En muchos materiales sobre la dictadura militar, en general se hace referencia al derrocamiento de Jango Goulart, casación de derechos políticos, persecución a los combativos estudiantes o a los grupos que resolvieron adherir a los métodos de la lucha armada. Nunca hacen referencia a la violenta represión y masacre a los trabajadores en las fábricas, lugares de trabajo y/o vivienda.

Por: Cesar Neto

En 1964 se creó el IPM (Investigación Policial Militar) en el que los militares, al servicio de las empresas perseguían, intimidaban, arrestaban a los trabajadores. Hay muchos casos que comprueban esa práctica. Un caso emblemático es el de los trabajadores de la empresa Belgo Mineira.

En la Belgo, en Monlevade, el IPM fue una orden del general de brigada Carlos Luis Guedes, comandante del IC/4. El 4 de abril de 1964, como consecuencia de esa IPM, el 1° teniente del Ejército, Amaro Zacarias Gorgozinho fue nombrado interventor del sindicato. El capitán Claudio Clementino reunió a los trabajadores en la sede del sindicato y les dijo que fuesen a la empresa y pidiesen las cuentas. Aquellos que no aceptaron fueron llamados a la delegación de policía para cerrar las cuentas rescisorias. El balance de esas medidas, según un informe militar, fue: “… luego del movimiento revolucionario del cual resultó la intervención militar en el Sindicato y la posterior nominación de una Junta Gubernativa por la DRT, con la consecuente destitución de su directorio, el clima en Monlevade viene siendo restablecido, en el sentido del buen orden, y del honesto debate entre empleados y empleadores. Debemos registrar aún, que el ritmo de producción y el ambiente de trabajo son muy diferentes de aquellos inspirados por el Sindicato y realizados por los llamados ‘delegados de secciones’, los cuales formaban verdadero ‘soviet’, intimidando e insuflando huelgas o injustificadas exigencias”.

Otro caso es el de la Volkswagen en São Bernardo do Campo, que tenía entre sus empleados a un alto oficial del Ejercito Nazista y ex comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, localizados en Polonia, donde se calcula que fueron asesinadas entre 600.000 y 700.000 personas. Este era Franz Paul Stangl, que trabajó en la empresa Volkswagen, en el Brasil, sin cambiarse el nombre y, según la Volks, ejerciendo la función de mecánico. ¿Lo pueden creer?

Pues bien, en el mismo período de la presencia de Franz Paul Stangl, en la Volkswagen se estructuró la Seguridad Patrimonial, dirigida por el coronel del Ejército, Adhmar Rudge. Y poco tiempo después fue preso, en su puesto de trabajo, Lúcio Bellantani, llevado al Departamento de Seguridad de la empresa, donde allí mismo comenzó a ser torturado. Eso ocurrió en 1972. Esa historia es contada en el documental disponible en Youtube, “Como a Volkswagen Colaborou com a Ditadura”. La Volkswagen también fue responsable por organizar un grupo de represión en la región del Valle de Paraíba, además de monitorear reuniones del naciente PT y también de perseguir militantes de la extinta Convergencia Socialista.

La poderosa denuncia contra la Cía. Docas de Santos

Después de más de cinco años de investigación liderada por los trotskistas Antônio Fernandes Neto, que trabajó como bagrinho de la estiva[1], y la profesora de la Universidad Federal de Roraima, Adriana Gomes Santos, fue entregado, el último 26 de junio, al Ministerio Público Federal, en Brasilia, un dossier con más de 170 páginas de denuncias contra la Cía. Docas de Santos y su sucesora, la Codesp. Junto con la denuncia se entregaron 3.000 páginas de documentos, entre las más de 10.000 páginas analizadas por los investigadores.

El contenido de la denuncia y pruebas

Las denuncias van desde el papel de articuladores y financiadores del Golpe de Estado, prisiones en masa, invasiones de sindicatos, destitución de directorios y nombramiento de interventores, hasta la utilización de empleados y vehículos de la empresa para prender a dirigentes sindicales. Incluso el IPM de Orla do Cais, que interrogó a más de 400 trabajadores y procesó a 125, fue realizado dentro de la sala del jefe de personal. Durante los años ’70, en el auge de la dictadura, el Departamento de Vigilancia de la empresa impuso el terror en la Orla do Cais, arrestando, golpeando y hasta quemando con cigarrillos a los trabajadores en las dependencias de la propia empresa.

Las ventajas conseguidas por las Docas con el golpe de Estado

Con el golpe de Estado y los directorios sindicales destruidos, los combativos dirigentes presos o perseguidos, la Cía. Docas de Santos, junto con la Marina y los pelegos[2] negociaron el Acuerdo Colectivo de 1965, que quitó todos los derechos históricos de los trabajadores. Incluso hasta las conquistas de 1937 y 1958 fueron revocadas. ¿Derecho adquirido? Los trabajadores no tenían derechos durante la dictadura. Con eso, los trabajadores perdieron adicionales de horas extras, salario lluvia[3], pago por cuba[4], adicional de jubilación, entre otras conquistas.

En 1972, con el clima de terror en las fábricas, los patrones imponían condiciones degradantes de trabajo, y en ese mismo año el Brasil fue considerado el Campeón Mundial en Accidentes de Trabajo. La Cía. Docas de Santos en ese período presentaba índices de dos a tres veces superiores a la media nacional. Una verdadera masacre que fue silenciada por el terror del gobierno dictatorial en connivencia con la empresa.

El Informe de Directorio entregado a los accionistas en 1965 no dejaba dudas de que ya en los primeros años de la represión a los trabajadores la empresa obtuvo ganancias astronómicas. Vean una parte del dicho Informe: “De la supresión de esos diferentes adicionales resultó, en el ejercicio, reducción global de 33% para los usuarios del puerto. Este hecho merece todo destaque, pues desconocemos cualquier otro servicio o mercadería cuyos precios hayan sido reducidos en tal bulto en el año 1965”.

La Cía. Docas de Santos y su sucesora Codesp monitorearon a sus trabajadores y a la propia ciudad

La Cía. Docas de Santos fue concesionaria del Puerto de Santos durante 90 años, en los cuales estaba obligada a pagar impuesto de renta, ISS, IPTU, y etc. En 1980, terminó el contrato de concesión del puerto y quien lo asumió fue la Cía. Docas del Estado de San Pablo –Codesp.

Durante dos décadas, por los menos las Docas inicialmente, y la Codesp después, pusieron espías en reuniones sindicales. Tal práctica fue constatada en el lanzamiento del Partido de los Trabajadores, en los monitoramientos a la Convergencia Socialista, y hasta el de una exiliada argentina, Grisel Sacramoni. Para monitorear a la exiliada, un infiltrado de la Codesp frecuentaba reuniones sociales en las casas de amigos de esta enfermera. Es decir, la Codesp, sucesora en todos los sentidos de las Docas, al monitorear a Grisel colaboró con la Operación Cóndor. La referida operación fue una articulación de las policías políticas del Cono Sur.

Terrorismo de Estado, empresarios y militares

¿Estado terrorista? Eso mismo. En la medida en que los Estados poseen y controlan el monopolio de la violencia, es el Estado quien tiene las condiciones para utilizar esa violencia a capricho de aquellos que estuvieren gobernando. La Revista Amnistía Política y Justicia de Transición, publicada por el Ministerio de Justicia, explica que: “Al servicio del Estado están aparatos represivos fuertemente entrenados y armados, como las policías y fuerzas militares. En la estructuración de esos aparatos se presenta una organización burocrática con varias y complejas ramificaciones, un conjunto ideológico que justifica sus acciones, un fuerte sentimiento corporativo y una racionalidad instrumental que atraviesa todas sus instancias”.

Cuando el poder del Estado, teniendo a su disposición todo el aparato represivo, actúa sobre un determinado sector social, sindical y/o político estamos frente al enfrentamiento desproporcionado de fuerzas. Los agentes públicos que cometen crímenes apoyados en la organización estatal, muchas veces se miran en el espejo y dicen: “mis actos son la garantía de los valores sociales”.

En la misma revista se afirma que: “Esto queda claro cuando se visualiza el ejemplo de las dictaduras latinoamericanas en los años ’60 y ’70. Torturar, asesinar, desaparecer con los restos mortales, castigar, exilar, anular derechos, despedir, monitorear, censurar los medios de comunicación y difamar a personas que eran tenidas como subversivas o aún peor, comunistas, eran acciones practicadas por el Estado y justificadas como una especie de guerra santa contra el comunismo internacional y una amenaza a los valores cristianos y familiares. Teorías como la Doctrina de Seguridad Nacional fueron detalladamente elaboradas y repasadas en cursos, preelecciones, legislaciones y publicaciones”.

De ese modo, el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, que fueron constituidos para la defensa del territorio nacional contra fuerzas extranjeras, pasan a articularse para enfrentar al “enemigo interno”, esto es, a los trabajadores, el pueblo pobre y los propios brasileños.

Dos ejemplos: Argentina y África del Sur, y una lección

En la Argentina, la lucha contra resquicios/permanencias de la dictadura es una constante. Mientras aquí recién hicimos la segunda denuncia contra una empresa, allá son veintisiete empresas procesadas, o en vías de serlo. El ejecutivo de una empresa de ómnibus, La Veloz, fue condenado. Hay denuncias muy consistentes contra la Ford y la Mercedes Benz. Hasta empresas del llamado agronegocio están siendo juzgadas, como es el caso de la productora de yerba mate Las Marías. Esos procesos de acusación conseguidos por los argentinos, o sea, responsabilizar a las empresas por los crímenes cometidos durante la dictadura son importantes, pues las empresas ganaron y continúan ganando con la explotación y la violencia contra los trabajadores.

El otro ejemplo es el de África del Sur. Terminado el período de segregación racial, el apartheid, ya en el gobierno de Nelson Mandela, se instituyó la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. ¿Será posible reconciliar a torturadores y torturados? ¿Asesinos y familiares de asesinados? Pues bien, al actuar así, el Estado sudafricano no castigó con el rigor necesario a los torturadores y asesinos del pueblo negro. Y el resultado de esa “conciliación” es que esos agentes del Estado terrorista siguieron impunemente. Hoy hay organizaciones de ex policías que venden servicios represivos. La falta de casas lleva a las ocupaciones de edificios públicos y de terrenos baldíos. La justicia determina la salida de los ocupantes y los dueños contratan empresas de paramilitares para desalojarlos. Una de esas empresas es la RED ANT (www. http://red-ants.co.za/), u Hormigas Rojas, un ejército de desempleados y ex presidiarios, comandados por ex miembros del aparato represivo estatal. Muy bien armados, con uniformes rojos, entran en los edificios o terrenos ocupados sembrando el miedo, el terror, practicando todo tipo de violencia, incluso matando y desalojando a las familias pobres. Otro ejemplo es la Masacre de Marikana, donde el Estado sudafricano puso todo su aparato represivo al servicio de una empresa minera de capital inglés que resultó en el asesinato de 34 trabajadores. Vean el video Miners Shot Down. El aparato represivo era tan grande que ya antes de que la masacre comenzara tenían cuatro coches fúnebres esperando los posibles difuntos.

La lección de todo esto es que al no enfrentarse con el Estado Terrorista, al no denunciar a las empresas y los militares, la estructura represiva sigue y seguirá intacta. La denuncia contra la Cía. Docas de Santos, entre varios objetivos tiene el de levantar esa discusión y actuar en el sentido de la defensa del básico derecho de los trabajadores y del pueblo pobre de luchar por sus derechos elementales, por el derecho a una vida digna.

Notas

[1] Se denominaba bagrinhos a los que movían la mercadería del puerto en los embarcaderos del puerto de Santos durante las décadas del ’60 y el ’70 pasadas, que no estaban sindicalizados y que usaban una libreta de trabajo prestada por un estibador para poder trabajar, ndt.

[2] Pelego significa piel de cordero (pellejo) y es una palabra utilizada en el Brasil para denominar a una persona que es dominada por otra y persuadida a hacer cosas sin su propia voluntad. De todos modos, la interpretación más conocida de esta palabra surgió la década de ’30 con la Ley de Sindicalización, y se refería a los dirigentes sindicales que eran de confianza del gobierno y que servían como nexo entre los sindicatos y el Estado. Durante la última dictadura militar adquiere una nueva interpretación que es la usada hasta hoy y que se refiere a los dirigentes sindicales que actúan en pro del gobierno y no de los trabajadores. Entonces, un pelego es aquel visto como un traidor, un cobarde y un oportunista, ndt.

[3] Salario lluvia se refiere al salario que debía ser pago cuando por los días de lluvia un obrero no podía trabajar, ndt.

[4] Pago por cuba (cubagem) es aquel adicional que se otorgaba por la cantidad de peso acarreado y el volumen de dicha carga, ndt.

Traducción: Natalia Estrada.