Elecciones anticipadas ponen en evidencia la crisis política y social del Ecuador
El tema dominante de la coyuntura política son las elecciones para designar Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la República y a los 137 representantes que integrarán la Asamblea Nacional.
Por: Miguel Merino (ART)
Esta situación, inédita en la historia del Ecuador, responde a la decisión del Presidente Lasso de aplicar la llamada “muerte cruzada”, medida contemplada en el artículo 148 de la Constitución, por la cual el ejecutivo procedió a la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones de las máximas autoridades políticas del país, hasta que termine el período para el cual fueron elegidas las actuales.
Lasso adoptó esta medida que le obliga a dejar el poder después de seis meses, ante su probable destitución en el juicio político que se tramitaba en la Asamblea Nacional, donde estaba acusado de peculado. Mientras tanto, gobernará mediante decretos-leyes de urgencia económica que deberán contar con el aval de la Corte Constitucional.
Consultas populares sobre explotaciones petrolera y minera
En las elecciones convocadas para el 20 de Agosto, también se realizará una consulta popular sobre la explotación petrolera en el ITT- Yasuní, asunto pendiente desde hace diez años y donde los ecuatorianos decidiremos si estamos de acuerdo en que el petróleo existente en el bloque 43 quede bajo tierra de manera indefinida. Este tema es muy polémico y enfrenta a quienes plantean que explotar ese crudo es necesario para el desarrollo económico del país, frente a comunidades indígenas y movimientos ecologistas como “Yasunidos” que argumenta la necesidad de mantener sin contaminación a una de las reservas naturales más biodiversas del Ecuador y del mundo y espacio donde habitan los Tagaeri y Taromenane, los últimos pueblos del Ecuador que viven en aislamiento voluntario. Esta disyuntiva va más allá del tema ambiental, pues nos cuestiona sobre el modelo de desarrollo que debe adoptar el país en los próximos años, ya que las reservas petroleras se agotarán dentro de pocos años. La minería, a más de su grave impacto ambiental y social, tampoco significa una alternativa económica a la explotación petrolera.
En la provincia de Pichincha se realizará además una consulta popular conocida como “Quito sin minería” promovida por organizaciones, colectivos y gente de las poblaciones del Norooccidente de Quito, con el objetivo de que se prohiba la minería metálica a escala artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el Chocó Andino, que es uno de los últimos bosques de Quito. La zona del Chocó Andino comprende las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto y Mindo. En caso de ganar el SI, la consulta no detendrá a las mineras que ya están operando en 12 concesiones, pero impedirá que el Estado entregue nuevos proyectos mineros.
Contexto social de las elecciones
El proceso electoral en curso se realiza en un contexto de profunda crisis social que puede ser calificada de multisistémica, ya que es no sólo política sino económica, ética y moral, ambiental y en este momento, lo más sentido por la población, es la crisis de la violencia y la inseguridad que azotan al país. Así se entiende que el problema principal que todos los candidatos ofrecen solucionar es el de la inseguridad.
Algunas cifras que ilustran la crisis social son los siguientes:
– 25 muertes violentas por cada cien mil habitantes y sigue en aumento
– 5.9 millones de personas viven en pobreza y extrema pobreza
– 25 por ciento de los niños sufren de desnutrición crónica
– Solamente el 34 por ciento de la población cuenta con empleo adecuado
– Unos 300 ecuatorianos son detenidos a diario en los Estados Unidos tratando de ingresar ilegalmente.
Esta situación forma parte de la crisis del capitalismo mundial que viene desde el 2007 y el 2009, agravada en los años recientes por la pandemia del covid 19 y la invasión de Rusia a Ucrania. Sus causas son complejas y de diversa índole. Entre ellas podemos señalar las causas políticas inmediatas y las histórico-estructurales. Entre las primeras, es evidente que los gobiernos neoliberales, como los de Moreno y Lasso, son responsables de haber agudizado problemas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad.
Entre las causas estructurales podemos a su vez diferenciar entre las causas externas como la crisis del sistema capitalista mundial, afectado por fenómenos como la sobreproducción y su contraparte el subconsumo, debido a la reducción de la demanda de productos por las masas empobrecidas. También por una tendencia a la caída en las tasas de ganancia en algunas ramas industriales y la desproporcionalidad en la producción. Otro fenómeno que se sigue acrecentando es la llamada financierización de la economía que significa el dominio del capital financiero especulativo, ahora alimentado por negocios delictivos e ilegales como el narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas, realidades que alimentan el crecimiento de la violencia social a escala mundial.
Entre las causas internas podemos mencionar la dependencia económica y política del país frente a las potencias imperialistas y la penetración de grandes empresas transnacionales, el modelo mal llamado de “desarrollo” primario-exportador, basado en la explotación de pocos productos agrícolas y mineros como el petróleo y la enorme desigualdad entre clases sociales, amalgamadas con fenómenos que acentúan la desigualdad y la pobreza como el racismo, el machismo, el regionalismo, la homofobia, entre otros.
Significado de las elecciones
Desde la perspectiva de la teoría crítica marxista, las elecciones que se realizan en el marco de la democracia formal o burguesa, son el espacio donde las distintas fracciones y sectores de la burguesía dirimen sus diferencias para alcanzar el poder político del Estado. Es así como los partidos políticos y los candidatos que representan a las clases dominantes realizan campañas costosas y demagógicas donde ofrecen el oro y el moro, anuncian un baratillo de ofertas, los candidatos se venden como si fueran mercancías y escriben planes que nunca van a cumplir. En la actualidad, lo determinante en los resultados es el uso de una serie de recursos mediáticos que apelan no a la razón sino a la emoción o al subconciente de los electores, tratando de captar su voto. Esto no significa que los partidos que representan a los trabajadores y los sectores populares se abstengan de participar en los espacios electorales para plantear sus programas y propuestas, denunciar las injusticias del sistema dominante y promover a sus propios candidatos.
Caos político y despelote electoral en el Ecuador
El proceso electoral que estamos atravesando los ecuatorianos se caracteriza por la improvisación, la ausencia de partidos políticos ideológicos bien estructurados y un caos institucional que en en nada favorece un voto consciente e informado. Las elecciones anticipadas no significarán ningún cambio significativo ni en las políticas de estado, ni en la composición de la Asamblea Nacional. La mayor parte de la ciudadanía no confía en los políticos ni en los partidos, lo cual se refleja en la apatía o inclusive el rechazo de muchos ciudadanos hacia la llamada “clase política”. Hay casos de organizaciones como la Izquierda Democrática y Pachakútik que habiendo obtenido buenos resultados electorales en las elecciones del 2021, hoy se encuentran fragmentadas por las posiciones diferentes frente al gobierno de Lasso y no han podido inscribir candidatos propios para los próximos comicios. Aunque la mayoría de comunidades de base de la CONAIE respaldaron la candidatura de Leonidas Iza, para la presidencia de la República, él declinó su candidatura ante las posiciones oportunistas y los manejos turbios de los ex-dirigentes de Pachakútik.
Para optar por la presidencia y vicepresidencia de la República se han inscrito ocho binomios, la mayoría de los cuales responde a partidos políticos fantasmas calificados como de alquiler, con figuras poco reconocidas e improvisadas, en el marco de un caos institucional donde ninguna de las instituciones fundamentales del Estado funciona adecuadamente. Por eso se habla de que hay candidatos sin partido y partidos sin candidatos.
De los ocho binomios la mayoría se ubican en el campo de la derecha neoliberal y provienen de grupos empresariales. Tal es el caso de Otto Sonnenholzner, ligado a la radiodifusión, las telecomunicaciones y otras ramas económicas como la pesca. Está auspiciado por la Alianza Actuemos conformada por los partidos SUMA y AVANZA.
Jan Tópic, quien se promueve como un experto en seguridad por haber combatido como mercenario en conflictos internacionales, e intenta generar la imagen de ser el “Bukele ecuatoriano”. Hijo del empresario Tamislav Tópic, se desempeña como Presidente de Telconet, empresa fundada por su padre, quien estuvo investigado por lavado de dinero en el marco del caso Odebrech durante el período correista. Según registros de la Superintendencia de compañías es administrador de ocho empresas y accionista de siete compañías. Está apoyado por el Partido Social Cristiano, representante histórico de la derecha y de un sector de la oligarquía guayaquileña.
Daniel Noboa Azín, es administrador de negocios, político y empresario ecuatoriano, relacionado con el sector bananero. Hijo del empresario Álvaro Noboa Pontón, uno de los hombres más ricos del Ecuador, dueño de empresas no sólo bananeras sino de otras ramas de la economía y quien fue candidato a la presidencia en seis ocasiones. Se halla auspiciado por Acción Democrática Nacional y otros movimientos de alquiler.
Xavier Hervas, es un empresario y político ecuatoriano que posee acciones en siete empresas, principalmente en Novaalimentos, exportadora de brócoli, y otras empresas del sector agroindustrial e importador. Participó en las elecciones anteriores como candidato de la Izquierda Democrática, obteniendo un sorpresivo cuarto puesto gracias a la hábil utilización de las redes sociales, en especial tik-tok. Ahora corre por el movimiento RETO (antes PODEMOS del político azuayo Paúl Carrasco).
En estos cuatro casos los candidatos se posicionan claramente dentro de la tendencia de la derecha neoliberal y empresarial. Menos claro es el caso del candidato Fernando Villavivencio, cuya trayectoria se inició en el sindicalismo de Petroecuador, luego perteneció a Pachakútik y se refugió en la comunidad amazónica de Sarayaku cuando fue perseguido por el gobierno de Correa; finalmente buscó apoyo en partidos de derecha como CREO y SUMA, para ser candidato parlamentario. En el período que concluyó con la disolución de la Asamblea Nacional, se desempeñó como miembro de dicho organismo, constituyéndose en uno de los defensores más visibles del gobierno de Lasso. Sus posiciones son ahora de extrema derecha pues apela a la represión de las luchas sociales a través de los aparatos represivos del Estado. Está auspiciado por el Movimiento Construye de la ex-ministra del gobierno de Moreno, Paula Romo, quien fue enjuiciada por la Asamblea Nacional por ser la principal responsable de la violenta represión ejercida contra los participantes del paro nacional del 2019. Como primer candidato a la Asamblea Nacional, Construye ha inscrito el General en retiro Patricio Carrillo, quien fue el hombre de confianza de Romo en la dirección de la policía y luego fue nombrado ministro de Seguridad en el gobierno de Guillermo Lasso.
Luisa González, es una abogada y política de la provincia de Manabí y se desempeñó en varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa (2007 – 2017). Es la única mujer propuesta a la presidencia y su compañero de fórmula es Andrés Aráuz, quien fue candidato a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana en el año 2021, pero paradójicamente, sus posiciones respecto a derechos de la mujer como el aborto, son muy conservadoras.
Haciendo un balance de los diez años de gobierno de Rafael Correa y su programa de gobierno, podríamos caracterizar a este movimiento como la expresión de una burguesía desarrollista que busca la modernización del atrasado capitalismo ecuatoriano, pero a costa de la explotación de los trabajadores y los recursos naturales. En lo político el gobierno de Correa se caracterizó por el autoritarismo, el control de todos los poderes del Estado y la criminalización de la lucha social, especialmente del movimiento indígena y los líderes críticos a su gestión.
Yaku Pérez, es un político y abogado oriundo de la provincia del Azuay, proviene del sector campesino de esta provincia. Ha tenido una activa participación como activista ambientalista por el derecho al agua y como líder político del movimiento indígena desde Pachakútik. Fue presidente de la Ecuarunari del 2013 al 2019, Prefecto del Azuay en 1919 y candidato a la presidencia de la República por Pachakútik en el 2021, habiendo alcanzado el tercer lugar en la primera vuelta con escaso margen de diferencia respecto a Guillermo Lasso. Se retiró de Pachakútik por las diferencias políticas internas que surgieron al interior de este movimiento y fundó su propio grupo llamado “Somos Agua”. Ahora es nuevamente candidato para la presidencia y cuenta con el auspicio de Unidad Popular y el Partido Socialista que forman parte de la izquierda electoral. También lo apoya Democracia Sí, agrupación dirigida por Gustavo Larrea que ha transitado por diversas tiendas políticas como el correísmo y mantiene posiciones más bien centristas y cercanas a sectores de derecha. Su programa no busca cambios estructurales sino reformas que mejoren el funcionamiento del capitalismo; su mayor diferencia con el resto de candidaturas es la oposición al extractivismo minero y petrolero, pero su discurso en este período más bien ha retrocedido, pues declaró que en caso de llegar a la presidencia reconocerá a las empresas petroleras y mineras que operan legalmente.
Nuestra opción es el voto nulo en las elecciones anticipadas
En conclusión, ninguna de las candidaturas y partidos que están en competencia por alcanzar el poder ejecutivo o legislativo, representa los intereses y reivindicaciones de la clase trabajadora y los sectores oprimidos. La llamada democracia representativa es una ficción, ya que finalmente quien pone los candidatos no son los trabajadores y el pueblo sino los grupos con poder económico y político con capacidad para sostener campañas millonarias y demagógicas. De allí que nuestra posición como ART es por el voto nulo en las elecciones de agosto. Sin embargo, más allá de un voto nulo o crítico, lo fundamental es continuar la lucha en contra de las políticas entreguistas y neoliberales del actual gobierno, que a través de los decretos-leyes de emergencia económica continúa con su propósito de garantizar las ganancias de los grupos dominantes, entregar los recursos naturales y las empresas públicas al sector privado y descargar la crisis sobre los hombros de las clases medias y populares. Es necesario que los trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes, ecologistas y demás movimientos sociales nos movilicemos por el empleo, por los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, la defensa del Seguro Social, contra las privatizaciones de las empresas públicas, contra el extractivismo minero y petrolero y la defensa del presupuesto para educación, salud y la obra pública, entre otros.
Nuestra posición frente a la consulta popular sobre la explotación petrolera en el ITT
Frente a la consulta popular que plantea dejar de explotar el bloque petrolero 43 del parque nacional Yasuní y que el petróleo permanezca bajo tierra de manera indefinida, nuestra posición es votar por el SI y apoyar esta iniciativa que surgió hace más de de una década. Hay varias razones para hacerlo, la más obvia es preservar la rica biodiversidad de la zona y los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en ella. Pero hay otras razones muy importantes de índole social, económica y cultural.
Desde la perspectiva económica, el argumento fundamental del gobierno y los grupos empresariales que se oponen a dejar de explotar el petróleo son las pérdidas económicas que sufriría la economía ecuatoriana. En concreto, se argumenta que el país dejaría de percibir 1.200 millones de dólares anuales y 13.800 millones aproximadamente en los próximos 20 años. Sin embargo, el Econ. Carlos Larrea, académico estudioso del tema, señala que estas cifras corresponden al valor de las exportaciones, pero no a los ingresos que recibe el Estado, porque no se toma en cuenta el costo de la extracción del petróleo que es de aproximadamente 35 dólares por barril. Además, el cálculo está hecho bajo el supuesto de que el precio del barril es de 60 dólares en promedio, lo cual no es un cálculo realista, porque el promedio de venta histórico ha sido de 51 dólares por barril. Por último, existe una declinación acelerada de la producción y de las reservas petroleras, considerando además que el crudo extraído es pesado y actualmente se extrae más agua que petróleo. Si tomamos en cuenta este conjunto de factores, lo que ingresa efectivamente al Estado por la explotación del bloque 43, dice Larrea, asciende a 257 millones de dólares anuales, es decir cinco veces menos de lo que señala Petroecuador y los voceros del gobierno. Deberíamos preguntarnos adicionalmente: ¿a quienes ha beneficiado o beneficia principalmente la actividad petrolera: al pueblo ecuatoriano como se publicita en los discursos oficiales o a las empresas que se dedican a este negocio?
Otra pregunta de fondo que debemos plantearnos los ecuatorianos es qué alternativas económicas existen frente a la explotación petrolera y minera, es decir frente al modelo extractivista que ha dominado en el país desde la década de los 70 del siglo pasado. Existen dos vías alternativas diferentes pero complementarias. La primera es aprovechar las maravillas naturales y culturales del país para impulsar actividades como el turismo, la agricultura campesina y la investigación científica de nuestros recursos naturales. La segunda alternativa es un modelo social y económico orientado a la justicia social y la redistribución de la riqueza. Un ejemplo concreto que ilustra esta meta lo plantea la Econ. Vilma Salgado, con las siguientes cifras: el monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios a los empresarios en el año 2021 fue de 6.6.338 millones de dólares. Los ingresos por explotación del bloque 43 del ITT en el período 2023-2055, a valor presente, suman 4.883.1 millones de dólares. Concluye Vilma Salgado: el total de ingresos por la explotación del ITT en 33 años no alcanza para cubrir los beneficios tributarios concedidos por el Estado a los particulares en un solo año. En tras palabras, si no se concedieran exoneraciones y beneficios a las empresas que más ganan y pagaran sus tributos legalmente establecidos, alcanzaría y hasta sobraría dinero para cubrir la no explotación del ITT.
El tema ambiental está muy vinculado con las realidades económico-productiva, la laboral y la étnico-étnico, que se convierten en ejes transversales de la lucha de clases. Por consiguiente, en nuestra lucha para poner fin al sistema capitalista y reemplazarlo por un sistema socialista es necesario que tomemos en cuenta tales realidades.
