“Gobiernos progresistas”: una ola que no será tan rosa

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El ciclo de victorias electorales de los llamados partidos progresistas, que ya había llevado al gobierno a Gabriel Boric (Chile) y a Gustavo Petro (Colombia), se confirma ahora con la elección de Lula, último electo de la zafra 2022. La economía más grande de América Latina se suma a México, gobernado por López Obrador, y a Argentina, presidida por Alberto Fernández, haciendo que las cinco economías más grandes de la región estén bajo gobiernos que dicen ser “fuerzas progresistas”.

Por: Ricardo Ayala

Capitalismo con “rostro humano”

La rebelión de las masas argentinas en el año 2000 abrió un proceso político en América Latina, que llevó a los gobiernos de varios países a diferentes fuerzas políticas que se presentaron como alternativa a los efectos sociales del neoliberalismo en el continente. En Sudamérica, el ascenso de Chávez, en Venezuela, y su “Socialismo del Siglo XXI”, iniciaron una ola de gobiernos que, en su retórica, estaban en contra del neoliberalismo en el subcontinente.

Cada uno de estos gobiernos expresó de diferentes maneras cuál sería su alternativa al neoliberalismo. En 2003, Lula fue elegido presidente del Brasil y lanzó el “neodesarrollismo”. Ese mismo año llega Néstor Kichner a la Casa Rosada en Argentina, dando inicio al “capitalismo serio”, y el Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vàzquez, gana las elecciones en el Uruguay.

En 2006, luego de una rebelión nacional contra la privatización del agua, Evo Morales fue electo en Bolivia y lanzó el “proceso de cambio”, y al año siguiente, en el Ecuador, Rafael Correa inició su “Revolución Ciudadana”. Para cerrar este ciclo, en 2008 Fernando Lugo llegó a la presidencia del Paraguay, superando décadas de gobiernos del Partido Colorado.

En el gobierno, estas fuerzas políticas defendieron una gestión “civilizada” del capitalismo semicolonial latinoamericano (o del neoliberalismo, dentro del orden), en contraposición a la burguesía tradicional y sus partidos, desgastados por la devastación social producida, hasta entonces, por la parálisis económica resultante de la política de liberación económica y financiera de los 1990.

Entre los principales países del continente, Colombia, Chile y Perú quedaron fuera de esta primera ola de gobiernos supuestamente antineoliberales.

En Colombia, la existencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), hasta entonces la más antigua guerrilla del mundo, dio origen a su polo opuesto: un Estado paramilitar, conocido por, hasta hace muy poco tiempo, asesinar a más de un dirigente campesino o sindical por día, con la excusa de combatir a la guerrilla, y también por crear, en el otro extremo, una franja social que era base política del gobierno contra la guerrilla, manteniendo “tapiado” al movimiento de masas.

En el caso de Chile, los gobiernos de la llamada “Concertación” (Coalición) de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que sucedieron a la dictadura, aún tenían las expectativas de la población, y las consecuencias sociales de mantener las contrarreformas implementadas por Pinochet aún no habían sido puestas en la superficie. Al mismo tiempo, la exportación de cobre, pieza clave de toda la economía del país, mantenía, por lo menos, la sobrevivencia de los trabajadores, con bajo desempleo.

En el Perú, la corrupta dictadura de Fujimori fue el polo opuesto del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que, tal como Colombia, mantuvo a las masas comprimidas entre la guerrilla y la violencia estatal.

Neoextractivismo: la economía basada en la exportación de los recursos naturales

Con diferencias entre los distintos países, el modelo chileno (basado en la exportación de recursos naturales) fue el eje sobre el que todos los gobiernos llamados progresistas o “antineoliberales” basaron su política económica, subordinada a la exportación de estos recursos para la industrialización de China y del Sudeste asiático, que demandaban mineral de hierro, cobre, productos agrícolas (como la soja), etc., en una escala sin precedentes en la historia del capitalismo.

Subordinación

Montados en el alza histórica de los precios de estas mercaderías, los “gobiernos progresistas” mantuvieron intactas la subordinación de los países a la división mundial del trabajo impuesta por los países dominantes, que controlan el mercado mundial de estos productos. Renunciando a la soberanía que decían defender, profundizaron la misma estructura productiva a la que decían oponerse, haciendo avanzar el proceso de desindustrialización en el continente.

Políticas sociales compensatorias

Al mismo tiempo, los programas sociales, como el Bolsa-Família, en el Brasil, o el estímulo a los pequeños negocios, no pudieron compensar el desempleo y el subempleo, cuando se instalaron los efectos de la profunda crisis del capitalismo mundial y los precios de los recursos naturales cayeron. Resultado: los efectos sociales fueron devastadores en todo el continente, así como la decepción en las fuerzas políticas, que despertaron la ilusión de un cambio real en la vida de las masas.

La crisis: el tsunami que arrasó con la “primera ola”

El juicio político a Lugo en el Paraguay, en junio de 2012, inició la crisis de estos gobiernos. Los cambios reales en la vida de las personas dentro del orden burgués nacional e internacional condujeron a una crisis social aún más profunda, según el grado de dependencia y subordinación de cada uno de los diferentes países.

En Venezuela, la desindustrialización del país, causada por la absoluta dependencia de las exportaciones petroleras, ha dejado al descubierto el verdadero rostro del chavismo. En mayo de 2019, el Banco Central de Venezuela estimó que la inflación para 2021 llegaría a 282.000%. En el mismo año, se estimó una retracción de 90% del Producto Interno Bruto (PIB) con relación a 2013, período en que el poder adquisitivo de los salarios se había contraído 94%. Además, el valor de la canasta básica de alimentos era calculado en 1.218.147,82 bolívares (moneda local), mientras el salario mínimo alcanzaba apenas 40.000 bolívares.

Con diferencias de ritmo e intensidad, esta misma realidad social se abatió sobre todos los países gobernados por las llamadas “fuerzas progresistas”. A partir de entonces, su función de contener el descontento social perdió sentido para la clase dominante, al mismo tiempo que los “de abajo” se decepcionaban por el retroceso en sus condiciones de vida.

La respuesta de la burguesía tradicional fue profundizar el modelo extractivista, así como de los países aún gobernados por el “progresismo”, como Venezuela, abriendo zonas económicas especiales, entregadas a corporaciones multinacionales asociadas a los militares, para intensificar la explotación de oro, minerales, madera, etc.

La burguesía tradicional también comenzó a luchar por los gobiernos y surgieron nuevas fuerzas de ultraderecha, como expresión más desarrollada de la necesidad de saqueo y expolio. Y, entonces, el camino del cambio por dentro de la institucionalidad cobró su precio: en 2015, el kircherismo fue derrotado en las elecciones en Argentina y, al año siguiente, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia por el Congreso brasileño.

Los efectos de la crisis hicieron que el “progresismo” pasase a enfrentarse directamente con las masas. En Bolivia, por ejemplo, en 2016, la sospecha de fraude en el plebiscito que daría a Morales la posibilidad de mantenerse indefinidamente en el poder generó un levantamiento de la juventud, que fue capitalizado por la derecha, que, pese a eso, fracasó en su intento de golpe.

En el Ecuador, Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa, implementó un profundo plan de ajuste estructural, negociado con el FMI, que, entre las medidas más duras, implicó un reajuste brutal de los precios de los combustibles, en octubre de 2019, lo que provocó un levantamiento de las masas indígenas. Y fue esta rebelión en el Ecuador la que sirvió como chispa para detonar la revuelta de los chilenos, quienes salieron a las calles con su famosa consigna contra el aumento en los precios de los pasajes: “No son treinta pesos, son treinta años”.

El retorno de la nueva ola “rosa”

Incluso antes de que las masas chilenas y colombianas salieran a las calles, colocando a estos países (de forma tardía) en la ola de gobiernos tenidos como progresistas, a contramano de la crisis de estos gobiernos en Sudamérica, en 2018 el gobierno de México (la segunda economía del continente y, al mismo tiempo, el país más controlado por los EE.UU., sirviéndole como una verdadera colonia) fue arrebatado por López Obrador. Mientras tanto, en el Brasil, Jair Bolsonaro capitalizaba el desgaste del PT, alentando nuevas formaciones de ultraderecha en la región.

A partir de entonces, la elección de Fernández en Argentina, en 2019, abrió las puertas a una recomposición electoral de las llamadas “fuerzas progresistas” en América del Sur. En 2020, la administración del genocidio de la pandemia por parte de los gobiernos de turno desencadenó movilizaciones en el Perú y en Colombia, además de mantener la expectativa de las masas chilenas, incluso fuera de las calles, por el proceso constituyente y la denuncia de la pandemia.

Desde entonces, estos tres países se han incorporado a la nueva ola de “gobiernos progresistas”, con las elecciones de Castillo (Perú), Boric (Chile) y Petro (Colombia). Un proceso que, ahora, a finales de 2022, ha llegado al Brasil, con la elección de Lula.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 10/11/2022.-

Traducción: Natalia Estrada.

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