El Presidente estimula las quemas y el desmonte en la región.
Por: Gilberto Marques
Una foto recorrió el Brasil y el mundo en los últimos días: el fotógrafo brasileño Araquém Alcântara fotografió un tamanduá mirim [oso hormiguero pequeño] saliendo de un área de quema en la Amazonia brasileña. El pequeño animal estaba con parte del cuerpo quemado y ya ciego por cuenta del fuego. Al sentir la presencia del fotógrafo, de inmediato se irguió, quedando de pie y abrió los brazos.
Las quemas crecieron vertiginosamente en el transcurso de 2019. Eso, asociado a la política y las declaraciones de Jair Bolsonaro, “ensañó” aún más a los latifundistas, que resolvieron promover el “día del fuego”. Convocado para el 10 de agosto en el área de la BR-163 (Cuiabá-Santarém) y región, fue un acto orquestado para apoyar y llamar aún más la atención de Bolsonaro. Parte de la convocatoria, en redes sociales, fue publicada por el diario Folha do Progresso, del municipio de Novo Progresso, el 5 de agosto. Resultado: estallido de las quemas en diversos municipios amazónicos el día 10 de agosto.
En los 26 días del mes de agosto, las imágenes de satélites analizadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE – organismo gubernamental) constataron 26.795 focos de quemas en la Amazonia, muy por encima de la media histórica de los últimos 21 años, siendo que desde 2010 ese número no sobrepasaba 22.000 focos.
La política de Bolsonaro de tierra arrasada
Las quemas son la consecuencia de un conjunto de políticas que vienen siendo implementadas desde gobiernos anteriores, incluyendo los petistas, pero que fueron criminalmente intensificadas en el actual gobierno. Regulación de tierras robadas [con títulos de propiedad falsos] y construcción de megaemprendimientos (como las hidroeléctricas) vienen siendo impuestas a la región hace mucho tiempo, pero particularmente retomadas desde los años 2000.
Con Jair Bolsonaro se extinguió el Ministerio del Trabajo (que debía combatir el trabajo esclavo, entre otros), se confirmó la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario (en teoría responsable por políticas de reforma agraria) y se intentó extinguir el Ministerio del Medio Ambiente. Como no se consiguió ese último intento, el presidente “predador” cortó el presupuesto, desestructuró y vació el Ministerio del Medio Ambiente, e incluso nominó al ministro Ricardo Salles, una figura patética, para aplicar la política de tierra arrasada, o sea, de la motosierra.
De las 27 superintendencias del Ibama [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables], 19 no tuvieron nominación de sus superintendentes. En la Amazonia Legal solo Mato Grosso recibió nominación para su dirección. Las acciones de fiscalización del Ibama cayeron 58% entre enero y abril de este año, en la Amazonia Legal la caída fue de 69%. Altamira, en el Pará, mayor municipio del Brasil (y del mundo) y uno de los que más desmonta, cuenta con solo un fiscal del Ibama.
Como si eso no bastase, Bolsonaro embistió contra la Funai [Fundación Nacional del Indio] con la intención de retirarla del Ministerio de la Justicia y pasarla al Ministerio de la Agricultura, dominado por el agronegocio y por su ministro Tereza Cristina, conocida como reina del agrotóxico. Hasta junio de 2019 el gobierno liberó el uso de más de 262 agrotóxicos en el Brasil, algunos de los cuales están prohibidos en la mayoría de los países. Además de provocar cáncer y otras enfermedades, parte de ellos mata las abejas, insecto fundamental en la polinización de las selvas.
El objetivo es ampliar el dominio del latifundio sobre la Amazonia e impedir nuevas demarcaciones de tierras indígenas, de reforma agraria y de preservación ambiental. En realidad, es más que eso: se busca revertir esas demarcaciones, reduciendo las áreas e imponiendo la presencia del agronegocio y de las mineras sobre esas tierras.
Frente a la negativa repercusión de las quemas en la Amazonia, Bolsonaro intentó culpar a las ONGs, acusándolas de prender fuego en la región. Fue muy malo para él, que pasó a enfrentar fuertes críticas y actos en el Brasil y en el exterior contra su política. Entonces, tuvo que anunciar acciones de combate a las quemas. El pronunciamiento en red nacional fue acompañado de “cacerolazos” contra el presidente en diversas ciudades del país.
Incluso así, la política general del gobierno permanece igual, lo que es acompañado por sus aliados. En reunión con los gobernadores de la Amazonia Legal (que envuelve los Estados de la región Norte, más el Mato Grosso y el Maranhão), Bolsonaro cuestionó la política de reservas ambientales y áreas indígenas, diciendo que ellas inviabilizan el país. En respuesta a una afirmación de su aliado gobernador del Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), el presidente afirmó: “Muchas reservas tienen aspecto estratégico. Alguien programó eso. El indio no hace lobby, no habla nuestra lengua y consigue hoy en día tener 14% del territorio nacional. Una de las intenciones es inviabilizarnos”. Por su parte, el gobernador, a pesar de no admitir la intención de tomar los territorios indígenas dejó clara la intención de saquear las riquezas ahí existentes: “No queremos tierras de indios, queremos las riquezas que están ahí”. Eso coincidió con la intervención proferida días antes por Alexandre Vidigal, secretario de Geología, Minería y Transformación Mineral del Ministerio de Minas y Energía, diciendo que el tema tiene que ser tratado sin “ideología en la mesa”: “La cuestión no tiene que ser si la tierra es indígena o no, sino cuál mineral se quiere aprovechar para suplir la demanda global”.
Datos del desmonte
El Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) constató entre agosto de 2018 y julio de 2019 un crecimiento exponencial del desmonte en la región amazónica (vea la línea roja en el gráfico a continuación), período que coincide con la asunción de Bolsonaro en la corrida presidencial del año pasado, su elección y los siete primeros meses de su gobierno.
Fuente: imazon.org.br
El propio Imazon hizo un relevamiento de los municipios con mayor cantidad de áreas deforestadas. Al identificar esos municipios en el mapa de la región, queda clara la dinámica de expansión del latifundio y el agronegocio sobre la selva. El desmonte parte de las áreas ya consolidadas con esas actividades (Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Sur del Maranhão y Sudeste del Pará) y se intensifica en las áreas de expansión (destacada en la figura a continuación).
Fuente: imazon.org.br
Frente a esta imágenes de satélite, el Imazon colocó los datos en el mapa, generando la figura que sigue, que demuestra los puntos de deforestación y degradación en la Amazonia, en julio de 2019. Es asustador. Muchos dirán que quema y desmonte no son novedad en la región. Es verdad. Pero el grado en que se intensificó en los últimos meses debe despertar nuestra indignación y reacción.
Fuente: imazon.org.br
Pero el Imazon es una ONG y el presidente abrió guerra contra las ONGs. Entonces, ¿qué decir sobre imágenes satelitales, incluso de la NASA (Agencia Espacial de los Estados Unidos)? ¿Qué cuestionar sobre el INPE, organismo de pesquisa del Estado brasileño? Si los datos no son aquellos que el aprendiz de dictador gustaría ver, él busca desacreditarlos y forjar otros favorables a su política.
Por eso, Bolsonaro sustituyó al presidente del INPE (Ricardo Galvão) y está contratando un nuevo sistema de monitoreo del desmonte de la región, ahora por medio de una empresa privada, cuando eso ya es hecho por el instituto gubernamental.
El INPE trabaja con dos sistemas de monitoreo a partir del análisis de las imágenes de satélite. El Prodes analiza el desmonte en medio y largo plazo, midiendo las tasas anuales de deforestación. El Deter trabaja con imágenes en tiempo real, a corto plazo, emitiendo alertas de deforestación, entre otros, para presentar informaciones para las acciones de los organismos de combate al desmonte. Él presenta la dinámica de la deforestación, mientras el Prodes sistematiza las tasas, las sumas de la deforestación.
Viendo los datos más recientes, el Prodes/INPE, tal como el Imazon, constata una vuelta al crecimiento de la deforestación desde 2013-2014, momento de intensificación de la crisis política en el Brasil, cuyo desenlace reciente fue la posesión de Bolsonaro. La línea de tendencia del mapa comprueba esa afirmación.
Fuente: INPE/Prodes
Las informaciones dan cuenta de un avance del desmonte. Entre el 22 de agosto de 2010 y la misma fecha de 2018, la Amazonia Legal registró un total de 17.822,04 km2 de selva deforestada. Se destacan negativamente Mato Grosso y Pará, seguidos por Roraima, Rondônia y Amazonas.
Llama la atención el hecho de que el desmonte se concentra en el tipo de deforestación con suelo expuesto y con quemas forestales, lo que agrava aún más el problema, porque son mucho pero mucho más agresivos, son lo que se podría llamar verdaderamente de tierra arrasada.
En el mismo intervalo temporal, son los municipios del agronegocio consolidado o vías de expansión que concentraron la cantidad del desmonte. Es el caso de Altamira y São Félix do Xingu en el Pará, y de otros municipios o Estados amazónicos. Grosso modo, también son en esos municipios o en sus proximidades que se encuentran las áreas de preservación ambiental más atacadas por los “grileiros” de tierras [los que intentan obtener tierras con documentos falsos], que las invaden haciendo fuego y/o quitándole sus maderas. Floresta Nacional do Jamanxi-Pará, Floresta Nacional de Roraima y Floresta Nacional de Altamira-Pará son las de mayor concentración de deforestación.
Fuente: INPE-DETER
Fuente: INPE-DETER
Las reacciones de Bolsonaro –decreto de la ley y el orden
La acusación a las ONGs (que habrían perdido la “boquita” de los recursos públicos) como forma de esconder su política criminal de destrucción del medio ambiente cayó muy mal, contra Bolsonaro y su ministro Salles. Los actos en defensa de la Amazonia se volvieron manifestaciones contra el gobierno, aumentando su desgaste.
El gobierno francés y de otros países criticaron la postura del gobierno Bolsonaro. Alemania y Noruega suspendieron montos de recursos para el Fondo Amazonia de preservación de la selva. El presidente brasileño quería usar el dinero para pagar a latifundistas “perjudicados” por la política y la legislación ambiental brasileñas.
Frente a la resistencia y las críticas, Bolsonaro tuvo que retroceder y anunciar algunas medidas para combatir las quemas en la Amazonia. La principal fue editar un decreto de mantención de la ley y el orden, autorizando el uso de las fuerzas armadas por un mes para combatir las quemas.
El problema es que el decreto tiene como objetivo reprimir los movimientos sociales, por eso es de mantención de la ley y el orden. Por fuera de eso, las tropas actuarán sobre áreas de frontera, reservas indígenas y áreas de preservación ambiental. Ocurre que solo algo alrededor de 40% del desmonte y la quema se dan sobre tierras indígenas y de preservación (grosso modo, a partir de acción de grileiros y madereros). El resto es en tierras privadas y el decreto no prevé intervención sobre ellas.
No precisamos un decreto de esos. Precisamos de inversión pública en defensa de la Amazonia y de sus pueblos. El Ibama, ICMbio [Instituto Chico Mendes de la Biodiversidad], y el Incra [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria] no pueden continuar desestructurados. En Altamira existe solo un único fiscal del Ibama. Es urgente retomar las acciones de fiscalización y combate al desmonte y al trabajo esclavo. Se deben regularizar las demás tierras indígenas y quilombolas y destinar recursos que garanticen el mantenimiento de las mismas y de las áreas de preservación.
No nos cabe negar la ayuda de quien quiera que sea, pero tampoco alimentamos ninguna confianza en los gobiernos imperialistas, que están con sus empresas diseminadas por la Amazonia saqueando sus riquezas (suelo, minerales y biodiversidad).
Las resistencias
El avance del capital sobre la selva es grande, pero también crece la resistencia. Los indios Munduruku y de otras etnias hacen la autodemarcación de sus territorios. Los quilombolas del Maranhão (de Barcarena-Pará y de otros municipios) están impulsando un fuerte proceso de recuperación de sus territorios. Ribereños resisten a la construcción de puertos y otros emprendimientos. Movimientos en defensa de la educación en el campo, de la reforma agraria y de una agricultura ecológicamente no agresiva se diseminan en la Amazonia. Lugareños enfrentan a madereros. Hay mucho más. Son procesos de resistencia. No son fáciles y no siempre son victoriosos, pero ellos existen y crecen.
No existe otro camino que no sea el de la organización popular y la lucha. El oso hormiguero que fue fotografiado al salir de la quema abrió los brazos no para pedir ayuda o rendirse, sino para prepararse para la lucha. Aquella es la posición de combate de esta especie. Quemado y ciego, al sentir la presencia de un peligro se levantó para la lucha. Es eso lo que nos cabe hacer.
Medio ambiente, capitalismo y socialismo
La defensa de la Amazonia y del medio ambiente debe ser una tarea de los trabajadores y de sus entidades representativas. Ella envuelve acciones para el presente y para el futuro. El capitalismo es predatorio por naturaleza. No existe posibilidad de desarrollo sostenible dentro de él.
El proceso de acumulación ampliada de capital impone una apropiación cada vez más voraz de la naturaleza para transformarla en mercadería, en ganancia. Eso compromete nuestro futuro.
La defensa consecuente del medio ambiente debe ser hecha conjuntamente con la lucha contra la explotación capitalista y por el establecimiento del socialismo. Es una tarea civilizatoria y urgente.
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
