Después de amenazar con intervenir sobre el STF (Supremo tribunal Federal) en respuesta al cerco judicial que se forma contra el presidente y su familia, de desfilar con tanques de guerra frente al Congreso Nacional y de celebrar un acto a su favor en pleno 7 de Setiembre, Jair Bolsonaro parece creer que consiguió alguna sobrevida para su mandato intimidando a fuerzas opositoras y creando condiciones para una negociación acerca de su futuro (e incluso acerca de su situación jurídica en términos de derecho penal).

Por: Pablo Biondi

La cantidad de participantes en los actos está lejos de ser un factor que pueda revertir las tendencias actuales de la coyuntura, en la cual prevalece el derretimiento del apoyo al presidente. Aun así, la presencia verificada y el grado de organización para esas iniciativas no son para descartar, demostrando que el gobierno no está muerto políticamente –aunque sin condiciones de promover una ofensiva más contundente–. Lo que está planteado para Bolsonaro, en este instante, es movilizar a sus simpatizantes y, más que eso, ofrecerles una respuesta frente a las prisiones que el STF decretó contra algunos influenciadores bolsonaristas.

En su discurso, Bolsonaro embiste contra un único blanco: el ministro Alexandre de Moraes. El tenor general de la movilización se vuelve contra el STF como un todo y, en cierta medida, contra el Congreso Nacional, pero la línea adoptada por el presidente se enfoca en el magistrado que está incumbido de considerar la mayor parte de los procesos en los que aquel figura como reo. El tono adoptado alterna entre amenazas y llamados a la negociación: por un lado, proyecta al ministro como el gran enemigo de la Nación, como la causa de la conflagración en la República –de ahí la exigencia a Luiz Fux, presidente de la Corte Constitucional para que encuadre” al colega de toga, so pena de consecuencias negativas indeterminadas (como siempre, el tipo de represalia es dejado para la imaginación de los lectores y oyentes); por otro lado, afirma que el “malechor esta vez” puede retroceder en sus medidas, que aún hay tiempo para redimirse y para pacificar el estado de cosas actual.

El artificio utilizado es ya conocido: oscilando entre “radicalismo” y “moderación”, Bolsonaro busca administrar el apoyo del séquito que lo idolatra y, al mismo tiempo, ajustarse a ciertos padrones mínimos fijados por la institucionalidad y por el sistema político. Para sobrevivir en el cargo y ser competitivo en las próximas elecciones, el actual ocupante del Palacio del Planalto [Casa de Gobierno] vive de ese doble juego: ora acentúa las tensiones para hablar al corazón fanático de los bolsonaristas de base, ora retrocede en tono apaciguador, reivindicando para sí la defensa de la democracia y proyectando en los adversarios el riesgo de ruptura. Es una especie de “kautskismo al revés”, en el cual el mandatario jura lealtad al orden constitucional, afirmando que solo abandonará los marcos de la legalidad si “el otro lado” lo hace primero, como si sus acciones fuesen meramente reactivas, es decir, como si fuesen actos de legítima defensa en un escenario en que la propia Constitución ya habría sido rasgada por los agresores, en especial por los miembros de la Suprema Corte.

Apoyándose incluso en una retórica común en ciertas iglesias, Bolsonaro habla como si hiciese parte de un grupo perseguido. Se refiere a los bolsonaristas detenidos por la Policía Federal como presos políticos; menciona una práctica de censura contra las ideas que representa en nuestra sociedad; anuncia una especie de “macarthismo inverso”, como si los conservadores estuviesen en la mira de las autoridades solo por profesar un pensamiento supuestamente distinto del discurso hegemónico; y así sucesivamente, siempre convocando a su base social en el momento catártico de decir “¡Basta!”, de agredir las reglas de un juego cuya imparcialidad está permanentemente bajo sospecha.

Por más que el éxito de una eventual intentona golpista de Bolsonaro sea improbable –lo que se puede afirmar en razón de la desconfianza creciente de segmentos del gran capital nacional con relación al gobierno, de las reticencias de la cúpula militar en relación con el uso político de la imagen de las Fuerzas Armadas en el actual mandato, y del debilitamiento internacional del populismo conservador “a la Steve Bannon”–, el hecho es que, desde Getúlio Vargas no hay en el Brasil un movimiento bonapartista de tamaño volumen. Se puede decir que el mayor riesgo hoy no es tanto el éxito de un golpe de Estado, sino antes, la indeterminación política e institucional que una tentativa de golpe podría causar, aunque fracase en un primer momento.

No se sabe con certeza cuál sería el real comportamiento de las bases de las Fuerzas Armadas (e incluso de los sectores de la cúpula más involucrados en los negocios de las empresas estatales) en un escenario de este tipo, así como tampoco se puede determinar a priori el grado de control de los gobiernos estaduales sobre las políticas militares. También es difícil saber cuánto el Legislativo y el Judicial serían capaces de defender enérgicamente la democracia liberal, teniendo en cuenta su connivencia reiterada con diversos abusos de Jair Bolsonaro. Ora, toda esa imprevisibilidad es en sí misma disruptiva, incluso hasta para los altos círculos de negocios.

Todas esas cuestiones del escenario actual, no obstante, tienden a ser tratadas por la mayor parte de la izquierda brasileña sin ningún respaldo en la teoría marxista. El problema no es pensado en términos de la contradicción entre Ejecutivo y Legislativo que atraviesa la democracia burguesa y proyecta el bonapartismo como solución potencial[1], y si en los términos de una herida no cicatrizada, de una maldición que se habría abatido sobre la sociedad brasileña luego del impeachment de Dilma Rousseff. Una vez más, la izquierda electoralista no pierde la oportunidad de incurrir en los equívocos más crasos: incluso confrontada por un candidato a Bonaparte, que testa regularmente sus límites institucionales, ella aún se resiente del naufragio del gobierno de frente popular del PT.

Sobran discursos en la izquierda hegemónica en el sentido de que, frente a las amenazas del bolsonarismo, dicen que el “golpe” ya ocurrió en 2016, refiriéndose al impeachment de la presidente petista. Eso genera una extraña inconsistencia entre la caracterización (bastante imprecisa) del gobierno Bolsonaro como un “gobierno fascista” y la minimización práctica del riesgo que él presenta en función de la banalización de la idea de golpe. Al decir que la catástrofe ya ocurrió, esa izquierda petista o filopetista ve en el actual gobierno solo la trivial continuidad del proceso de agotamiento de la “democracia”, un proceso que “coincidió” con el propio agotamiento de la sostenibilidad política de Dilma Rousseff. No en vano, las direcciones mayoritarias del movimiento sindical y popular asociadas al petismo y el filopetismo, empeñaron esfuerzos mucho más sustanciales para preservar el mandato de la entonces presidente que para contraponerse al presidente actual, sobre todo luego de la liberación y la rehabilitación electoral de Lula.

Esa narrativa mayoritaria en la izquierda asumió aires canónicos con el endoso de la propia ex presidente Rousseff, que se refirió a su pérdida de mandato como un “golpe neoliberal”. En entrevista reciente[2], Dilma Rousseff habló de una profundización del “golpe”, que pasaría por la aproximación entre Temer y los militares y por la prisión de Lula, una medida que habría sido tomada para impedir la interrupción del golpismo en curso. Por obvio, la mandataria depuesta no se acordó de las medidas de los gobiernos petistas que fortalecieron institucionalmente a los militares, como la ocupación militar de Haití por las tropas brasileñas en la era Lula o el protocolo de “Garantía de la ley y el orden” de 2014, editado por el Ministerio de Justicia y por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en pleno gobierno Rousseff. Tampoco explicó la misteriosa presencia de Michel Temer en su vicepresidencia, manteniendo siempre una relación de exterioridad entre el PT (la “víctima”) y los demás factores de la vida política, como el sistema político, el aparato de Estado y los intereses capitalistas (los “verdugos”).

Marcelo Odebrecht y Dilma Rousseff.

Es comprensible que el PT, por razones de autopreservación, insista en la vieja cantilena del golpe. Además, el horizonte político inmediato de esa narrativa es el fin del golpismo por medio de la devolución de la jefa presidencial al partido que, en esta lectura, fue irregularmente apeada de su posición. La receta contra ese golpe que se desdobla en nuevos golpes es una sola: elegir a Lula en 2022. Lo que se muestra asombroso, sin embargo, es la pretensión de corrientes que, supuestamente en nombre del marxismo, reproducen ese discurso y abrazan esa estrategia (la cual será probablemente descrita como una “táctica” que, en su “flexibilidad”, favorecería la construcción del socialismo por líneas torcidas y en última instancia). Nada que sea sorprendente, cuando se considera los rumbos del neorreformismo desde que el gobierno Rousseff fue puesto contra las cuerdas: su principal tarea pasó a ser salvar el PT de los aliados ocasionales que lo abandonaron en lugar de reconstruir la dirección política de la clase trabajadora. Eso generó una adhesión creciente de las fuerzas de izquierda a un petismo hasta entonces debilitado, y que lo proyectó como la principal y más viable forma de representación política para los trabajadores. No sorprende que figuras públicas como Jean Wyllys se hayan bandeado oficialmente para las filas petistas, dando consecuencia lógica a la política mayoritaria del PSOL en su contenido.

En cuanto a la tesis del impeachment de Dilma Rousseff como golpe, es necesario notar que esa caracterización siempre fue el punto de partida de los análisis dominantes de la izquierda, en un punto de llegada, nunca el resultado de una investigación lastrada de consideraciones acerca del régimen y del sistema político, o incluso de la dinámica entre las fracciones de la clase dominante y los grupos que la representan (incluyéndose ahí el propio PT, cogestor del capitalismo brasileño y representante orgánico de determinadas fracciones capitalistas). Hablar de golpe siempre fue un presupuesto, algo dado como autoevidente, y que dispensaría mayores explicaciones. La tesis de golpe es una especie de postulado absoluto que se “comprueba” en todo y cualquier evento negativo, pues todo evento negativo podría ser remitido al mal original. Todo lo que significa un empeoramiento en la vida de las masas, pasa, así, a ser asociado con el “golpe de 2016” como una totalidad que, en sí misma, explicaría todo, además de generar un fuerte sentimiento nostálgico en relación con el período “pre golpe”.

En un abordaje marxista, no cabe citar el impeachment de Dilma Rousseff como un golpe de Estado, sea en razón de la lógica interna de la democracia liberal, sea en razón de la naturaleza del proceso político que culminó en la caída del gobierno. En lo que respecta al modelo liberal de la democracia, incluso en su variante presidencialista, se observa que el Legislativo detenta una supremacía legal de cara al Ejecutivo. Lo que caracteriza este tipo de régimen es la prevalencia del parlamento sobre el gobierno; en último análisis, una configuración institucional que data de las revoluciones burguesas (la ley como máxima expresión de la voluntad general, la vinculación de los actos administrativos a padrones de legalidad, la exigencia de aval parlamentario para la consumación de ciertas medidas que competen a los gobiernos, etc.).

Por lo tanto, la pérdida de mandato del gobernante por los poderes legislativos solo reafirma la relación de supremacía que es presupuesta en las entrelíneas de la llamada “separación de poderes”. Y esa pérdida de mandato, que solo puede ocurrir por medio de un acto parlamentario, requiere un juzgamiento político respecto del gobierno. Como toda decisión que se toma en la esfera legislativa, el impeachment es objeto de una deliberación que involucra cálculos políticos y, sobre todo, negociaciones políticas, promesas, concesiones, etc.

El juicio sobre crimen de responsabilidad es un juicio políticamente mediado por las condiciones de sostenibilidad del gobierno de cara al sistema político (constelación de partidos políticos en sus relaciones recíprocas), lo que inviabiliza, por lo tanto, las lecturas legalistas que abundan en las organizaciones de izquierda.

Encontrándose aislado políticamente, el gobierno Rousseff no fue capaz de mantenerse en pie, habiendo sido decisivo, para eso, la decadencia de los grupos capitalistas con los cuales mantenía relaciones más estrechas (las empresas estatales y las empresas “campeonas nacionales” que fueron palanqueadas por el BNDES). De ahí se desprende un continuo desembarque del empresariado que, por mucho tiempo, nutrió buenas relaciones con las gestiones petistas (como se sabe, la FIESP capitaneó ese movimiento), así como un abandono por parte de las agremiaciones partidarias que se mantuvieron fieles al gobierno mientras eso les pareció conveniente (el partido más importante a abandonar el gobierno fue el MDB). Frente a ese escenario en que la mayoría de la burguesía brasileña se atrevió a entregar a la propia suerte un gobierno que tanto la favoreció, llegando incluso a exigir la anticipación de su fin en nombre de un mejor escenario económico, la mayoría de la izquierda se agarró al campo burgués decadente, al antiguo campo gubernamental[3].

Pasados cinco años, el campo mayoritario en la izquierda no solo reitera su visión rasa sobre lo que pasó con la gestión Rousseff, como también usa de la misma superficialidad en relación con el actual gobierno. Después de llamar como “golpe” el fracaso del proyecto petista de administración del Estado, los mismos autores de este tipo de análisis reducen la amenaza bolsonarista a una simple profundización de una ruptura anterior, ignorando completamente las diferencias de cada situación –una actitud que, más que expresar una indigencia teórica, consiste en tremenda liviandad política, en postura que desarma a la clase trabajadora frente a los peligros existentes.

Mientras en 2016 había un gobierno que pereció juntamente con sus condiciones de negociación, en la medida en que no tenía nada para ofrecer, tamaña su debilidad, lo que se ve ahora en 2021 es una gestión que aún se muestra promisora para una parte no despreciable del agronegocio, principalmente por cuenta de su política ultraliberal de cara al medio ambiente. El gobierno Bolsonaro, por más debilitado que esté, aún es sostenido por un segmento de la clase dominante que, además, recurre a métodos coercitivos ilegales con más frecuencia que la que ocurre en otras ramas.

También es importante destacar que, al distribuir cargos de los más diversos en la administración pública, la actual gestión refuerza las posiciones de la burocracia militar, intensificando sus intereses de aparato y esbozando una peligrosa aproximación entre el poder civil y el cuartel. En suma, cuando eso se verifica en la dirección de las empresas estatales, se forma una nueva “burguesía de Estado”, una camada militarizada de gestores de los capitales cuya titulación jurídica es de naturaleza pública, aunque ni por eso dejan de operar como capital. Transformados en capitalistas emergentes, los altos oficiales se convierten en agentes doblemente interesados en el mantenimiento del actual mandatario. Así, al contrario de lo que ocurría en 2016, los grupos capitalistas ligados al gobierno están en ascenso, no en decadencia (a pesar de ser minoritarios en el conjunto del gran capital), además de presentar un perfil más agresivo. Un perfil que, incluso, converge bastante con el proyecto bonapartista de Bolsonaro.

Vale reforzar que la hipótesis de un golpe no es la más probable, por más que el presidente y sus aliados deseen un régimen que les conceda poderes especiales, actuando para mantener viva esa posibilidad (al menos en el cultivo cuidadoso de una base social entusiasta de ese proyecto). Sea como fuere, tratar los escenarios de 2018 y 2021 como sustancialmente similares, como si el golpe soñado por el bolsonarismo fuese parte de un golpe anterior, significa destituir de sentido el concepto de golpismo, significa banalizarlo al extremo, a punto de tornarlo irrelevante. No hay golpe de Estado sin un cambio brusco y pretendidamente duradero en las relaciones entre los tres poderes. Desde el punto de vista interno a la democracia liberal, tan festejada por los reformistas en sus estrategias electoralistas, el derrocamiento del régimen solo se verifica como la subversión del predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo.

Las principales formas burguesas de autoritarismo estatal son caracterizadas, básicamente, por la hipertrofia del Ejecutivo en detrimento del Legislativo, algo que asume distintos grados y características en regímenes como el bonapartismo, la dictadura militar y el fascismo (tres regímenes diferentes, vale decir). La instauración y el mantenimiento de esa hipertrofia depende de medidas policíacas, de una intensificación de la práctica represiva por parte del Estado, tal como se verifica en los auténticos golpes de Estado. No fue lo que ocurrió en 2016: la caída de Dilma Rousseff no exigió un único toque de queda, ya que los trabajadores no salieron de sus casas para defender su mandato. No se dispusieron a salvar un gobierno que consideraban detestable, por mayores que fuesen los esfuerzos neorreformistas para embellecer las administraciones petistas.

Para que se entienda seriamente la gravedad del momento actual, es preciso rechazar tanto la histeria catastrófica del golpe bolsonarista inminente como rechazar la acomodación frente a la democracia liberal, como si ella no pudiese degenerar aun más y convertirse en un régimen aún más represivo. Pero eso solo será posible si tenemos una comprensión sobria acerca de lo que es, al final, un golpe de Estado. Si seguimos la orientación dominante en la izquierda, estaremos totalmente desarmados para lidiar con un posible revés más grave en la coyuntura: en lo que depende de las lecturas que abundan hoy día, la farsa del discurso sobre 2016 podría facilitar el camino para una tragedia real en el futuro. Al final, entre las diversas maneras de subestimar a Bolsonaro, la más peligrosa es la que hace creer que un golpe de Estado podría ocurrir, como supuestamente ocurrió en la votación del impeachment de Rousseff, sin que ningún incremento expresivo en la actividad de represión estatal sea introducido en la vida social.

Precisamos, pues, dar a las palabras su dimensión: si la generación actual cree que sobrevivió a un golpe, y que está capacitada para lidiar con este tipo de experiencia, ella será una presa fácil.

[1] Hablamos sobre esta contradicción en el libro Operação Lava Jato e luta de clases: forma jurídica, crisis política y democracia liberal, publicado este año por la Editora Sundermann. La relación compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo en el ámbito de la democracia liberal fue pensada a partir de los aportes de Marx sobre la forma constitucional del presidencialismo en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

[2] https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/entrevista-dilma-rousseff/.

[3] Consideraciones más profundizadas sobre la configuración de la democracia liberal y sobre la dinámica del sistema político, así como sobre las relaciones orgánicas entre el PT y ciertos sectores capitalistas, están presentes en la obra Operação Lava Jato…, la cual ya mencionamos en nota 2.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 9/9/2021.-
Traducción: Natalia Estrada.