La semana pasada, el 9 de junio, Bolsonaro logró realizar la mayor privatización de su gobierno: la de Eletrobras. La empresa fue vendida por R$ 33.700 millones y ahora la Unión [República] no es más accionista mayoritaria y no puede determinar el rumbo de la mayor empresa responsable por la generación de energía en el país.

Por: Deyvis Barros

La generación y distribución de energía eléctrica en el país viene sufriendo ataques recurrentes en las últimas décadas. Varias empresas de distribución de energía, que es un servicio de competencia de los Estados, ya han sido privatizadas. Estas empresas lideran, año tras año, el ranking de quejas de los usuarios en el Procon [Departamento de Protección y Defensa del Consumidor].

La privatización de la Eletrobras ahora se realiza con la vieja excusa de que dinamizará el sector, mejorará los servicios y reducirá la cuenta de luz. Nada más mentiroso. Una parte entera del sistema eléctrico brasileño ya está privatizada. La mayoría de las empresas estaduales de distribución de energía ya fueron entregadas al sector privado y, en lugar de mejorar los servicios, lo que hay es un empeoramiento, que coloca a estas empresas en los primeros lugares del ranking de quejas del Procon.

En São Paulo, por ejemplo, la multinacional italiana Enel gestiona la distribución de energía eléctrica. Los registros de Procon-SP muestran que esta fue la segunda empresa con mayor número de reclamos en todo el año 2021. Hubo más de 10.000 reclamos contra la empresa, casi 8.000 de ellos relacionados con cobros indebidos; la gran mayoría de estos quedaron sin solución y las personas se vieron obligadas a pagar los montos referidos a los cobros indebidos de la empresa. Hasta 2018, cuando la empresa pública Eletropaulo era responsable por la distribución de energía en el Estado, la mayoría de estas denuncias se resolvían positivamente. Además, el Procon-SP recibió más de 85.000 denuncias por fallas en el suministro eléctrico en el Estado solo entre enero y noviembre de 2020.

Un caso escandaloso, que demuestra el error de entregar un sector estratégico como es la generación y distribución de energía a empresas privadas, sucedió recientemente en Amapá. En 2020, Amapá vivió 22 días de apagón provocado por fallas en los generadores de la empresa privada que administraba la distribución de energía en el Estado, la española Isolux Corsán. El caso generó una situación de barbarie para 750.000 personas en el Estado, que pasaron semanas sin electricidad, comunicación, con dificultades en el suministro de agua y varios otros problemas económicos y sociales generados por el apagón.

La situación de la Eletrobras hoy

Fundada en 1962 por el entonces presidente João Goulart, Eletrobras es hoy la mayor empresa de energía eléctrica de América Latina. Con 105 usinas y más de 150.00 kilómetros de líneas de transmisión, la empresa posee actualmente 44% del sistema de transmisión y casi un tercio de la capacidad instalada de generación de energía del país.

Una de las grandes empresas brasileñas, en 2021 la Eletrobras facturó R$ 44.400 millones y tuvo una ganancia neta de R$ 5.700 millones. Según una nota técnica del DIEESE de 2021, en el período de 2000 a 2020, la Eletrobras transfirió al Gobierno Federal el monto de 19.300 millones de reales en dividendos (NOTA TÉCNICA DEL DIEESE N° 258 – Privatización de la Eletrobras: riesgo para la soberanía energética del país).

También, según la misma nota, la empresa viene siendo desmantelada para favorecer la privatización. Esto se refleja, por ejemplo, en la reducción del número de empleados. En 2011, la Eletrobras contaba con 28.544 empleados, reduciéndose ese número para 13.803 trabajadores en 2020. Una reducción de casi 15.000 empleados en 9 años.

Las inversiones de la empresa en generación de energía también iban reduciéndose. En 2000, la empresa realizó inversiones de R$ 7.200 millones; entre 2011 y 2014 superó los R$ 16.000 millones en inversiones anuales; en 2020 esas inversiones se redujeron a R$ 3.100 millones.

La reducción del número de empleados y de las inversiones forman parte de un plan aplicado en todas las privatizaciones realizadas en las últimas décadas: se desmantelan empresas para decir que son ineficientes y luego se privatizan.

No es de ahora que intentan privatizar la Eletrobras

Fernando Henrique Cardoso (FHC), en su Programa Nacional de Desestatización, puso a la Eletrobras en la mira para ser privatizada en la década de 1990. Debido a la resistencia popular, la empresa terminó sin ser vendida. Pero durante su mandato, FHC privatizó casi todas las empresas estatales que distribuían energía en los Estados.

Lula y Dilma continuaron con la privatización de la generación de energía a través de otras formas. En sus gobiernos realizaron varias subastas de transmisión y generación de energía. En 2009 Lula realizó la subasta de energía eólica y en 2010 la subasta de la Usina de Belo Monte. Dilma siguió las mismas pautas que Lula y realizó subastas de líneas de transmisión y usinas hidroeléctricas, como la de Três Irmãos.

Temer, en su corto gobierno, llevó a cabo la privatización de seis distribuidoras estaduales de energía. Bolsonaro continuó con la privatización de las distribuidoras en los Estados y retomó el proyecto de privatización de la Eletrobras, que se concretó la semana pasada.

Incluso antes de la privatización, la Unión poseía 51,82% de las acciones con derecho a voto en la empresa y el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) otro 16,78%. Hoy, el Estado ha reducido su participación y ya no tiene la facultad de arbitrar en las decisiones de la empresa.

El impacto de la privatización en el aumento de las tarifas de energía

Bolsonaro y Paulo Guedes se jactan de que la privatización de la Eletrobras bajará el precio de la energía. Eso es mentira. Así como era mentira que la reforma de la Seguridad Social mejoraría la economía o que la reforma laboral crearía puestos de trabajo. Todo lo contrario. La tendencia es que, con la privatización, los servicios empeoren, principalmente en las regiones más alejadas y menos pobladas, y las facturas aumenten aún más.

Según el DIEESE, de 1995 a 2019 la inflación subió 458,28%, mientras que la factura de la luz lo hizo en 1.020,09%. El gasto en energía eléctrica comprometía 1,3% del presupuesto de las familias en 1995, y representó 5,08% del gasto mensual en 2020. Esto ya es un reflejo del proceso de privatización que la Eletrobras y las distribuidoras de energía están sufriendo en los Estados desde la década de 1990 Más aún, la Eletrobras, incluso antes de la privatización, ya era una empresa de capital mixto en la que varios fondos de inversión multimillonarios tenían una participación significativa.

La Aesel (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras) prevé un aumento de 14% en la cuenta de luz domiciliaria, como impacto de la privatización, y la Abrace (Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica) calcula un aumento de 10%.

Un programa socialista para recuperar la soberanía energética brasileña

La privatización de la Eletrobras es un verdadero ataque a la soberanía energética nacional. Es reflejo de un gobierno y una burguesía nacional servil, que no se importa en ser socia menor de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales que están tomando el control de sectores estratégicos de la economía brasileña, como la generación y distribución de energía.

El propio modelo de generación de energía a través de grandes hidroeléctricas es algo que necesita ser discutido. A pesar de tener la ventaja de no basarse en combustibles fósiles, provoca una serie de impactos ambientales y sociales, especialmente para los pueblos ribereños e indígenas. El caso de la Usina de Belo Monte, en la que el entonces presidente Lula se enfrentó con poblaciones indígenas y ribereñas, y con movimientos sociales y de lucha en defensa del medio ambiente, es una muestra de los problemas que genera este tipo de matriz energética. Esa misma usina, luego de construida, fue entregada por Lula al sector privado.

Es necesario poner fin a la farra de las empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, en el control del sector eléctrico brasileño. La privatización de la Eletrobras debe ser anulada y no solo eso, la empresa debe pasar a ser 100% estatal y controlada por los trabajadores y el pueblo pobre brasileño, que son los que más sufren con los aumentos en la factura de la luz. Lo mismo debe hacerse con las empresas estaduales de distribución de energía.

Con una empresa 100% estatal, con control obrero y popular, sería posible reducir las tarifas, porque la empresa no serviría para generar ganancias para que media docena de multimillonarios se enriquezcan aún más. También sería posible garantizar una tarifa social mínima para los que ganan menos y una tarifa cero para los desempleados.

Bolsonaro no hará ninguno de estos cambios porque su compromiso no es con el pueblo pobre. Él es el felpudo de los banqueros y de los grandes empresarios y se preocupa por garantizar ganancias a esta gente que gana con nuestra miseria. Lula tampoco es una alternativa, porque gobernará junto con la burguesía, como lo hizo antes, y no enfrentará los intereses de los ricos para llegar a la raíz de los problemas de nuestra clase.

La precandidatura de Vera, por el PSTU y el Polo Socialista Revolucionario, por el contrario, defiende la estatización de las 100 empresas más grandes del país, entre ellas la Eletrobras. Poner estas empresas bajo el control de los trabajadores y al servicio de los intereses del pueblo pobre es fundamental para comenzar a cambiar de verdad nuestras vidas.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 14/6/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.