Ecuador se debate entre la crisis social, el caos político, la violencia y la reacción popular
Contexto mundial. La compleja situación socioeconómica y política que vive el Ecuador debe ser entendida en el contexto mundial, caracterizado por una crisis del orden capitalista e imperialista, en el marco de una nueva división internacional del trabajo.
Por: Miguel Merino S. (Articulación Revolucionaria de los Trabajadores – ART – Ecuador)
La crisis de acumulación capitalista tiene causas de fondo como la sobreprodución, la tendencia a la caída en la tasa de ganancia y la desproporcionalidad entre diversos sectores de la producción. Esta situación se expresa en fenómenos como la estanflación (estancamiento con inflación) en casi todas las regiones del planeta. La pandemia del Covid ha profundizado problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Con la agudización de la crisis se han agravado fenómenos como el deterioro ambiental a niveles alarmantes que se hallan en un punto de no retorno. También las opresiones de diverso tipo como la violencia contra las mujeres, el racismo y la opresión contra las nacionalidades en varios países del mundo. La invasión rusa a Ucrania es la expresión de las contradicciones interimperialistas, especialmente entre la OTAN y Rusia, convirtiendo a la región de Eurasia en el epicentro de la lucha de clases a nivel mundial. Pese a la superioridad militar de Rusia, el pueblo ucraniano ha demostrado una capacidad de resistencia heroica y pone al orden del día principios fundamentales como la defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Luego de un año en el poder, el gobierno neoliberal y de derecha de Guillermo Lasso se ha alineado claramente a favor del imperialismo, especialmente norteamericano e israelí (en materia de seguridad), y se ha sometido a los dictámenes de organismos multilaterales como el FMI. En su gestión socioeconómica se evidencian dos tendencias fundamentales:
1) El fortalecimiento y el crecimiento de la burguesía, especialmente financiera, ligada a la banca, pero también las fracciones importadora y exportadora, esta última parcialmente afectada en los últimos meses por la invasión rusa a Ucrania. En el 2021 la economía ecuatoriana creció en 4,2%. Este aumento responde sobretodo al consumo de los hogares que varió en el 10,2%. Las actividades económicas que más crecieron fueron: refinación de petróleo (23,9%), alojamiento y servicios de comida (17,4%), acuicultura y pesca de camarón (16,2%), transporte (13,1%), comercio (11%, sobretodo por aumento de importaciones). Las exportaciones de camarón, pescado, flores y minería alcanzaron récords históricos, no así las de petróleo crudo, banano, café y cacao que se redujeron. Un factor importante que explica el aumento en el consumo de los hogares son las remesas de los migrantes que en el 2021 ascendieron a 4.362 millones de dólares, cifra récord en las estadísticas del Banco Central desde hace tres décadas. Otro factor que incidió fue el crecimiento del crédito.
La banca tuvo un notable aumento de sus utilidades del 65% hasta noviembre del 2021. Uno de los bancos que mayores utilidades reportó fue el Banco de Guayaquil, del presidente Lasso, que ocupa el segundo lugar en activos. El Banco del Pacífico, activo del Estado que el gobierno puso en venta, cayó del tercero al décimo lugar, pero de todas maneras generó ganancias por más de 5 millones de dólares.
Para el 2022 el BCE (Banco Central del Ecuador) ha estimado un crecimiento del 2,8%, es decir menor al del 2021, incremento que se daría por el aumento de inversiones privadas y públicas; se mantienen las mismas tendencias por sectores antes señaladas.
2) La crisis social se mantiene y en algunos temas se agudiza. Este hecho se manifiesta en problemas como el desempleo, el subempleo, el trabajo informal (solamente una tercera parte de la población activa cuenta con trabajo adecuado), cuyas cifras han mejorado muy levemente pese a la reactivación económica pregonada por el gobierno (Lasso dice que en su periodo de gobierno el empleo aumentó en 350 mil nuevos trabajadores. Sin embargo, el IESS desmiente esta cifra al afirmar que los nuevos trabajadores afiliados al IESS son solamente 85.000).
El sector de salud sigue atravesando una fuerte crisis pese a la reducción ostensible de la pandemia del Covid, gracias a la vacunación masiva, el único aspecto positivo que el gobierno puede presentar de su mandato. Miles de médicos que estuvieron laborando en la primera línea por la pandemia han sido despedidos. Es muy grave el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos, lo cual ha provocado diversas y continuas protestas de los enfermos afectados por esta situación. La situación en el IESS continúa deteriorándose debido a que el gobierno no ha pagado la deuda que mantiene con esta entidad y su déficit es de alrededor de 2 mil millones de dólares solamente en el rubro de la salud. Si tomamos en cuenta todos los rubros, como el fondo de pensiones jubilares, la deuda asciende a 8 mil millones. Se trata de una quiebra premeditada a fin de justificar su futura privatización.
En el tema de la educación se mantienen grandes carencias en su infraestructura y servicios básicos (se ha denunciado que el 40% de los establecimientos educativos de carácter público no cuentan con servicios adecuados de agua y alcantarillado). Los maestros continúan sin las remuneraciones mínimas que les corresponden en su calidad de trabajadores del sector público y según la LOEI, ley aprobada por la Asamblea al finalizar el periodo de Moreno. Las universidades también han sido afectadas por la reducción del presupuesto.
Políticas socioeconómicas del gobierno
En este tema el gobierno aplica los recetarios clásicos del neoliberalismo, como la desregulación por parte del Estado, la reducción del presupuesto y de las inversiones sociales y productivas del Estado con el pretexto de disminuir el déficit fiscal, la privatización de las empresas públicas, especialmente en los sectores de energía y telecomunicaciones, las empresas petroleras, las eléctricas, el CNT. También están en la lista de las privatizaciones la venta del Banco del Pacífico (Lasso anunció que se lo hará en las próximas semanas y para nadie es desconocido que adquirir el Banco del Pacífico es una vieja aspiración del Banco de Guayaquil), la concesión para la administración de carreteras y de la la infraestructura estatal en general.
Otra linea central en la política neoliberal del gobierno es la apertura comercial hacia el extranjero, donde se busca firmar tratados comerciales, especialmente con potencias imperialistas como China y Estados Unidos, pero también con países como México, Corea del Sur, Israel (en este caso, el objetivo fundamental de las negociaciones es asesoramiento en temas de seguridad). La apertura indiscriminada a los productos de otros países (aperturismo bobo), trae efectos muy nocivos para los pequeños productores, especialmente los pequeños productores agrícolas y artesanales.
Además se privilegia la relación con organismos internacionales como el FMI, cumpliendo fielmente sus condicionamientos a fin de continuar recibiendo los desembolsos pendientes acordados desde el 2020 por el gobierno de Moreno. El país recibirá desembolsos de USD 4.500 millones de dólares de algunos organismos multilaterales de crédito en el 2022, según anuncio del actual gobierno.
Adicionalmente está la profundización del modelo extractivista promocionando la inversión extranjera sobretodo minera y petrolera, es decir buscando la entrega de las riquezas del país a las grandes empresas transnacionales.
También corresponde a la concepción neoliberal el debilitamiento de la inversión estatal en obras de infraestructura y en el campo social.
Una de las consecuencias de las políticas de falta de regulación y control del Estado sobre la economía es la subida en el precio de productos como los combustibles, los artículos importados y las productos de primera necesidad.
Crisis política y desbarajuste de las instituciones estatales
Luego de que el gobierno rompió el acuerdo inicial con el Partido Social Cristiano (PSC) y la UNES correísta para el nombramiento de las autoridades de la Asamblea, se forja una alianza con Pachakútik y la Izquierda Democrática que permite colocar a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea y el reparto de las demás las autoridades. Sin embargo, este pacto no le funcionó al gobierno pues no logró que la Asamblea apruebe la Ley de Inversiones ni la Reforma Laboral, piezas claves del modelo concentrador de la riqueza en los grandes monopolios, aunque sí logró la aprobación de la Ley Tributaria (gracias a la abstención del bloque correista), que significa más impuestos que golpean especialmente a la clase media. Además, dicho acuerdo ha provocado división y conflictos al interior de la ID y PK. Llori acaba de ser destituida (1 de junio) pese a que se aferró al cargo con el apoyo del régimen gobernante y sectores de la justicia. Su conducción en este período se caracterizó por su servilismo al gobierno y la paralización de la Asamblea Nacional que no logró funcionar con normalidad por varias semanas.
Pero los conflictos no solo ocurren entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional sino también al interior de la función Judicial donde hay un fuerte enfrentamiento entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, evidenciando que la justicia es un botín en disputa entre el gobierno y otras fuerzas políticas con poder. También al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano rector de la nueva función llamada de transparencia y Control Social, existe una fuerte división; el gobierno intervino en el mismo logrando controlar a sus autoridades. Instituciones que anteriormente gozaban de cierto prestigio como las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran gravemente afectadas por escándalos de corrupción e infiltración de las mafias, como se reveló en casos como la destrucción del radar de Montecristi a pocos días de instalado, la denuncia de los narcogenerales, la captura de gran cantidad de droga en la base aérea de Manta, o el caso de Don Naza, ex miembro de las FFAA, promotor de captación ilegal de dinero y cuyo asesinato aún no ha sido aclarado.
En síntesis, estamos frente a una institucionalidad estatal desbaratada, lo cual conduce a su deslegitimación frente a la ciudadanía que no cree en las instituciones públicas, ni en partidos ni líderes políticos, pero tampoco en la política en general. Este fenómeno de la antipolítica genera un efecto de despolitización ciudadana y explica en parte la falta de participación activa en las movilizaciones y protestas organizadas por los sectores sociales más afectados por las medidas del gobierno.
Desate de la violencia social
Durante el primer año de gobierno de Lasso la violencia social se ha disparado de manera exponencial en todos los ámbitos. La crisis más grave es la existente en los centros carcelarios donde se han producido cinco masacres internas que significaron 276 personas asesinadas en el período actual. La respuesta del gobierno ha sido militarizar los llamados centros de rehabilitación social, colocando a policías y militares como autoridades responsables, sin ningún resultado visible.
Los crímenes y la violencia en las calles bajo la forma de sicariato también han experimentado un fuerte incremento, especialmente en Guayaquil y las provincias de la Costa. En el 2021 se registraron 1772 crímenes y 1180 muertes violentas en los primeros cuatro meses del 2022, cifra muy superior a la del 2021 en el mismo período, con un alza de casi 160% en un año. El índice de criminalidad en el Ecuador es de 14,06 muertes por cada 100 mil habitantes, registrando la tercera alza más significativa en la región. Este fenómeno es atribuido por el oficialismo a la presencia y el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes con conexiones internacionales. Pero el fenómeno de la creciente violencia social va mucho más allá del tráfico de drogas y el lavado de dinero. Son alarmantes las cifras y el aumento de los feminicidios, de los suicidios especialmente entre los jóvenes, de la violencia intrafamiliar agravada con la pandemia.
Las causas de esta situación son varias y complejas, pero lo que el discurso oficial elude es analizar el contexto social capitalista caracterizado por el agravamiento del desempleo, la informalidad, la miseria, la falta de acceso a la educación, a la salud, la carencia de servicios básicos que afectan sobretodo a mujeres y jóvenes de los barrios populares y del área rural. Así mismo, la ausencia de políticas sociales adecuadas por parte del Estado que más bien han sufrido recortes presupuestarios y de personal significativos. En su reciente informe a la nación, la única alternativa que el presidente Lasso ha ofrecido frente a la inseguridad y el desempleo, es incorporar a 30 mil nuevos efectivos a las filas de la policía y el ejército, ignorando las raíces estructurales del problema y preparándose para la represión frente a la protesta social que seguirá en aumento, provocando muy probables estallidos sociales.
Otro aspecto relacionado con la violencia, del cual poco hablan las autoridades y los grandes medios, es la infiltración de las mafias ilegales en las más altas esferas del Estado, especialmente de los aparatos represivos como Policía y Fuerzas Armadas, así como en la función judicial, espacios donde la corrupción se extiende y la inmunidad campea.
La lucha de clases: entre el descontento y la ausencia de dirección política
Pese al temor suscitado por la pandemia, la criminalización de la lucha social implementada desde gobiernos anteriores y el fortalecimiento de los aparatos represivos a fin de controlar la lucha social, se han realizado en este último periodo múltiples acciones de protesta (plantones, movilizaciones, demandas, eventos académicos y culturales), por parte de diferentes sectores afectados por la crisis y las políticas neoliberales. Entre ellas podemos mencionar las de los campesinos de la costa (arroceros, bananeros), los productores de leche en la Sierra, las comunidades afectadas por la acción depredadora de empresas mineras y petroleras. Ha sido muy dura la lucha de los maestros agrupados en la UNE que recientemente realizaron una sacrificada y dura huelga de hambre, logrando que el Tribunal de Garantías Constitucionales fallara a su favor. También la del personal de la salud afectado por los despidos, los enfermos que no acceden a medicamentos y atención adecuada en los hospitales públicos, los jubilados frente a la situación del IESS, los estudiantes universitarios en defensa del presupuesto educativo.
Otra lucha muy destacada ha sido la de las mujeres por la despenalización del aborto en caso de violación y contra la violencia machista que se visibilizó sobretodo en las masivas marchas del 8 de marzo pasado, algunas de las cuales fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Adicionalmente, se han realizado varias movilizaciones protagonizadas por los trabajadores sindicalizados afectados por la flexibilización laboral y por un nuevo Código del Trabajo. Fue un logro importante la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional para más de 300 luchadores sociales perseguidos por la justicia a causa de su defensa del agua y el medio ambiente, la resistencia contra la minería, el levantamiento de Octubre del 19 y otras protestas por derechos y demandas específicas de grupos diversos, pese a la oposición beligerante del ejecutivo y grupos de ultraderecha.
Sin embargo estas luchas han sido parciales y no han logrado articularse en una protesta general. Aunque existe un malestar generalizado en la mayoría de la población frente a la situación descrita y la inoperancia del gobierno, no se ha producido una reacción social que esté acorde a la gravedad de la situación.
La causa principal de este estado de cosas es la falta de dirección y liderazgo de las organizaciones sociales más representativas como el FUT y la CONAIE, pero fundamentalmente de los partidos y movimientos políticos de izquierda que carecen de una estrategia clara y propositiva frente al sistema de opresión capitalista y ante el régimen gobernante. Además, la mayor parte de los movimientos y partidos políticos están afectados por la división y la ausencia de una democracia interna al interior de sus filas. El FUT ha perdido fuerza por su política ambigua frente al gobierno, con el cual se supone que lleva adelante un proceso de diálogo, sin ningún resultado concreto hasta el momento que beneficie a los trabajadores.
La CONAIE, la organización más representativa del movimiento indígena en los últimos años, sufre una grave división y debilitamiento debido a la intervención del gobierno de Lasso al haber entregado la dirección de la Asamblea Nacional a PK en la persona de Guadalupe Llori, la misma que ha utilizado su cargo para obtener favores políticos y colocar en puestos públicos a gente de su confianza. Acaba de ser destituida por una mayoría de la Asamblea, pero cuenta con el apoyo del ejecutivo y de la fiscalía. El sector más crítico de la CONAIE, liderado por Leonidas Iza, ha convocado a una movilización general para oponerse a las políticas neoliberales de Lasso desde mediados de junio. Es difícil saber si la ciudadanía responda a este llamado por el clima de incertidumbre y temor que reina en el ambiente, pero es indudable que las condiciones objetivas están dadas para que se produzca un nuevo estallido social.
La tarea de las organizaciones que nos decimos revolucionarias, como Articulación Revolucionaria de los Trabajadores (ART), es seguir trabajando incansablemente por la unidad, la organización y la movilización de la clase trabajadora, bajo un lineamiento político que mantenga su autonomía frente a las diferentes fracciones de la burguesía que pugnan por el poder.
Otra tarea fundamental que nos corresponde a las organizaciones revolucionarias es la de propaganda y la elaboración de un programa que arranque de las necesidades de las masas, pero tenga claro que su enemigo fundamental es el imperialismo. Con estas armas podemos lograr el complejo desafío de construir un partido de cuadros, conformado por las luchadoras y luchadores más destacados del proletariado y la juventud que estén en capacidad de garantizar una salida revolucionaria a las luchas sociales en ascenso.
