llegó a realizarse. Tres líderes del movimiento hip hop de la III División fueron arrestados por intentar discutir la necesidad de elecciones autárquicas. Pero, ahora, la dictadura del MPLA sentirá la fuerza de la clase trabajadora entrando en escena y la historia puede comenzar a cambiar.

Angola: una economía dependiente en medio de la crisis capitalista

Angola es uno de los mayores productores de petróleo del continente africano; contradictoriamente, la producción de combustible es extranjera. Desde los tiempos de Eduardo Santos, la estatal SONANGOL ha sufrido un proceso de falta de inversión y desguace. De esta manera, se abrió la posibilidad de privatización con la construcción de la refinería en Cabinda, controlada por capital inglés a través de Gemcorpo Capital LLP, que controla 80%, 10% es propiedad de Sonaref (filial de Sonangol) y otro 10% es distribuido entre accionistas privados. Y la refinería Soyo, esencialmente privada, sin la Sonangol, debería ser controlada por el Consorcio Quanten, formado por cuatro empresas, tres de las cuales son norteamericanas (Quanten LLC, TGT INC y Aurum & Sharp LLC) y una angoleña (ATIS Nebest). Así, el petróleo que costaba 160 kwanzas saltó a 300, para acercarlo a los precios internacionales. En realidad, tiene que llegar a más de 500 kwanzas.

La deuda externa es otro elemento que pone de relieve la fragilidad de la economía angoleña impuesta por su ubicación como semicolonia. Este año el gobierno pagará 4.400 millones de dólares de deuda comercial y otros 1.300 millones de dólares con bancos bilaterales y multilaterales. Otra parte de la deuda total (48%) se pagará a China con la entrega de petróleo.

Así, con sus pocas divisas comprometidas con la deuda, el gobierno intenta reducir las importaciones en general y las de alimentos en particular. De este modo, la escasez conduce a la inflación de los precios. Por otro lado, la situación se agrava con la devaluación del kwanza, aumentando aún más la inflación. Si el año anterior la inflación fue de 20%, este año se espera un índice aún mayor. El desempleo está en 31,9%. De los clasificados como ocupados, según datos oficiales, 81% se encuentra en el sector informal.

La situación se agrava. Las luchas aparecen

El aumento del precio de los combustibles de 160 a 300 kwanzas significó inmediatamente un aumento del precio del dólar y de los alimentos. El dólar saltó de 550 a 800 kz. La bolsa de arroz que costaba 7.000 simplemente duplicó su precio. El frijol pasó de 18.000 a 27.000 kz, el azúcar pasó de 16.000 a 26.000 kz. La reacción fue inmediata. Jóvenes, profesionales de la salud, zungueiras (vendedores ambulantes), gente de los barrios periféricos, que ya estaban luchando, entre el 12 y el 17 de junio protestaron en varias ciudades del país y el MPLA y su dictador João Lourenço sintieron el impacto de las movilizaciones y, desde el lunes (12), autorizó la represión violenta contra los manifestantes. Hubo 13 muertos, entre los asesinados se encontraba un niño de 12 años. Un salvajismo.

En setiembre, los mototaxis se lanzaron a la movilización. Asustados por la represión y la retirada de sus dirigentes, suspendieron la movilización prevista para el 16 de setiembre. Aun así, hubo un intento de acto de protesta. Tres activistas que apoyaban el movimiento fueron detenidos ese sábado y condenados el martes a dos años de prisión.

El 1 de marzo, los magistrados del Ministerio Público se declararon en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y aumento salarial.

El último 30 de marzo, el dictador João Lourenço, al servicio de las petroleras y de los acreedores de la deuda, decidió eliminar el subsidio al combustible para los vehículos de transporte de carga y de pasajeros. Los taxistas ya hablan de aumentar el importe a cobrar de 300 a 500 kwanzas. Esto significa un aumento de 66% para la circulación de personas y mercaderías. Se puede prever que habrá nuevas movilizaciones y esas movilizaciones podrían ser el combustible necesario para la huelga de los empleados públicos.

Los empleados públicos rumbo a la huelga general: un capítulo aparte

Desde setiembre del año pasado, los distintos sindicatos que representan al sector público han presentado un pliego de demandas. Sólo en enero el gobierno respondió a los sindicatos.

Los representantes de los 800.000 empleados públicos exigen un aumento de 250% y el gobierno ofreció 5%.

Así, los sindicatos SINPROF (Sindicato Nacional de Profesores), SINDEA (Sindicato Nacional de Enfermeros de Angola), SINMEA (Sindicato Nacional de Médicos de Angola), SINPES (Sindicato Nacional de Profesores de Educación Superior), SINTEE (Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica), SNMMP (Sindicato Nacional de Magistrados del Ministerio Público) y SOJA (Sindicato de Oficiales de Justicia de Angola) organizaron asambleas en las 17 provincias y el sábado 9 de marzo se celebró en la capital, Luanda, la asamblea final, que votó a favor de declarar la huelga general.

UNITA y MPLA juntos contra la huelga general

La oposición burguesa, representada por UNITA, el principal partido de oposición a la dictadura, muestra su cara de buen comportamiento. Ante la inminente huelga general, el 12 de febrero convocó a una conferencia de prensa para declarar que defiende “el diálogo entre el gobierno angoleño y los sindicatos para buscar soluciones que satisfagan a ambas partes, para que no haya huelga general en el país”[1].

Para UNITA y la oposición burguesa y de buen comportamiento, la salida no es una huelga general, la solución son las elecciones autárquicas. Es decir, no permitir que los trabajadores tomen en sus manos la historia del país. No es gratuito que este partido, junto con el MPLA, votara el año pasado a favor de la ley antihuelga.

Los empleados públicos muestran el camino

El paro escalonado deberá tener una primera fase del 20 al 22 de marzo; una segunda fase del 22 al 30 de abril y una tercera fase del 3 al 14 de junio. En todas estas fases, es necesario que la juventud, los movimientos culturales, las asociaciones vecinales y de zungueira y los sindicatos apoyen activamente esta huelga. Esta no es sólo una huelga del sector público angoleño, es una huelga contra la política económica de la dictadura del MPLA y que cuenta con el apoyo tras bastidores de la UNITA.

Los trabajadores están dispuestos, queda por ver si los sindicatos llegarán hasta el final

No hay duda de que el pueblo angoleño ya no puede soportar el sufrimiento impuesto por el MPLA como agente de los patrones nacionales y extranjeros. Hay mucha voluntad de luchar. Y en estos casos las organizaciones sindicales y sus dirigentes juegan un papel fundamental. La pregunta que queda es: ¿llegarán hasta el final o negociarán acuerdos rebajados?

Nuevos caminos para el país

Con la huelga de empleados públicos podemos estar construyendo nuevos caminos. O como diría el rapero MCK: “Caminos de cómo los jóvenes pueden construir pautas que no dependan de la bipolaridad UNITA y MPLA… debemos ser nosotros, los jóvenes, nuestras universidades, nuestra sociedad, quienes dictemos nuestro futuro y no esperar por ofertas políticas que lo hagan”[2].

Caminos que pongan fin a la dictadura del MPLA, que rompan con el imperialismo, que suspendan el pago de la deuda externa, que convoquen a una asamblea constituyente que reconstruya el país y que apunte hacia un gobierno de los trabajadores.

Traducción: Natalia Estrada.


[1] UNITA defiende el diálogo entre el gobierno angoleño y las centrales sindicales para que no haya huelga general en el país – https://rna.ao/rna.ao/2024/02/13/unita-defende-dialogo-entre-o-governo-angolano-e-as-centrais-sindicais-para-que-nao-haja-greve-geral-no-pais/

[2] MCK: Hoy en día se ha vuelto más difícil ser un artista de intervención – https://www.lilpastanews.net/2024/03/mck-nos-dias-que-correm-tornou-se-mais.html?m=1