La descarnada realidad de la «democracia» de los poderosos

Un gobierno tan desastroso como el de Dina Boluarte no se sostiene, obviamente, por mérito propio. Permanece, a pesar de sus actos criminales y de corrupción, como apéndice del actual orden político, un orden producto del pacto entre las organizaciones que controlan el Congreso, en más de un caso organizaciones criminales según sostiene el Ministerio Público. Veinticuatro años después de la caída de la dictadura fujimorista y de la promesa democrática, este es, a fin de cuentas, la realidad descarnada de la democracia que sirve a las grandes empresas y corporaciones transnacionales.

Por Redacción PST

Boluarte permanece en funciones para seguir haciendo un trabajo sucio por el cual tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. En tanto el proceso de luchas sociales no se reactive, será tan tarde o tan temprano como convenga a aquellas fuerzas del Congreso que le brindan impunidad por los asesinatos de manifestantes y los indicios de corrupción que la presidenta no explica hasta el momento, principalmente los lujosos relojes suizos y la millonaria suma hallada en sus cuentas bancarias.

El ex premier Otárola no pudo sostenerse ante el escándalo que significó el uso ilegal de recursos públicos en sus gestos de generosidad donjuanesca. Pero su complicidad con el actual régimen sí se mantiene, pues no ha podido ser más evidente el cambio superficial por el premier Adrianzén, como para que nada cambie.

La clase de gobierno que el Congreso sostiene

El papel de apéndice del gobierno es tan evidente que nada importa, incluso el hecho de que no sirva para nada. Mantienen absurdamente a un ministro del Interior que grafica perfectamente la total incapacidad del gobierno ante la expansión de las organizaciones criminales internacionales que golpean masivamente a la población. Casi seguro no se hace nada por temor a equivocarse de organización criminal, no vaya a ser que golpeen a una del campo de los posibles “aliados”.

Tampoco se hace nada, o muy poco, frente a los embates climáticos, o frente a las enormes carencias en la educación y, ni qué decir, en la salud pública con el avance del dengue, la anemia infantil y el tema de los medicamentos genéricos, que las cadenas farmacéuticas desaparecen del acceso público. Sabemos que hay problemas estructurales como la pobreza y el desempleo que son inherentes al plan económico neoliberal, que genera una profunda desigualdad y promueve la austeridad y la incapacidad del Estado frente a los más básicos derechos democráticos, pero la responsabilidad de este gobierno como de los gobiernos anteriores es por su papel en la imposición de dicho plan.

Asimismo, producto de su incapacidad ante la recesión de algunos sectores de la economía y la caída de la recaudación, el gobierno no atina a otra cosa que pasar el costo de la crisis a la población trabajadora mediante medidas de austeridad, como el reciente decreto de urgencia que busca reducir el déficit fiscal que reclaman los empresarios y organismos internacionales, para proteger sus ganancias e intereses, sin que a ellos les cueste un centavo.

Finalmente, el actual gobierno no solo es incapaz de poner algún freno al accionar abusivo de las organizaciones que controlan el Congreso, sino que convalida las leyes que este aprueba autoritariamente.

Bandas políticas desbocadas

En efecto, con mucho descaro y sin ningún tipo de escrúpulo el Congreso viene aprobando leyes y hasta reformas constitucionales que contravienen la voluntad popular, y que solo favorecen su propósito de perpetuarse en el poder, legalizar la impunidad de los delitos cometidos como organizaciones criminales, favorecer escandalosamente intereses de la gran empresa, y de paso también a empresarios de la economía ilegal que en muchos casos son financistas de sus partidos.

Las leyes y reformas (o contrarreformas) tienen prácticamente nombre propio. Han debilitado la colaboración eficaz para torpedear las investigaciones y acusaciones fiscales donde los acusados son precisamente los líderes de varios de esos partidos. Ahora están a punto de extraer de la justicia penal a las organizaciones políticas que funcionaron como organizaciones criminales, que no es lo mismo que persecución judicial de partidos políticos.

Pero eso no es todo. Las mismas fuerzas políticas que demonizaron y bloquearon la demanda popular de referendo por una asamblea constituyente, so pretexto de defender la sacrosanta Constitución de 1993, han aprobado una modificación masiva de la Constitución con cambios que responden a evidentes intereses particulares, entre ellos lo referente a la bicameralidad y la reelección de congresistas que fueron rechazados mayoritariamente en el referendo de 2018; más aún, cierran la competencia en la elección de los futuros senadores poniendo como requisito haber sido congresista.

La agenda de intereses particulares abarca otros temas como la prescripción de crímenes de lesa humanidad, un antiguo anhelo no solo del Fujimori y Montesinos sino de un gran número de altos oficiales de las fuerzas armadas involucrados en genocidios y violaciones de los años ochenta y noventa.

Así también, el fujimorismo y el cerronismo son los principales defensores de la propuesta de blindar a los partidos investigados por corrupción. No se trata de una norma que proteja a los partidos de la criminalización con fines políticos. Hasta los congresistas que han cometido delitos como el de imponer contribuciones obligatorias a los trabajadores de sus despachos (los “mochasueldos”), aprovechan el pacto de la componenda para destituir al Fiscal de la Nación, que es el que los investiga.

Quién maneja el Congreso

El fujimorismo y sus principales aliados de Renovación Popular y Avanza País, han conseguido una correlación tal que les ha permitido no solo someter al gobierno Boluarte, sino además tejer una red de influencias sobre entidades claves del Estado como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo; también habían conseguido algo similar con la Fiscalía de la Nación, pero lo perdieron cuando salió a la luz la compra venta de votos de congresistas que hizo la fiscal de la nación a cambio de archivar investigaciones contra estos.

Prosiguieron con una cuestionada destitución de magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que les daría la llave para designar autoridades judiciales proclives a archivar las acusaciones de delitos de lavado de activos y otros que penden sobre ellos, así como también a las autoridades electorales que ellos puedan digitar con miras a las siguientes elecciones.

Esta última movida ha sido revertida por un amparo judicial, pero la ofensiva no se detiene. Saltan a la vista las similitudes con la intrumentalización de instituciones judiciales y electorales que se hacía en tiempos de Fujimori-Montesinos.

El fujimorismo y sus principales aliados, RP y Avanza País, no tienen por sí mismos un poder decisivo en el Congreso ya que suman apenas 41 de 130 votos. Por eso tienen componendas con el acuñismo de APP (11 votos) al que en julio pasado apoyaron para que asuma la presidencia en la mesa directiva del Congreso, y también en normas que fortalecen su bastión electoral y sus posiciones en el negocio de la educación privada, además, por cierto, del blindaje que comparten ante graves acusaciones penales como la red criminal de la ex fiscal de la nación y los congresistas “mochasueldos”.

Suman votos Podemos (10) de José Luna, también potentado de la educación privada y acusado, él y su partido, del delito de organización criminal (parece que ese es un requisito para pertenecer a la “alianza” porque es la misma acusación de Fuerza Popular); y Acción Popular (8).

Con 70 votos tendrían suficiente para los acuerdos de mayoría simple, pero no todos votan en bloque y hay votaciones como las acusaciones constitucionales y sobre todo las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada de dos tercios u 87 votos.

Y ahí es donde entra el vergonzoso papel de la representación de “izquierda” en el Congreso, es decir Perú Libre (11 votos) y sus desmembramientos.

La venia del empresariado

Todo esto no es algo que llene de asco al gran capital. En las elecciones del 2021 los empresarios, mostrando cuáles son y dónde están sus principios, volcaron todo su poder económico para blanquear a una candidata, Keyko Fujimori, ya acusada de formar una organización criminal, Fuerza Popular, con la que cometió el delito de lavado de activos; y al mismo tiempo para demonizar a un candidato que concentraba algo de ilusión popular y adoptaba la cualidad de instrumento para derrotar a la candidata de la corrupción y los poderosos.

Ellos perdieron esa elección, y después de la caída de Pedro Castillo que ellos mismos alentaron, ayudan a sostener un régimen que para sostenerse ha tenido que masacrar a una población indignada por la usurpación de lo que ella consideraba su conquista democrática. Y como opción para la sucesión, el poder económico no tiene otra opción que tratar de blanquear nuevamente a verdaderas mafias de la política.

Finalmente, la democracia para ellos se reduce a quién tiene el poder y la autoridad para tomar las decisiones ejecutivas y aprobar las leyes que a ellos les conviene. La última muestra de ello fue la aprobación (incluso sin debate y pasando por encima de los procedimientos formales) de los cambios a la Ley Forestal que les abre el camino a extender sus explotaciones arrasando con tierras comunales y atacando los bosques y el medioambiente. Si eso es democracia en los hechos, para qué necesitan una dictadura en la forma.

Ocurrido eso, cómo interpretar las quejas de la Sociedad de Minería y Petróleo, por la aprobación por parte de ese mismo Congreso, de la norma que blanquea por un tiempo más a grupos de mineros ilegales, los poderosos de una economía ilegal creada, por defecto, por el plan económico neoliberal (a fin de cuentas “su” economía formal no absorbe ni al 20% de la población). Aquellos dirían que sus animales de tiro en el Congreso, aunque son útiles, no están suficientemente amaestrados; estos dirían: “con la plata baila el monito”.

Las amenazas y desafíos para el pueblo trabajador

El panorama para la clase trabajadora y el pueblo es de gran amenaza y obliga a tomar acción, en la organización, en la movilización e incluso en el proyecto político para evitar los embauques de nuevos “salvadores”. La lucha contra el gobierno asesino y un Congreso cómplice y mayoritariamente repudiado no tuvo continuidad, en parte por la criminal represión del gobierno, y en parte también por decisiones políticas ambiguas de los llamados a liderar una lucha nacional.

En ese sentido, develando su inconsecuente discurso democrático; y junto con eso alejaron las expectativas populares de elecciones inmediatas y asamblea constituyente. Hoy la lucha sigue planteada, pero esta vez enfrenta organizaciones criminales-políticas que han conseguido control de los sistemas judicial y político y van por el control del sistema electoral con miras al siguiente recambio.

Todo eso se mueve dentro de la democracia formal y los “demócratas” burgueses y reformistas pueden convivir con eso. Una real democracia solo puede ser construida desde las organizaciones de base y en torno a una lucha por soluciones reales a los grandes problemas que hoy golpean con fuerza: la criminalidad, de abajo y de arriba, el desempleo y subempleo, y los empleos sin derechos; la desindustrialización que crece con cada recesión económica; la pobreza y extrema pobreza que hacen la vida miserable a millones de peruanos.

La riqueza nacional sigue enriqueciendo a unos pocos y esto no cambia solo con un lema, un candidato de lenguaje florido o la promesa del paraíso de los “demócratas”, u otro candidato de discurso calculadamente incendiario para hacer de mesías. Una verdadera creación y distribución igualitaria de la riqueza pueden ser decididas y ejecutadas con el poder democrático de los trabajadores y el pueblo, y ese poder debe surgir como resultado de la organización y movilización intransigente contra el actual régimen criminal y corrupto y el poder económico que lo respalda.

Publicado en Bandera Socialista 143, periódico del Partido Socialista de los Trabajadores