Ley Antiterror: Terror de Estado
La Ley aprobada por el Congreso permite que sean encuadradas y juzgadas como terrorismo incluso manifestaciones sociales.
Por: Bernardo Cerdeira
El último miércoles, 24/2, la Cámara de Diputados aprobó el PL 2016/2015, llamado Ley Antiterrorismo. El Proyecto de Ley (PL) vino del Ejecutivo y fue defendido por el líder del gobierno en la Cámara, el diputado José Guimarães (PT-Ceará).
Por el texto aprobado, el terrorismo es tipificado como la práctica, por una o más personas, de actos de sabotaje, violencia o potencialmente violentos “cuando cometidos con la finalidad de provocar terror social, o generalizado, exponiendo a peligro a persona, patrimonio o a bienes públicos”.
La definición es deliberadamente vaga, permitiendo que daños al patrimonio, apología al terror o supuestos actos preparatorios, por ejemplo, la organización de protestas, sean encuadrados y penalizados como terrorismo. No obstante, si las definiciones para la tipificación de terrorismo son vagas, los castigos son bien definidos. Las penas previstas por ley van de 12 a 30 años de prisión.
Definiciones vagas permitirán que agentes de policía, promotores y jueces encuadren y juzguen como terrorismo cualquier enfrentamiento que devenga de manifestaciones sociales. Es bueno recordar que, antes mismo de la existencia de la ley, el habitante de la calle, Rafael Vieira, fue condenado a cinco años de prisión por portar una botella de desinfectante y otra de cloro en las proximidades de una manifestación en Rio de Janeiro, en junio de 2013, de la que él ni siquiera participaba.
Está muy explícito el objetivo de la ley: poner, preventivamente, un arma en la mano del Estado para reprimir y golpear revueltas populares o simplemente criminalizar movimientos sociales. O sea, un arma en manos de las clases explotadoras para sofocar la lucha de los explotados y oprimidos en defensa de sus derechos. No es por casualidad que la ley comenzó a ser propuesta luego de las manifestaciones de junio de 2013.
Lo más escandaloso es que esa arma fue elaborada en los gabinetes del Palacio del Planalto [Casa de Gobierno] y presentada y defendida en el Congreso por el gobierno encabezado por el PT. Irónicamente, dirigentes del PT que fueron presos y torturados, como la propia presidente Dilma, son los que proponen una ley con los mismos preceptos de la tristemente célebre Ley de Seguridad Nacional que fue la base para la represión a los movimientos políticos y sociales en la época de la dictadura militar.
Miedo a la explosión social: el gobierno del PT atiende las exigencias del imperialismo
Leyes antiterroristas no son novedad. A pesar de que apenas 18 países en el mundo adoptaron legislaciones de este tipo (Brasil es el 19), esa ha sido la orientación de los Estados Unidos y de la Unión Europea para los países donde explotaron movimientos sociales de resistencia a los llamados planes de ajuste de los gobiernos.
Con el pretexto de combatir el terrorismo, estas leyes pretenden legalizar la acción de los órganos de represión del Estado burgués contra la resistencia masiva de la población a los ataques a sus derechos.
Al mismo tiempo, buscan criminalizar los movimientos sociales que se oponen a estos ataques. En el Brasil no fue diferente. Las presiones vinieron del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Gafi), una organización intergubernamental impulsada por los países imperialistas. Este órgano exigió que el Brasil adoptase leyes con castigos específicos para el terrorismo, usando como disculpa la proximidad de la Olimpiada de Rio de Janeiro.
Temiendo manifestaciones sociales crecientes, el gobierno Dilma concordó con las exigencias del imperialismo y de los sectores más reaccionarios del Congreso Nacional, y se alió a ellos para proponer y aprobar esta Ley.
Lamentable comportamiento del PT: contra el pueblo y a favor de la represión de Estado
Después que el gobierno Dilma propuso el Proyecto de Ley y la Cámara lo aprobó, el PT hace una maniobra para tirar de sus espaldas el peso de la responsabilidad por una ley tan represiva. ¡El directorio del partido orientó a Dilma a vetar el proyecto que el propio Ejecutivo presentó!
La maniobra es grosera: con la mano del gobierno, el PT presenta la ley que facilita la represión del Estado. Con la mano del partido, orienta a Dilma a vetarla… lo que no ocurrirá. Es una tentativa de confundir a las personas y limpiar la cara de su responsabilidad en la autoría y en la defensa de la ley.
En realidad, el PT sigue la lógica que orienta toda su política nacional e internacional: gobernar en alianza con la burguesía aceptando el orden imperialista internacional, y defender todas las bases del capitalismo nacional e internacional.
Eso implica fortalecer las bases del Estado burgués que sustenta este orden capitalista y, consecuentemente, sus organismos represivos: la policía, las Fuerzas Armadas y los órganos de represión política.
La Ley Antiterrorista solo legaliza esta represión. El MTST, en la figura de su coordinador, Guilherme Boulos, pidió a Dilma que vete tres puntos del texto. Eso significa aceptar la ley sin denunciar al gobierno que lo propuso. Es preciso organizar la lucha por la revocación total de la Ley Antiterrorismo, exigiendo que todas las organizaciones del movimiento social y los partidos que se reivindican de izquierda repudien la iniciativa del gobierno y del Congreso Nacional y se sumen a la lucha por revocarla. Nada más que eso.
Traducción: Natalia Estrada.
Artículo publicado en Opinião Socialista n.· 512, marzo de 2016.-
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