Manifiesto de Articulación Revolucionaria de los Trabajadores (ART)        

¡Ni Arauz ni Lasso, ni Correa ni Nebot son una alternativa popular en las elecciones del 11 de abril!

¡Anular el voto y continuar en la lucha por la transformación social es nuestra propuesta!

¡A conformar un bloque popular de resistencia contra el neoliberalismo y el extractivismo! 

Anular el voto es la opción más digna y consecuente para las clases populares en las elecciones del 11 de abril. Mientras más nulos logremos conseguir restaremos la legitimidad de cualquiera de las dos opciones represivas. Ni Guillermo Lasso de la alianza CREO-Partido Social Cristiano, ni Andrés Arauz de UNES (correismo) representan los intereses ni cumplen con las aspiraciones de la clase trabajadora y los sectores oprimidos del país. Al contrario, son la expresión política de los grupos más poderosos de la burguesía que dominan la economía, el Estado y los grandes medios de comunicación. Aunque entre las dos candidaturas existen algunas diferencias sobre el papel del Estado en la economía, las fuentes de financiamiento de los programas sociales o la política internacional, ambas buscan mantener y fortalecer el sistema capitalista e imperialista y el modelo extractivista-primario exportador, que son la causa fundamental de la dependencia, la desigualdad social, la pobreza, el desempleo y la falta de derechos de las grandes mayorías.

Guillermo Lasso es un representante directo de la burguesía financiera y la derecha conservadora del país, ya que es el dueño del Banco de Guayaquil, el segundo más grande del país y tiene vinculaciones con paraísos fiscales en países extranjeros. Su acceso a la segunda vuelta carece de legitimidad, ya que se halla bajo la sospecha fundada de un fraude electoral denunciado por el Movimiento Pachakútik en perjuicio de su candidato Yaku Pérez. En su trayectoria política está el haber sido gobernador de Guayas en el gobierno de Mahuad y luego superministro de Economía, siendo uno de los mentores y beneficiarios del feriado bancario de 1999 que provocó el empobrecimiento y la emigración de millones de ecuatorianos al exterior. Fue nombrado embajador itinerante para coordinar las relaciones con Estados Unidos en el antipopular y entreguista gobierno de Lucio Gutiérrez, el mismo que fue derrocado por la rebelión popular de los “forajidos”. En el levantamiento de octubre de 2019 estuvo a favor de la represión al pueblo. Su propuesta está claramente alineada con los postulados del neoliberalismo, es decir que acatará fielmente el recetario y las condiciones impuestas por organismos financieros internacionales como el FMI, dando prioridad al pago de la deuda externa antes que, a dotar de un presupuesto adecuado a la salud, la educación y el bienestar social de los ecuatorianos más desposeídos. También tratará de privatizar las pocas empresas estratégicas que le quedan al Estado para entregarlas al lucro privado.

Andrés Arauz es el candidato del correísmo, que gobernó al país durante una década (2007-2017) e impuso en el poder al actual gobierno de Lenin Moreno. Este régimen, luego de la ruptura política con el correísmo, adoptó plenamente las políticas neoliberales impuestas por los grandes empresarios y el imperialismo norteamericano y ha tenido un manejo desastroso y genocida ante la pandemia. Arauz reivindica la gestión de Correa, quien no cumplió con los cambios estructurales y menos aún revolucionarios o socialistas que prometió en su discurso inicial. La bonanza petrolera de los primeros años de su gobierno dio paso a la modernización del capitalismo a través de algunas obras de infraestructura como carreteras y plantas hidroeléctricas, pero profundizó el modelo extractivista primario exportador, la entrega de nuestros recursos a empresas extranjeras, principalmente chinas. Durante su mandato, se mantuvo sin mayores variaciones la injusta estructura socioeconómica, en que la banca y los grandes los grupos monopólicos resultaron los más beneficiados.  Además, fue un régimen autoritario que concentró en sus manos todos los poderes del Estado, irrespetando su autonomía. El correismo atentó contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los sectores de oposición y criminalizó la protesta social. También se caracterizó por la presencia de graves casos de corrupción en la contratación de la obra pública.

Estamos atravesando uno de los procesos electorales más caóticos en la historia política del país, caracterizado por denuncias de fraude electoral, de corrupción, la eliminación e inclusión arbitraria de algunos candidatos, el excesivo número de partidos y movimientos que causan confusión y desinterés en el electorado, enfrentamientos y divisiones al interior de los organismos electorales. Esta situación es una clara demostración de la crisis y la decadencia de la llamada democracia representativa, en la cual los candidatos mejor posicionados son los que cuentan con el apoyo y el financiamiento de los grupos económicos más pudientes y manipulan los procesos políticos a su antojo. Es una falsa democracia diseñada por la clase dominante burguesa para controlar el poder político y mantener sus privilegios económicos.

Frente a esta situación de profunda crisis social y política, agudizada por una pandemia que no logra ser controlada a nivel mundial, nuestra propuesta como ART es por el VOTO NULO en la segunda vuelta. Pero más allá de lo que ocurra en las urnas, lo fundamental es retomar el camino de la movilización, la organización y la lucha permanente por la transformación social. Es necesario rescatar las enseñanzas de la gran insurgencia popular de octubre del 2019, en la cual se demostró que la única forma de frenar las políticas antipopulares de un gobierno entregado a la banca y el imperialismo es la movilización y la protesta.

Planteamos la unidad de la clase trabajadora y los movimientos sociales que luchan contra las opresiones étnicas, raciales, de género y otras, a través de la conformación de un gran frente de resistencia contra el neoliberalismo y el extractivismo, como lo plantea el manifiesto por el voto nulo del Pueblo Kitu Kara, en torno a una plataforma de lucha que debe ser construida con la participación activa de las diversas organizaciones sociales y populares.

Los ejes fundamentales de dicha plataforma son la salud, la educación, la reactivación productiva para generar empleo, los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y negros y la participación democrática en las decisiones de la vida política del país.

Entre los puntos que proponemos como más urgentes están los siguientes:

– En salud: vacunación masiva, universal y gratuita para toda la población, sin privilegios. Presupuesto prioritario para la salud a fin de atender la pandemia y las demás enfermedades que han sido relegadas por la emergencia.

En educación: internet gratuito y dotación de computadoras para todos los estudiantes de los sectores populares del campo y la ciudad. Apoyo a las reformas progresivas planteadas en la LOEI, especialmente el mejoramiento de los salarios a los docentes y sus derechos a la recategorización, jubilación a los 30 años de trabajo, capacitación y estabilidad laboral, incluida la seguridad social para los maestros de la educación popular y comunitaria. Fortalecer y brindar autonomía al sector de la educación intercultural bilingüe.

Reactivación económica y productiva: No pago de la deuda externa hasta superar la crisis económica y sanitaria, priorizando el presupuesto para la salud, la educación y la seguridad social del conjunto de la población. Orientar la economía hacia la recuperación de los pequeños productores, especialmente la economía de las mujeres de sectores populares y la economía popular solidaria del campo y la ciudad. Reactivación de la economía productiva, dando prioridad a la pequeña y mediana economía campesina rural que es la que provee de alimentos a la población ecuatoriana. Dejar sin efecto la carta de intención firmada por el gobierno ecuatoriano con el FMI. Rechazo a las privatizaciones y a la firma de los tratados de libre comercio que afectan a los pequeños y medianos productores y a la economía comunitaria. Derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria y respeto irrestricto a los derechos laborales conculcados por dicha ley.

Derechos humanos y participación democrática: recuperar y garantizar el respeto a la organización, a los derechos de resistencia social, de protesta y movilización. Medidas económicas, políticas y culturales eficaces para combatir la violencia y discriminación de las mujeres y el racismo hacia los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Aplicación inmediata de los resultados a la consulta popular contra la mega minería del Azuay. Cese de la persecución a las y los dirigentes que participaron en las movilizaciones de octubre del 2019 y juicio político al gobierno actual y sus ministros por delitos de lesa humanidad.