Ecuador | La ART condena el asesinato de Fernando Villavicencio y responsabiliza al gobierno de Lasso por la ola de violencia y la inseguridad crecientes en el país.
El lamentable y cobarde asesinato contra el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, es una evidencia más de la profunda crisis política y social que sacude al país, caracterizada por la inseguridad, la violencia, la corrupción y la incapacidad del Estado para cumplir con sus funciones fundamentales.
Las preguntas que todos los ecuatorianos nos hacemos ante este hecho execrable es cómo se explica que un político tan polémico, amenazado de muerte y que supuestamente era el hombre más protegido del país, haya quedado tan expuesto a las balas de los sicarios. La otra pregunta de cajón es: ¿quién o quiénes mandaron a matar a Villavicencio? Recordemos que poco antes de su muerte sus intervenciones centrales estuvieron enfocadas no solamente en contra del correísmo sino contra las bandas y mafias delicuenciales y su vinculación con la policía. Los hechos demuestran que las bandas delictivas internacionales y nacionales están incrustadas en los más altos niveles de poder, en las principales instituciones del Estado y también en los negocios. Resulta muy difícil establecer una separación entre lo legal y lo ilegal.
Fernando Villavicencio se identificó en su juventud con la izquierda revolucionaria, fue dirigente sindical de Petroecuador, posteriormente perseguido por el gobierno de Correa debido a sus denuncias de corrupción y la respuesta de su gobierno ante la revuelta policial del 11 de septiembre del 2010. Sin embargo, su posición política e ideológica cambia diametralmente, se pasa a las filas de la derecha, convirtiéndose en consejero de Lasso y en uno de sus mayores aliados en la cesada Asamblea Nacional.
Su crimen, sumado a otros como el del exalcalde de Manta, tiene efectos políticos muy perniciosos, tales como favorecer el discurso de sectores autoritarios, generalmente identificados con la extrema derecha, que plantean mano dura, bala y represión como la única manera de enfrentar la delincuencia, menospreciando las causas estructurales de este fenómeno y la defensa de los derechos humanos. Otra consecuencia muy negativa es agudizar el sentimiento de temor, impotencia e incertidumbre en la mayoría de la población, debilitando una actitud de protesta y lucha contra las injusticias de la sociedad capitalista.
El asesinato de Villavicencio patea el tablero electoral en el cual se enfrentan cuatro candidatos claramente identificados con grupos empresariales y la derecha neoliberal (Sonnenholzner, Tópic, Noboa y Hervas) y la candidata correísta Luisa González, que expresa una propuesta neodesarrollista y modernizante del sistema capitalista neocolonial que domina en el Ecuador. El candidato Yaku Pérez, candidatizado por algunos sectores de la izquierda electoral y reformista, no plantea un programa de cambios estructurales que responda a los trabajadores y las clases populares, sino una tibia propuesta de defensa del medio ambiente.
Sin embargo, más allá de las elecciones, lo que ningún candidato enfrenta en este momento es la política entreguista, neoliberal y antipopular del gobierno de Lasso. En el marco de una campaña caótica y apurada, ningún candidato se refiere a la política privatizadora del gobierno actual. Por ejemplo, al reglamento que permitirá que la energía eléctrica sea instrumentada para priorizar el pago de las empresas de generación privada, mientras el pago a las empresas públicas es relegado al último lugar. O a las negociaciones que el gobierno adelanta con las grandes empresas de telecomunicaciones como Claro y Movistar que dominan este gran negocio de las telecomunicaciones. O la venta del Banco del Pacífico que se maneja con mucho secretismo. O la nueva ronda de negociaciones petroleras en el sur del oriente ecuatoriano. O la entrega de nuevas concesiones a las grandes mineras extranjeras sin escuchar el clamor de los pueblos afectados por la contaminación.
Otro tema muy grave son las reformas que se pretenden realizar a la Ley del Seguro Social a cargo de una comisión nombrada por el gobierno, conformada por economistas neoliberales y vinculados a organismos como el Banco Mundial, que plantean solucionar la crisis aumentando el periodo de la jubilación y otras medidas que afectan a los trabajadores. Mientras tanto, la deuda impaga al IESS por parte del gobierno y sectores empresariales sigue en aumento a costa de la pésima atención y la falta de medicamentos e insumos básicos que sufren los afiliados. También resulta muy grave la política contra los trabajadores afectados por los despidos, la inestabilidad y condiciones de trabajos cada vez más precarias.
Tampoco hay alternativas de las candidaturas y sus partidos de papel sobre el pago de la deuda externa, la sumisión al FMI y la penetración de diversos organismos norteamericanos e israelitas en los planes y los organismos de seguridad del Estado. En general, ninguno se refiere a los cambios estructurales necesarios para enfrentar temas medulares como el hambre, el desempleo, la desigualdad y la inseguridad.
En consecuencia, como ART hemos planteado que no apoyaremos a ninguno de los candidatos y grupos políticos que compiten en estas elecciones y nuestra decisión es anular el voto.
En relación con las consultas populares sobre la extracción petrolera en el Yasuní-ITT y el Chocó Andino, nuestra posición es votar SÍ, en la consulta nacional, a favor de conservar el petróleo o crudo bajo tierra en el bloque 43, conocido como ITT; y, SÍ en las cuatro preguntas sobre la prohibición de cualquier minería en el Chocó Andino que se realizará en el Distrito Metropolitano de Quito.
La tarea fundamental en esta etapa tan dura para las clases populares del Ecuador, es continuar la lucha contra las injustas estructuras sociales de un capitalismo salvaje y decadente, dominado por mafias de todo tipo. Y por consiguiente cada vez más violento. Esta lucha debe estar orientada por un programa revolucionario para poner fin al capitalismo y construir una nueva sociedad socialista. En el tema de la seguridad nuestra propuesta para enfrentar el tema de la inseguridad es la legalización y la regularización de las drogas menos letales como la marihuana, quitándole el atractivo de las grandes ganancias y, lo más importante, impulsar la organización popular para enfrentar la delincuencia, porque está claro que los aparatos de seguridad del Estado no tienen capacidad para cumplir dicha tarea.
