Funcionarios de Trump desafían a los tribunales y envían inmigrantes a una brutal prisión salvadoreña
Por Ben Martínez
El 15 de marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley vigente en tiempos de guerra, que permitía al gobierno detener y deportar a ciudadanos de una «nación enemiga». Esa misma noche, tres aviones aterrizaron en El Salvador con 261 hombres a bordo. El gobierno de Trump había deportado a los hombres de Estados Unidos, desafiando una orden de un tribunal federal que obligaba a devolver los aviones. Sin embargo, solo unos pocos eran salvadoreños; la mayoría de los deportados eran venezolanos. Ninguno de ellos recibió el debido proceso. Iban a ser trasladados a la superprisión de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Los prisioneros detenidos fueron obligados a agacharse y caminar hasta sus transportes, sin siquiera poder mirar por las ventanas de los autobuses. Según un agente de ICE a bordo del avión, los deportados intentaron tomar el control del avión, y en respuesta, el director de la prisión les dijo a sus hombres: «Demuéstrenles [a los deportados] que no tienen el control». Así lo hicieron; una vez que llegaron a su destino en El Salvador, la prisión de máxima seguridad CECOT, los guardias demostraron su control sobre los prisioneros. Continuaron sujetándolos, abofeteándolos. Un joven que había sido empujado al suelo sollozó a los guardias: «No soy pandillero. Soy gay. Soy barbero».
Esas palabras cayeron en oídos sordos. Finalmente, él y los demás fueron llevados a la sala de admisión, donde les afeitaron la cabeza y los despojaron de sus ropas. Ese mismo hombre, el barbero, lloraba en oración y pedía llamar a su madre. La respuesta del guardia fue solo abofetearlo de nuevo. Según su familia y Lindsay Toczylowski, fundadora del Immigrant Defenders Law Center, el nombre del barbero es Andry José Hernández Romero. Tiene 31 años y es maquillador. Había solicitado asilo hace un año por ser homosexual y por oponerse al presidente venezolano Nicolás Maduro. No tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela, pero sus tatuajes (dos pequeñas coronas con las palabras «Papá» y «Mamá») fueron suficientes para que los funcionarios de inmigración lo arrestaran, sin el debido proceso. La Sra. Toczylowski, quien representa a Hernández, ha dicho que perdió contacto con él el 15 de marzo, el mismo día que fue enviado a El Salvador.
Sentencias judiciales sobre Kilmar Abrego García
El gobierno de Trump también deportó a Kilmar Armando Abrego García, refugiado salvadoreño con estatus de protección en Estados Unidos. Es padre y trabajador sindical, y lleva 14 años viviendo en el país, pero fue detenido por el ICE y acusado de ser pandillero sin pruebas. Los abogados de Abrego García afirman que ha sido víctima de un «error kafkiano» y que corre peligro de ser torturado y asesinado.
El gobierno ha reconocido su error al detener y deportar a Ábrego García, pero afirma que es demasiado tarde para recuperarlo, ya que ya no tienen jurisdicción. Las autoridades estadounidenses han ido aún más lejos al negarse a asumir la responsabilidad, alegando que «Ábrego García tuvo una oportunidad plena y justa para litigar el asunto. Tuvo la oportunidad de presentar pruebas que demostraban que no pertenecía a la MS-13 [una pandilla salvadoreña], las cuales no ofreció». Pero ¿cómo pudo Ábrego García presentar pruebas si fue arrestado sin el debido proceso?
El 15 de abril, la jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó a los funcionarios de la administración Trump que presentaran documentos escritos y explicaciones sobre las medidas que está tomando para facilitar el regreso de Abrego García desde El Salvador. En los últimos días, los abogados del Departamento de Justicia han intentado bloquear repetidamente las órdenes de la jueza, argumentando que carece de autoridad para decidir sobre el caso, mientras que la Casa Blanca se ha negado rotundamente a acatarlas. «Ningún tribunal de Estados Unidos tiene derecho a dirigir la política exterior de Estados Unidos», declaró el secretario de Estado Marco Rubio el 14 de abril.
El 10 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó parcialmente los fallos anteriores de Xinis, afirmando que la administración Trump debía «facilitar» la liberación de Abrego García. Sin embargo, la Corte no llegó a coincidir con la jueza Xinis en que la administración estaba obligada a «efectuar» (es decir, ejecutar) su regreso. Esta débil decisión de la Corte Suprema reforzó la afirmación de los funcionarios de Trump de que no estaban obligados a acatar ninguna decisión judicial para liberar a Abrego García ni a ningún otro deportado.
Durante su visita a la Casa Blanca el 14 de abril, el presidente salvadoreño Bukele indicó, en respuesta a preguntas de la prensa, que se negaría a liberar a Ábrego García. «¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos?», preguntó Bukele. «¿Lo introduzco de contrabando en Estados Unidos? Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda».
Durante la reunión, Trump elogió a Bukele como «un presidente excepcional», al tiempo que reiteró su negativa a tomar medidas para liberar a Ábrego García. También declaró a la prensa que estaba dispuesto a deportar a ciudadanos estadounidenses a una prisión en El Salvador: «Si se trata de un delincuente local, no tengo problema».
Muchas otras víctimas de la administración Trump
Jerce Reyes Barrios fue otra víctima inocente del cruel programa de deportación de la administración Trump. Es venezolano, futbolista profesional y entrenador de juveniles, sin antecedentes penales. Desapareció una noche, y su familia solo se enteró de lo sucedido al verlo en videos virales de deportados en El Salvador, publicados por la administración Trump. «Nos sorprendió verlo en los videos publicados en redes sociales de los deportados a El Salvador», escribió su tío, Jair Barrios, en Facebook. «Contactamos de inmediato con el abogado porque no aparecía más información sobre él en el localizador de ICE».
Reyes Barrios también solicitaba asilo, y su audiencia estaba prevista para el 17 de abril. Se cree que habría obtenido asilo debido a sus antecedentes, tras haber sido víctima del régimen de Maduro. Barrios marchó contra el gobierno de Maduro, solo para ser secuestrado y torturado por ese mismo gobierno. Salió de Venezuela con destino a Estados Unidos hace cinco meses, donde recibió el apoyo de familiares y amigos. Pero Barrios tenía tatuajes, tatuajes de fútbol, y al igual que Hernández, sus tatuajes se usaron en su contra como prueba de su afiliación a una pandilla venezolana conocida como el «Tren de Aragua» (en adelante TdA).
Esta historia es similar a la que escuchamos sobre prácticamente todas las personas enviadas a la megacárcel de El Salvador; un día estaban con familiares y amigos, y al siguiente desaparecieron. Pudimos ver cómo estas personas pudieron haber sido desaparecidas cuando, el 25 de marzo, la estudiante de doctorado de Tufts, Rumeysa Ozturk, fue rodeada, detenida y arrastrada por agentes de ICE. Todo quedó grabado en cámara, mostrando a los agentes de ICE enmascarados y vestidos de civil, sin vehículos policiales identificados, y sin siquiera anunciar que eran agentes de ICE hasta después de quitarle su teléfono y detenerla.
Otras personas inocentes se han visto atrapadas en este desastre. Otro barbero, Franco José Caraballo Tiapa, de 26 años, fue detenido por el ICE en febrero y acusado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de ser miembro del TdA. Tiapa no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela, y aunque tiene tatuajes, el DHS no ha especificado si creían que representaban al Tda.
Parece que la administración Trump ha detenido a bastantes personas por motivos políticos. La administración afirma haber revocado las visas de cientos de estudiantes universitarios. El 9 de marzo, el activista palestino y estudiante de Columbia Mahmoud Khalil, titular de una tarjeta verde y casado con una ciudadana estadounidense, fue detenido por el ICE. En un expediente judicial sobre el caso, el DHS presentó un memorando del secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se afirma que la ley le otorga la facultad de decidir que una persona debe ser deportada incluso si sus acciones son «lícitas en otros aspectos». Rubio escribió que Khalil debería ser deportado debido a su presunto papel en «protestas antisemitas y actividades disruptivas» en la universidad y porque sus acciones socavaron la «política estadounidense para combatir el antisemitismo en todo el mundo». Un juez de inmigración dictaminó el 12 de abril que, con base en esos motivos, Khalil puede ser deportado , incluso si no se han presentado pruebas concretas para verificar los cargos.
El 26 de marzo, el trabajador agrícola y organizador sindical Alfredo Juárez Zeferino fue detenido por el ICE. El 19 de marzo, la activista por los derechos de los inmigrantes Jeanette Vizguerra también fue detenida. El 14 de abril, otro activista estudiantil de Columbia y residente permanente de Estados Unidos, nacido en Palestina, Mohsen Modawi, fue arrestado tras asistir a su entrevista de naturalización en Vermont. Incluso mientras menciono a estas personas, las redadas y secuestros del ICE continúan y se desconoce si estas personas serán deportadas a su país de origen, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, o si se pudrirán en las cárceles privadas que se han utilizado para detener a migrantes en el pasado.
Estas personas fueron secuestradas por el ICE, y ahora muchas de ellas se encuentran en El Salvador con pocas posibilidades de regresar a casa. Según el Zar de la Frontera, Tom Homan, estas víctimas no merecen el debido proceso: «¿Debido proceso?», resopló. «¿Dónde estaba el debido proceso de Laken Riley? ¿Dónde estaban todas estas jóvenes asesinadas y violadas por miembros de TdA? ¿Dónde estaba su debido proceso?»
Laken Riley era una joven inocente asesinada por José Ibarra, un venezolano que había tenido problemas con la ley, pero que fue liberado de prisión antes de asesinarla. Desafortunadamente, la derecha, como siempre, explotó su muerte con fines propagandísticos, y ahora hay funcionarios del gobierno que consideran que el debido proceso no es necesario debido a su muerte. Pero ¿no es el debido proceso lo que separa a los que cumplen la ley de los que no la cumplen? ¿No es el debido proceso lo que muestra al mundo que hemos avanzado desde la época en que a un niño se le podía cortar la mano por robar una hogaza de pan?
La agenda de Trump
Donald Trump dejó claras sus intenciones respecto a los inmigrantes, pero pocos anticiparon la ferocidad con la que se comprometería con sus objetivos. ¿Cuántos podrían haber imaginado que la administración Trump ni siquiera deportaría a estos inmigrantes a sus países de origen, sino que los enviaría a confinarse en la superprisión de El Salvador, CECOT? El hecho de que algunos jueces hayan intentado detener el proceso de deportación de la administración Trump solo ha provocado que ICE y la agencia de inmigración actúen con mayor rapidez y sigilo. Algunas de las detenciones ordenadas por los tribunales ocurrieron cuando los aviones ya estaban en el aire.
¿Cómo se sale con la suya Trump? Bueno, además de ser un presidente capitalista en un país capitalista, Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para lograr sus objetivos.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 se aprobó como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, una serie de leyes aprobadas (a pesar de una férrea oposición) por el Congreso estadounidense, de mayoría federalista, debido al creciente temor a una guerra con Francia y al supuesto peligro de acciones subversivas projacobinas dentro de Estados Unidos. Entre sus medidas, las leyes de emergencia establecían que hablar o escribir públicamente en contra del gobierno podía considerarse un acto de difamación, o incluso traición, con penas de prisión o fuertes multas.
En virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, el presidente podía autorizar el arresto, la reubicación o la deportación de cualquier hombre mayor de 14 años procedente de un país enemigo extranjero. Aunque se permitió que caducasen las demás leyes de las Leyes de Extranjería y Sedición, la Ley de Enemigos Extranjeros permaneció vigente. Esta ley solo se invocó en tres ocasiones: la primera contra ciudadanos británicos durante la Guerra de 1812 y la segunda durante la Primera Guerra Mundial contra ciudadanos de las Potencias Centrales. La tercera, y la más infame, fue durante la Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos de las Potencias del Eje. Si bien se utilizó para detener a extranjeros alemanes e italianos, tanto extranjeros japoneses como estadounidenses de origen japonés , ya fueran nativos o naturalizados, también fueron detenidos durante años en campos de concentración.
Como demuestra la historia, la ley se creó simplemente como respuesta al miedo: miedo a perder el control y miedo al «otro». No es casualidad que dicha ley no expirara. No sorprende que alguien como Trump, quien ha basado su candidatura y presidencia en el miedo al otro, invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, otorgándole a él y al gobierno, predominantemente republicano, jurisdicción sobre quién constituye una amenaza.
Pero incluso la ley tiene detalles específicos; solo puede usarse en tiempos de guerra. No estamos en guerra con Venezuela ni con El Salvador. Pero Trump ha encontrado una solución al designar a la pandilla venezolana El TdA como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Como vimos durante la era Bush, es más fácil para el estado capitalista alcanzar un poder masivo cuando etiqueta a cualquier persona como terrorista.
¿Qué es «Tren De Aragua»?
Parecía que no fue hasta 2024 que el nombre de la pandilla empezó a sonar. El «Tren de Aragua» es una organización criminal fundada en 2014 y se ha extendido más allá del estado donde se fundó: Aragua, Venezuela. Tiene presencia en Perú, Chile y Colombia, donde se enfrentaron a las guerrillas de izquierda FARC y ELN. La primera vez que el TdA apareció en las noticias estadounidenses fue en Chicago y sus alrededores. El jefe Garry McCarthy de Willow Springs estimó que estaban presentes entre los migrantes de la ciudad, pero The Chicago Sun-Times no encontró pruebas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) declaró que el TdA estaba vinculado a crímenes violentos en Nueva York en 2022, afirmando que sus miembros vivían en los albergues y barrios para migrantes de la ciudad.
En 2024, las imágenes de vigilancia de hombres armados entrando en apartamentos en Aurora, Colorado, se hicieron virales, causando pánico masivo tanto entre liberales como conservadores. El alcalde de Aurora, Mike Coffman, declaró que la ciudad había «perdido el control» de la infiltración de pandillas «y estamos trabajando enérgicamente para recuperarlo». Más tarde intentó retractarse de su declaración afirmando que la ciudad no estaba sitiada, solo varios apartamentos, pero ya era demasiado tarde, pues los medios de comunicación de derecha ya se habían lanzado al ataque. Pero lo cierto es que los residentes del edificio de apartamentos ni siquiera consideraban a los pandilleros armados, si es que lo eran, su mayor problema; en cambio, era el propietario. «Tengo chinches en mi apartamento, cucarachas, ratas. Mis hijos están todos cubiertos de picaduras», dijo Juan Carlos Alvarado Jiménez, un inmigrante venezolano que vive en los apartamentos The Edge at Lowry. «No veo a ningún delincuente aquí. Creo que todos sabemos quiénes son los verdaderos delincuentes aquí».
El Sr. Alvarado no sería el único inquilino enojado; muchos inquilinos compartían sus quejas, a quienes se unieron defensores de los derechos de los inquilinos y organizadores comunitarios. El 13 de agosto de 2024, cientos de residentes, muchos de ellos inmigrantes venezolanos, fueron desalojados de Fitzsimons Place, un complejo de apartamentos propiedad de CBZ Management. Esto ocurrió después de que el Ayuntamiento de Aurora (HD) declarara la propiedad inhabitable. El complejo de apartamentos, propiedad de CBZ Management, había tenido problemas desde 2021, cuando los residentes reportaron plagas, acumulación de basura, barandillas dañadas, electrodomésticos rotos y techos derrumbados. CBZ Management volvería a ser noticia en 2023, con inquilinos quejándose a Denver7 de moho, goteras, inundaciones y falta de calefacción durante la mayor parte del invierno.
Estos son los verdaderos problemas que necesitan ser abordados, pero en cambio, la derecha ha logrado desviar la atención de los verdaderos problemas hacia algo que ni siquiera los inquilinos toman en serio. La derecha ha logrado desviar la atención de la gente para que se centre en el incidente del 20 de agosto, mientras ignora tres años de sufrimiento que los inquilinos han tenido que enfrentar. «La ciudad está optando por reunirse con el propietario y no está optando por escuchar directamente a los inquilinos que tienen años y años de evidencia en su contra, y también merecen una reunión para hablar con ellos sobre las condiciones y la realidad de la situación», dijo V. Reeves, organizador de Housekeys Action Network Denver, un grupo de defensa de las personas sin hogar. «Estas familias merecen la oportunidad de tener recursos y tiempo para mudarse a un lugar seguro».
Fue este incidente el que puso al TdA en la mente de todos, e incluso después de revelarse la verdad, ya era demasiado tarde. Desde la MS-13 hasta los cárteles mexicanos y ahora el Tren de Aragua, la derecha ha encontrado otro fantasma para atemorizar a la gente e impedir que reconozcan a su verdadero enemigo: la clase capitalista. El gobierno de Trump lo sabe, por lo que los grupos mencionados han sido declarados terroristas, lo que otorga al gobierno estadounidense jurisdicción para perseguir a cualquiera que se ajuste a cierta «distinción». Así pues, cualquier venezolano con un tatuaje está siendo detenido, sin el debido proceso, sin contacto ni correspondencia familiar, y sin dignidad.
Trump y El Salvador
La administración Trump, para demostrar su seriedad, está enviando a estas personas al CECOT. El CECOT se fundó en 2023 a instancias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele nació en una familia adinerada, llegando incluso a afirmar que nació en una cuna de oro y que pudo asistir al Colegio Panamericano, exclusivo para hijos de familias adineradas. Sin embargo, a pesar de su adinerada ascendencia, se unió al partido de izquierda salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), e incluso ganó las elecciones bajo su bandera.
Para 2017, Bukele se dio cuenta de la situación: la mayoría del pueblo salvadoreño parecía estar harta tanto del partido de derecha ARENA como del reformista FMLN. Por ello, abandonó el partido y creó el suyo propio, «Nuevas Ideas». Inspirado por Trump, quiso capitalizar la ira convirtiéndose en populista y promoviendo una retórica antisistema, aunque carecía de una ideología definida. Aun así, Bukele había ganado el voto popular con un 53 %.
Tras ganar la presidencia, su verdadera identidad orientó su rumbo político. Estrechó lazos con Estados Unidos y disolvió la Secretaría de Acción Social, una organización centrada en problemas sociales como la pobreza, los derechos humanos y la injusticia. Recortó los presupuestos de programas de apoyo a mujeres y jóvenes, así como otras medidas vinculadas a la asistencia social. También despidió a 3000 funcionarios a través de Twitter y ascendió a su medio hermano y tío a cargos públicos.
Todo esto ocurrió en 2019, pero fue el 9 de febrero de 2020 cuando Bukele se convirtió en el hombre que es hoy al interrumpir, junto con su séquito militar, una sesión de la Asamblea Legislativa. La Asamblea había rechazado un préstamo de 109 millones de dólares para la policía, lo que bastó para que Bukele liderara una «insurrección popular». Lo que debería haberlo derrocado solo aumentó su popularidad, y para febrero de 2021, la mayoría de la Asamblea Legislativa estaba compuesta por miembros de Nuevas Ideas y otros partidos de derecha que le apoyaban.
Pero lo que parece ser el motor de Bukele es su guerra contra las pandillas. Al igual que muchos otros líderes populistas, Bukele anunció que combatiría a las pandillas en El Salvador con mano dura. Ha impulsado una mayor financiación para la policía, armándola hasta los dientes, pero su verdadera obra maestra ha sido la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El CECOT es la prisión más grande de América, con capacidad para 40,000 reclusos, y se ha convertido en un símbolo de la represión nacional contra la delincuencia. Fue construida para ser lo más brutal posible. Cada celda tiene capacidad para 80 reclusos, donde los hombres permanecen 23.5 horas al día; el único mobiliario son literas metálicas sin sábanas, almohadas ni colchones. Cuentan con un inodoro abierto, un lavabo de cemento, una cubeta de plástico para lavarse y una jarra grande de agua para hidratarse.
Parece que la crueldad es el punto clave; a los reclusos no se les permiten visitas familiares, llamadas telefónicas ni siquiera cartas. Ni siquiera se les permite contactar a un abogado ni participar en ninguna actividad, salvo la lectura de la Biblia. Las luces están encendidas las 24 horas, lo que les impide dormir bien, e incluso deben tomar sus alimentos por los huecos entre los barrotes, según el principio del «primero en llegar, primero en ser atendido». No se les permite trabajar, ni leer, ni siquiera jugar a las cartas, y deben afrontar la posibilidad de no ser liberados jamás. No hay rehabilitación; algunos presos deben soportar tortura. Según testimonios obtenidos por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación salvadoreños, 375 reclusos han muerto en CECOT durante su breve periodo de funcionamiento.
Lo que más destaca de CECOT es que muchos de los reclusos fueron enviados allí sin el debido proceso. En 2022, Bukele declaró el estado de emergencia, con el apoyo de la asamblea legislativa liderada por «Nuevas Ideas». Esto le permitió suspender derechos constitucionales, como el debido proceso y el derecho a un abogado. La medida debía durar solo 30 días, pero se ha extendido por tres años. La represión ha sido brutal, con miles de hombres inocentes arrestados. Bukele afirma que los presos inocentes han sido liberados, pero el gobierno se ha negado a permitir la entrada de observadores internacionales a la prisión, así que solo tenemos su palabra, y la palabra de un dictador capitalista no vale nada.
Considerando el tamaño de la prisión, la falta de servicios esenciales, la crueldad organizada del propio sistema, junto con la adulación de Bukele a Trump y su deseo de estrechar lazos con Estados Unidos, tiene todo el sentido que la administración Trump colabore estrechamente con el gobierno de Bukele. Además, la falta de debido proceso en el país le favorece, ya que dificulta enormemente el rescate de cualquier persona enviada a CECOT. Muchos abogados y familiares aún no han recibido respuesta de los hombres enviados a CECOT, y la administración Trump ha insistido en sus afirmaciones sobre la culpabilidad de las personas que envió. Si los investigara, la administración Trump perdería parte del retorno de los 6 millones de dólares que ha estado enviando a Bukele para albergar a los venezolanos. No investigar a los presos deportados sería ideal para ambos gobiernos; la administración Trump quiere deshacerse de ellos de la manera más cruel posible, y Bukele quiere la mayor cantidad de dinero posible para continuar con la crueldad. Es una pareja hecha en el infierno.
Pero podría haber más en este trato de lo que uno esperaría, y tiene que ver con un hombre llamado César Humberto López-Lairos, alias Greñas. Greñas nació en El Salvador durante la guerra civil de la década de 1980, pero se mudó a los Estados Unidos, como muchos otros. Fundó la MS-13 en Los Ángeles y eventualmente sería deportado, lo que ayudó a traer la MS-13 a El Salvador. Según la acusación federal, Greñas ha estado involucrado en negociaciones secretas con el gobierno de Bukele. Bukele quiere demostrar que sus políticas han ayudado a hacer de El Salvador un lugar más seguro, y para hacerlo supuestamente estaba haciendo un trato con Greñas: silencia las actividades de las pandillas y apoya a Bukele, y a cambio, Bukele no tomará medidas enérgicas contra la MS-13. Pero Bukele lo ha negado, y Greñas fue enviado a El Salvador en el mismo vuelo junto con los venezolanos.
Sin embargo, hay más líderes involucrados en estos tratos con Bukele, como Elmer Caneles Rivera, alias El Crook. El Crook se encontraba en prisión en 2021, pero cuando Estados Unidos exigió su extradición, el gobierno de Bukele lo liberó discretamente ese mismo año. Según el sitio web El Faro , fue Carlos Marroquín, el negociador estatal con la MS-13, quien lo expulsó del país. Cuando Estados Unidos exigió la captura y entrega de Caneles Rivera, El Salvador intentó llegar a un acuerdo con los cárteles mexicanos para su arresto. El gobierno mexicano se les adelantó, arrestando y extraditando a Caneles Rivera a Estados Unidos. Actualmente, se encuentra en una prisión federal en Filadelfia. Es un miembro de alto rango de la MS-13 y posible fundador, quien también estuvo presente en las negociaciones con Bukele. Mientras esté aquí, Bukele no tendrá más opción que seguir jugando con EEUU.
¿Qué hacer?
La situación es grave y puede ser francamente desmoralizante. Se están llevando a tanta gente con una rapidez sin precedentes, y todo es despiadado. Solo hemos presenciado la crueldad absoluta de este gobierno, y es evidente que no podemos seguir permitiendo que estos crímenes de lesa humanidad continúen. Es imperativo que los trabajadores se organicen y se eduquen para afrontar adecuadamente los peligros que se nos presentan. En momentos como estos, la solidaridad es la clave de nuestra victoria contra esta institución inmoral e iliberal.
También debemos tener claro que no ganaremos esto dándole nuestra lealtad a los demócratas, quienes se han negado a luchar en todo momento. Algunos liberales afirman que no tenemos que preocuparnos, ya que Bernie, AOC y el resto del escuadrón lideran el camino. Sí, nos están llevando de vuelta a los demócratas, donde una vez más intentarán silenciar cualquier oposición masiva independiente y convencer a la gente de votar «azul», pase lo que pase. Estos políticos solo quieren volver a la «normalidad», pero para los trabajadores de este país, la normalidad es trabajar en empleos no sindicalizados por poco o nada de salario, con pocos o ningún día de baja por enfermedad y muchas horas extras sin apenas pago.
No podemos retroceder, porque si lo hacemos, solo estaremos volviendo a este caos. Incluso si un político «progresista» sale elegido, la máscara de humanidad volverá a caerse mientras el capital siga reinando. Lo estamos viendo ahora, lo hemos visto antes, y lo volveremos a ver a menos que los trabajadores se organicen y crezca la conciencia de clase. ¡Estas personas secuestradas y enviadas al gulag tropical han sido todos trabajadores y aliados de los trabajadores!
Las deportaciones de Trump no son más que una fachada para mantenernos asustados y divididos mientras los ricos siguen metiendo la mano en nuestros bolsillos, como lo han hecho durante siglos. Esta es una enfermedad, pero podemos superarla; la conciencia de clase es nuestra medicina y la necesitamos desde hace tiempo. Solo mediante esto y las movilizaciones masivas de los trabajadores y sus aliados, la administración Trump sentirá el golpe que tanto merece. Pero no nos detendremos ahí; nuestra fuerza unida puede hacer mucho más y lograr la verdadera justicia.
Foto superior: Jennifer Vázquez Sura, esposa de Kilmar Abrego García, habla en la conferencia de prensa del 4 de abril. (José Luis Magaña / AP)
Fuentes:
https://time.com/7269604/el-salvador-photos-venezuelan-detainees/
