Escala la violencia en el Ecuador, el nuevo gobierno impone una estrategia antipopular
Por: Miguel Merino (ART)
Los hechos delictivos ocurridos los días 8 y 9 de enero en el Ecuador marcan el clímax de un proceso de inseguridad y violencia que se aceleró en los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Durante dicho período se produjeron catorce terribles masacres carcelarias hasta julio del 2023, lo cual evidencia que estos centros no eran controlados por los organismos del Estado sino por las bandas de narcotráfico y delitos conexos que se disputaban poder y territorios. Los crímenes de tipo sicariato se extienden a las calles, especialmente en ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas y otras de la Costa, aunque la percepción de aumento de la delincuencia es generalizada en todas las regiones del país. En el 2023 el índice de criminalidad en el país asciende a 43 por cada cien mil habitantes lo cual nos convierte en el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo.
En los acontecimientos recientes a inicios del año se produjeron diverso tipo de atentados con bombas explosivas y balaceras que afectaron infraestructuras y espacios, tanto públicos como privados, aunque se debe señalar que muchas de las denuncias y alarmas que se denunciaron resultaron falsas, problema que ha sido calificado como una ¨guerra sicológica¨ cuyo objetivo es crear pánico en la ciudadanía.
Los dos hechos más graves en esos días fueron la captura de alrededor de ciento setenta guías penitenciarios y funcionarios en calidad de rehenes en varios de los centros de reclusión del país, y la toma del canal de televisión TC de la ciudad de Guayaquil perpetrada por parte de 13 supuestos integrantes de la banda ¨Los Lobos¨, jóvenes que fueron capturados por las fuerzas policiales sin resistencia. Esta acción fue transmitida en vivo como si se tratara de un reality show y los rostros de los detenidos se exhibieron públicamente. Casi todos eran personas muy jóvenes (dos de ellos menores de edad) provenientes de los sectores más pobres y marginales de las ciudades. Quedan varias interrogantes y dudas sobre esta acción, tras la cual se ocultan oscuros intereses y manejos políticos.
Además, se fugaron varios presos de las cárceles, siendo el caso más visible la fuga de Colón Pico de la cárcel de Riobamba. Este delincuente es una de las cabezas visibles de la banda de Los Lobos y está supuestamente vinculado a la mafia albanesa denunciada por sus nexos con el cuñado del expresidente Lasso y altos funcionarios de su gobierno (caso ¨León de Troya¨ difundido por un medio digital como ¨El Gran Padrino¨).
Lo cierto es que todas estas acciones delictivas provocaron un gran pánico en todo el país, los negocios cerraron sus puertas, las actividades educativas fueron suspendidas, la gente corría a sus casas para ponerse a buen resguardo, el tráfico en las ciudades colapsó. La respuesta del gobierno de Noboa fue la promulgación del decreto 111 declarando ¨conflicto armado interno¨ en contra de 22 grupos calificados como ¨bandas terroristas¨, que pasan a ser un objetivo militar de una ¨guerra¨ para aniquilarlas. También se decretó toque de queda en todo el país desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana por un período de dos meses. Este ambiente de miedo generalizado es el mejor caldo de cultivo para imponer medidas de corte autoritario y represivo indiscriminado, con el objetivo de neutralizar la protesta social y legitimar medidas económicas de shok como el alza del IVA, propuesta que ya fue enviada como ley con carácter de urgente para consideración de la Asamblea Nacional (Teoría del shok estudiada por Noami Klein).
La respuesta de corte bonapartista por parte del gobierno de Noboa al militarizar la seguridad pública supone serios riesgos como violaciones contra los derechos humanos, especialmente por las detenciones arbitrarias de jóvenes empobrecidos, es decir una represión con sesgos raciales y clasistas. Se les ha concedido una especie de carta blanca para actuar sin limitaciones ni recibir sanciones cuando se extralimitan e irrespetan los derechos humanos. Hay una arremetida en algunos medios y las redes sociales para restar legitimidad al discurso y a los organismos de derechos humanos.
Antecedentes cercanos
Entre los hechos recientes que permiten entender de mejor manera la situación descrita, está la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, calificado como uno de los delincuentes más peligrosos del país, jefe de la banda Los Choneros, de la penitenciaría de El Turi de la ciudad de Cuenca, en los primeros días de enero, aunque no se conoce el día exacto de la fuga. Llama la atención las circunstancias en que se produjo la misma, ya que no se ha informado ni cómo se produjo, ni porqué Fito tenía tantos privilegios y comodidades en su lugar de detención, lo cual lleva a suponer una indudable complicidad de las autoridades carcelarias nombradas por el gobierno.
Tal situación dio paso a que presidente Noboa decretara el ¨Estado de excepción¨ (decreto 110) por un período de 90 días, cuyo objetivo fundamental fue legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles y en diferentes operativos antidelicuenciales, aunque hay un informe de la Policía en que se afirma que las bandas criminales son poco organizadas y muy inestables debido a las disputas internas por sus direcciones. Esta acción estaría enmarcada dentro del Plan Fénix que el primer mandatario anunció en su campaña electoral para enfrentar el tema de la inseguridad y cuyos contenidos no han sido revelados públicamente, con la justificación de que son confidenciales.
Otro hecho muy mediático fue el caso conocido como ¨Metástasis¨, protagonizado por la Fiscal General del Estado Diana Salazar, que consistió en una serie de redadas y allanamientos que permitieron la detención de 39 detenidos vinculados a las actividades delictivas del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, supuestamente asesinado en una de las masacres carcelarias. Entre los detenidos no hay capos del narcotráfico, pero sí varios funcionarios públicos, jueces, policías y funcionarios del sector públicos. Entre ellos se destaca el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, cuya participación en esta trama no está clara, (respondería más bien al interés de suspender el concurso para el nombramiento de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y de esta manera controlar la administración de justicia como en efecto ha ocurrido).
La Fiscal Salazar estuvo muy cercana a los gobiernos anteriores de Moreno y Lasso y sobre todo a la embajada norteamericana de la cual recibió un reconocimiento público. En este sentido su labor ha estado orientada por intereses políticos, aunque los medios oficiales y los políticos vinculados a la derecha han tratado de presentarla como una heroína de la justicia y la lucha contra las bandas criminales. Sus acciones han sido muy selectivas y han coincidido con las declaraciones del embajador norteamericano en las ruedas de prensa periódicamente. En la primera habló de la presencia de narcogenerales en la policía y las Fuerzas Armadas, luego la de narcojueces y la última más reciente sobre lavado de dinero, inclusive en equipos de fútbol. El objetivo de esta declaración sería marcar una agenda política afín a sus intereses y justificar los acuerdos para la presencia de tropas y funcionarios del país del Norte en todo el territorio del país, con la justificación de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Convenios de seguridad con los Estados Unidos
La intención de suscribir convenios de cooperación militar y logística con los Estados Unidos en el período reciente no es nueva ya que en los gobiernos de Moreno y Lasso se iniciaron conversaciones y se realizaron intercambios diplomáticos y visitas de delegaciones entre los dos países. Lasso firmó un convenio cuyas cláusulas se mantenían en reserva. La intención de Noboa es llevar a la práctica la ejecución dichos acuerdos, los cuales ya fueron aprobados por la Corte Constitucional. Entre los puntos acordados están algunos como los siguientes: 1) se aplica a personal militar, civil y a contratos estadounidenses en el Ecuador para diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria. 2) Otorga privilegios al personal diplomático de los Estados Unidos, permitiendo libre circulación y exención de impuestos. 3) EEUU ejercerá jurisdicción penal sobre su personal en el Ecuador. 4) Exenciones fiscales al personal de Estados Unidos y cargos ecuatorianos. 5) Libre tránsito de vehículos militares de EEUU en Ecuador sin pago de tasas. 6) EEUU puede contratar libremente en Ecuador para sus necesidades militares. 7) Trato a contratistas estadounidenses los mismos privilegios para el personal de EEUU. 8) El personal de EEUU tiene acceso y movilidad garantizados en el Ecuador. 9) El uso del espectro radioeléctrico está permitido para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sin costo. 10) Manejo de reclamos por daños y lesiones bajo leyes de Estados Unidos, entre otras.
Se observa con claridad que la presencia militar y ¨humanitaria¨ de las tropas y el personal norteamericano que se instale en el Ecuador tendrá todas las ventajas y prerrogativas para actuar según su propia agenda. ¿No es esta una evidencia de pérdida de soberanía del Ecuador y de dominio neocolonialista que ejerce la potencia del Norte? Este tipo de acuerdos nos trae a la memoria la intervención de Estados Unidos en países como Cuba, El Salvador, Chile, Panamá, en el vecino Colombia con el ¨Plan Colombia¨, en nuestro propio país con la base de Manta. Aunque se presenten con la careta de ayuda humanitaria o combate al narcotráfico, sabemos que el interés norteamericano es preservar sus intereses económicos y políticos en la región, en el marco de una situación geopolítica mundial donde Estados Unidos va perdiendo hegemonía frente a otras potencias como la China.
Aunque todos estos hechos parecen casuales y aislados entre sí, al examinar los resultados políticos y otras experiencias internacionales, es válido plantear la hipótesis de que los mismos responden a una estrategia elaborada desde las más altas esferas del poder y cuyo objetivo fundamental no es el combate al narcotráfico sino neutralizar la protesta social y acabar con cualquier foco de insurgencia desde las clases populares. Más aún si, como planteamos más adelante, el Ecuador cumple un papel estratégico en el contexto de la geopolítica regional hegemonizada por los intereses de los Estados Unidos y sus aliados como Israel.
Causas de la escalada de violencia
La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es cómo llegamos a esta situación de extrema violencia social en diversos ámbitos y que no se reduce únicamente al enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes.
Causas estructurales. Es innegable que la raíz de la situación que atravesamos en el país se explica en última instancia por la pobreza, el desempleo, la desigualdad social y la falta de servicios básicos que sufren amplios sectores de la población y provienen de un largo proceso de colonialismo y neocolonialismo impuesto a los pueblos latinoamericanos y de otros continentes dentro del contexto del capitalismo mundial.
La economía ecuatoriana ha girado desde el siglo XIX en torno a la exportación de productos primarios agrícolas y minerales como el cacao, el banano y más recientemente el petróleo y la minería. El nivel de industrialización es muy reducido por lo cual nos hemos convertido en importadores netos de productos manufacturados, especialmente de los bienes de capital y la tecnología que adquirimos a las potencias extranjeras. Actualmente continúa el saqueo de nuestros recursos minerales y agrícolas por parte de las empresas transnacionales que cuentan con el apoyo incondicional de las potencias imperialistas y sus gobiernos.
Las crisis mundiales cíclicas y consustanciales al capitalismo han provocado varios períodos de depresión que han generado graves retrocesos y, ciertos logros alcanzados en los períodos de alza de los precios de los productos de exportación, han beneficiado a determinados sectores de la burguesía, pero no a la población en su conjunto.
La crisis mundial generada desde la segunda mitad del presente siglo, agravada por la pandemia del COVID, agudizó la situación de miseria y falta de oportunidades para los sectores más vulnerables especialmente niños, jóvenes y mujeres del campo y los barrios pobres de las grandes ciudades. Este ha sido el medio propicio para que los grupos criminales dedicados a actividades ilegales como el narcotráfico recluten a jóvenes que no estudian ni trabajan y sobreviven en condiciones precarias que no les permiten tener una vida digna.
Causas políticas coyunturales. Sin embargo, el contexto histórico estructural no es suficiente para una adecuada comprensión de la escalada de inseguridad y violencia de los últimos años. La compleja situación que atravesamos hay que entenderla también en el campo de las superestructuras políticas e ideológicas, específicamente en el análisis de las políticas estatales y públicas de los últimos gobiernos, en un contexto regional y mundial caracterizado por el auge del narcotráfico y otras actividades ilegales conexas como la venta de armas.
El Ecuador, de ser anteriormente un país de tránsito de la droga que se producía principalmente en Colombia y Perú, ha pasado a cumplir el papel de plataforma de exportación de cocaína y otras sustancias, principalmente hacia los mercados europeos, pero también asiáticos y norteamericanos. Según el periodista mexicano Oscar Balmen, estudioso del tema, en los últimos 7 u 8 años, las bandas de narcotraficantes de la región decidieron modificar su participación en el tablero internacional del crimen organizado, tratando de dominar los puertos más importantes del país, especialmente Guayaquil, aprovechando su posición geopolítica en el tráfico de las drogas que actualmente se realiza en un 70 a 80% por vías marítimas a nivel mundial.
Bandas nacionales como Los Choneros y otras buscaron asociarse a las mexicanas como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, también colombianas, venezolanas y europeas, para aprovechar las condiciones de puertos como el de Guayaquil, el cual se conecta con los mercados de Asia, tiene una posición equidistante entre el hemisferio Norte y el Hemisferio Sur y es receptor de un tercio de la cocaína y la marihuana que se comercializa a nivel internacional. Esta vinculación entre bandas ecuatorianas y mexicanas se dio no solamente en términos económicos sino también en las formas de operar caracterizadas por métodos de extrema violencia que rayan en la crueldad.
Es así como las bandas delictivas se toman el control de las prisiones, se infiltran en varias instituciones de seguridad y captan base social aprovechándose de la debilidad del Estado. En el 2018 el gobierno de Lenin Moreno da un giro hacia una conducción abiertamente neoliberal del Estado. Con el argumento de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit fiscal, propicia un desmantelamiento de varias instituciones públicas, entre ellas algunas encargadas de la seguridad como el Ministerio de Justicia, el Ministerio coordinador de la Seguridad, la Secretaría de Inteligencia, a la vez que se reduce el presupuesto de instituciones y programas sociales orientados a sectores vulnerables como mujeres, niños y jóvenes. Se abonó así el terreno para que las bandas criminales se infiltraran con mayor fuerza en instancias claves del Estado como la Policía, las Fuerzas Armadas, las cárceles, la justicia y otras, a través del dinero sucio obtenido en las actividades ilegales, al punto que varios analistas han señalado que en este período se conforma un ¨narcoestado¨.
Frente al avance de la criminalidad y la delincuencia, la única respuesta del Morenato fue la clásica política de mano dura, encargando la ejecución de la misma a miembros activos y pasivos de las llamadas fuerzas del orden y mediante los decretos de excepción. El gran levantamiento indígena y popular de Octubre del 2019 que tuvo una respuesta sangrienta del gobierno, sirvió para reforzar la política de mano dura esta vez focalizada en contra del movimiento indígena y otros movimientos sociales, lo cual constituyó el terreno propicio para el fortalecimiento y la diversificación de las bandas criminales.
El gobierno derechista y neoliberal de Lasso continuó y agudizó la política de supuesta mano dura de Moreno frente a la inseguridad y la delincuencia, pero sin dotar a las fuerzas policiales de los insumos y el presupuesto adecuado para sus operativos. Decretó varios estados de excepción donde la policía y las Fuerzas Armadas intervenían en las cárceles, capturaban armas, celulares y sustancias no permitidas, hacían ruedas de prensa para publicitar sus logros y luego de cierto tiempo volvían a producirse hechos similares.
El gobierno de Lasso profundizó el modelo neoliberal de Moreno y su gestión se encaminó a debilitar las empresas públicas para desacreditarlas y justificar su privatización. También priorizó el ajuste fiscal y el incremento de la reserva monetaria para pagar la deuda y mostrar buenas credenciales ante los organismos internacionales como el FMI. La inversión extranjera anunciada para generar empleo no se dio y la inversión social fue reducida a lo mínimo. No pudo desmentir las denuncias de corrupción en las más altas esferas de su gobierno por la venta de cargos públicos y la vinculación de su cuñado, el banquero Danilo Carrera, en estos actos y con la mafia albanesa, hecho que fue aprovechado por las cúpulas policiales para imponerle su agenda.
En junio del 2022 se produce un nuevo levantamiento indígena y popular que fue duramente reprimido, pero como seguía creciendo el gobierno de Lasso apeló a un supuesto diálogo con las organizaciones indígenas y sociales, donde se firmó acuerdos que no se cumplieron. Ante su inoperancia e impopularidad Lasso se vio obligado abandonar el cargo antes de tiempo; disolvió la Asamblea mediante el mecanismo constitucional de la ¨muerte cruzada¨, dejando al país en un estado de postración económica, política y moral.
Un nuevo gobierno de derecha llega al poder
En las elecciones anticipadas de diciembre del 2023 e inicios del 2024 se impone de manera sorpresiva el joven candidato Daniel Noboa, perteneciente a una de las familias más ricas del país, vinculada entre otros negocios a la exportación de banano. Al igual que el resto de candidatos ofreció mano dura contra la inseguridad y la violencia. En este marco ha resuelto convocar a una consulta popular de 19 preguntas, la mayoría de las cuales tienen que ver con dicho tema. Son preguntas obvias destinadas a obtener legitimidad política, pero resultan inoficiosas, según los entendidos en el tema, ya que no se necesita una consulta popular para implementarlas. Se refieren a temas como la intervención activa de las Fuerzas Armadas y a dotarlas de mayores atribuciones para la lucha contra las bandas criminales que ya están contempladas en la Constitución o pueden ser aprobadas y tramitadas por la Asamblea Nacional. Una de las preguntas busca la legalización del contrato por horas que atenta contra la estabilidad y otros derechos laborales.
Lo más trascendente de su gestión en estos primeros meses de su gestión es la presentación de leyes emergentes de carácter económico, dos de las cuales ya fueron aprobadas por una amplia mayoría de la Asamblea Nacional, gracias a un acuerdo político del gobierno y su bancada con la Revolución Ciudadana (correísmo) y el Partido Social Cristiano.
La primera de estas leyes es la de ¨Reactivación Económica y generación de empleo¨ que se refiere a la condonación de intereses y multas a los tributantes morosos, siempre que paguen el capital. También se autoriza el establecimiento de zonas francas para impulsar la exportación sin mayores trabas y el otorgamiento de incentivos a las empresas que contraten nuevo personal joven (hasta 29 años).
La siguiente fue la Ley Energética que, con el pretexto de la crisis que vive el sector eléctrico por los apagones programados ante el estiaje y la falta de previsión del gobierno anterior, promueve la participación del sector privado en la generación y busca en último término la privatización de este sector estratégico.
La tercera es la subida del IVA en tres puntos, del 12 al 15%, supuestamente para financiar el costo de la guerra interna contra los grupos terroristas, lo cual será una carga impositiva para todos los consumidores que afecta la economía de los sectores de menos recursos. Esta ley ha provocado un mayor debate social y político y deberá ser discutida por la Asamblea.
También ha sido enviada una nueva ley sobre la extinción de dominio referida al tema de los bienes confiscados por delitos de narcotráfico y corrupción, para que pasen a manos del Estado con menos trabas burocráticas, la cual sería aprobada por la Asamblea Nacional sin mayor oposición.
Alternativas frente a la inseguridad y la violencia
La estrategia de mano dura consistente en la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas en las cárceles y en las calles de las zonas más conflictivas del país, aplicada por los gobiernos anteriores, no ha dado los resultados esperados, puesto que continúan escalando la delincuencia, los crímenes por sicariato, los motines carcelarios, los secuestros, las extorsiones y toda la secuela de dolor y miedo que esta situación trae aparejada. El problema del narcotráfico, pese a la publicidad que hacen los medios sobre las continuas capturas de drogas que realiza la policía, no sólo que no está controlado, sino que se ha fortalecido y el consumo de sustancias prohibidas crece y se apodera de todos los sectores y estratos de la sociedad, en especial de los jóvenes.
Por eso, como movimiento político consideramos que la solución de fondo está en los cambios estructurales del sistema capitalista semicolonial que domina en países como el Ecuador. Sin embargo, es necesario plantear salidas más mediatas que nos permitan acumular fuerzas desde una perspectiva socialista y popular. Planteamos las siguientes propuestas para el debate:
– Legalizar y regular el uso de ciertas drogas menos letales como la marihuana y la cocaína a fin de arrebatarle a las bandas del narcotráfico el gran incentivo que significan las millonarias ganancias que genera por su carácter ilegal, tal como ocurrió en los años 20 del siglo pasado con el negocio del alcohol.
– Impulsar la autoorganización popular, especialmente en los barrios y comunidades, a través de asambleas democráticas donde las decisiones se tomen colectivamente.
– Exigir a las entidades estatales correspondientes que doten a los barrios y comunidades de una infraestructura adecuada como unidades policiales, iluminación, transporte público y vías de acceso adecuadas que limiten la acción de los delincuentes.
– Ejecutar una depuración a fondo de la policía y las instituciones encargadas de la seguridad para evitar la infiltración de elementos de las bandas criminales y evitar la corrupción al interior de sus filas. También se debería repensar el papel de las Fuerzas Armadas, puesto que las mismas no cuentan con la formación para enfrentar la delincuencia.
– Exigir que las entidades de investigación y sanción del delito de lavado del dinero obtenido en las actividades ilegales y vinculadas al crimen organizado sean investigadas y sancionadas con todo el rigor de la ley.
– Rechazar la decisión del gobierno de no acatar el pronunciamiento de la consulta popular para no explotar el crudo del Yasuní-ITT y su política a favor del extractivismo, la cual no solamente provoca graves afectaciones ambientales, sino que incrementa la violencia y la conflictividad social.