Siempre afirmamos que el conjunto de los países latinoamericanos son “semicolonias” del imperialismo, en especial del estadounidense. Señalamos también que ese dominio imperialista sobre el subcontinente viene acrecentándose. ¿Qué queremos decir con esto?

Por: Alejandro Iturbe

En un libro que es referencia para los marxistas en el análisis del imperialismo moderno, la ubicación de los países en el contexto mundial y las relaciones entre ellos, Lenin expresa que “los estados coloniales nos dan el ejemplo de las formas de transición” entre un país independiente y una colonia [1]. Él consideraba semicoloniales a aquellos países que, sin llegar a la condición plena de colonias, sufrían ocupaciones militares y habían dado concesiones territoriales en las que renunciaban a su soberanía (incluso para la construcción de enclaves). En esta categoría incluía a países como China, Persia (actual Irán) y Turquía.

En el mismo trabajo, Lenin agrega: “El capital financiero es una fuerza tan considerable… que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, incluso a los Estados que gozan de una independencia política completa…”. Citando a otro autor, muestra el caso de Argentina como un ejemplo de esta situación: “La América del Sur, y sobre todo la Argentina (dice Schulze-Gaevernitz en su obra sobre el imperialismo británico), se halla en una situación tal de dependencia financiera respecto de Londres, que se la debe calificar de colonia comercial inglesa” [2]. Para estos países, Lenin usaba la categoría de “dependientes”.

Un nuevo significado de “semicolonia”

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un importante cambio en el “orden mundial”: retrocedían las viejas naciones imperialistas y emergía una fuerte potencia hegemónica (Estados Unidos). Numerosos países lograron su independencia política (algunos a través de duras luchas). La nueva potencia hegemónica prefería realizar el dominio de los países a través de lo que Lenin denominaba “dependencia” y no de las viejas formas coloniales. Los viejos imperios también comenzaron a adaptarse a esa realidad. Al mismo tiempo, esa dependencia se consolidaba a través pactos bilaterales o instituciones a su servicio, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Commonwealth británica.

En ese contexto, la mayoría de las corrientes marxistas comenzó a utilizar el término semicolonial con un sentido diferente del de Lenin, porque todos ellos son países políticamente independientes. En una breve sistematización de categorías, el trotskista argentino Nahuel Moreno propuso la siguiente clasificación de grados de dominio imperialista:

“Al respecto, hemos propuesto tres categorías [de países]:dependientes, semicoloniales y coloniales. Dependiente es un país políticamente independiente, es decir, elige [a]sus gobernantes pero, desde el punto de vista de los préstamos, el control del comercio o de la producción depende económicamente de una o varias potencias imperialistas. Semicolonial es el que ha firmado pactos políticos y/o económicos que cercenan su soberanía, sin quitársela totalmente. Colonia es el que ni siquiera elige su gobierno, ya que el mismo es impuesto o controlado por un país imperialista” [3].

Una vieja historia

El proceso de dominio imperialista en Latinoamérica tiene algunas características específicas. La mayoría de los países (con excepción de Cuba y Puerto Rico) obtuvo su independencia política de España en las primer décadas del siglo XIX (Haití se independizó de Francia, Brasil de Portugal). En casi todos los casos, el Imperio británico alentó estas luchas.

La dinámica burguesía estadounidense tuvo, desde su propia conformación como burguesía independiente, una clara política expansiva. Una de las expresiones más brutales de esta expansión (como anticipo del monstruo que sería en el futuro) fue el robo de todo el Norte de México (cerca del 50% del territorio que pertenecía a este país), a mediados del siglo XIX.

Consolidado su dominio de la costa del Atlántico a la del Pacífico, y desde la frontera con Canadá en el norte hasta el río Bravo en el sur, la burguesía estadounidense comenzó su expansión hacia Latinoamérica. Comenzó por lo que denominó su “patio trasero”: Centroamérica y el Caribe. A finales del siglo XIX, entró en guerra con España para garantizar la “independencia” de Cuba. Por la misma guerra, transformó a Puerto Rico en “Estado asociado”. Dividió a Panamá de Colombia para garantizarse la construcción y el dominio del primer canal interoceánico. Transformó a otros países centroamericanos en “repúblicas bananeras” dominadas por la empresa United Fruit.

Desde allí, continuó su avance hacia el sur americano donde, en varios países, disputó con la influencia británica. Pero, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, esa disputa terminó con el retroceso de Inglaterra. Estados Unidos pasó a ser la potencia imperialista dominante en todo el subcontinente. En la obra ya citada, Nahuel Moreno expresa:

“EE.UU. intentó, y logró en gran medida, organizar a toda Latinoamérica como una semicolonia. Estructuró un imperio neocolonial parecido al inglés de posguerra, aunque más cerrado, más férreo, con una base más sólida que la británica en decadencia. A partir de la Conferencia de Río de Janeiro de 1942 y, principalmente, la de 1947, con los tratados firmados en esa misma ciudad, se elaboró un sistema por el cual las FF.AA., los Estados y la economía de todos los países americanos pasaron a depender casi directamente del imperialismo de Wall Street (…). La culminación de esta nueva estructura imperial fue el famoso Pacto de la OEA, cuyas bases fundamentales fueron los acuerdos de Río de Janeiro” [4].

Desde que este análisis fue realizado, en los primeros años de la década de 1960, el proceso de dominio semicolonial imperialista ha tendido a profundizarse. Es cierto que, a lo largo del siglo XX e inicios del XXI, en varios países hubo procesos nacionalistas burgueses que tuvieron roces con el imperialismo (como el del PRI mexicano, el MNR boliviano, Jacobo Arbenz en Guatemala, el peronismo argentino, o el chavismo venezolano) que, en la búsqueda de negociar un espacio un poco mayor para las burguesías nacionales, lo atenuaron parcialmente. Pero, al no enfrentar el problema de fondo (el dominio del capitalismo imperialista), acabaron entrando en “las generales de la ley” de la sumisión de las burguesías nacionales (un tema que abordaremos en el segundo artículo de esta serie). El caso de la revolución cubana de 1959, la construcción del primer Estado obrero del subcontinente y su curso posterior merecen un análisis específico, que analizaremos en el tercer artículo, al referirnos a nuestra propuesta programática para acabar con esta sumisión.

La deuda externa/pública

Esta profundización del proceso de dominio semicolonial imperialista se ha dado, en cierta forma, por oleadas. Una de ellas, se produce en la segunda mitad de la década de 1970, cuando ya era claro el fin del “boom económico de posguerra” que se había vivido en nivel internacional. Se expresó en el gigantesco aumento de la deuda externa de los países latinoamericanos (a través el Estado o de las empresas privadas), que recibieron préstamos a tasas de interés muy bajas (incluso por debajo de la inflación) para sostener los negocios locales de las grandes empresas imperialistas ya sea en alguna inversión real o, esencialmente, para la especulación financiera.

En el caso argentino, esa deuda pasó, entre 1976 y 1982, de 7.900 millones de dólares a 46.000. Los beneficiarios principales fueron unas 70 grandes empresas nacionales y extranjeras. Por ejemplo, las ganancias obtenidas por la filial de la Ford en el país con la “bicicleta financiera” fueron tan grandes que permitieron que la casa matriz y el conglomerado mundial superaran la crisis y reconvirtieran su estructura. Al mismo tiempo, una parte de la deuda “estatal” (por ejemplo, la que tomó la empresa petrolera estatal YPF), en realidad fue utilizada por empresas privadas proveedoras para dar un salto y transformarse en “grandes grupos” (fue el caso de Bulgheroni-Bridas y de Pérez Companc) En noviembre de 1982, la dictadura militar argentina (ya en proceso de derrumbe) “estatizó” por decreto la deuda de las empresas privadas (es decir, la pasó a cargo del Estado y de toda la población).

En casi todos los países se dio un proceso similar, de gran aumento de la deuda externa. En un punto (inicios de los años ’80), las tasas de interés comenzaron a subir y a los países les fue cada vez más difícil o imposible pagarla. Comenzó entonces un proceso sin fin de renegociaciones del pago de la deuda (que pasó por diversas etapas) en un ciclo infernal de pagar cada vez más pero, al mismo tiempo, deber cada vez más.

Al mismo tiempo, en cada renegociación, como condición para otorgar los “préstamos”, el FMI y los bancos acreedores exigían planes cada vez más duros de ajuste del presupuesto estatal y de las condiciones salariales y laborales. La deuda externa se transformó así en una importante vía de extracción de riquezas por parte del imperialismo y, al mismo tiempo, en un mecanismo de control de la economía y de las finanzas nacionales, y de las políticas económicas de los gobiernos.

En el caso del Brasil, esta deuda hoy se contabiliza dentro de una cuenta global llamada “deuda pública”. En 2016, el pago de esa deuda demandaba casi 44% del presupuesto federal [5]. Esta succión de fondos del presupuesto determina la imposibilidad de ninguna inversión real por parte del Estado e incluso del propio mantenimiento de los servicios existentes. Algo que se expresa, por ejemplo, en la profunda decadencia de la educación y la salud públicas, en la caída del salario real de los trabajadores estatales, en el deterioro de las instalaciones y la falta de suministros esenciales. En muchos Estados, la salud pública está colapsada y es incapaz de atender las mínimas demandas.

En estas condiciones, periódicamente, en los momentos de incapacidad de pago, se producen “crisis de la deuda” en los que la moneda nacional se “licua” frente al dólar. Fue el caso de México, en 1994/1995, cuyas repercusiones internacionales se conocieron como “efecto tequila”. A cambio de la irónicamente llamada “ayuda” del presidente estadounidense Bill Clinton para que el país superase la crisis de pagos, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León dio como garantía las reservas petroleras de la estatal PEMEX.

Actualmente, Argentina vive una situación similar y su moneda ha caído a la mitad de su valor en lo que va de 2018. Un primer “préstamo” del FMI fue “devorado” por la compra especulativa de dólares por parte de los diferentes sectores burgueses y fue necesario un segundo préstamo para tranquilizar algo la situación. A cambio, el FMI exige un plan de ajuste aún más duro que el que ya venía aplicando el gobierno de Macri: la casi virtual extinción del sistema jubilatorio público, brutales aumentos de las tarifas de los servicios de gas, combustibles y energía, reducción del presupuesto para salud y educación públicas, etc. Mientras tanto, la inflación corroe al extremo el poder adquisitivo de los salarios.

El círculo sobreendeudamiento, pago parcial de intereses, refinanciación para el resto, aumento de la deuda y de los intereses resultantes ha hecho que, a pesar de que los países han pagado ya varias veces el monto de la deuda original, esta ha ido creciendo casi exponencialmente. Según datos de la CEPAL y del FMI, la deuda externa global del subcontinente creció de 28.000 millones de dólares en 1970, a 808.40 en 2005 (¡casi 29 veces!).

Entre 2005 y 2012, hubo un curso desigual: disminuyó nominalmente en países como Argentina y hubo un aumento “moderado” en otros, por efecto de que parte importante de los buenos saldos de la balanza comercial de esos años se dedicaban a su pago [6]. Desde allí hasta ahora, la deuda ha vuelto a dispararse. Por ejemplo, desde enero de 2016, en Argentina, el gobierno de Macri había tomado 80.000 millones de dólares de deuda. En junio de 2018, datos oficiales informaban que esta crecía a un ritmo de 213 millones de dólares diarios y ya llegaba a 253.741 millones [7] (sin contabilizar todavía los “préstamos posteriores del FMI, que acumulan más de 50.000 millones de dólares). Otros estudios posteriores indican que, incluido estos préstamos, la deuda ya es de 360.000 millones de dólares [8].

Desde la década de 1970, todos los gobiernos burgueses de los países latinoamericanos, fueran dictatoriales o electos por el voto, se dijeran de “derecha” o de izquierda y populares, mantuvieron intactos los mecanismos de este saqueo: se negaron a investigar el origen de la deuda, aceptaron las exigencias de las renegociaciones, y siguieron pagando. A veces, incluso se jactaron de hacerlo de modo anticipado, como en el caso del gobierno venezolano de Hugo Chávez en 2007 [9].

Notas

[1] LENIN, V.I.; El imperialismo: fase superior del capitalismo, Capítulo VI, en: http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pdf

[2] Ídem

[3] MORENO, Nahuel; Método para la interpretación de la Historia Argentina; Capítulo IV en: http://www.litci.org/es/wp-content/uploads/14_metodo_historia_argentina_1.pdf

[4] MORENO, Nahuel; op. citada; Capítulo VI.

[5] Tomado del periódico Opinião Socialista 561 sobre datos de la Auditoria Cidadã de Dívida.

[6] Ver datos en: https://www.latdf.com.ar/2013/11/evolucion-de-la-deuda-externa-de.html. El caso de la “quita de la deuda” implementada por el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina lo analizaremos más específicamente en el segundo artículo de esta serie.

[7] https://www.infobae.com/economia/2018/06/27/la-deuda-externa-crece-a-un-ritmo-de-mas-de-usd-213-millones-por-dia/

[8] https://www.infobae.com/economia/2018/08/04/la-deuda-publica-se-aproxima-al-70-del-pbi-el-nivel-mas-alto-en-12-anos/

[9] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3514968